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En lo sucesivo, para estar al día de nuestra actividad acude a la nueva web. Este blog queda como archivo histórico de nuestra actividad hasta hoy.

La campaña No al TTIP convoca movilizaciones en más de 20 ciudades para frenar al CETA

El próximo 21 de enero la campaña No al TTIP ha convocado junto a otras organizaciones sociales y políticas europeas un Día de Acción Global para demandar al Parlamento Europeo que vote “no” al acuerdo comercial y de inversiones entre la UE y Canadá, el CETA. En el Estado español se han sumado más de 20 ciudades a esta convocatoria.

Está previsto que el próximo 14 de febrero el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo vote la ratificación del CETA. Por tal motivo, la sociedad civil, sindicatos, agricultores y activistas de organizaciones ciudadanas, culturales y políticas de toda Europa, también del todo el Estado español, saldrán a la calle el próximo sábado 21 de enero con el objetivo de frenar este tratado económico y comercial entre la UE y Canadá, también conocido como el “TTIP canadiense”.
“El movimiento europeo contra los acuerdos comerciales como TTIP y CETA ha conseguido poner contra las cuerdas las negociaciones comerciales de la UE”, ha declarado Luis Rico, uno de los portavoces de la campaña. “La sociedad se está rebelando contra el contenido de estos acuerdos, que están pensados únicamente para incrementar el flujo de inversiones, el comercio y el poder de las grandes empresas. Proponemos un modelo comercial que evite los efectos negativos de la globalización. Por eso el sábado volveremos a salir a la calle para decir que las personas y el planeta están antes que las multinacionales”, ha concluido Rico.
En el caso de que se ratifique del CETA, el próximo 14 de febrero amplias secciones de este acuerdo comercial y de inversiones se aplicarán provisionalmente, incluso antes de que sea votado para su confirmación final en los distintos parlamentos nacionales de los 28 miembros de la Unión Europea (UE).
Pero antes de esta votación decisiva, varias comisiones parlamentarias tienen que expresar y votar su opinión sobre el tratado. En diciembre la resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) recomendó votar en contra el CETA. Sin embargo, la Comisión de Medioambiente (ENVI) que se celebró el pasado jueves 12 de enero respaldó el acuerdo. El próximo 24 de enero será la Comisión de Comercio Exterior (INTA) quien tenga que definirse sobre el tratado.
Por este motivo, la campaña No al TTIP ha estado manteniendo numerosos contactos con europarlamentarias y europarlamentarios, y ha celebrado reuniones con representantes de algunas fuerzas políticas en el Parlamento Europeo.
La campaña ha constatado la profunda división interna que existe en los grupos socialdemócrata (S&D) y demócrata-liberal (ALDE), donde diversos europarlamentarios han votado en contra de este tipo de acuerdos y han expuesto sus preocupaciones ante los graves peligros que implica la aplicación de este tratado en aspectos como el empleo, el sector agrícola, el principio de precaución, los servicios públicos o la futura cooperación reguladora.
“Es una falacia decir que este tipo de acuerdos comerciales y de inversión es una forma de gobernar la globalización o de mejorar la gobernanza global”, ha manifestado Cuca Hernández, portavoz de la campaña. “El texto del CETA”, ha añadido Hernández, “llama barreras comerciales a las salvaguardas para la salud y el medioambiente; trata de establecer tribunales para garantizar las ganancias de las grandes multinacionales; y desregulariza muchos aspectos que tienen relación con los servicios públicos y los derechos laborales. Aunque nos lo quieran vender como un intento de gobernar la globalización, el CETA ahonda la actual crisis global de desregulación del mercado, el empleo y el capital”.
La campaña No al TTIP ha expuesto a las europarlamentarias/os españolas/es que el texto del CETA y la “declaración interpretativa” que la acompaña incluye aspectos preocupantes, tales como:
 El CETA supone la aceptación de que las empresas multinacionales puedan demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Este acuerdo consagra un sistema judicial paralelo y unidireccional al que los inversores extranjeros pueden acudir para defender sus intereses eludiendo el sistema jurídico existente.
 En el texto de este acuerdo el desarrollo de los derechos laborales y el desarrollo sostenible son voluntarios y no legalmente vinculantes, por lo que no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones.
 El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
 El CETA hace que Canadá y la UE sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
 Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la UE.
• El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la UE como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
 Las cláusulas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a la capacidad normativa de los estados pondrían obstáculos adicionales a las regulaciones, reforzando el papel de los lobbies en los procesos democráticos y socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.
• Tanto en Canadá como en la UE, el CETA expondría a agricultoras y agricultores a más presión debido a la competitividad comercial, lo que supondría una debilitación de este sector. Asimismo supondría un mayor impedimento para las políticas de compra pública de promoción de productos de cercanía y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.
 El CETA pone en grave riesgo el principio de precaución consagrado en el Tratado de la UE, principio que protege a consumidores, salud pública y medio ambiente.

Convocatorias en Castilla y León

León. Vía Crucis, 21/enero. 12:00h, Plaza de Botines.
Salamanca. Paseo contra el CETA, 21/enero 12:00h, Fachada de la Universidad.
Valladolid. Concentración, 21/enero. 12:30h, Plaza Fuente Dorada.



Cuando creías que los acuerdos comerciales no podrían empeorar más, aparece Wall Street

Por Paul Keenlyside


La traducción del original en inglés ha corrido a cargo de Jan Adamson.

¿Qué tienen en común las propuestas de dos minas de oro, una en los páramos de las tierras altas de Colombia y la otra en los Cárpatos de Rumanía?



Ambas minas necesitarían enormes cantidades de cianuro y amenazarían a los páramos que proporcionan agua potable a millones de personas. Una dañaría un ecosistema único y protegido legalmente y la otra acabaría con un asentamiento antiguo nominado por la UNESCO. Ambas han recibido críticas por parte de la comunidad científica, decenas de miles de personas se han manifestado en contra y los tribunales locales han impuesto restricciones normativas.

Y en ambos casos, las corporaciones mineras canadienses promotoras de los proyectos, Eco Oro en Colombia, y Gabriel Resources en Rumanía, han respondido a las protestas a través de los acuerdos de comercio e inversión para demandar a los gobiernos en los tribunales privados. De hecho, Eco Oro acaba de iniciar su demanda esta misma semana. Al utilizar el mecanismo de resolución de conflictos inversor-Estado (ISDS en sus siglas en inglés), las corporaciones pueden demandar a los gobiernos por cantidades de hasta miles de millones de dólares que salen de los impuestos de los contribuyentes de ambos países. Estas demandas ISDS son posibles gracias a los amplios derechos otorgados a las corporaciones mediante los acuerdos de comercio e inversión

Pero ambos casos tienen otro elemento en común: el gran capital de Wall Street.

Ambas demandas se financian con dinero del mismo fondo de inversiones de Wall Street, Tenor Capital Management. A cambio de una parte de la indemnización, Tenor financia los gastos legales de las corporaciones. Estas apuestas especulativas de ISDS ya le han salido muy bien a Tenor. El fondo de inversiones ganó a lo grande en abril de 2016, cuando se llevó el 35% de 1.400 millones de dólares en una sentencia ISDS contra Venezuela, lo que supone un beneficio de más de un 1,000% sobre los 36 millones de dólares que proporcionó Tenor para cubrir los gastos legales.

Los riesgos que conllevan estas prácticas, conocidas como “financiación de terceros”, son claros: Cuando Wall Street especula sobre el resultado de los casos ISDS, infla el número de casos de las corporaciones contra los gobiernos. El efecto es cada vez más gasto para el contribuyente y riesgos más altos para los gobiernos que se opongan a las inversiones nocivas.

De hecho, para maximizar sus ganancias, las empresas de Wall Street se sienten impulsadas a “invertir” en un gran número de casos ISDS, ya que existe una relativamente baja probabilidad de ganancias masivas en cada caso. Si esto suena a inversión tipo casino, hay que recordar que la naturaleza sesgada de los tribunales ISDS juega a favor de los inversores a terceros. Como reveló hace poco la investigación de Chris Hamby sobre el ISDS para la Buzz Feed News, el sector financiero ya ha montado un mercado sofisticado basado en estos casos ISDS. Gente que conoce el sistema desde dentro cree que pronto las empresas de Wall Street empezarán a trabajar los casos ISDS a “escala industrial.”


Debido al hecho de que sólo las corporaciones y no los gobiernos pueden iniciar los casos ISDS, los gobiernos no tienen los mismos recursos de financiación, ya que no tienen ganancias potenciales que ofrecer  En Costa Rica, que también está envuelta en un caso ISDS con financiación de terceros, relacionado con una mina de oro cuyos efectos serán nefastos sobre el medio ambiente, su Fiscal General tiene un presupuesto anual de sólo 17 millones de dólares. Bolivia, uno de los países más pobres de occidente, se enfrenta a un caso ISDS con financiación de terceros sobre una mina de plata, su Fiscal General tiene un presupuesto anual de 12 millones de dólares.

 En contraste, Tenor consiguió recientemente 170 millones de dólares para un fondo comercial internacional especializado en arbitrajes y lanzado en 2015. Otro fondo de terceros, ubicado en Londres, Fondo Calunius, sostiene que “no hay caso demasiado grande” para su empresa. Otro fondo importante, Burford Capital, invirtió $700 millones en demandas de terceros entre 2009 y 2015, con un rendimiento del 70% sobre el capital invertido en 2015.

Cuando estos fondos con tal poderío financiero apoyan las demandas  corporativas contra  gobiernos empobrecidos, incrementan la probabilidad de que el gobierno ceda y dé marcha atrás en las políticas cuestionadas por las corporaciones. Incluso en el supuesto de que un gobierno “gane” una demanda ISDS, se le puede hacer pagar las costas legales, con un promedio de 8 millones de dólares por caso, y en algunos casos sobrepasan los 30 millones. Frente a estos gastos, y posibles batallas legales muy largas, puede que los gobiernos consideren más prudente, a nivel económico, rebajar las normativas medioambientales o de otro tipo que intentar defender
.
La financiación por terceros de las demandas legales ha generado también un malestar significativo al margen del mundo del ISDS. Existe la preocupación de que haya cada vez más demandas frívolas y cree conflictos de intereses cuando los financieros busquen influir en el resultado de las demandas. De hecho, la influencia de Tenor en los casos mineros contra Colombia y Rumanía es evidente. Tenor se ha convertido en un accionista importante de Eco Oro y Gabriel Resources, y un directivo  de Tenor ocupa un puesto en la junta directiva de ambas empresas. Incluso, este arreglo de Eco Oro con Turner, ha sido criticado por sus propios accionistas como “represivo y abusivo”, hecho para el beneficio de los directivos privilegiados de la empresa.

Por supuesto que la falta de fondos no debería ser una barrera a la justicia, y deben funcionar sistemas judiciales accesibles económicamente. Pero la financiación de las demandas vía Wall Street es el peor modelo posible. Esto es especialmente relevante en el caso del ISDS.  En última instancia, las empresas financieras están especulando con la posibilidad de enormes beneficios a costa del dinero público.

En un momento en el que los gobiernos deberían acelerar la lucha contra el cambio climático y proteger el aire y el agua, la financiación de terceros añade un predador más al sistema del ISDS que ya está socavando la posibilidad que tienen los gobiernos para salvaguardar el interés público.

Ya es una amenaza  muy real para los dos millones de habitantes de Bucaramanga, Colombia, que están luchando para parar la mina que amenaza su agua potable y para la gente de Rumanía, que tiene la esperanza de proteger sus aguas de otro escape masivo de cianuro.  Tener que enredarse en demandas financiadas por fondos de inversión, consecuencia de malos acuerdos comerciales, es una indicación de la necesidad de nuevas alternativas al comercio, basadas en el derecho soberano de los gobiernos para proteger sus recursos naturales.

Paul Keenlyside es investigador sobre el comercio del programa de Comercio Responsable del Club Sierra.

El 21 de diciembre No Más Cortes de Luz #El21DYoVoy


Las 27 organizaciones de la sociedad civil impulsoras del manifiesto nomascortesdeluz.org, partidos políticos que apoyan sus reivindicaciones y numerosos colectivos locales han convocado concentraciones y manifestaciones el este miércoles 21 de diciembre:

Burgos
Plaza del Cid — 18.45 h — Concentración

León
Plaza de la Catedral — 19.30 h — Manifestación

León (La Bañeza)
Plaza del Ayuntamiento — 19.00 h — Concentración

León (Ponferrada)
Paseo del Ayuntamiento — 20.00 h — Mesa informativa

Salamanca
Plaza Mayor — 20.00 h — Concentración

Béjar (Salamanca)
Plaza Mayor — 19.00 h — Concentración

Segovia
Paseo Azoguejo — 19.00 h — Concentración


Cientos de organizaciones Europeas y Canadienses piden terminar con la ratificación del CETA

Cientos de organizaciones europeas y canadienses instan a las/los legisladores a votar en contra del Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA). Las organizaciones firmantes han aunado sus fuerzas en la defensa de las personas y del planeta contra las amenazas que plantea el Acuerdo UE-Canadá, el cual todavía debe ser ratificado por el Parlamento Europeo.
Si las/los europarlamentarias/os dieran luz verde al Acuerdo, se procedería con el paso siguiente: las ratificaciones en los Estados miembros.



En una carta abierta enviada a las/los eurodiputadas, las organizaciones firmantes han querido expresar las preocupaciones sobre el CETA, cuya ratificación puede debilitar la protección de los trabajadores y del ambiente, y ofrecer a los inversores extranjeros herramientas para atacar regulaciones de interés público.
La carta abierta subraya que:
• El CETA no es un acuerdo de comercio progresista; es aún mas invasivo que lo que preveía la vieja agenda de libre comercio diseñada por y para las multinacionales más grandes del mundo.
• El acuerdo contiene muchas disposiciones preocupantes que ponen relegan a un segundo plano las necesidades de las personas y del planeta.
• Hace falta un cambio de dirección hacia una política comercial transparente e inclusiva

A ambos lados del Atlántico, agricultores, sindicatos, sanidad publica, consumidores, grupos de defensa de los derechos ambientales y digitales y otras organizaciones de la sociedad civil se encuentran en la lista de los firmatarios. Su firme rechazo al CETA es la demostración de la creciente oposición al polemico acuerdo, criticado también por juristas, pequeñas y medianas empresas y un amplio número de economistas.
La activista Pia Eberhardt en nombre del Corporate Europe Observatory, una de las organizaciones que ha suscrito la declaración, afirma:
‘La ratificación del CETA otorgaría a las corporaciones carta blanca para conseguir sus intereses. El CETA contiene unas poderosas herramientas par que las corporaciones puedan intimidar a los gobiernos y demandarles para compensaciones si se introducen políticas para la protección de las personas y del ambiente que puedan afectar los beneficios de las multinacionales. En práctica, asistiríamos a como las corporaciones impidan a los gobiernos hacer el trabajo para el cual fueron elegidos.
Larry Brown, Presidente del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (NUPGE) quien también firmó la carta, añade:
Estamos con los trabajadores europeos y con las organizaciones de la sociedad civil que se están movilizando contra este acuerdo comercial que no sera beneficioso para la gente. Seguiremos luchando contra el acuerdo con Canadá. Queremos que nuestros líderes políticos se alejen del fracasado modelo de los viejos acuerdos comerciales y que promuevan un comercio que beneficie las personas y el ambiente.
El Secretario General de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU), Jan Willem Goudriaan, entre los firmatarios, comenta:
‘Los sindicatos han ofrecido numerosas sugerencias a las negociaciones del CETA para la protección de los servicios públicos y el fortalecimiento de los derechos laborales. A pesar de las concesiones de última hora para aclarar la possible interpretación del acuerdo, nuestras preocupaciones no se abordan en el texto. El CETA se ha convertido en un acuerdo perjudicial para los intereses de las personas. Por lo tanto, instamos a las/los miembros del Parlamento Europeo a que defendan las/los ciudadanas/os, los servicios públicos y nuestra democracia y que voten en contra del CETA.
Datos de contacto:
Cuca Hernández,
ATTAC, cucahernandez@gmail.com, +34 629 11 67 71

Francesca Ricciardi,
Ecologistas en Acción, difusion.noalttip@ecologistasenaccion.org , +34 633150207

Notas al editor:
 Enlace a la carta abierta dirigida a las/los legisladores (con las traducciones en diferentes idiomas).
• Ha habido cierto malcontento en el Parlamento Europeo con relación a la estricta agenda del CETA. Se prevé que los coordinadores de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) decidirán hoy (28 de noviembre) una nueva agenda. Todo apunta a una votación del INTA en enero, después de la cual todas/os las/los miembros del Parlamento Europeo votarán sobre el CETA en febrero.
• Un análisis del texto del CETA y de las muchas declaraciones que lo acompañan, pone en evidencia que las preocupaciones acerca de los impactos negativos para los trabajadores, el ambiente y la democracia son fundadas.

Los ejemplos relativos a las varias voces críticas sobre el CETA incluyen:
• Mas de 2.100 gobiernos regionales y locales se han declarado zonas libres del TTIP y CETA.
• Una declaración de 101 profesores de derecho de 24 países europeos que se oponen a los derechos de los inversores en el CETA y en el TTIP
• Una iniciativa por parte de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) de toda Europa que instan a los Gobiernos a que rechacen el CETA
• Comentarios académicos y periodísticos de destacados economistas que subrayan como las previsiones del CETA relativas a los ‘recortes de los costes de comercio y de otros’ causarán desempleo, desigualdad y perdida de bienestar (Kohler and Storm, 2016), convirtiendo el acuerdo en un tratado que pertenece a otra época y que debe ser rechazado (Piketty, 2016)

Cabe destacar que el día 29/11 se va a debatir en el Pleno del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley que insta a los grupos parlamentarios a posicionarse para rechazar la ratificación del CETA. Ya se presentó una PNL en la Comisión de Exteriores pero el 29/11 todo el Congreso tendrá que votar si están a favor de las multinacionales o de que se respeten los derechos laborales, el medio ambiente y la salud de las personas.