Por Paul Keenlyside
La traducción del original en inglés ha corrido a cargo de Jan Adamson.
¿Qué tienen en común las propuestas de dos minas de oro, una en los páramos de las tierras altas de Colombia y la otra en los Cárpatos de Rumanía?
Ambas minas necesitarían enormes cantidades de cianuro y amenazarían a los páramos que proporcionan agua potable a millones de personas. Una dañaría un ecosistema único y protegido legalmente y la otra acabaría con un asentamiento antiguo nominado por la UNESCO. Ambas han recibido críticas por parte de la comunidad científica, decenas de miles de personas se han manifestado en contra y los tribunales locales han impuesto restricciones normativas.
Y en ambos casos, las corporaciones mineras canadienses promotoras de los proyectos, Eco Oro en Colombia, y Gabriel Resources en Rumanía, han respondido a las protestas a través de los acuerdos de comercio e inversión para demandar a los gobiernos en los tribunales privados. De hecho, Eco Oro acaba de iniciar su demanda esta misma semana. Al utilizar el mecanismo de resolución de conflictos inversor-Estado (ISDS en sus siglas en inglés), las corporaciones pueden demandar a los gobiernos por cantidades de hasta miles de millones de dólares que salen de los impuestos de los contribuyentes de ambos países. Estas demandas ISDS son posibles gracias a los amplios derechos otorgados a las corporaciones mediante los acuerdos de comercio e inversión
Pero ambos casos tienen otro elemento en común: el gran capital de Wall Street.
Ambas demandas se financian con dinero del mismo fondo de inversiones de Wall Street, Tenor Capital Management. A cambio de una parte de la indemnización, Tenor financia los gastos legales de las corporaciones. Estas apuestas especulativas de ISDS ya le han salido muy bien a Tenor. El fondo de inversiones ganó a lo grande en abril de 2016, cuando se llevó el 35% de 1.400 millones de dólares en una sentencia ISDS contra Venezuela, lo que supone un beneficio de más de un 1,000% sobre los 36 millones de dólares que proporcionó Tenor para cubrir los gastos legales.
Los riesgos que conllevan estas prácticas, conocidas como “financiación de terceros”, son claros: Cuando Wall Street especula sobre el resultado de los casos ISDS, infla el número de casos de las corporaciones contra los gobiernos. El efecto es cada vez más gasto para el contribuyente y riesgos más altos para los gobiernos que se opongan a las inversiones nocivas.
De hecho, para maximizar sus ganancias, las empresas de Wall Street se sienten impulsadas a “invertir” en un gran número de casos ISDS, ya que existe una relativamente baja probabilidad de ganancias masivas en cada caso. Si esto suena a inversión tipo casino, hay que recordar que la naturaleza sesgada de los tribunales ISDS juega a favor de los inversores a terceros. Como reveló hace poco la investigación de Chris Hamby sobre el ISDS para la Buzz Feed News, el sector financiero ya ha montado un mercado sofisticado basado en estos casos ISDS. Gente que conoce el sistema desde dentro cree que pronto las empresas de Wall Street empezarán a trabajar los casos ISDS a “escala industrial.”
Debido al hecho de que sólo las corporaciones y no los gobiernos pueden iniciar los casos ISDS, los gobiernos no tienen los mismos recursos de financiación, ya que no tienen ganancias potenciales que ofrecer En Costa Rica, que también está envuelta en un caso ISDS con financiación de terceros, relacionado con una mina de oro cuyos efectos serán nefastos sobre el medio ambiente, su Fiscal General tiene un presupuesto anual de sólo 17 millones de dólares. Bolivia, uno de los países más pobres de occidente, se enfrenta a un caso ISDS con financiación de terceros sobre una mina de plata, su Fiscal General tiene un presupuesto anual de 12 millones de dólares.
En contraste, Tenor consiguió recientemente 170 millones de dólares para un fondo comercial internacional especializado en arbitrajes y lanzado en 2015. Otro fondo de terceros, ubicado en Londres, Fondo Calunius, sostiene que “no hay caso demasiado grande” para su empresa. Otro fondo importante, Burford Capital, invirtió $700 millones en demandas de terceros entre 2009 y 2015, con un rendimiento del 70% sobre el capital invertido en 2015.
Cuando estos fondos con tal poderío financiero apoyan las demandas corporativas contra gobiernos empobrecidos, incrementan la probabilidad de que el gobierno ceda y dé marcha atrás en las políticas cuestionadas por las corporaciones. Incluso en el supuesto de que un gobierno “gane” una demanda ISDS, se le puede hacer pagar las costas legales, con un promedio de 8 millones de dólares por caso, y en algunos casos sobrepasan los 30 millones. Frente a estos gastos, y posibles batallas legales muy largas, puede que los gobiernos consideren más prudente, a nivel económico, rebajar las normativas medioambientales o de otro tipo que intentar defender
.
La financiación por terceros de las demandas legales ha generado también un malestar significativo al margen del mundo del ISDS. Existe la preocupación de que haya cada vez más demandas frívolas y cree conflictos de intereses cuando los financieros busquen influir en el resultado de las demandas. De hecho, la influencia de Tenor en los casos mineros contra Colombia y Rumanía es evidente. Tenor se ha convertido en un accionista importante de Eco Oro y Gabriel Resources, y un directivo de Tenor ocupa un puesto en la junta directiva de ambas empresas. Incluso, este arreglo de Eco Oro con Turner, ha sido criticado por sus propios accionistas como “represivo y abusivo”, hecho para el beneficio de los directivos privilegiados de la empresa.
Por supuesto que la falta de fondos no debería ser una barrera a la justicia, y deben funcionar sistemas judiciales accesibles económicamente. Pero la financiación de las demandas vía Wall Street es el peor modelo posible. Esto es especialmente relevante en el caso del ISDS. En última instancia, las empresas financieras están especulando con la posibilidad de enormes beneficios a costa del dinero público.
En un momento en el que los gobiernos deberían acelerar la lucha contra el cambio climático y proteger el aire y el agua, la financiación de terceros añade un predador más al sistema del ISDS que ya está socavando la posibilidad que tienen los gobiernos para salvaguardar el interés público.
Ya es una amenaza muy real para los dos millones de habitantes de Bucaramanga, Colombia, que están luchando para parar la mina que amenaza su agua potable y para la gente de Rumanía, que tiene la esperanza de proteger sus aguas de otro escape masivo de cianuro. Tener que enredarse en demandas financiadas por fondos de inversión, consecuencia de malos acuerdos comerciales, es una indicación de la necesidad de nuevas alternativas al comercio, basadas en el derecho soberano de los gobiernos para proteger sus recursos naturales.
Paul Keenlyside es investigador sobre el comercio del programa de Comercio Responsable del Club Sierra.
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