El derecho a la vivienda es posible


Comunicado de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por una Banca Pública sobre los desahucios y la crisis financiera. (DESCARGAR EN PDF)

Han hecho falta la expulsión de cientos de miles de familias de sus hogares, desde que empezó la crisis, para que el Gobierno decrete una moratoria de dos años en los desahucios. La medida es resultado exclusivo de la gravedad de la situación y de la lucha ejemplar de muchas personas, afectadas e indignadas por lo que está sucediendo, con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) a la cabeza, que demuestran que la lucha merece la pena aunque se esté lejos de haber solucionado el problema. Pero debemos denunciar que no es una solución sino un parche mínimo que no resuelve el problema de fondo, pues seguirá habiendo miles de desahucios y miles de familias atrapadas por deudas impagables y sin derecho a una vivienda digna. Nuestra Plataforma quiere manifestar su condolencia a los familiares de los fallecidos y sumarse al gran número de movilizaciones y protestas expresadas desde muchos sectores de la sociedad.

En realidad, el Gobierno está aplicando la medida que la propia banca anunció hace unos días. Y no nos sorprende, pues el PP es el representante directo de la propia banca y de las grandes empresas, no en balde su ministro de Economía proviene de los consejos de administración de las entidades financieras.

Por su parte, la actual dirección socialista demostró durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero que carece de una alternativa real porque defiende una política económica muy similar, y que ahora les ata de pies y manos a la hora de plantear medidas efectivas para resolver los problemas que hay planteados. En este tema, como en los demás, el PSOE va a tener que elegir: o con los banqueros o con los desahuciados.

El derecho a la vivienda, a pesar de estar recogido en la Constitución, nunca se ha cumplido. Siempre se la ha considerado una mercancía, un negocio; nunca un bien de primera necesidad y un derecho. Antes de la crisis, muchas personas no podían acceder a una vivienda y otras sólo podían hacerlo comprándolas a unos precios muy por encima de su valor real, lo que les obligó a contraer unas deudas enormes. Con esas operaciones, constructoras, inmobiliarias y, en última instancia, las entidades bancarias, ganaron enormes sumas de dinero.

La crisis ha puesto sobre la mesa que las viviendas no valían lo que nos pedían por ellas, pero quieren exprimirnos hasta la última gota. Cuando empezó la crisis, todas esas deudas se convirtieron en una auténtica trampa para cientos de miles de familias, que han tenido que hacer enormes sacrificios para seguir pagando su hipoteca o se han visto abocadas a perder sus casas. Y, en muchas ocasiones, no sólo pierden su hogar, sino que arrastran una deuda que lastrará el resto de sus vidas. Sin embargo, mientras a las familias se las desahucia, el Estado y el Banco Central Europeo han puesto a disposición de las entidades bancarias cientos de miles de millones de euros. El Estado está avalando a las entidades financieras, les presta dinero, les inyecta capital y, finalmente, les va a comprarles las viviendas y suelos que no pueden vender a un precio suficiente para recuperar sus pérdidas. Precisamente el mismo Consejo de Ministros que ha aprobado esas
escasas medidas contra los desahucios, ha dado luz verde a la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo, que se encargará de comprar los activos inmobiliarios de los bancos con dinero público.



El resultado es que el Estado se hace cargo de la deuda privada incobrable de los bancos, aumentando la deuda pública, y haciendo más recortes en el gasto social. No es ninguna casualidad que el plan de rescate al sistema financiero español venga vinculado a medidas de “reforma”, que, en realidad, son ajustes y recortes en los servicios públicos y en los derechos sociales.

Quienes defienden esta política económica, jamás podrán resolver el problema de los desahucios dado que son los primeros responsables, porque están gobernando en beneficio de los grandes accionistas de las entidades financieras, y no de la mayoría de la sociedad. Cientos de miles de familias carecen de vivienda, no porque la sociedad carezca de ellas, sino porque se tratan como una mercancía más que se utilizan para hacer negocio. Hay millones de viviendas vacías, y buena parte de ellas son propiedad de los bancos.

Medidas y reivindicaciones de la Plataforma
Ante esta situación, conscientes de la necesidad de tomar medidas urgentes y no meras reformas cosméticas que no solucionen el problema de fondo, la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorros y por una Banca Pública reclama que:
a) Todas las viviendas propiedad de los bancos y de las antiguas cajas, que reúnan las condiciones adecuadas, deben incorporarse a un parque público de viviendas en régimen de alquiler, lo que permitiría tomar medidas rápidas para atender a las familias desahuciadas. Las enormes sumas de dinero público destinadas a los bancos bastarían para justificar esa medida.
b) Ninguna familia debe ser desahuciada por carecer de recursos para hacer frente a su hipoteca, sino que, en última instancia, se le debe de aplicar la dación en pago e incorporar su vivienda al parque público y que pueda seguir viviendo en ella con un alquiler al que pueda hacer frente.
c) Debe aplicarse la dación en pago con carácter retroactivo a todas aquellas personas que han sido desahuciadas.

Estas medidas colisionan con los intereses de los grandes accionistas de las entidades bancarias y sus representantes políticos. Los banqueros ya han alertado sobre el riesgo de cambiar “las garantías crediticias”, pues muchas de las hipotecas ya han sido vendidas a terceros en el mercado, y el gobierno no tiene ninguna intención de tomar medidas que les perjudiquen; por el contrario, les va a hacer una nueva entrega de dinero público.

Esta situación, con una banca pública controlada democráticamente jamás se hubiera producido. Es imprescindible unir las anteriores reivindicaciones a las siguientes:
- Nacionalizar de forma integral y definitiva todas las cajas de ahorros y sus bancos participados, a fin de convertirlos en el pilar central de una banca pública. Todas las ayudas públicas que puedan necesitar el resto de entidades bancarias (incluidos los préstamos del BCE) se transformarán en acciones públicas, con entrada de representantes públicos en los consejos de administración de las mismas.
- No se transferirá ni un solo euro público más a ninguna entidad hasta que se complete una
auditoría pública y transparente de las cuentas de todas las entidades financieras españolas
que permita establecer un plan de saneamiento efectivo.
- Hasta que no esté terminada la auditoría se decretará una moratoria en el pago de la deuda pública, la cual también tendrá que ser sometida a una auditoría por el mismo procedimiento y con los mismos criterios que la realizada a las entidades financieras.
- Los primeros en asumir las consecuencias de su situación deben ser los accionistas. Los siguientes, los acreedores. A partir de la información suministrada por la auditoría se establecerá qué deuda devolver y qué deuda se considera ilegítima y, por tanto, no se devolverá, forzando una quita de la misma. La devolución del resto se reestructurará de forma que no impida el desarrollo de la sociedad. Sólo después de dar los anteriores pasos, se inyectará dinero público a fin de garantizar los depósitos de los impositores.

El derecho a la vivienda es posible, pero debemos garantizar que deje de ser una mercancía con la que hacer negocio. Y eso, conlleva abordar también, el problema del sector financiero, que debe acabar transformándose en un sistema público, controlado democráticamente y con unos criterios de actuación que persigan el progreso del conjunto de la sociedad. Igual que la gestión de servicios públicos como la sanidad, la educación o el agua, la gestión de la vivienda o de los ahorros de la sociedad no puede dejarse en manos del libre mercado y de la ley del máximo beneficio.

Madrid, 16 de noviembre de 2012

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