Las disparatadas ayudas públicas al sector bancario

Carlos Sánchez Mato. Attac Madrid


El proceso de reestructuración del sector bancario español cumple ya cinco largos años. La estrategia de los Gobiernos (de dos partidos distintos) ha tenido vergonzosas similitudes que han calado en gran parte de la población informada de manera casi exclusiva por los medios de comunicación de masas. El mensaje que se ha ido transmitiendo en cada uno de los hitos por los que ha pasado el salvamento de las entidades financieras es que el problema está limitado a una pequeña parte del sector y a una porción de los préstamos. En ningún caso, han declarado a todo aquel que les ha querido escuchar, se trata de problemas de solvencia.  Las turbulencias pasarán y el crédito volverá. La buena gestión que han demostrado las entidades bancarias de mayor tamaño y con una sólida implantación internacional cimentará la próxima y cercana recuperación económica. Para hacer frente a las necesidades de las pocas entidades (cajas de ahorros) gestionadas por el sector público, hemos tenido que hacer algunos sacrificios pero el quebranto ya está solucionado con un préstamo en ventajosas condiciones que nos ha concedido el Mecanismo Europeo de Estabilidad y que ha sido un 60% inferior a los 100 mil millones de euros que nuestros socios europeos habían puesto a nuestra disposición. Por supuesto, los ahorros de los ciudadanos están plenamente garantizados.

La explicación es radicalmente falsa y hoy la población lo intuye. La falaz historia ha ido acompañada de una necesaria e imprescindible desinformación: En ningún organismo público se informa de manera completa y global de las ayudas públicas puestas a disposición de las entidades bancarias y se utilizan todo tipo de artimañas para disminuir el importe de las mismas.

¿Por qué motivo?
Realmente es muy sencillo de comprender. El sector bancario es absolutamente dependiente de las ayudas públicas repartidas entre unas limitadas medidas de capitalización y las articuladas para facilitar la liquidez que suponen más de 275 mil millones de euros. A ese descomunal importe hay que añadir la financiación del Banco Central Europeo que eleva a más de 632 mil millones de euros el auxilio facilitado al sector. La responsabilidad para el Estado no se queda en la anterior cifra dado que, en aras a facilitar la financiación barata de las entidades bancarias, garantiza los depósitos de hasta 100 mil euros por titular sin disponer de fondo alguno para ello. Sería difícil de sostener por parte de las élites políticas y económicas que el rescate del sistema financiero ha precisado de 1,42 billones de euros de ayudas públicas hasta diciembre de 2012. Utilizar el 136% del PIB español o el equivalente a seis veces la recaudación impositiva anual de todas las Administraciones Públicas cuando se están pidiendo continuos sacrificios a los ciudadanos no es algo al alcance de nuestros dirigentes políticos.

 Sobre todo cuando el análisis de la situación demuestra que el rescate ha sido insuficiente porque solamente una pequeña parte de esas ayudas lo han sido en forma de capital (87.357 millones de euros) mientras que el resto (1,33 billones de euros) son medidas para paliar su falta de liquidez como préstamos, adquisición de activos, garantías y avales. Estos mecanismos no solucionarán sus problemas de solvencia.

El riesgo en el que ha incurrido el sector público explica aunque no justifica en modo alguno, las actuaciones políticas de protección y salvamento de todas y cada una de las entidades bancarias. El desequilibrio en el que se está incurriendo es brutal ya que los accionistas privados tienen comprometido un euro por cada diez que arriesga el Estado y, sin embargo, el Estado no tiene capacidad de decisión política en la mayoría de las entidades.

La superación de la actual situación requerirá inevitablemente la nacionalización de la práctica totalidad del sector financiero por la conversión de gran parte de las ayudas públicas ya desembolsadas en capital y el radical saneamiento de las pérdidas ocultas en los balances. O eso o tendremos que enfrentarnos a una quiebra de las finanzas públicas arrastradas de forma directa o indirecta por el sector financiero. Solo con control público permanente se podrá ejecutar la necesaria reducción y adecuación del sector bancario a un modelo de negocio enfocado a la economía real y a la vertebración de tejido productivo.

En el siguiente informe se pueden visualizar las ayudas públicas destinadas a sostener al insolvente sistema financiero español, siempre tomadas de fuentes oficiales.

http://matoeconomia.blogspot.es/img/aypub2012.pdf
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