Criminalización de la ciudadanía indignada e insumisa

Xavier Caño Tamayo

Aumenta la represión en Europa. El Gobierno de Grecia decreta la movilización forzosa (militarización, en realidad) del profesorado para evitar la huelga contra los recortes salariales y la pérdida de derechos. En el Reino de España, hay encarcelamientos arbitrarios e injustos por manifestarse desde el nacimiento del 15-M hace dos años, y manifestantes elegidos aleatoriamente son multados sistemáticamente por el Gobierno. En Portugal, una gran manifestación contra los recortes gubernamentales finalizó con once heridos. En Italia son reprimidas con dureza inusitada las manifestaciones de estudiantes. En Reino Unido, encarcelan con seis meses de prisión a quienes ocupen edificios vacíos y deshabitados… Los gobiernos reprimen a la ciudadanía más consciente y activa en Europa… La represión crece a medida que aumenta la conciencia crítica ciudadana.
La criminalización de la protesta ciudadana crece con falsas acusaciones de vandalismo callejero que, perpetrado por reducidos y sospechosos grupos, se insinúa (o dice directamente) que forman parte del movimiento ciudadano. Responsables políticos de la policía se refieren de modo malévolo, sin contexto ni matiz, a los hechos violentos que en ocasiones se dan al final de pacíficas concentraciones y manifestaciones, atribuyéndolos al movimiento ciudadano. Unos hechos violentos cuya autoría recae a menudo sobre agentes infiltrados de la policía o provocadores más o menos dirigidos. Miembros del Gobierno o del partido que lo sostiene en el Reino de España insultan a la ciudadanía llamando nazis o terroristas etarras a quienes protestan en paz y con eficacia y revelan sus canalladas políticas dejándolos sin argumentos.
El Gobierno responde al aumento de conciencia crítica ciudadana con más antidisturbios, cámaras de vigilancia en espacios públicos e incitación a la delación de presuntos “antisistema”. Antisistema es el saco donde meten toda denuncia y resistencia contra el saqueo que es la crisis y el vaciado de la democracia. El Gobierno y sus aliados cambian la normativa de reunión y seguridad pública y convierten las faltas penales en delitos para poder aplicar la prisión preventiva. Faltas como las acometidas y destrozos del mobiliario urbano. También se tipifican nuevos delitos para reprimir a la ciudadanía más activa. Como difundir por Internet convocatorias de manifestaciones que pudieran derivar en alteraciones del orden público. O, en un desquiciado rizo del rizo, convertir la resistencia pasiva pacífica en atentado contra la autoridad, penado con años de cárcel.
Una muestra de ese fascismo soterrado creciente de la actuación policial contra manifestantes en Europa es una declaración del mando de una unidad anti-disturbios española. Aseguró que incluso Gandhi en actitud de resistencia pasiva se hubiera llevado algún porrazo que otro de sus hombres. Ya en el inicio del 15 M, más de doscientos intelectuales, artistas, profesores universitarios y dirigentes sociales salieron al paso de la persecución y criminalización del movimiento, denunciando la represión y arbitrariedad policial y política al detener y encarcelar a manifestantes pacíficos. Por desgracia, esa situación no solo se mantiene sino que empeora.
Para los más viejos del lugar, que sufrieron la dictadura franquista, lo expuesto huele cada vez más a rancio fascismo. Con la visible diferencia de que esos fascistas o fascistoides de hoy no recurren a mascaradas ni concentración de disfraces y banderas.
Al revisar la actuación de buena parte de gobiernos y policías de países europeos, cuyas ciudadanías exigen sus derechos con firmeza, se comprueba que hay una deriva cada vez más autoritaria de buena parte de esta Europa sometida al poder financiero y las corporaciones empresariales.
Lo resume con lucidez el magistrado Carlos Doménech al exponer que las nuevas medidas penales en el Reino de España son pasos hacia un estado policial. Que va bien encaminado lo muestra el hecho de que el Consejo de Poder Judicial cuestiona la constitucionalidad de esa pretendida reforma penal que es la tipificación de nuevos delitos para neutralizar a la ciudadanía pacífica activa y la aplicación de penas mucho más severas.
Buena parte de gobiernos europeos han olvidado que la soberanía nacional reside en la ciudadanía, de la que emanan todos los poderes del Estado; el poder que ellos tienen sin ir más lejos.

Xavier Caño Tamayo es periodista
Artículo publicado en ALAI, América Latina en movimiento
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