"La Junta ha gastado más de 100 millones de euros en la Ciudad del Medio Ambiente"


La Junta de Castilla y León aprobó el pelotazo urbanístico de la Ciudad del Medio Ambiente por ley para evitar los tribunales. Esta semana el Constitucional ha declarado inconstitucional el proyecto, lo que obliga a paralizar las obras. Los grupos ecologistas denuncian la inversión millonaria y exigen responsabilidades políticas.


 

 La Ciudad del Medio Ambiente se construye sobre terrenos protegidos por el empeño de la Junta de Castilla y León (PP) / Felix Lavilla

 

El Tribunal Constitucional ha declarado esta semana inconstitucional la Ciudad del Medio Ambiente porque el procedimiento empleado en su aprobación pasa por alto a los tribunales y el derecho de los ciudadanos a presentar alegaciones. La obra faraónica de la Ciudad del Medio Ambiente, que fue aprobada por ley por los diputados del PP en las Cortes de Castilla y León en marzo de 2007, se está levantando (aún siguen las obras) en el Soto de Garray (500 habitantes), en un paraje protegido, a diez kilómetros de la ciudad de Soria.
El proyecto fue denunciado por la Asociación Soriana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (Asden), integrada en Ecologistas en Acción. La urbanización prevista contemplaba la construcción de 800 viviendas de lujo, un parque empresarial, varios hoteles, dos torres de oficinas y un centro deportivo. Un macroproyecto urbanístico de más de 500 hectáreas en suelo rústico de especial protección en un paraje donde se encuentran especies protegidas como la nutria, águila pescadora, tejón o milano real, entre otras, con una de las colonias de cigüeña blanca más importante de la península y donde se han talado numerosos árboles que llevaban en pie más de 300 años. Los diputados regionales del PP que impulsaron el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente anunciaron que en esta urbanización habitarían 4.000 personas y en su ejecución se crearían más de 1.000 empleos.

Para no recibir alegaciones

El procedimiento empleado por Castilla y León para aprobar este megacomplejo fue dictar una ley a medida, que declaró el "interés regional" de la Ciudad del Medio Ambiente. Por eso, el 18 de diciembre de 2006 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León  la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de esta Comunidad. De esta manera, se permitió tramitar el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente  por su “interés regional” y no con el procedimiento de un plan urbanístico normal que hubiera permitido presentar alegaciones a los ciudadanos. Sólo el Tribunal Constitucional podía declarar la inconstitucionalidad de este proyecto, como ha ocurrido casi siete años después.
Una Ley de la Ciudad del Medio Ambiente a medida del proyecto, para ello se modificó la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla León De la misma forma se han blindado otros proyectos urbanísticos, sobre todo en Castilla y León, cuyo "interés" es dudoso. De hecho, el Tribunal Constitucional también echó atrás el vertedero de residuos industriales de Fresno de la Ribera, en Zamora y el complejo de ocio Meseta Ski en Tordesillas, Valladolid, aprobados también por ley. En otra Comunidad Autónoma, Murcia, el Constitucional también tumbó la megaurbanización Marina de Cope.
Este ardid legal que emplea la Comunidad de Castilla y León para saltarse el control de los tribunales sólo puede ser recurrido por, al menos, 50 diputados o senadores, según establece la Constitución. En 2007, 50 diputados del PSOE llevaron al Constitucional la Ley de Aprobación del Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente y el fallo se ha producido esta semana.
El Constitucional argumenta que el procedimiento por el que salió adelante la Ciudad del Medio Ambiente impide a los ciudadanos poder acudir a los tribunales. La Junta blindó este plan urbanístico, para evitar que se parase como acababa de ocurrir entonces con la llamada Ciudad del Golf, un pelotazo urbanístico en un monte público de Las Navas del Marqués, Ávila, muy parecido al de la Ciudad del Medio Ambiente. El Tribunal Superior de Castilla y León impidió que se ejecutara cuando ya se habían talado un gran número de árboles, en un pinar protegido donde anidaba la cigüeña negra.

"No se puede alegar desconocimiento"

Para el portavoz de Asden, Carlos González, la Junta de Castilla y León no puede alegar desconocimiento. "Desde el primer momento hemos denunciado el proyecto y las obras. Primero denunciamos que estos terrenos son suelo no urbanizable especialmente protegido, pero la Junta emitió un informe favorable. Después denunciamos que estaban destruyendo un ecosistema protegido, con unas plantas protegidas...entonces la Junta nos respondió que no pasaba nada. Luego denunciamos que estaban actuando en una zona de nidificación de aves en la que, por ley, no se puede actuar durante ese tiempo de reproducción y la Junta respondió con un informe en el que volvía a argumentar que eso no era relevante... Estábamos apelando a la Junta, la misma que estaba ejecutando las obras, la parte infractora", señala González.
"Desde el primer momento hemos denunciado el proyecto y las obras. Pero estábamos apelando a la Junta, la misma que estaba haciendo las obras, la parte infractora" Del proyecto se han levantado seis grandes edificios, de los diez previstos, en uno de los complejos de la Ciudad del Medio Ambiente llamado Cúpulas de la Energía, cuyo diseño fue adjudicado a los arquitectos  Luis M. Mansilla, Emilio Tuñón y Carlos M. Albornoz.
Esos edificios, de estilo modernista y grandes cúpulas que se levantan por encima de los árboles que se han salvado de la tala, fueron paralizados en mayo de este año gracias a las denuncias de Asden. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León argumenta que las edificaciones superan la altura permitida y que la obra se aprobó sin contar con los informes jurídicos y técnicos y sin la tramitación de la licencia ambiental.

Un proyecto "modélico" según la Junta

"Ha sido todo un despropósito. Ni siquiera han construido lo que el proyecto contemplaba. Además, la Junta se ha esforzado en presentar la Ciudad del Medio Ambiente como algo modélico, no sólo por el nombre. Incluso han llevado el proyecto a convenciones en Madrid y hasta Latinoamérica, exponiendo estas obras como un modelo urbanístico sostenible y pagando grandes cantidades de dinero público para hacer propaganda", afirma González.
Para Asden esta es una victoria agridulce, porque se ha tardado mucho tiempo, siete años, en paralizar la Ciudad del Medio Ambiente. "La Junta de Castilla y León ha pagado más de 100 millones de euros, hasta ahora, en la Ciudad del Medio Ambiente de las arcas públicas, más las indemnizaciones a las que se tendrá que enfrentar para las empresas constructoras", aclara González.

Dinero público, negocio privado

La urbanización y el modelo del PP, también en Castilla y León, favorece a las empresas privadas: "Es algo inconcebible. Son más de 500 hectáreas que compra la Junta de Castilla y León con dinero público. Los proyectos de obra los paga la Junta, la ejecución de la urbanización la paga la Junta y luego, cuando ya está todo urbanizado, ellos se hacen diez edificios en un rinconcito, y el resto del complejo se lo pasan a la iniciativa privada, y recalifican los terrenos. Es decir, todos los gastos corren a cargo del erario público y cuando está todo hecho se entrega el negocio a las  empresas privadas. Estamos para invertir el dinero público en otras cosas y no para generar urbanizaciones pagadas con dinero de todos para empresas privadas", señalan desde Asden.
"Los proyectos de obra los paga la Junta, la ejecución de la urbanización la paga la Junta y luego cuando ya está todo urbanizado, lo recalifican y se lo pasan a las empresas privadas. Es decir, todo se paga con dinero público y luego se pasa a manos privadas" El 14 de marzo de 2007 se aprobó la Ciudad del Medio Ambiente en las Cortes de Castilla y León, el último día de esa legislatura, con mayoría absoluta del PP, 48 representantes frente a 32 del PSOE, en el último punto del orden del día, sin posibilidad de discusión, "en una sola lectura y con carácter de urgencia".
Esa mañana gélida, algo más de 50 activistas se concentraron en el pequeño pueblo de Fuensaldaña, donde se encontraba entonces de forma temporal la sede del Parlamento de Castilla y León, en el castillo de Fuensaldaña, mientras acababan las obras de las Cortes regionales, en Valladolid. Los activistas estaban rodeados por un fuerte dispositivo policial de la Guardia Civil y antidisturbios. Varias pancartas y los gritos de los ecologistas ya denunciaban la barbaridad ambiental que sus señorías iban a perpetrar.
"Este es un día muy importante para Soria", dijo esa mañana María Jesús Ruiz Ruiz, soriana y entonces consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, que más tarde pasaría a Urbanismo. Todo el mundo en la región sabe que la Ciudad del Medio Ambiente era un empeño personal de Ruiz, quien espetó ofendida a la prensa esos días: “Los sorianos no somos una especie a extinguir", en referencia al presunto interés del proyecto, o: "El proyecto demostrará que el desarrollo es compatible con el medioambiente y la actividad del hombre”.
Años después, con todo un paraje protegido destrozado por las obras faraónicas de la Ciudad del Medio Ambiente, María Jesús Ruiz elude su responsabilidad: "Pregunten al partido y a las Cortes", dice ahora desde su sillón del Senado.
Varios cargos de la Junta de Castilla y León fueron imputados por el caso de las Navas del Marqués, ahora las organizaciones ecologistas exigen que se investigue la responsabilidad de los diputados del PP que aprobaron la, paradójicamente llamada, Ciudad del Medio Ambiente.

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