Una casta profesional apoya la privatización del Sistema Sanitario Público
Una gran alianza socioeconómica (Club Gertech) viene desarrollando desde hace tiempo, y de manera invisible para la población y los trabajadores sanitarios, una serie de iniciativas destinadas a fragmentar y hacerse con el sistema sanitario público. En esta alianza privatizadora participan algunas universidades, centros de investigación, empresas de informática y tecnología sanitaria, laboratorios farmacéuticos, fondos de inversión internacional (especialmente de USA y China) grupos de comunicación… que conforman un gigantesco lobby de presión que está controlando la política sanitaria los gobiernos de Rajoy y de la casi totalidad de las comunidades autónomas.
Entre los principales objetivos de esta plataforma podemos destacar la voluntad de:
- Controlar toda la información generada por el Sistema Sanitario Público en relación con el estado de salud de la población, recursos disponibles, actividades desarrolladas y su funcionamiento.
- Quedarse con una gran parte del presupuesto sanitario público.
- Obligar al Sistema de Salud Público a adquirir sus costosos productos tecnológicos.
- Controlar la planificación estratégica (compra de recursos, procesos asistenciales, sistemas de información, etc.), la gestión de los centros sanitarios (nuevas formas de gestión Ley 15/97) y el funcionamiento de los servicios asistenciales (Unidades de Gestión Clínica).
Como parte esencial de esta estrategia, las Unidades de Gestión Clínica (UCG) tienen encomendada la misión de privatizar la gestión de los servicios asistenciales hospitalarios y de atención primaria, modificando su estructura organizativa y funcional.
Resulta paradójico que las UGC se presenten como la fórmula para integrar el funcionamiento de los recursos asistenciales y dar participación y poder de decisión a los profesionales y trabajadores de los mismos, cuando la realidad es que están destinadas a fraccionar los centros en múltiples empresas (con la finalidad de discriminar las rentables económicamente para los inversores privados) y reforzar el control de la administración a través de unos directores nombrados “a dedo” por las gerencias con capacidad para contratar, incorporar nuevos productos y ampliar o restringir las carteras de servicios. Por último, las UGC contarán con Consejos de Dirección en los que se integrarán representantes de los colaboradores e inversores sector privado.
Aunque parece que, por ahora, estas Unidades no tendrán entidad jurídica propia (como contemplaban las propuestas iniciales de la Ministra de Sanidad, Ana Mato, y de la Conselleira de Sanidade de Galicia, Rocío Mosquera) que las transformaría en auténticas empresas independientes; sin embargo parece que sí tendrán presupuesto propio, personal laboral (gracias a un cambio en el Estatuto Marco realizado en verano para para que pasara inadvertido), que percibirá unos incentivos económicos vinculados al ahorro, y gozarán de autonomía y capacidad para vender sus productos a otros servicios o centros, creando el mercado sanitario interno reclamado por el Informe Abril.
Actuación complementaria
Paralela y complementariamente, este lobby está consiguiendo imponer a los gobiernos del PP (con su colaboración entusiasta) una serie de nuevas medidas encaminadas a avanzar en la privatización como: Cambiar la Estrategia de Atención a Enfermos Crónicos, orientándola a la utilización de aparatos tecnológicos instalados en los hogares en lugar de cuidados por personal especializado; privatizar el Sistema de Información del Sistema Sanitario Público para ponerlo al servicio de las multinacionales sanitarias (Historia Clínica Electrónica, redes informáticas de comunicación entre niveles y profesionales, sistemas para informar y dar citas a los pacientes, Call Center etc.); ceder al sector privado el control de los programas y actividades de investigación financiadas con fondos del sistema sanitario público; apoyo a la implantación y difusión de las innovaciones tecnológicas (frente a la promoción y prevención a cargo de la Atención Primaria); o la cesión a empresas de consultoría y multinacionales sanitarias de la formación del personal sanitario. Todo ello sin renunciar a los repagos; la colaboración público privada de la construcción y gestión de los nuevos centros (PFI); la privatización de los servicios, que eufemísticamente llaman externalización; la potenciación de los conciertos con el sector privado; etc.
Grupos profesionales colaboran activamente en la estrategia
Algunos grupos profesionales, con escasa presencia e influencia en los profesionales asistenciales, están apoyando la implantación de las Unidades de Gestión Clínica a cambio de prebendas y de mantener sus privilegios personales y corporativos: FACME (Federación de Asociaciones Científico Médicas); SEDISA (Asociaciones Profesionales y Sociedad de gerentes y directivos de los centros sanitarios públicos); Foro de la Profesión, integrado por los responsables de grupos de presión, como la Organización Medica Colegial (OMC), Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Conferencias de Decanos de Medicina y Estudiantes de Medicina. de fuerte perfil conservador.
Todas estas organizaciones comparten un batiburrillo de medidas destinadas a desmantelar y privatizar la sanidad como el Proyecto “Amphos”, “25 propuestas para mejorar la sostenibilidad del Sistema Sanitario”, o el “Pacto por la Sanidad”:
Cambiar la gestión de los centros a través de las Unidades de Gestión Clínica; trasformar los hospitales en empresas autónomas; laboralizar a los trabajadores sanitarios; promover el autocuidado del enfermo mediante tecnologías instaladas en sus domicilios; desarrollar la medicina personalizada, de acceso imposible a toda la población, según reconoce la propia industria; libre elección de centro sanitario para facilitar el mercado sanitario interno; desarrollar una estrategia de Investigación-Desarrollo-Innovación (I+D+I) con fondos y recursos mayoritariamente públicos pero con una influencia del sector empresarial privado; reducir las plantillas de los centros públicos; incrementar las externalizaciones de servicios; generalizar las nuevas formas de gestión privada de acuerdo a la Ley 15/1997; promover la gobernanza de los centros por “expertos” sin participación profesional; introducir ticket moderadores para limitar el acceso de los pacientes a los servicios; cobrar la alimentación y la hostelería de los pacientes hospitalizados; controlar el uso de los recursos; revisar el sistema de atención a crónicos, hospitalización a domicilio.. y todo ello bajo el paraguas de un Pacto Estatal por la Sanidad destinado a hacer cómplices de estas medidas a una parte de las organizaciones profesionales, sindicatos y partidos políticos.
Cambio solapado
Estas medidas suponen un cambio solapado del actual modelo sanitario establecido por la Ley General de Sanidad: Universal, equitativo, accesible y redistributivo, basado en la promoción de la salud y la Atención Primaria
- Perpetúa el modelo hospitalo-céntrico en detrimento de la Promoción de Salud, de la Atención Primaria y de la Atención a la Dependencia. El nuevo modelo de atención de crónicos se basa en la difusión generalizada de recursos tecnológicos, en lugar de los cuidados prestados por personal sanitario y cuidadores.
- Impulsan y favorecen el uso intensivo de las tecnologías (responsables del crecimiento del gasto sanitario irracional): La multiplicación del gasto sanitario en pruebas tecnológicas y servicios especializados puede condicionar la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, incrementar la iatrogenia y las desigualdades de salud. Las nuevas tecnologías son muy costosas e inaccesibles en muchos casos a toda la población.
Por una alianza social y profesional
Es urgente consolidar una gran alianza social y profesional en Defensa del Sistema Sanitario Público. Un potente lobby privatizador, con la colaboración de un pequeño aunque influyente grupo profesional, pretende apoderarse del presupuesto sanitario público promoviendo diferentes estrategias como colaboración público privada; el apoyo con fondos públicos de las innovaciones tecnológicas; el control estratégico del sistema; la externalización de los servicios; la trasformación de los centros sanitarios en empresas; cambios en la financiación y el repago de la asistencia sanitaria.
El sector sanitario debería hacer patente su rechazo a esta estrategia (que pone en riesgo el propio Sistema Sanitario Público, el derecho a la asistencia sanitaria de la población y unas condiciones de trabajo dignas de los trabajadores sanitarios) y apoyar una gran alianza social y profesional en defensa de la sanidad pública.
Médico de Atención Prímaria y Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
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