Ana Barba – Público.es
Mi
frutero cree que es de derechas. Piensa que si vienen los de
izquierdas, le quitarán la frutería. Abre los ojos como platos cuando le
digo que soy muy de izquierdas, no da crédito, una señora que parece
tan de buena familia.
La dueña de la farmacia de la esquina es de
derechas. Está al borde de la quiebra, pero cree a pies juntillas que la
culpa es de la herencia recibida y de los de izquierdas, que no dejan
al Gobierno hacer lo que debe.
Mi amigo Pepe, dueño de una pequeña
granja en la sierra, se declara votante alterno del PP y el PSOE, pues
no tiene claro quien le dará respuesta a su lenta agonía financiera.
Mi
amiga Clara es funcionaria de la Administración. Se cree a salvo de la
marejada de la crisis. Nunca tiene claro a quién votar, no le interesa
la política. Ella cumple con su trabajo y no quiere saber nada más.
Pues
bien, está a punto de empezar una nueva era para ellos, pero no lo
saben. No pueden saberlo porque es un acuerdo prácticamente secreto. Les
aviso y me creen trastornada. No tengo una bola de cristal, pero veo
muy claro su futuro.
En los próximos meses, cuando entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TTIP), algo que ninguno de ellos conoce, su pequeño universo se transformará:
La
libertad de comercialización de los productos americanos hará
proliferar nuevos supermercados, llenos de envoltorios de colorines y
precios de risa. Los trabajadores precarios, que son mayoría, sólo
podrán comprar a esos precios, su sueldo no dará para más. Los pequeños
comercios de proximidad irán cerrando poco a poco y nuestro frutero
acabará de reponedor, por 500€ al mes, en un “walt-mart”,
descubriendo que la fruta que venden allí es una porquería y que él,
para asombro general, es de izquierdas pero no lo sabía. Se hará
activista de un grupo off-line, ya que las nuevas normas sobre datos de usuarios de internet los pondrían al descubierto si usaran las RRSS.
Los
acuerdos del TTIP obligarán a privatizar casi completamente la Sanidad,
por lo que los trabajadores precarios, que son mayoría, no tendrán
acceso a muchos tratamientos médicos, que tendrán unos precios cada vez
más elevados. La farmacéutica de la esquina verá disminuir su clientela y
sus menguados ingresos, no podrá hacer frente a los créditos y pagos a
proveedores. La farmacias, controladas y reguladas por el Estado, serán
“liberalizadas” y nuestra boticaria, en quiebra, regalará su botica a
“Procter & Johnson” a cambio de un salario de subsistencia.
Descubrirá con horror que ser de derechas siendo un asalariado le
provoca dudas existenciales severas.
Mi pobre amigo Pepe, tan
cuidadoso con las normas sanitarias para criar sus vacas, verá cómo el
mercado nacional es invadido por toneladas de carne americana,
baratísima, pero llena de hormonas. Tendrá que cerrar en poco más de un
año y subsistir como descargador en una distribuidora cárnica.
Identificará al “libre comercio” como el enemigo del que no le
defendieron ni PP ni PSOE. Abrazará la causa antineoliberal sin grandes
resultados, pues la Ley Mordaza y el nuevo Código Penal impedirán
protestas y manifestaciones “antisistema”.
En cuanto a mi amiga
Clara, se verá afectada por la nueva legislación laboral que permitirá
despedir a los funcionarios. Una demanda millonaria de la multinacional
“All is mine” contra el Estado español por lucro cesante dejará el
presupuesto estatal temblando para varios años y no habrá más remedio
que despedir al 65% de los funcionarios para poder mantener los 250
cargos de confianza de cada ministro. Clara comprobará con estupor que
su amiga Lola, que no fue capaz de aprobar las oposiciones, es ahora
secretaria de un exdiputado que “trabaja” en la antes mencionada “All is
mine”. Malvivirá trabajando sin contrato y descubrirá que sólo puede
subsistir al margen del Estado.
Y si esta distopia futurista te
parece exagerada, lee a continuación los puntos más destacados del TTIP
que he recopilado como documentación:
Los cambios en las normas
regulatorias afectarán a la producción y prestación de bienes y
servicios (calidades, reglas de emisión de contaminación, inversiones y
derechos de propiedad).
Los negociadores de la UE que se ocupan de
este tratado están rodeados de los lobbies de las diferentes
corporaciones multinacionales y patronales. La Comisión Europea se
embarcó en más de 100 encuentros cerrados con lobbistas y
multinacionales para negociar los contenidos del tratado. La Comisión
Europea tuvo que reconocer esos encuentros a posteriori, y más del 90%
de los participantes resultaron ser grandes empresas. Los documentos y
negociaciones son opacos y secretos para el común. No se ha dejado
participar a los sindicatos y a otros grupos de la sociedad civil.
El
negociador principal de la parte europea reconoció en una carta pública
que todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían
cerrados al público durante al menos 30 años. Concretamente aseguró que
esta negociación sería una excepción a la Regla 1049/2001 que establece
que todos los documentos de las instituciones europeas han de ser
públicos. Como dice el premio Nobel Joseph Stiglitz sobre la negociación
clandestina del TTIP, “no se entiende tanto secretismo, a no ser que lo
que están tramando sea realmente malo”.
Una vez aprobado el TLC
todos los gobiernos tendrán que adaptar sus normativas nacionales a los
nuevos acuerdos internacionales, lo cual implicará una nueva ola de
reformas laborales, financieras, fiscales, etc. que sirva a esa
armonización regulatoria propuesta en el tratado. El TTIP estará por encima de la Constitución de cada país,
será como una supraconstitución. Y los tribunales internacionales de
arbitraje, que no están constituidos por jueces independientes, tendrán
un nivel judicial más alto que los tribunales nacionales. El TTIP
incluirá una cláusula de protección de los inversores extranjeros
(conocida como Investor-State dispute settlement, ISDS), que permitirá a
las multinacionales demandar a los estados cuyos gobiernos aprueben
leyes que afecten a sus beneficios económicos presentes o futuros.
El
TTIP no es sólo comercio. Como dice el profesor canadiense David
Schneiderman, esto es un “Nuevo Constitucionalismo”, que garantiza
derechos a los inversores por encima de los derechos de los ciudadanos.
Aquí hay que hacer referencia a la modificación del artículo 135 de la
Constitución española, que da prioridad al pago de la deuda sobre el
bienestar de los ciudadanos, aprobado por PP y PSOE sin hacer la
pertinente consulta ciudadana ante una enmienda constitucional.
En
materia laboral, EEUU no ha ratificado seis de las ocho principales
convenciones de la OIT, entre ellas las que conciernen a la libertad
sindical y a la negociación colectiva. Por el contrario, todos los
países de la Unión Europea han ratificado los ocho convenios
fundamentales. Se habla de un proceso de mínimo denominador común en el que el resultado de la armonización será la igualación al nivel de la regulación más laxa.
La
protección de las inversiones (o corporaciones) y sus normas de
arbitraje dan preeminencia a las multinacionales sobre la capacidad
legislativa de los gobiernos. El propósito no es la reducción de los ya
bajos niveles arancelarios, sino la modificación de la regulación
existente en las relaciones comerciales entre ambos espacios económicos,
favoreciendo únicamente a las grandes empresas transnacionales que son
las únicas interesadas. Se trata de la regulación relacionada con el
control sanitario de determinados productos, con los estándares
medioambientales, con los convenios laborales, con la propiedad
intelectual e incluso con la privatización de servicios públicos. Se
argumenta que estas normas suponen costes adicionales para las empresas, todo lo cual sería una pérdida de potencial económico para las distintas economías.
Cuando
se amplían los mercados la competencia se incrementa y las empresas
nacionales se ven obligadas a competir con las extranjeras. Y en esa
pugna acaban victoriosas las empresas más competitivas. Se va a producir
un trasvase de ventas desde las empresas locales, más pequeñas, hacia
las grandes empresas que son las que pueden mantener estructuras de
costes y precios reducidos a lo largo del tiempo hasta que hayan logrado
eliminar a la competencia local.
Todas las que no puedan competir
y ofrecer precios más bajos tendrán que desaparecer junto con todos sus
puestos de trabajo. De hecho, la Comisión Europea ha reconocido que la
ventaja competitiva de algunas industrias estadounidenses generarán un
notable impacto negativo en sus homólogas en la Unión Europea, pero
asume que los gobiernos tendrán fondos suficientes para mitigar los
costes que ello genere.
El modelo agrario europeo es muy diferente
al estadounidense, tanto en su organización como sobre todo en su
tamaño. En EEUU hay 2 millones de granjas, mientras que en la Unión
Europea hay 13 millones. En promedio una granja estadounidense es 13
veces más grande que una europea, lo que permite a las empresas
estadounidenses competir en mejores condiciones. Por eso los
agricultores europeos están tan preocupados: la amenaza de una
concentración de poder y riqueza en el sector es muy alta.
La
estructura productiva de los países de la periferia europea está mucho
menos desarrollada que en el centro y norte de Europa y es mucho menos
competitiva, de modo que una mayor competencia proveniente de las
empresas estadounidenses afectará fundamentalmente a España, Portugal y
Grecia.
Los negociadores de Estados Unidos han señalado
particularmente a la regulación sobre sanidad y productos fitosanitarios
como principales objetivos a armonizar. Y es que la regulación de la
Unión Europea en esta materia está mucho más desarrollada y es más
rígida que la de Estados Unidos, razón por la cual una armonización a la
baja será especialmente lesiva para los ciudadanos europeos.
Los
supermercados europeos se inundarán de productos que son habituales en
Estados Unidos y que sin embargo a día de hoy están prohibidos en la
Unión Europea por motivos sanitarios o ecológicos. Por ejemplo, el 70%
de toda la comida vendida en Estados Unidos contiene ingredientes
modificados genéticamente, algo impensable actualmente en la Unión
Europea.
En materia de salud pública, la Unión Europea bloquea más
de 1.200 sustancias que se utilizarían en cosméticos, mientras que
Estados Unidos sólo bloquea poco más de diez.
En materia de
protección de datos, en Estados Unidos las grandes empresas pueden
acceder sin límites a toda la información privada de sus clientes. Así,
empresas como Facebook, Google o Microsoft tienen capacidad de utilizar
esa información como deseen.
Sin embargo, en la Unión Europea hay
límites que protegen ese espacio personal. ACTA y ahora el TTIP buscan
romper esa regulación europea para armonizarla con la falta de límites
de Estados Unidos. Este tratado de libre comercio atenta directamente
contra este requisito al conceder una mayor protección legal a las
grandes empresas que a los propios ciudadanos o a los estados.
A
finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas pendientes contra 98
países (UNCTAD). En los 90 sólo había una docena. Se trata de un nuevo
negocio en sí mismo, lo que ha hecho que muchas empresas de abogados se
hayan especializado y estén dispuestas a litigar por cualquier evento
que crean que puede servir para sacarle dinero a los estados,
desviándose como consecuencia grandes cantidades de recursos y fondos
públicos hacia las grandes empresas, en lugar de dedicarse a los
servicios públicos fundamentales que garanticen la vida digna de las
personas.
Si todo esto no te ha generado deseos de luchar contra
el TTIP, creeré que no tienes sangre en las venas y que vamos camino de
un neofeudalismo sin solución.
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