Ayer nos despertábamos con la noticia de una nueva operación antiterrorista. Los Mossos d´Esquadra detenían a más de 10 personas en Cataluña y en Madrid otra persona corría la misma suerte a manos de la Guardia Civil. En el dispositivo, los diferentes cuerpos de seguridad del Estado han entrado en catorce inmuebles entre viviendas, centros sociales y ateneos -incluyendo el domicilio de dos jubilados en Barcelona, que los propios Mossos calificaron como “error involuntario”.
A las personas detenidas se les atribuyen “delitos de pertenencia a una organización criminal”, aunque no nos dicen a cuál, y añaden “con finalidad terrorista de carácter anarquista” por si nos quedaban dudas de lo malvadas que son. En los registros policiales, que se realizaron destrozando mobiliario urbano, se incautó peligroso material anarquista como ordenadores, teléfonos móviles y libretas… ¡Quién sabe lo que tendrían pensado hacer con esas libretas!
Alguien con un poco de mala fe podría pensar que toda esta operación sólo persigue la creación de una amenaza artificial, en este caso los anarquistas. O que pretende criminalizar los espacios autogestionados, okupados o no, que se convierten en lugares de encuentro, debate político y creación cultural en nuestras ciudades. O incluso que el objetivo era el de ocultar que el ya ex-molt honorable Pujol y su Clan han sido llamados a declarar en calidad de imputados.
Pero nada más lejos de la realidad. Sin duda, se trata de una actuación ante un problema que atemoriza a la población, como bien demuestra la primera posición que ocupa el “terrorismo anarquista” en el último barómetro del CIS. Además, esta operación se lleva a cabo siguiendo la senda de la Ley Mordaza, cuya reciente aprobación ha suscitado un enfervorecido apoyo en las redes, en las calles y en el mismo Parlamento. Este tipo de actuaciones, junto a declaraciones que aseguran que “la crisis ya es historia”, reflejan la sintonía de este Gobierno con las preocupaciones y las demandas ciudadanas.
Nada indica que el Gobierno tenga la intención de desviar la atención sobre los múltiples casos de corrupción que le rodean o de reducir a una cuestión de orden público la oposición a sus planes de austeridad y recortes. Día tras día, miembros del Ejecutivo nos muestran su sensibilidad ante los sufrimientos de la población, y el nombramiento como portavoz de Rafael Hernando, hombre tranquilo, amante de la pluralidad y respetuoso, así lo confirma.
Así que tenga cuidado. Si considera que la corrupción, los desahucios, el paro juvenil, la precariedad generalizada o la creciente pobreza son asuntos que requieren de todos los esfuerzos de las administraciones para atajarlos, míreselo bien, puede que usted también sea un peligroso anarquista.
Sí, sí, usted. No se extrañe. Ayer fueron los temibles anarquistas pero antes fueron los perroflautas de las plazas, los terroristas de la PAH, los adolescentes que reclamaban calefacción en sus institutos, la cúpula de Anonymous o la de Contrapoder, quienes defendieron un transporte público accesible y de calidad, quienes ejercían su derecho a la huelga o las mujeres que se negaban a no decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. Y mañana puede ser cualquiera.
Bueno, cualquiera no. Si usted tiene cuentas en Suiza o Andorra, se ha beneficiado de algún pelotazo inmobiliario o concesión pública o forma parte de ese poder político que no se presenta a las elecciones, es poco probable que entren a las 6 de la madrugada en su casa acusándole de nada. Pero si no es de esa minoría, no lo olvide, cualquier día puede ser el enemigo.
Pablo Padilla es miembro de Juventud SIN Futuro y de la Oficina Precaria.
[Fotogalería y videogalería de las manifestaciones en solidaridad con los detenidos]
ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia
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12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en
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