Eduardo Garzón / Adoración Guamán / Carlos Martínez
Los datos de empleo del primer trimestre de 2015 han sido malos. La
lectura no puede ser otra, incluso teniendo en cuenta que los tres
primeros meses del año nunca ofrecen buenos datos y olvidando que la
mayor parte del nuevo empleo es de tipo precario. Basten los siguientes
datos para respaldar la anterior afirmación:1) El número de personas que han comenzado a trabajar en este trimestre ha sido bajísimo. De todos los primeros trimestres de los años de crisis sólo hay dos (2009 y 2013) en los que hayan pasado a trabajar menos personas que en este primer trimestre de 2015. Y, por supuesto, el número de nuevos ocupados es muchísimo menor del que se registraban en los años de crecimiento económico. Si los datos netos no son tan negativos es porque las personas que han dejado de trabajar en este primer trimestre tampoco han sido muchas.
2) Eliminando el factor estacional, la variación neta intertrimestral de puestos de trabajo en este trimestre es mucho más reducida que la registrada en el segundo y cuarto trimestre de 2014. Este bajo valor y esta alta volatilidad por trimestres no son características propias de periodos de crecimiento económico. Habría que remontarse hasta la crisis del año 1993 para encontrar una creación de empleo tan paupérrima como la del tercer trimestre de 2014 y la de este primer trimestre de 2015.
3) En este trimestre y con respecto al anterior se ha destruido empleo en todas las comunidades excepto en dos (Canarias y Andalucía). Evidentemente esto no es lo que suele ocurrir en un periodo de expansión económica, a pesar de tratarse de un primer trimestre del año. Además, incluso teniendo en cuenta la comparación con el mismo trimestre del año anterior (cuando los datos de empleo eran todavía peores) resulta que la destrucción de empleo tiene lugar en cuatro comunidades/ciudades autónomas (Melilla, Murcia, Navarra y Ceuta) y el estancamiento del mismo en tres (Asturias, Castila-La Mancha y Galicia).
Como el lector podrá comprender, con estos datos es difícil hablar de buenos datos de empleo. Además, cuando tenemos en cuenta la calidad del empleo que se está creando entonces las cosas empeoran:
1) La mayoría de los nuevos contratos son temporales. La proporción de trabajadores con contrato temporal ha aumentado notablemente en los 3 años de gobierno del PP: en este tiempo han desaparecido 263.200 empleos a tiempo completo mientras que a tiempo temporal muchos menos (66.600). Además, la duración de los mismos es cada vez menor (mientras que en 2008 era de 78 días de media, en la actualidad es de 54 días). Esto último se debe en parte a que se registra el doble de contratos de un día de duración que en 2008: 40.000 contratos.
2) El número de contratos a tiempo parcial aumenta a ritmos vertiginosos. La proporción de trabajadores a tiempo parcial sobre el total ha aumentado en casi 3 puntos porcentuales en sólo 3 años. En este tiempo han desaparecido 645.400 ocupados a tiempo completo y han aparecido 335.200 ocupados a tiempo parcial. Es importante destacar que el 62% de todos ellos desearía trabajar a tiempo completo (en 2008 este porcentaje era de la mitad).
3) La remuneración de los nuevos empleos es notablemente reducida: la mitad de los nuevos contratos producidos entre 2007 y 2013 tienen un salario por debajo de los 978 euros, algo que no ocurría desde hace 20 años si realizamos las comparaciones pertinentes.
4) Todos los nuevos contratos disponen de menos derechos laborales y de menor intensidad que los anteriores a 2010, debido a las reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos del PSOE y del PP. Los contratos indefinidos son una reliquia, porque hoy día apenas hay diferencia entre este tipo de contrato y los contratos temporales en materia de indemnización por despido y otras características. Además, cada semana hay más de 3 millones de horas extraordinarias que no se pagan (si esas horas se trasladasen a nuevos empleos a tiempo completo hablaríamos de la generación de 75.000 puestos de trabajo).
5) Los nuevos empleos de los últimos 12 meses se registran mayoritariamente en los sectores típicos de la economía española: en la construcción, donde la variación anual ha sido de un asombroso 12,6%; en automoción (12,4%) impulsado por las subvenciones estatales; en los de bajo valor añadido como el tabaco (48,4%), actividades de agencias de viajes (19,4%), en actividades de juegos de azar y apuestas (31,2%). Mientras que en algunas ramas industriales estratégicas y de elevado componente tecnológico la destrucción de empleo es intensa: en productos informáticos, electrónicos y ópticos (-10,7%), material y equipo eléctrico (-6,8%) y en servicios de información y comunicaciones (-16,3%). Estamos replicando así el mismo modelo económico que nos trajo a esta situación de crisis y alejándonos de la urgente y necesaria transición de modelo energético y productivo.
En definitiva: se crea empleo, pero a un ritmo muy lento (impropio de épocas de recuperación económica y que nos deja todavía muy lejos de las cotas que teníamos en el inicio del gobierno actual, con 694.200 empleados más que ahora) y en unas condiciones mezquinas y de una calidad nunca vista. Contratos temporales, a jornada parcial, con salarios reducidos, con alta inseguridad laboral, con niveles de explotación destacables, y en actividades de bajo valor añadido, que explican que el porcentaje de trabajadores pobres no deje de aumentar y haya alcanzado la cota del 12,3% (más de dos millones de personas), situando a España en el tercer puesto de toda la Unión Europea en este desdichado ranking. Y todo ello sin olvidar que los que no tienen empleo también empeoran: el porcentaje de parados que reciben prestaciones por desempleo ha caído al 55,72%, un 7,7% menos que el año anterior. El Estado gasta ahora un 17,8% menos que hace un año en estas actuaciones.
Nos encontramos con un nuevo paradigma laboral que comienza a asentarse poco a poco en nuestra economía: el del empleo precario y trabajadores pobres, tan conocido en determinados países asiáticos. Las políticas de los sucesivos gobiernos del PSOE y PP han aniquilado empleo de calidad y han facilitado que ahora se cree algo de empleo, pero fundamentalmente precario y de baja calidad.
Lo más indignante de todo es que pretenden que les demos las gracias por ello.
La brecha existente entre las tasas de desempleo masculina y femenina se agranda, los últimos datos de la EPA confirman esta tendencia ya iniciada en trimestres anteriores. En el primer trimestre del 2015, en este “año de la recuperación”, los hombres han concentrado la bajada del desempleo y su tasa de paro se sitúa en el 22,74%, mientras que las mujeres perdemos trabajos remunerados y nuestra tasa de desempleo se incrementa en 24 centésimas, quedándose en un 24,98%. De esta manera, la tan publicitada tendencia de reducción de la brecha en el desempleo, que llegó a una distancia mínima de 1.83 puntos el 2014 se demuestra como lo que era, un mero subproducto de la crisis y de la brutal destrucción de empleo en sectores de producción masculinizados.
Lo que se ha demostrado, y según diversos informes de la OIT ésta no es una tendencia exclusivamente española, es que tras cinco años de políticas laborales de precarización adoptadas por los Gobiernos del PSOE y del PP, lo único que se ha conseguido es que los hombres recuperen muy lentamente empleo (precario y fundamentalmente temporal) y que la tasa de desempleo de las mujeres aumente, agravándose a su vez las condiciones de precarización de partida. Las reformas laborales adoptadas fundamentalmente entre 2010 y 2014, que han tenido como denominador común la devaluación del factor trabajo y de la estabilidad en el empleo así como la disminución de derechos de protección social, han situado en el centro de mira el desempleo, dejando otras necesidades urgentes relativas a la igualdad en el acceso y en las condiciones de trabajo y a la superación de la desigualdad por razón de sexo en un plano subsidiario.
En otras palabras, los intentos normativos por favorecer la entrada en el mercado de trabajo mediante la devaluación de la mano de obra, o el triunfo del principio “cualquier empleo es mejor que un no empleo”, han perjudicado especialmente a los colectivos con peor situación de partida. Así, las mujeres son más contratadas que los hombres en modalidades especialmente precarizadas como los contratos formativos y, particularmente, en los contratos a tiempo parcial. La utilización de esta última modalidad por las mujeres no ha dejado de crecer desde el año 2008. Atendiendo a los datos de la EPA, en el 2014, el 73,28% de los contratos realizados bajo esta modalidad de jornada fueron suscritos por mujeres y, según los datos del instituto de la mujer, del total de trabajadoras a tiempo parcial, un 96,77% utilizan esta modalidad para poder compatibilizar el trabajo remunerado con el cuidado de familiares dependientes, lo cual pone de manifiesto la permanente ausencia de corresponsabilidad en la compartición de cargas familiares. De manera vinculada a la utilización de fórmulas contractuales precarias la brecha salarial también se agranda, pasando del 16,1% al 19,3% entre 2008 y 2013. Como puede comprobarse, la política de devaluación interna basada en la degradación del valor del Trabajo y el decrecimiento salarial ha sido particularmente efectiva respecto de la mujeres.
La feminización de la pobreza, asociada a la rebaja salarial, se agrava si consideramos que la reducción de los derechos de protección social, en particular de las pensiones, también ha afectado especialmente a este colectivo. A la disparidad en las cuantías, la pensión media actual varía de los 1288 euros para los hombres a los 874 para las mujeres, se suma los efectos especialmente perniciosos de las últimas reformas de la pensión de jubilación respecto del sexo femenino. En efecto, al endurecer los requisitos para su disfrute y disminuir la cuantía, las mujeres, con carreras de cotización habitualmente más cortas y más discontinuas, son el colectivo más perjudicado.
Con estos ejemplos puede comprobarse que las políticas laborales de la precarización producen un incremento de la desigualdad y de la división sexual del trabajo. Por esta razón, y por vulnerar tanto el derecho al trabajo como los derechos asociados con la libertad sindical, numerosas juristas hemos afirmado que las normas que dieron lugar a estas medidas incurrían en un defecto de inconstitucionalidad y que debían ser eliminadas. Sin embargo, como era previsible, el Tribunal Constitucional no ha compartido nuestro parecer, elaborando una jurisprudencia que dista mucho de ser jurídicamente consistente y que una vez más devalúa el ya pobre y debilitado contenido social de la Constitución de 1978.
El Tribunal Constitucional comparte así la posición del Gobierno que no sólo implementa políticas laborales desastrosas sino que las justifica con ejercicios de cinismo insuperables. Una clara muestra la encontramos en el Plan de Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016), que interpreta la precarización y la devaluación de la estabilidad del trabajo asalariado como un incentivo pensado para la mejor incorporación de la mujer en el mercado laboral. Recogiendo una cita textual: “(…) la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para una nueva cultura del empleo basada en la flexibilidad, que facilita la participación de la mujer en el mercado de trabajo (…) ”. Si sustituimos el eufemismo “flexibilidad” por la palabra apropiada (precariedad), la postura del Gobierno queda absolutamente clara.
Pero no acaba aquí la cosa, las omisiones son tan graves como los errores. Con las políticas laborales de la precarización se ha “olvidado”, cosa habitual en el actual modelo de relaciones laborales, que el trabajo de los cuidados sigue siendo mayoritariamente desarrollado por las mujeres, y que se realiza a costa de su inserción en condiciones de igualdad en el mercado de trabajo asalariado. En este sentido no es baladí recordar que el capitalismo heteropatriarcal asienta una parte de su tasa de ganancia sobre el mantenimiento de la invisibilización normativa del trabajo de los cuidados. El trabajo doméstico, de cuidados, desplaza determinados costes producidos en el mercado capitalista hacia el ámbito doméstico y permite ampliar la parte no pagada del día de trabajo, usando el salario masculino para acumular trabajo femenino (Federici, 2004). El modelo de trabajador asalariado (sobre el que se fundamentó la construcción capitalista de los derechos laborales) presupone que los varones se incorporan a la vida en la edad laboral y permanecen en el mercado hasta la edad de jubilación, dedicando a ello todo el tiempo a lo largo de su vida activa, el trabajador champiñón, (Orozco, 2014) llega vestido, alimentado, cuidado, a la empresa porque hay otra persona que cubre sus necesidades vitales y cuyo trabajo no está contemplado ni remunerado. Evidentemente esta situación se ha agravado con la disminución de la intervención pública en la cobertura de determinadas necesidades sociales y el ejemplo más patente es el ámbito de la dependencia. Así, los cuidados recaen de nuevo en su práctica totalidad en el ámbito “privado”, en un momento en el que las sucesivas reformas laborales han provocado un aumento de las dificultades para la conciliación de las responsabilidades ligadas a los cuidados con los puestos de trabajo precarios. La crisis de los cuidados, es decir, la evidencia y agudización de las dificultades de amplios sectores de la población para cuidarse, cuidar o ser cuidados (Ezquerra, 2011) se agrava y las soluciones que da el gobierno a la crisis de los empleos impulsan la peligrosa tendencia de expulsar a la mujer del mercado de trabajo, para volver a dejar espacio al varón.
En realidad, ambas crisis, la crisis del trabajo asalariado y la crisis de los cuidados son dos problemas indisolubles que demuestran que la lógica de acumulación y de maximización del beneficio empresarial está colocada, social y normativamente por encima la lógica de la vida, del bienestar o de la dignidad. La salida en falso o el cierre de una crisis por la vía de la profundización de otra es extremadamente peligrosa. La débil “recuperación del empleo”, si es que existe, está teniendo un precio altísimo. La misma se está produciendo de manera lenta y a costa tanto del trabajo digno y estable (en términos generales y con mayor afectación a las mujeres) como de la intensificación de la división sexual del trabajo. De manera paralela, se intenta minimizar la resistencia por la vía normativa reaccionaria (reformas penales) y se persigue la rebaja de estándares normativos de protección laboral por la vía de subvertir la democracia con tratados internacionales contra las mayorías sociales. El escenario, ahora sí, nos indica que sólo hay una alternativa: la unidad popular y la solidaridad de las mayorías sociales para deponer democráticamente a los gobiernos culpable de este desastre.
Eduardo Garzón y Carlos Martínez son miembros del Consejo Científico de ATTAC España
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