Comisión Servicios Públicos de ATTAC-España
¿Podemos permitirnos una sociedad sin servicios públicos? NO1
ATTAC está firmemente convencida que todos los servicios que garantizan derechos sociales deben ser de titularidad y gestión 100% pública. Educación, salud, servicios sociales, pensiones, información, transportes, agua, el crédito para la economía real. El mercado – con su afán para el beneficio particular a corto plazo – no garantiza estos derechos porque su objetivo es el máximo beneficio y no sujetar y proveer los derechos de la ciudadanía.
Esta no es evidentemente la opinión de los últimos dos Gobiernos de la nación, así como de la mayoría de los Gobiernos autonómicos con independencia de su “color político”. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los últimos cuarto años (2008-2012) el presupuesto para acceso a la vivienda ha disminuido del 40%; para educación del 24%; para cultura del 32%; para sanidad del 10.4%; y para servicios y promoción social del 7%. Solo en los últimos PGE los recortes en Servicios Públicos han sido del 20%, con una reducción en sanidad del 23%, en educación del 12.3%, en intervenciones para la infancia del 54%, para mujeres y igualdad de oportunidades de casi el 25%, y para la Ley de Dependencia del 17%. A esto se añaden los recortes operados por cada Comunidad Autónoma.
Entre tanto sube exponencialmente el gasto público para compensar a los bancos de la pérdidas provocadas por sus operaciones especulativas. Según estimaciones de Eurostat, entre 2008 y 2010 las arcas públicas gastaron 88.000 millones de Euros en inyección directa de liquidez, avales y otras medidas de alivio para las entidades financieras, frente a los 66.400 millones de Euros de la partida para las prestaciones de desempleo, también recortadas. Los mismos bancos que reciben prestamos al 1%-1.5% del Banco Central Europeo, compran deuda pública a un tipo del 4%-7%, extorsionando dinero a la colectividad, mientras que reciben cuantiosos regalos por las autoridades públicas.
ATTAC exige que el presupuesto para Servicios Públicos vuelva inmediatamente por lo menos a los niveles de antes de la crisis, para recuperar el camino de convergencia con los países de nuestro entorno.
¿Gasta España demasiado en sus servicios públicos? NO2
Es una de la falacias más repetidas en los medios de información; sin embargo, no deja de ser otra farsa más. Entre los 15 países miembros de la Unión Europea antes de sus ampliación (los llamados “UE-15”), España tiene uno de los porcentajes más bajos de población adulta trabajando en empleos públicos, de empleados públicos sobre la población, y de gastos en sueldos de empleados públicos por habitante. Gastamos mucho menos en Servicios Públicos que los países de nuestro entorno. Tampoco es verdad que nuestros empleados públicos ganen demasiado. Sí es verdad que la ratio entre los salarios del sector público y privado en España es muy alta en comparación con los países UE-15. Sin embargo, este se debe principalmente a los bajos sueldos del sector privado y a la misérrima cuantía de los subsidios por desempleo, y del salario interprofesional en España.
Varios estudios independientes desmontan otra mentira: no hay ninguna correlación entre el tamaño del sector público y la falta de productividad y de competitividad de la economía. Un alto gasto en el sector público, al revés, es sinónimo de bienestar social y de dinamismo económico, además de contribuir a la lucha en contra del desempleo.
ATTAC exige un plan extraordinario para el sector público, que lleve a alinearse a España a la media de los países de la UE-15 en porcentaje de empleados públicos conforme su población.
¿La gestión privada, es más barata de la pública?¿Garantiza mejor calidad? NO
Existe un sinfín de estudios científicos por entidades tan solventes como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea3, el PSIRU4, así como de varias universidades españolas, que demuestran que no existe una mejora significativa en productividad, eficiencia y rentabilidad pasando de una gestión pública a una privada (es decir, privatizando). Al revés, se demuestra que cada vez que la eficiencia de una empresa pública mejora después de su privatización, esto se debe en gran medida a las inversiones públicas hechas para hacer atractiva su venta. Sin embargo, la privatización sí tiene consecuencias negativas en aspectos tan importantes como: la substitución de monopolios públicos por privados; el nivel de calidad del empleo (menos empleos con derecho, más precariedad, menores sueldos); la transformación de un acceso universal a un acceso según el nivel de renta, a favor de las clases sociales más pudientes; la disminución del nivel de I+D y de inversiones para reducir los impactos ambientales de las actividades humanas; la disminución del nivel de satisfacción de los usuarios; el desconocimiento de las necesidades de las poblaciones locales.
ATTAC exige la paralización de la política de privatizaciones en educación, sanidad, agua y servicios sociales, y una evaluación independiente de sus efectos controlada por la ciudadanía.
Sin embargo, ¿tenemos que recortar para pagar nuestras deudas? NO5
El cambio del Articulo 135 de la Constitución española que impone el pago de la deuda como prioridad absoluta de las administraciones públicas es parte de un paquete de medidas que las grandes compañías transnacionales del sector financiero han impuesto a los países de la Unión Europea (la ultima es el Fiscal Compact, que impone un objetivo de déficit del 0.5%, y sanciones automáticas para los países incumplidores). Quieren que entre toda la ciudadanía pagamos sus deudas, las deudas de los bancos. Se habla mucho de la “carga insoportable de la deuda pública española”, callando que la deuda pública de España (61% en 2011) es mucho menor que la de países “austeros” como Alemania (83% del PIB en 2010), Austria (72.3%) o Países Bajos (62.7%). Aún con el incremento previsto para el 2012 (79% del PIB), la deuda pública española sería inferior la media de la UE (80%). Sin embargo, España tiene un enorme problema de deuda privada, que en 2011 contabilizaba la astronómica cifra del 340% del PIB. De esta deuda las empresas poseen el 63%, y el 25% está en manos de bancos españoles. No son las familias (21% de la deuda total) que han “vivido sobre de sus posibilidades”, sino bancos, aseguradoras y grandes empresas que han hecho de la especulación financiera e inmobiliaria su razón de ser. Ahora ellos pretenden que toda la colectividad pague sus deudas con recortes en derechos sociales básicos.
Se estima que el Estado ha acumulado 108.000 millones de Euros de deuda entre 2008 y 2011 a causa a la inyección directa de dinero a la banca privada. Los intereses que toda la ciudadanía pagamos para la deuda pública – 29.000 millones de Euros en los PGE del 2012, gastos totalmente improductivos – ya rebasan las partidas para prestaciones por desempleo o Servicios Públicos, es decir para nuestro bienestar social. ATTAC piensa que esta deuda es ilegitima, junto con los gastos para armamentos, las transferencias a las confesiones religiosas, o a obras públicas faraónicas e inútiles por ejemplo entre otras. Esta deuda no nos pertenece.
ATTAC exige una auditoria de la deuda pública con participación ciudadana para establecer el montante de la deuda ilegitima, en particular la relacionada a la inyección de fondos a la banca privada.
Fácil decir: “No debemos, no pagamos”. Pero … ¿tenemos el dinero para financiar nuestros servicios públicos? SÍ6
Si el sistema impositivo español funcionase de verdad según los criterios de equidad y progresividad que la Constitución del Estado consagra, tendríamos dinero de sobra para pagar más y mejores Servicios Públicos. Entre 2006 y 2011 la contribución del impuesto de sociedades a la recaudación fiscal ha bajado del 68%, mientras que todos los otros tipos impositivos han subido (por. ej.: el IRPF del 6%). Si el impuesto de sociedades representaba el 23% del total de la carga impositiva en 2006, en 2011 representaba solo el 8%. Esta bajada no se debe a la disminución de la actividad económica con la crisis, sino a mera ingeniería fiscal. La empresas, en particular los grandes grupos consolidados, ostentan privilegios fiscales (correcciones, beneficios) para bajar su renta imponible, que en 2011 era solo el 59% de su resultado contable. Mientras que el tipo imponible teórico – después de la reforma regresiva del 2007 – es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las demás, en 2010 el tipo efectivo sobre los beneficios empresariales fue del 5% para las primeras y del 15% para las segundas. En el peor año de las crisis (2009), los beneficios empresariales ascendieron a 182076 millones de €. Estos deberían haber conllevado una tributación de 51430 millones de € según el tipo impositivo nominal. Sin embargo, las empresas pagaron en impuestos solo 17733 millones de €: más de 33500 millones de Euros que la colectividad dejó de percibir gracias a artimañas fiscales. En 2010, frente a beneficios de 90000 millones de €, las grandes empresas pagaron solo 4500 millones de € en impuesto de sociedades. Si se estuviera aplicando el tipo nominal medio del 28.5%, se habrían recaudado 141380 millones de € más entre 2007 y 2011, 35000 millones más solo en 2009.
ATTAC exige una reforma fiscal que imponga a la grandes empresas pagar el tipo impositivo nominal del 30% sobre sus beneficios reales.
Pero, las empresas crean trabajo y riqueza en nuestro país. ¿Si aumentamos los impuestos, no socavamos nuestro bienestar y futuro? NO
En contra de la información volcada en los medios de comunicación afines a los grupos empresariales, la carga impositiva en España en mucho menor que en los países de la Unión Europea: el 30.4% del PIB, frente al 38.5% de la media en la Unión Europea. Solo el Gobierno de Irlanda exige menos. Entre el 2000 y el 2009 la carga impositiva sobre las rentas del trabajo ha aumentado del 5.4%, mientras que la carga sobre las rentas del capital ha disminuido del 15.9%. Desde 1995 al 2011 la contribución de las rentas más elevadas a la carga fiscal ha disminuido desde el 56% al 45%. Si las empresas españolas tienen problemas de competitividad, esto no se debe a una carga fiscal excesiva, sino a la falta de una estrategia de inversiones en innovación, a la globalización neo-liberal, y a la dificultad de acceder al crédito. Para esto, ATTAC exige la inmediata puesta en marcha de una banca pública.
ATTAC exige el establecimiento de más tramos en el tipo de gravamen del IRPF y con una mayor progresividad, la tributación de SICAV y SOCIMI, el restablecimiento de los impuestos sobre patrimonio y sucesiones, y un impuesto globales sobre transacciones financieras que ponga coto a la especulación; así como la prohibición de los Paraísos Fiscales y su penalización.
¿La banca pública? No me hagáis reír: el ejemplo de las cajas ¿no demuestra lo malo de la gestión pública? NO7
Una cosa demuestra indudablemente la crisis: que la gestión privada de los bancos y de las entidades financieras en este momento de la historia se rige solo por criterios especulativos, aún a costa del bienestar de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Una banca publica bajo control social es lo que la economía real necesita para que el crédito - un derecho social en una sociedad moderna - fluya a las familias y a las empresas que producen bienes y servicios útiles a la colectividad, así como que revierta para Servicios Públicos . El dinero que manejan los bancos privados se queda atrapado en los escombros del casino financiero global. El caso de la cajas de ahorro españolas es paradigmático: las cajas empezaron a quebrar cuando entraron masivamente en el circuito especulativo del ladrillo, traicionando su misión de ser instrumentos para permitir a la ciudadanía y a las pequeñas y medianas empresas acceder al crédito. La cajas a menudo respaldaron los intereses particulares de partidos y políticos locales. La participación directa de la ciudadanía en su gestión habría evitado estas desviaciones.
ATTAC exige la creación de una banca pública con control social, a partir de las cajas ya nacionalizadas.
Entre tanto, el Gobierno ha empezado a luchar en contra del fraude. Lo está haciendo bien, ¿no? NO8
El 72% del fraude fiscal en España se debe a las grandes empresas y fortunas: hablamos del 23% del PIB, uno 89000 millones de Euros. Este fraude se lleva a cabo con la plena complicidad de los poderes públicos, a pesar de la dedicación y del excelente trabajo de los inspectores de Hacienda. 30000 grandes empresas con más de 6 millones de facturado están controladas por 95 funcionarios que cubren solo el 68.5% de la plantilla. Estas empresas representan el 49% de la recaudación total del IRPF, el 51% del IVA y el 79% del impuesto de sociedades. Desde 1992 a 2009 la falta de personal ha impedido ejercer controles sobre las 57700 empresas que tienen un facturado entre 1.5 y 6 millones de Euros. Los resultados son de sobra conocidos. Mientras que los trabajadores asalariados declaran un promedio de 18400 €, los empresarios y profesionales que se acogen al sistema de estimación directa declaran solo un promedio de 13311€, y los empresarios solo 11.567€: este módulo emprendedor ¡gana menos de su trabajador!
ATTAC exige un plan de choque en contra del fraude fiscal, que parta del duplicar la plantilla de los inspectores de Hacienda. Mientras que se llegue a la abolición global de lo paraísos fiscales, se tiene que prohibir a que toda empresa que tenga sedes o cuentas en paraísos fiscales acceda a contratos de obras públicas.
Entonces, ATTAC quiere que los servicios públicos sean lo de siempre? NO9
ATTAC no quiere defender el existente. ATTAC exige más y mejores Servicios Públicos, que:
- proporcionen servicios de excelente calidad y máxima eficiencia.
- aseguren universalidad en la cobertura de necesidades sociales.
- faciliten la cercanía física y humana con los usuarios.
- promuevan la solidaridad internacional entre gestores públicos.
- respeten el principio de sostenibilidad ambiental.
- ofrezcan las mejores condiciones laborales a tod@s sus trabajador@s.
- garanticen la plena participación de trabajador@s y usuari@s.
- aseguren la rendición de cuentas de lo gestores antes la sociedad, y su asunción de responsabilidad.
- ejerzan la máxima transparencia sobre sus actividades.
- promuevan una legislación que garantice estos principios.
Notas
1 Carmen Esbrí, “Violento atentado contra la familia”, http://www.attac.es/2012/11/
2 Viçenc Navarro, “Impacto de la crisis en la familia y infantes”, http://www.attac.es/2012/11/
3 PIQUE, “Privatization of Public Services and the impact on quality, employment, and productivity”, http://www.pique.at/
4 PSIRU, Public Services International Research Unit, http://www.psiru.org/
5 Agustín Turiel Martínez, “Como hacer frente a la deuda”, http://www.attac.es/2012/06/
6 Viçenc Navarro, “El expolio social del que no se habla”, http://www.attac.es/2012/12/
7 Campaña de ATTAC para una banca pública: http://www.attac.es/2011/03/
8 Eduardo Garzón, “Ejemplo reciente de cómo el Gobierno español perdona y protege los grandes defraudadores”, http://www.attac.es/2012/11/
9 ATTAC-España, “Las consecuencias de la privatización de los Servicios Públicos en España”, http://www.attac.es/wp-
ATTAC Castilla y León no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.
No hay comentarios:
Publicar un comentario