Jorge Fonseca
La esencia de la democracia es
“tomar en cuenta lo que el pueblo quiere y no quiere”, decía Hobsbawm El
incumplimiento del gobierno de su programa electoral, aplicando medidas
económicas y sociales contrarias al mismo, y mayoritariamente
rechazadas, implican la violación gubernamental de dicha esencia. Los
objetivos económicos oligárquicos son cada vez más visibles gracias a la
protesta social, forzando al gobierno a exponer su antes velada
violencia, en una deriva autoritaria creciente. Para imponer sus normas
apela cada vez más a la represión policial, a la criminalización
goebbeliana de quienes defienden los derechos sociales y la democracia
real (PAH, 15M, activistas sindicales, de partidos de izquierda y del
conjunto del movimiento social). También pretende trasladar la regresión
absolutista al plano jurídico, imponiendo un modelo judicial del siglo
XIX que para dar privilegios a unos pocos, viola derechos de la
mayoría, legitimando el expolio social y convirtiendo en delito
duramente castigado el simple ejercicio de defensa de derechos.
En 2011 el bloque político neoliberal reformó la Constitución de
urgencia y con “agosticidad”, para dar privilegios a banqueros y
especuladores acreedores, cuya deuda e intereses usurarios tendrán
“prioridad absoluta”, por delante de la salud, la educación o las
pensiones. Deuda mayoritariamente ilegítima, pues fue provocada por la
gradual estatización de la descomunal deuda privada de bancos y grandes
empresas (que ronda 280% del PIB, casi el triple que la pública)
mediante los sucesivos regalos a la banca (“rescates”), verdadera causa
del aumento de la prima de riesgo y los intereses. La deuda también
aumentó por la fuerte caída de recaudación fiscal provocada por los
recortes que destruyeron masivamente fuentes de trabajo, convirtiendo
el superávit de 2,2% del PIB de 2007 en un déficit de más del 11% en
2009 y que aún hoy ronda el 8%. Esto hizo que la deuda pública pasara
del 36% del PIB en 2007 a casi 100% del PIB actual, (incluyendo el
último “rescate” bancario). Déficit y deuda pública son usados como
pretexto para cargarse los derechos sociales del 99% de la sociedad y
favorecer al poder financiero, que tiene una deuda tres veces superior a
la pública. Los 40 mil millones anuales de intereses que reciben los
acreedores de la deuda son a costa de sanidad, educación y pensiones
públicas, que, cuando se privatizan, en una genial “bicicleta
financiera”, son compradas por los especuladores con el mismo dinero
nuestro que el gobierno les regala.
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