Reforma local y desprotección social

Paco Ramos. Jefe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palencia.


En el 34 aniversario de las primeras elecciones municipales de la democracia, que  se cumplió el 3 de abril, los ayuntamientos españoles ven amenazado por el Gobierno su espacio político. Desde el punto de vista de la ciudadanía, su nivel más cercano de gobierno dejará de tener capacidad  para prestar servicios sociales y para promover el empleo y el desarrollo local.

Así está, por el momento, el debate sobre la administración local en España. De la reducción del número de concejales o la fusión de municipios de menos de 5.000 habitantes hemos llegado a esto: Que los ayuntamientos, todos, se quedan para dar garantías sobre las condiciones materiales del espacio público, y ajenos por completo a sus condiciones sociales y a las expectativas de futuro de la comunidad local.

La decisión es demoledora tanto en términos de servicio público como de participación ciudadana.


Supone que los ayuntamientos no tendrán nada que decir en materia de escuelas infantiles, de educación de adultos o de centros cívicos y sociales; de residencias, centros de día o de ocio y convivencia para personas mayores; de ayuda a domicilio y teleasistencia; de lucha contra la exclusión social y, mucho menos, de cualquier tipo de servicio socio-sanitario.

Tampoco tendrán palillo que tocar en lo que se refiere a políticas de apoyo a los jóvenes,  de igualdad de género o de información y protección de los consumidores y usuarios.

Por mucho que hay coincidencia en España y en Europa sobre el papel de los ayuntamientos para estimular el tejido productivo y crear las condiciones para su desarrollo, y en su capacidad para apoyar la inserción laboral de personas con más dificultades en el mercado de trabajo, tampoco el anteproyecto de ley de reforma local que ha puesto el Gobierno en circulación les deja ninguna competencia en la materia.

Los servicios que tiene a su disposición la ciudadanía en todos estos ámbitos son los que han creado los ayuntamientos,  fruto de la sensibilidad de un gobierno de proximidad con las necesidades sociales de sus vecinos y de un modelo de participación ciudadana que evolucionó inteligentemente de la política del cemento a la de la calidad de vida. Más tarde llegaron las leyes de las comunidades autónomas a dar cobertura legal a lo que se había hecho porque hacía falta.

Con la reforma del Gobierno del PP, todo quedará en manos de la comunidad autónoma –aquí de la Junta- que, si le parece, lo podrá delegar en los ayuntamientos, en los que de este modo la corporación elegida por la ciudadanía tendrá que cumplir las órdenes de los gestores nombrados a dedo por la Junta, sin rechistar. Muchos nos tememos que en este baile se acabe privatizando lo que convenga.

Si los alcaldes se quedan para mantener puestas y limpias las calles, ya me contarán qué papel les va a quedar a las asociaciones de vecinos y las ONGs que han prosperado para cubrir espacios de protección social en el ámbito local. Es el fin de la participación ciudadana efectiva y de la democracia local, que es la raigambre de toda democracia formal.

Para los pequeños ayuntamientos es la crónica de una muerte anunciada. No se fusionan municipios, de momento, pero se crean las condiciones para su asfixia y su consiguiente declaración de insolvencia financiera. Los territorios y los pueblos, casi vacíos, sin representación política directa, dejarán al mundo rural al pie de los que ya no concebirán los recursos naturales como un patrimonio que cuidar y que ceder, sino como un capital que explotar, y cuanto antes mejor.
 Esta reforma no es un recorte, incapacita a los gobiernos locales para prestar servicios para la calidad de vida y para hacer Política. Precisamente cuando su sensibilidad, capacidad de respuesta y flexibilidad van a ser más necesarios para dar alternativas, a base de creatividad y participación ciudadana, a las crecientes desigualdades sociales y situaciones de exclusión que trae la crisis.



El pretexto es el equilibrio presupuestario, pero no es aquí donde está el agujero. Se rompe con el principio constitucional de acercamiento de la gestión pública a la ciudadanía. Se disuelve unilateralmente el más eficiente contrato político de la transición, que ha democratizado y aportado más calidad a la vida cotidiana de los españoles. Sobra soberbia e improvisación. Falta diálogo, altura de miras, competencia, criterio político y responsabilidad.

Es un debate sobre el modelo de Estado. Precisamente sobre aquella parte del Estado que ha generado más cohesión social, más vertebración territorial  y más identificación política con el proyecto democrático en España. La que puede dar respuesta más inmediata a la situación de emergencia social en el que ya nos encontramos.


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