Aida Guillén · Jaume Saura · · · ·
La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Inés del Río ha oscurecido mediáticamente el no menos interesante informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 9 de octubre de 2013, que pone en entredicho el comportamiento de los sucesivos gobiernos españoles ante la crisis con base a los estándares básicos de derechos humanos. El informe, de apenas 50 páginas, recoge las impresiones, conclusiones y recomendaciones del Comisario respecto de tres temas concretos: las repercusiones de la crisis económica y de las medidas de austeridad en los niños; estas mismas repercusiones en las personas con discapacidad; y la función de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la protección de los derechos humanos.
El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa es una institución independiente y no jurisdiccional dentro del Consejo de Europa y tiene como mandato la promoción sobre el conocimiento y el respeto de los derechos humanos en los 47 estados miembro de la organización.
El actual Comisario, Nils Muiznieks, de nacionalidad letona, sucede en el cargo al sueco Thomas Hammarberg (2006-2012) y al español Álvaro Gil-Robles (1999-2006). En un momento en el cual la crisis económica y financiera y las medidas de austeridad impuestas por los estados como “consecuencia” de aquélla han minado, como nunca antes, el discurso de los derechos humanos en las sociedades europeas, el Comisario se propone la consolidación y reivindicación de este corpus normativo.
La justificación de la falta de recursos está sirviendo, y así lo constata en su informe con cifras el Comisario, para retroceder, recortar y dejar de proteger ciertos derechos. En concreto el Comisario pone su acento en dos colectivos de los más vulnerables, la infancia y las personas con discapacidad.
La tasa de pobreza infantil en España supera en estos momentos el 27% según el último informe de UNICEF. Los recortes presupuestarios aplicados a las ayudas sociales a las familias, a las becas comedor, para libros y transporte escolar, al personal docente -que se traduce en más niños por aula-, a la sanidad y los programas de atención sanitaria preventiva y así a un largo etcétera de recortes, sólo producirán un aumento en esa tasa.
El Comisario recoge en su informe los efectos particularmente negativos que los desahucios tienen en los menores de edad, por lo que suponen de pérdida de estabilidad familiar, escolar y social. También destaca el desmantelamiento de programas para la protección de la salud mental de los niños, programas especialmente vinculados a proteger a los niños de grupos sociales desfavorecidos.
Por lo que respecta a las personas con discapacidad, el informe es muy duro en lo referente a la aplicación de la conocida como Ley de la Dependencia. Y no sólo por la falta de recursos disponibles tanto por parte de la Administración central del Estado como por parte de algunas comunidades autónomas, que ha sido crónica desde su aprobación, sino también por la falta de voluntad política para comprender la esencia de la ley. Tal y como recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la prestación de servicios a las personas con discapacidad no debe ser concebida como un sistema de medidas puramente asistenciales, sino como un sistema dirigido a la consecución de la autonomía de las personas con discapacidad, desde un enfoque basado en los derechos humanos. En palabras del Comisario, el enfoque asistencialista da “lugar a que las personas con discapacidad sean sumamente vulnerables a la pobreza en tiempos de austeridad y de limitaciones presupuestarias”.
Entre los aspectos que se ven afectados por este “desenfoque” político y social, agravado por los recortes presupuestarios, el informe destaca, entre otros, la educación inclusiva, el acceso al empleo digno y el derecho a la capacidad jurídica.
El rapapolvo del Comisario es continuo y sistemático. La realidad es que, tras la crisis y la aplicación de estas medidas por parte del estado, los derechos de los niños y niñas y de las personas con discapacidad están menos protegidos, menos garantizados y son menos defendidos por las administraciones.
El mismo informe, en su último tercio, abunda en otro de los grandes ejes de la regresión en derechos humanos que estamos sufriendo de un tiempo a esta parte: los abusos del Estado en el marco de su función represiva y la criminalización de la protesta. En particular, cuatro son los temas que preocupan al Comisario en este punto.
El primero, en absoluto novedoso, es la práctica continuada de la “detención incomunicada”: la mayor parte de las demandas por torturas presentadas contra España en organismos internacionales, dice, “hacen referencia a los malos tratos infligidos por la Guardia Civil a personas que se encontraban bajo detención incomunicada”. La preocupación del Comisario es comprensible habida cuenta que el proyecto de enmienda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lejos de suprimir o al menos limitar en tiempo y alcance la figura de la detención incomunicada, podría ampliarla a nuevos supuestos.
En segundo lugar, el Comisario se refiere a los malos tratos que sufren los migrantes tanto en los Centros de Internamiento de Extranjeros como durante los procedimientos de expulsión. También se refiere a sentencias y recomendaciones de organismos internacionales que critican la práctica de la policía de elaborar perfiles basados en el origen étnico y, si bien se congratula de la anulación del reglamento interno que lo permitía y su sustitución por una nueva circular de 2012 aparentemente más respetuosa con los estándares internacionales contra la discriminación, afirma, citando a la Defensora del Pueblo, que siguen produciéndose numerosas denuncias de profiling por parte de las fuerzas de seguridad del estado.
El tercer bloque del informe en este punto es el más extenso y se centra en la protección de los derechos humanos en el contexto del mantenimiento del orden durante las manifestaciones públicas. Frente a las manifestaciones y acampadas derivadas del movimiento del 15-M y sus derivadas, el Comisario habla de “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía, de palizas y de malos tratos, así como de la necesidad de revisar el uso de balas de goma. Uno de los párrafos del informe está dedicado íntegramente a la policía catalana y a los hechos del 27 de mayo de 2011 (evacuación violenta de la plaza Cataluña) y del 15 de junio del mismo año (“Aturem el Parlament”). Haciendo suyos los argumentos del Síndic de Greuges de Catalunya, el Comisario deplora “la falta de planificación y coordinación adecuadas de la acción policial, la inexistencia de una labor de mediación con los manifestantes, el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, y el comportamiento ilícito de los policías (…) ya que muchos de ellos no llevaban sus placas de identificación de manera visible”. Sobre este último particular incide el Comisario en párrafos subsiguientes para hacer notar que esa falta de identificación no es un problema meramente administrativo, sino que supone un obstáculo para la detección de posibles abusadores de derechos humanos y constituye por tanto una violación del Estado de sus obligaciones positivas de protección y respeto de dichos derechos.
Por otro lado, preocupan al Comisario ciertas prácticas administrativas y reformas en ciernes tendentes a restringir la libertad de expresión y de reunión pacífica. Así, las sanciones administrativas abusivas contra los participantes en manifestaciones no autorizadas (cuando las Directrices de la OSCE en esta materia señalan que es innecesario exigir la notificación por adelantado de una reunión pacífica y que además es imposible solicitarla en el caso de reuniones espontáneas) y el proyecto de reforma del Código Penal para criminalizar los mensajes que inciten a “perturbar el orden público” o la “convocatoria de manifestaciones a través de medios de comunicación social”, serían incompatibles con las normas internacionales sobre la libertad de expresión y con la jurisprudencia del TEDH.
Por último, el informe del Comisario aborda la necesidad de combatir la impunidad de los miembros de las fuerzas del orden. Impunidad que se produce ex ante, con los obstáculos que impiden que las investigaciones sean eficaces (desde la citada falta de identificación de los agentes hasta la imposibilidad de acceder rápidamente a un letrado libremente designado o las brechas en el sistema de supervisión de detenidos por parte de los médicos forenses en la detención incomunicada), como ex post, con el abuso de la figura del indulto. Como no podía ser de otro modo, el Comisario se hace eco del doble indulto a cuatro mossos condenados por malos tratos, en un fenómeno que, lejos de ser puntual, parece responder a una política pública de los sucesivos gobiernos españoles, en contravención de la jurisprudencia del TEDH, lo que no hace sino fomentar la impunidad y menoscabar el estado de derecho.
El informe incluye una serie de recomendaciones que podríamos resumir en las siguientes ideas generales. De un lado, las medidas de austeridad y los recortes presupuestarios no pueden realizarse a costa de recortar derechos. La obligación de realizar los derechos económicos, sociales y culturales de manera progresiva supone un blindaje a los estándares alcanzados, de manera que España está obligada a no tomar medidas que supongan un retroceso en su goce efectivo, como de hecho está sucediendo. Por otro lado, el informe del Comisario europeo de Derechos Humanos supone la primera aproximación de un organismo internacional, con carácter sistemático y visión de conjunto, a un fenómeno que las entidades de derechos humanos vienen denunciando desde hace algún tiempo. Ante la crisis, los recortes y el consiguiente aumento de la conflictividad social (6.000 manifestaciones solo en 2012) la reacción del Gobierno es la represión y la regresión en algunos derechos civiles y políticos que parecían sólidamente anclados en la tradición liberal del Estado de derecho. Los derechos civiles y políticos se convierten así en víctimas colaterales de la vulneración de los derechos sociales en una prueba más de la interdependencia e indivisibilidad de unos y otros: de la misma manera que no se puede disfrutar de los derechos y libertades fundamentales sin unas condiciones materiales de dignidad, también esos derechos y libertades son instrumentales para exigir pacíficamente el pleno disfrute de los derechos sociales.
Aida Guillén y Jaume Saura son, respectivamente, directora-gerente y presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya
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