De Quebec a España, las leyes contra las protestas populares amenazan la democracia real

Por: Richard Seymour, The Guardian 

El choque entre la austeridad neoliberal y la democracia real ha producido una crisis de “gobernabilidad” según la plutocracia.

El gobierno español aprobará nuevas leyes para reprimir la protesta ciudadana, que según las personas comunes son un ataque frontal a la verdadera democracia. En una serie de líneas recientemente abiertas en el frente de la protesta popular contra la actuación del gobierno, éste considera que debe reconfigurar el aparato represivo del Estado para aumentar la represión. En algunos casos, como en Grecia, esto ha significado periodos de gobiernos de emergencia. En Chicago, en Quebec y ahora en España, el resultado ha sido la aprobación de nuevas leyes para endurecer la represión contra la protesta popular, la forma de democracia más genuina.

En 2011, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, pidió que el ayuntamiento de la ciudad aprobara medidas “temporales” contra las protestas, en respuesta a las acciones que los activistas planeaban en torno a las “cumbres” de la OTAN y del G-8. Las nuevas leyes incluían la obligación de contratar un seguro de 1 millón de dólares para llevar a cabo las protestas públicas, una nutrida dotación policial y grandes obstáculos para la obtención de una autorización que permitiera la realización de la protesta. A principios de 2012 la legislación provisional dictada en 2011 ha pasado a ser permanente sin más.

Más adelante, durante ese mismo año, como el gobierno de Jean Charest en Quebec intentó hacer frente a un levantamiento tumultuoso de los estudiantes contra el aumento de las tasas de las matrículas, se aprobó una ley de emergencia llamada proyecto de ley 78. Con el apoyo de los funcionarios del Estado, se impusieron severas restricciones al derecho de protesta a menos de 50 metros de un colegio o universidad, que da derecho a la policía a cambiar el recorrido de una protesta en un plazo mínimo, con multas muy severas para aquellos manifestantes que se resisten a aceptar el cambio de ruta.

La legislación sobre “seguridad pública” que el gobierno desea aplicar en España tiene esencialmente el mismo carácter. Las manifestaciones sin permiso cerca del parlamente  se sancionarán con multas elevadas, mientras que la participación en protestas “violentas” puede dar lugar a una condena mínima de dos años de cárcel. En cada caso, la lógica es provocar un escalofrío en la médula de los activistas. No es solo un elemento de disuasión de la protesta, sino que tiene un efecto de domesticación para que estas protestas no alcancen el nivel de apogeo al que suelen llegar.

Para entender por qué esta ocurriendo esto, es necesario comprender el enfrentamiento que existe entre la austeridad neoliberal y la democracia popular. Están en las antípodas la una de la otra.

En una época anterior, cuando la primera austeridad neoliberal se estaba fraguando mediante un conjunto de presión social y política autoritaria, racista, aforofóbica, el sociólogo y político marxista griego Nicos Poulantzas habló de la “redistribución de las redes jurídico-policiales” como elemento constitutivo de un Estado dictatorial. En este régimen, se mantienen oficialmente incluso los aparatos parlamentarios, si bien la democracia sustantiva es erosionada. Stuart Hall, escribiendo unos años después sobre el neoliberalismo thatcherista, comentó que en virtud de este régimen neoliberal “el mercado debía ser libre y la gente disciplinada”.

¿Por qué este autoritarismo? ¿Por qué en la libertad de mercado, era necesario disciplinar al pueblo? (y con disciplina inglesa, claro). Si el enfoque se limita a la austeridad –es decir, el neoliberalismo en su forma “doctrina del shock”–, entonces el problema puede interpretarse simplemente como una gestión de la crisis. El estado asume las medidas de represión popular en alto grado justo en el momento en que se está tratando de administrar una reorganización impopular de los servicios públicos, el bienestar y las relaciones capital-trabajo. Pero, de hecho, esto es más que una forma coyuntural de un problema más amplio.

En un sentido genealógico simple, el neoliberalismo puede ser entendido como una adaptación de las preocupaciones del liberalismo clásico a los problemas que plantea la era de la democracia de masas. A nivel ideológico y político, el neoliberalismo respondió a un supuesto exceso de democracia, un exceso de demandas populares al Estado. Ese populacho, esos seres inferiores no hacían más que dar guerra como niños malcriados, mientras el Estado estaba atrapado en una red de intereses especiales, pero en última instancia, produjo una crisis de “ingobernabilidad”. Y para que el Estado fuera capaz de hacer su negocio, su autoridad tuvo que ser incrementada, de ahí la relevancia del binomio “LEY Y ORDEN”.

El “objetivo primordial del Estado”, dijo Thatcher, “es mantener el orden”. Al plantear el problema de esta manera, e identificar a los opositores políticos a través de la ideología de la delincuencia y el desorden, ella vinculó sus éxitos a una simple afirmación de sentido común. Pero la proliferación de leyes destinadas a restringir la disidencia y la huelga, el crecimiento de un aparato policial centralizado y militarizado y el auge de la construcción de prisiones, comenzando todo bajo su reinado, no solo transforma la relación de los ciudadanos con el Estado, sino que al hacerlo, debilita a las capas populares en relación con las élites empresariales dominantes que gozan de todos los privilegios.

La expansión y el perfeccionamiento de las tecnologías de la contención, por sí mismo rara vez es suficiente. Por lo general se ha visto acompañado por el despliegue de nuevas ideologías de la delincuencia e ilegalidad. Criminalizar la protesta bajo el neoliberalismo no supone simplemente un comportamiento más represivo. De hecho, la tendencia secular en los estados europeos es una convergencia en torno a un sistema más diferenciado de las estrategias para hacer frente a las protestas.

Al tratar con las mayores protestas en representación de entes “oficiales”, la policía tiende a preferir enfoques consensuados y negociados y tiende a mantener una mayor distancia física de las personas cuyas actividades son la causa de la actuación policial. Por el contrario, los pequeños grupos de manifestantes que representan coaliciones sociales sueltas, alianzas de campaña, etc., son más propensos a ser considerados extremistas, terroristas o incluso –suspiro teatral– anarquistas, y por tanto sujetos a la policía militarizada, la vigilancia directa y la coerción física, con la invocación de la ley contraterrorista o de otras leyes represivas.

Así como la definición de la delincuencia es inherentemente ideológica, la definición de  la indignación, en cuanto a lo que constituye una protesta “oficial” o “extremista”, es más ideológica que normativa, derivada de la cultura jurídica y política de la policía en un estado determinado y burocrático, con categorías desplegadas por las fuerzas locales y nacionales. Necesariamente, entonces, ésta es una forma inherentemente politizada de actuación policial. No es meramente demostrativa, se trata de ilustrar con ejemplos qué formas de protestas son toleradas (consejos ineficaces en gran medida), sino práctica, en el sentido de que recorta drásticamente las posibilidades democráticas.

La reorganización de los estados hoy en día en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para eliminar la democracia real, manteniendo un mínimo de pseudodemocracia formal. Para eso es para lo que se ponen en vigor las leyes contra las protestas. Se trata de eso y nada más.

Traducción: Enrique Prudencio para Zona Izquierda

Ilustración: O. Colis para Zona Izquierda

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Fuente: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/25/quebec-spain-anti-protest-laws-democracy

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