Sinpermiso
El reciente anuncio, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la paralización del plan de privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales semipúblicos y de cuatro centros de salud, junto a la dimisión del denostado consejero de sanidad Javier Fernández-Lasquetty, ha sido para los activistas de la conocida como “marea blanca” un gran motivo de alegría y satisfacción. Se trata, en definitiva, de la recompensa más que merecida por casi año y medio de lucha en la calle y en los centros sanitarios. Una lucha en la que la presión ciudadana y la confluencia de todos los sectores interesados (desde profesionales hasta sindicales, pasando por los pacientes y por las diferentes plataformas y movimientos sociales en defensa de la sanidad pública) han sido absolutamente determinantes.
Finalmente, ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la paralización cautelar del proceso de privatización de los hospitales, el consejero Lasquetty se ha visto obligado a abandonar la impostura que mantenía contra viento y marea. Ciertamente, la Justicia ha paralizado el proceso, pero el factor más importante ha sido la movilización y la presión realizada por la marea blanca, por vecinos y profesionales. Fue esta protesta la que presionó directamente a las empresas candidatas a la concesión. Fueron los activistas de los que pusieron el foco de atención sobre las entrañas de estas empresas, sacando a la luz pública su relación con fondos especulativos o con exdirigentes del Partido Popular. Estamos en condiciones de afirmar que uno de los motivos por los que la empresa anteriormente conocida como Capio, que estaba en todas las quinielas para la concesión de varios de estos hospitales, no participara finalmente en el concurso, fue precisamente éste. Una revelación de “secretos” que también le obligó a cambiar recientemente su nombre por el de IDC Salud, en un intento desesperado por lavar su imagen.
La fuerza de las protestas entre los trabajadores también provocó que la Consejería de Sanidad se viera obligada, con la intención de calmar los ánimos, a prometer que garantizaría la permanencia de los puestos de trabajo tras la privatización. En consecuencia, la perspectiva de gestión de unos hospitales heredando unos trabajadores en pie de guerra no iba a ser muy atractiva para las empresas candidatas. Ante el miedo real de que el concurso quedara desierto, la Consejería se vio obligada a cometer auténticas tropelías jurídicas en la elaboración de los pliegos de condiciones, con el único fin de hacer más atractiva la concesión: así, al intento de privatizar el aseguramiento (algo que va más allá de las competencias autonómicas), se une la rebaja en un 90 % del depósito de garantías que tenían que realizar las empresas, contrariando lo establecido por la legislación vigente. Todas estas chapuzas jurídicas contribuyeron a que el desmantelamiento de la sanidad pública madrileña no sólo fuera un esperpento desde el punto de vista sanitario, sino también un auténtico atentado contra la legalidad. Y, en consecuencia, la lluvia de recursos que presentaron los diferentes actores de la “marea blanca” ante los tribunales fue absolutamente eficaz, culminando con la paralización cautelar del proceso y la ya mencionada dimisión de Lasquetty.
¿Por qué este interés por privatizar?
¿Por qué se privatiza la sanidad en Madrid y otras Comunidades Autónomas a pesar de que la evidencia científica disponible respalda que la introducción del ánimo de lucro en la gestión de la sanidad implica un aumento significativo de la mortalidad? ¿Por qué no se tiene en cuenta que aquellos países con un sistema sanitario total o parcialmente privatizado tienen peores índices de cobertura, pobres resultados en salud y, además, gastan mayor porcentaje del PIB e incluso del presupuesto público en sanidad?
¿Por qué se niegan todas estas evidencias? Simple. Nada que no sospechemos. Existe un interés económico de por medio, un interés que tienen determinados grupos sociales en el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos; unido a la percepción de que ya no es necesario para las clases acomodadas el mantenimiento de unos servicios que, en esencia, son métodos de redistribución (no sólo de ricos a pobres como veremos más adelante). Cabe recordar que estos sistemas surgieron, se pusieron en marcha o se toleraron por la confluencia de determinados factores. Dejando de un lado la motivación caritativa, tenemos que, en primer lugar, la industrialización acelerada durante los siglos XVIII-XIX provocó un cambio en el patrón de enfermar, produciéndose un auge de las enfermedades infecto-contagiosas. Que los pobres y los obreros murieran de hambre no era un problema. Que murieran por enfermedades contagiosas tampoco era un problema en sí mismo. Pero sí lo era que las epidemias no entendían de clase social y acabaran afectando a los ricos. Así, el germen de los sistemas sanitarios modernos hay que buscarlo en el interés por controlar los gérmenes responsables de las epidemias. De ahí viene el interés renovado de la autoridad estatal por la implementación de políticas de salud pública y prevención y control de enfermedades.
En segundo lugar, el auge del movimiento obrero y la posibilidad de una revolución socialista, implicaron que el poder establecido tuviera que hacer concesiones. Así, de forma sintética, podría decirse que la respuesta a la búsqueda de los trabajadores de un aseguramiento, entre otras cosas, frente a la enfermedad, está en el origen de los conocidos como “modelos bismarckianos” (sistemas de Seguridad Social). Por otra parte, tras la Segunda Guerra Mundial y gracias a la fuerza de los partidos obreros y el “miedo al comunismo” se establecieron distintos sistemas públicos de bienestar que perseguían cuidar al individuo desde “la cuna hasta la tumba”. De estos sistemas, el National Health Sevice británico, creado tras la victoria laborista en 1945, es el paradigma al reconocer el derecho a una asistencia universal, independiente del aseguramiento.
Desgastar lo existente
Los dos factores históricos que condicionan la aparición de los sistemas sanitarios languidecen a finales del siglo XX. En Occidente se completa la conocida como transición epidemiológica, es decir, pasamos de un patrón de enfermedad en el que predominan las epidemias y la desnutrición a otro en el que predominan las enfermedades crónicas. No hace falta mencionar que el interés de los ricos por financiar a los pobres los tratamientos y la prevención de de estas enfermedades no puede ser el mismo que el que mostraron por las epidemias. Los enfermos crónicos son vistos como “clientes” por una industria farmacéutica en expansión que busca nuevos nichos de negocio. Además, desparece la “amenaza comunista”. Se han debilitado los movimientos obreros. Ya no existe el miedo a una revolución y, por tanto, no existe la necesidad de hacer o mantener concesiones. Se inicia, en consecuencia, el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos, víctimas del mismo viento neoliberal que derriba el resto del edificio del Estado del Bienestar.
Pero aún existe un factor a tener en cuenta, un factor que puede jugar un papel clave en contra de los intereses de la derecha económica y que ha sido especialmente significativo en nuestro país: el electoral. Los dirigentes de la derecha saben que los sistemas sanitarios son tremendamente populares y que su desaparición tendría un coste político claro. Por eso la estrategia consiste en un desgaste paulatino y continuado, casi sibilino. Y acompañado de una intensa campaña de propaganda, con cortinas de humo y manipulaciones, cuando no engaños sistemáticos. Una estrategia que implica atacar los pilares del sistema pero manteniendo la fachada en pie. Así, tanto el gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid como el de Camps en la Comunidad Valenciana se cuidaron mucho, tras iniciar la privatización de la gestión de la sanidad, de alardear de que el “acceso al sistema es y seguirá siendo completamente gratuito” (1).
La realidad era tal que los valores del sistema fueron despedazados sin piedad: se creó la concepción del sistema sanitario como un mercado en el que primaba la supuesta libre elección de centro o profesional frente la atención integral en la comunidad. Se instauró un sistema de evaluación que se limitaba a valorar la calidad percibida (mediante encuestas) frente a la calidad real (con unos resultados en salud que no se publicaban ni se publican). Se instauró una especie de populismo sanitario que implicaba la construcción de hospitales a la puerta de casa (con la correspondiente colusión de intereses con las empresas del ladrillo), sin responder a estudios de necesidades, de forma paralela a una pérdida de prestigio de la Atención Primaria, resultando en un modelo vertebrado únicamente en el hospital. Modelo que no resuelve las necesidades de salud de la mayoría de la población.
En resumidas cuentas, las clases dirigentes, de la mano especialmente del PP, rediseñaron un servicio público para intentar convertirlo en un simple bien de consumo. Todo unido a la transmisión de la idea de que la gestión privada es siempre mejor que la pública, como forma de justificar los recortes y las privatizaciones, dentro de una estrategia de demonizar lo público, haciendo prevalecer los valores neoliberales de competencia y beneficio frente a los progresistas de cooperación y solidaridad. De ahí al desmantelamiento definitivo del sistema sólo había un paso, pero un paso lleno de trampas, con las que se han dado de bruces los responsables del PP en la sanidad madrileña.
La doctrina del shock
La derecha madrileña decidió en noviembre de 2012 aplicar la doctrina del Shock a la sanidad pública mediante un agresivo paquete de privatizaciones y recortes, el llamado Plan de Sostenibilidad. La doctrina se basa en que ante una situación de extrema necesidad, la población estaría en condiciones de aceptar cualquier medida que implicase sacrificios. Erraron el cálculo.
La respuesta de la marea blanca, supuso algo con lo que no contaban. Supuso el principio del fin del proyecto para Madrid de un gobierno, el de Ignacio González, sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. La aplicación de su “doctrina” pasaba por la puesta a disposición de empresas privadas y fondos especulativos de la parte más importante del presupuesto público, la correspondiente al servicio sanitario, que ahora ha quedado paralizada.
El mecanismo por el cual estas empresas debían adueñarse del presupuesto público tiene que ver con el fenómeno de la puerta giratoria, con el “inside job” realizado por consejeros y altos cargos que, una vez finalizado (o incluso antes) su periodo de incompatibilidades, han trabajando para las mismas empresas a las que hicieron concesiones públicas (2).
La Comunidad de Madrid cerró en 2012 un acuerdo con un inversor anónimo que compró una gran parte de su deuda pública, evitando así que ésta tuviera que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (3).
Se desconoce quién rescató a Madrid, por lo que cabe albergar dudas sobre cualquier contrato o concesión realizada a partir de esa fecha. Quizás esto también pueda explicar el tremendo desgaste que ha asumido el PP madrileño en mantener durante tantos meses una apuesta por la privatización que cada vez se hacía más cuesta arriba.
Los efectos de la crisis económica, el aumento de la desigualdad, el incremento de la vulnerabilidad de determinados colectivos se une a los recortes y privatizaciones en sanidad. Se produce una desigualdad en el acceso a dos niveles: los pobres acceden peor que los ricos. Los más enfermos menos que los más sanos. Y los mayores reciben proporcionalmente a sus necesidades menos servicios que los más jóvenes. Se rompe así el triple esquema de redistribución en el que se debe basar un sistema sanitario público.
En los países más afectados por la disciplina de la Troika ya se están empezando a ver las consecuencias que sobre la población tienen los recortes. Reaparecen fenómenos como la desnutrición infantil. Vuelven a verse enfermedades que se daban por erradicadas. Asistimos así a un fenómeno nuevo que podría denominarse transición epidemiológica inversa. Un auténtico retroceso en el modo de enfermar, como consecuencia del cual se produce una coexistencia de enfermedades crónicas con otras que se daban ya por olvidadas. Una situación similar a la que ya viven aquellos países “en vías de desarrollo” que sufrieron un desarrollo brusco y desigual durante las últimas décadas.
Pero el instrumento válido para paralizar y revertir este proceso sigue siendo el resurgimiento de la conciencia y el afianzamiento de la movilización: de cómo nos organicemos dependerá que podamos o no revertir completamente estos procesos. Evitar el último ajuste privatizador ha sido un éxito y los factores de ese éxito hay que buscarlos en la confluencia de fuerzas políticas, sociales, sindicales que han conformado la marea blanca (la concienciación ciudadana y la ruptura de lo que hasta ahora ha sido la base social del PP han sido elementos clave). Y más allá de victorias puntuales, hace falta dejar de estar a la defensiva y plantear la ofensiva. Hace falta una labor de análisis, atajar las causas del problema. Se hace hoy más necesaria que nunca la unidad y convergencia alrededor de la elaboración colectiva y participativa de un programa de contenidos y de acción común de reversión de las privatizaciones (derogando la legislación que las permite, como la ley 15/97) y que marque como prioridad de la inversión pública las necesidades ciudadanas y no el pago de la deuda (justo lo contrario de lo marcado por la reforma del artículo 135 de la constitución). La izquierda política que acepta estas líneas generales, y en particular Izquierda Unida, tiene la responsabilidad de convocar un proceso que cristalice en la consecución de un sistema sanitario de calidad, de acceso universal, de financiación, titularidad y gestión cien por cien públicas y gratuito en el momento del acceso. Hace falta desalojar al PP del Gobierno y desalojar con él sus políticas.
Y hace falta también que cambien los valores: tenemos que conseguir enterrar la idea del sistema sanitario como un bien de consumo y que la población lo acepte y lo utilice como lo que debe ser: un servicio público que garantiza unos derechos. Un servicio que debe desarrollarse teniendo como único objetivo la mejora de la salud de la población. La correlación de fuerzas debe y puede invertirse. Hay que armarse con la fuerza de la razón (siendo conscientes de que la evidencia científica está de nuestro lado). Y también con la razón de la fuerza que da la mayoría social y el saber que se está luchando por algo justo.
Notas:
(1) Algo que es falso, debido a la existencia y mantenimiento de repagos, como el farmacéutico, auténticos impuestos a la enfermedad que además se han incrementado en los últimos años.
(2) Es el caso de los ex consejeros de sanidad madrileños Lamela y Güemes, predecesores de Lasquetty. Muchas de estas compañías son opacas y operan a través de una red o entramado de empresas fantasmas. Es el caso de la ya mencionada Capio (ahora IDC Salud). En el Consejo de Administración de esta compañía se sentaban otras tres empresas: la primera de ellas es Theatre Directorship Services Alpha. La segunda, Theatre Directorship Service Beta. La tercera, Theatre Directorship Services…Gamma. La matriz de Capio es “Desarrollos Empresariales Piera SL”, una compañía en cuyo Consejo de Administración vuelven a sentarse las tres “Theatre Directorship…”. Desarrollos Empresariales Piera SL tiene a su vez otra matriz, Poitiers Develops SL., en cuyo consejo de administración vuelven a estar las consabidas alpha, beta y gamma. Y la propia Poitiers esconde otra matrioska en su interior, esta vez una tal HC Investments BV, empresa que tiene su sede fiscal en Holanda. A su vez la empresa holandesa está controlada por una firma con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo, llamada HCI Holdings Sàrl. Esta empresa está controlada por el fondo de capital riesgo CVC Partners Capital, que adquirió CAPIO en 2011, poco antes de las últimas elecciones autonómicas, en una operación que implicó un gran endeudamiento. CVC controla Capio a través de 5 filiales: CVC European Equity Partners A, B, C D y E. Y estas cinco filiales están domiciladas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Capio/IDC no pujó por los hospitales que se han intentado privatizar en el último plan pero ya estaba en posesión de la gestión de tres hospitales de la red pública en la Comunidad de Madrid. Además de cobrar más de un millón de euros mensuales de dinero público por un hospital que permanece cerrado, el de Collado-Villaba. Literalmente, la salud de los madrileños está en manos de especuladores. De los mismos fondos de capital/riesgo que provocaron la crisis en la que estamos inmersos.
(3) instrumento público del Ministerio de Hacienda español que sirve para financiar las Administraciones autonómicas deficitarias. Por ese mecanismo los gobiernos autonómicos logran “dinero más barato” que el del precio de mercado, pero a cambio deben someterse a un control más exhaustivo de sus gastos.
José A. Andrés Llamas es Secretario de Salud de IU-CM y Médico en el Servicio Madrileño de Salud
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