Hasta siempre, Stéphane Hessel

Mariano Aragonés – Grupo de Comunicación de ATTAC Madrid.

No pude entrar al Instituto Francés a ver la presentación del libro ¡Indignaos! Cientos de personas nos quedamos en la calle. Era mediados de febrero de 2011, casi tres meses antes del gran (con la perspectiva del tiempo, pequeño) estallido popular del 15M. A los participantes en aquella manifestación se nos llamó indignados, y con ese apelativo nos hemos quedado. Los de aquel día, y los de otros muchos días posteriores.
Sthéphane Hessel nos puso el nombre en su pequeño, solo por tamaño, que supuso una llamada, un grito, dirigido especialmente a la juventud, a rebelarse contra una llamada crisis, que en realidad es una estafa.
Hessel tenía 93 años. Ha muerto con 95. Una vida dedicada a la lucha contra la opresión. Contra opresiones de todo tipo. Contra la ocupación nazi de Francia. Torturado por la Gestapo, y recluido en un campo de concentración. Acabada la II Guerra Mundial, fue nombrado embajador de Francia en la recién creada Organización de las Naciones Unidas, en la que fue redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sobre su vida y su obra se extiende Ignacio Ramonet, en un artículo publicado con motivo de la presentación de ¡Indignaos!, que reproducimos a continuación. Ahora, tan solo expresar una inmensa gratitud de quienes, con más o menos acierto, luchamos por crear una sociedad justa y solidaria.

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 ¡Indignaos!

Stéphane Hessel ha sabido expresar con palabras, lo que tantos ciudadanos golpeados por la crisis y por las medidas de regresión social sienten en el fondo de sí mismos. Ese sentimiento de que les están arrebatando sus derechos, esos anhelos punzantes de desobedecer, esos deseos de gritar hasta perder el aliento, esas ganas en fin de protestar sin saber cómo…

Ignacio Ramonet – Consejo Científico de ATTAC España, Le Monde Diplomatique

Tiene 93 años. Se llama Stéphane Hessel. Y la historia de su vida es una fabulosa novela. Lo era ya, en cierto modo, antes mismo de que naciera. Algunos quizás recuerden aquella película de François Truffaut, Jules et Jim . Pues bien, la mujer anticonformista interpretada por Jeanne Moreau, y uno de sus dos amantes (1), Jules , judío alemán traductor de Proust, fueron sus padres. En la atmósfera artística del París de los años 1920 y 1930, Stéphane Hessel creció rodeado de los amigos de la casa, entre otros, el filósofo Walter Benjamin, el dadaísta Marcel Duchamp y el escultor Calder…
Al estallar la Segunda Guerra Mundial, se alista en la Resistencia y se suma, en Londres, al equipo del general De Gaulle, quien le confía una peligrosa misión en territorio francés. Detenido por los nazis, es torturado y deportado al campo de exterminio de Buchenwald, de donde trata, una y otra vez, de evadirse. Lo acaban capturando y lo condenan a la horca. A punto de ser ejecutado, consigue usurpar la identidad de un muerto y logra por fin evadirse. Se une a la lucha por la liberación de Francia, inspirado en los principios del Consejo Nacional de la Resistencia que promete una democracia social, la nacionalización de los sectores energéticos, de las compañías de seguros y de la banca, y la creación de la Seguridad Social.
Después de la victoria, De Gaulle lo envía -tiene apenas 28 años- a Nueva York, a la ONU, cuyos fundamentos teóricos se están acicalando entonces. Allí, Hessel participa, en 1948, en la elaboración y redacción de uno de los documentos más trascendentales de los últimos seis decenios: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Regresa luego a París para integrarse en el gabinete socialista de Pierre Mendès-France, que inicia la descolonización, pone fin a la guerra en Indochina, y prepara la independencia de Túnez y Marruecos.
Los años más recientes, este noble y persistente defensor de las causas justas, diplomático de profesión, los ha consagrado a protestar sin descanso contra el trato dispensado a los “sin papeles”, a los gitanos, a todos los inmigrantes…
Y si hoy nos referimos a él, es porque acaba de publicar un librito, más bien un breve panfleto político de 30 páginas, devenido -en la Francia popular sublevada contra la regresión social-, un excepcional éxito editorial y un fenómeno social. Gracias al boca a boca y, sobre todo, a las nuevas redes sociales, el texto, ninguneado al principio por los medios de información dominantes, ha conseguido franquear las censuras y llenar de esperanza miles de corazones. En apenas unas semanas, de este repertorio de las injusticias más indignantes, ya se han vendido (cuesta 3 euros) más de 650.000 ejemplares… Algo jamás visto. Su título: una consigna, ¡Indignaos! (2).
Dice Balzac que el panfleto “es el sarcasmo convertido en bala de cañón”. Añade Stéphane Hessel que la indignación es la pólvora de toda explosión social. Dirigiéndose a sus lectores, les recomienda: “Deseo que halléis un motivo de indignación. Eso no tiene precio. Porque cuando algo nos indigna, nos convertimos en militantes, nos sentimos comprometidos y entonces nuestra fuerza es irresistible”.
Los motivos de indignación no escasean: “En este mundo, dice Hessel, hay cosas insoportables”. En primerísimo lugar: la naturaleza del sistema económico responsable de la actual crisis devastadora. “La dictadura internacional de los mercados internacionales” constituye además, según él, “una amenaza para la paz y la democracia”. “Nunca, afirma, el poder del dinero fue tan inmenso, tan insolente y tan egoísta, y nunca los fieles servidores de Don Dinero se situaron tan alto en las máximas esferas del Estado”.
En segundo lugar, Hessel denuncia la desigualdad creciente entre los que no tienen casi nada y los que lo poseen todo: “La brecha entre los más pobres y los más ricos jamás ha sido tan profunda; ni tan espoleados el afán de aplastar al prójimo y la avidez por el dinero”. A guisa de enmienda sugiere dos propuestas sencillas: “Que el interés general se imponga sobre los intereses particulares; y que el reparto justo de la riqueza creada por los trabajadores tenga prioridad sobre los egoísmos del poder del dinero”.
En temas de política internacional, Hessel afirma que su “principal indignación” es el conflicto israelo-palestino. Recomienda que se lea “el informe Richard Goldstone de septiembre de 2009 sobre Gaza (3), en el cual este juez sudafricano, judío, que incluso se declara sionista, acusa al ejército israelí”. Relata su visita reciente a Gaza, “prisión a cielo abierto para un millón y medio de palestinos”. Una experiencia que lo sobrecoge y solivianta. Aunque no por ello reniega de la no-violencia. Al contrario, reafirma que “el terrorismo es inaceptable”, no sólo por razones éticas sino porque, al ser “una expresión de la desesperación”, no resulta eficaz para su propia causa pues “no permite obtener los resultados que la esperanza puede eventualmente garantizar”.
Hessel convoca el recuerdo de Nelson Mandela y de Martin Luther King. Ellos, dice, nos indican “el camino que debemos aprender a seguir”. Porque, para avanzar, sólo existe una conducta: “apoyarnos en nuestros derechos, cuya violación -sea quien sea el autor de ésta-, debe provocar nuestra indignación. ¡No transijamos jamás con nuestros derechos!”.
Finalmente, se declara partidario de una “insurrección pacífica”. En particular contra los medios masivos de comunicación en manos del poder del dinero, y que “sólo proponen a los ciudadanos el consumo de masas, el desprecio hacia los humildes y hacia la cultura, la amnesia generalizada y una competición a ultranza de todos contra todos”.
Stéphane Hessel ha sabido expresar con palabras, lo que tantos ciudadanos golpeados por la crisis y por las medidas de regresión social sienten en el fondo de sí mismos. Ese sentimiento de que les están arrebatando sus derechos, esos anhelos punzantes de desobedecer, esos deseos de gritar hasta perder el aliento, esas ganas en fin de protestar sin saber cómo…
Todos esperan ahora la segunda entrega. Cuyo título, lógicamente, sólo puede ser: ¡Sublevaos!
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Notas:
(1) El otro era Pierre-Henri Roché, autor de la novela con el mismo título llevada a la pantalla por François Truffaut.
(2) Stéphane Hessel, Indignez-vous! , Indigène éditions, Montpellier, 2010.
(3) NDLR: “Human Rights In Palestine And Other Occupied Arab Territories. Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict”, Naciones Unidas, Nueva York, 15 de septiembre de 2009.

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Hambre de justicia en Telefónica

Esther Vivas – Consejo Científico de ATTAC España

Llega el Congreso Mundial de la Telefonía Móvil a Barcelona… y los trabajadores de Telefónica vuelven a la carga e inician una nueva huelga de hambre. Y es que a pesar de las promesas de creación de empleo e impacto económico positivo del evento, la realidad es bien distinta. Abusos laborales, precariedad, despidos improcedentes, subcontratas… es la práctica cotidiana de las empresas que encabezan el sector.
Telefónica, que presentó beneficios millonarios en febrero del 2011, anunció, pocos meses después, el recorte de un 20% de su plantilla en los próximos tres años debido a la crisis. La “crisis” que todo lo justifica. O Vodafone que comunicó, en enero, un ERE para 900 de sus trabajadores, el 21% de la plantilla, debido, por supuesto, a la crisis, mientras aumenta la subcontratación de sus actividades.
Los doce trabajadores de Telefónica que desde este sábado están en huelga de hambre, en la sede del comité de empresa en Barcelona, exigen la readmisión de su compañero  Marcos Andrés Armenteros, despedido por bajas médicas justificadas dos años atrás.  A pesar de haber ganado un primer juicio donde se declaró dicho despido nulo y de un segundo, después de que Telefónica apelara, que lo declaró improcedente, la empresa no ha vuelto a admitir al trabajador. Desde entonces, han sido dos años de lucha sin tregua por parte de los sindicatos Cobas y EnConstrucció y la Plataforma Sí Soy rentable.
Telefónica consideró que Marcos Andrés Armenteros “no era rentable” y lo despidió, pero, visto lo visto, la empresa no aplica siempre los mismos criterios. Sus altos directivos cobran 103 veces más que sus trabajadores medios, sus ejecutivos se encuentran entre los mejor pagados del Estado y ha tenido en nómina, entre otros, a personajes de la talla de Iñaki Urdangarín, remunerado con 1,5 millones de euros anuales, y ahora, su último fichaje, Rodrigo Rato, considerado por la revista Business Week el peor directivo español del año, eso sí… en los 90 como ministro de economía privatizó Telefónica. Está claro lo que Telefónica entiende por rentabilidad.
La huelga de hambre, que hoy llega a su tercer día, viene precedida de una primera, en noviembre del año pasado, que llevaron a cabo cinco trabajadores en el transcurso de 23 largos días. Una acción que tuvo un fuerte impacto social, que recabó miles de apoyos, con acciones en la calle, flashmobs, Trending Topic (TT) en twitter… y que logró, finalmente, romper el cerco mediático. No en vano Telefónica es uno de los mayores inversores publicitarios en el Estado español.
Afortunadamente, aún tenemos un sindicalismo combativo, que lucha y que no claudica. Un sindicalismo tan leal a los de abajo como la patronal lo es a los de arriba. Una práctica sindical imprescindible para el cambio social, que aprende de lo nuevo, que crea alianzas y teje solidaridades más allá de la empresa, a la vez que rechaza la concertación y el “pacto social” que sólo beneficia a los mismos de siempre.
Hace unos meses en un acto multitudinario, durante la primera huelga de hambre de los trabajadores de Telefónica, la monja benedictina Teresa Forcades, siempre al lado de los que luchan, concluyó su intervención con las siguientes palabras: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos”. Un hambre de justicia que hoy los trabajadores de Telefónica reclaman.

Artículo publicado en Público
www.esthervivas.com
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¡Otro mundo ya está en marcha! Encuentro Internacional Plataforma 2015 y más

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La sociedad civil toma la palabra para explicar propuestas que encaran la actual crisis social, política y ambiental. Alternativas que se desarrollan en distintas partes del planeta y que se adaptan a cualquier contexto. Respuestas reales a las políticas que no respetan los derechos humanos de todas las personas.

Los próximos 27 y 28 de febrero el Hub Madrid será el espacio de debate para compartir estas opciones, en el marco del Encuentro Internacional #Otro Mundo Está en Marcha. Propuestas reales desde la sociedad civil ante la crisis global.

Dos jornadas para conocer el trabajo que desde distintos lugares se están poniendo en práctica para ofrecer alternativas políticas al desarrollismo, propuestas económicas al gobierno de la deuda, revalorizar la labor de los movimientos sociales athsí como el análisis de las dinámicas políticas y económicas que dominan la agenda social.

Para abordar estas propuestas contamos con la participación de: Susan George, filósofa, presidenta del Comité de Planificación del Transnational Institute de Ámsterdam y fue vicepresidenta de ATTAC Francia; Emir Sader, sociólogo brasileño profesor de la Universidad de São Paulo y director del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP) de la Universidad del Estado de Río de Janeiro; Saskia Sassen, socióloga, profesora en la Universidad de Columbia, especialista en asuntos urbanos; Rosa Cobo, profesora titular de Sociología del Género de la Universidad de A Coruña y de José de Échave, Ex Viceministro de Medio Ambiente de Perú; Blanca Chancosa, lider indígena ecuatoriana CONAIE, entre otras personas.


ATTAC Castilla y León con la Marea Ciudadana del 23F


Desde ATTAC Castilla y León queremos manifestar nuestro más firme y decidido apoyo a la Marea Ciudadana contra los recortes y por una verdadera democracia convocada para el próximo día 23 de febrero por lo que invitamos a nuestros simpatizantes y asociados a que se unan a las movilizaciones que se producirán tanto en localidades de nuestra comunidad autónoma como a la manifestación de Madrid.

ATTAC como colectivo persigue como fin de su actividad la consecución de una Justicia Económica Global. Las actuales políticas del gobierno estatal y autonómico profundizan en continuas injusticias económicas y sociales rebajando continuamente la dignidad de las condiciones de vida de los ciudadanos y particularmente de aquellos colectivos más desfavorecidos (mujeres, infancia, discapacitados, enfermos, mayores, parados, victimas de desahucios…). Todo ello bajo las exigencias casi dictatoriales de los grandes poderes financieros y empresariales que se benefician de esta crisis mediante la especulación y la disminución de los salarios de aquellos que aún conservan su trabajo en una región con una tasa de paro del 20,76% que alcanza a mas de 240.000 castellanos y leoneses.

No puede haber justicia alguna cuando se reducen los derechos sociales y se deterioran aceleradamente los servicios públicos con el objetivo de que unos pocos hagan negocio con ellos a costa del sacrificio de la mayoría con la excusa de una austeridad que no conduce más que al sucesivo empeoramiento de la coyuntura económica.

A todo ello se unen los sucesivos escándalos de corrupción de grandes empresarios, financieros y responsables políticos que afloran continuamente cuestionando la verdadera naturaleza de la democracia en nuestro país.

Existen soluciones alternativas válidas a esta situación cuya articulación requiere una movilización masiva, pacífica, decidida y contundente como respuesta legítima de los ciudadanos de Castilla y León. Por todo ello, nos unimos a los colectivos que el día 23 de febrero estarán en la calle en defensa de los derechos de todos.

15 de febrero de 2013.
ATTAC Castilla y León

ATTAC España apoya y participa en la convocatoria del 23F

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El sábado 23F está convocada una gran movilización en todo el territorio español con un lema que es uno de los prioritarios para ATTAC: contra el golpe de estado financiero.  Si hace 32 años la ciudadanía salió a la calle para rechazar el intento de golpe de estado militar, el próximo sábado es necesario volver a salir para decir basta a la dictadura de los mercados financieros, defender nuestros derechos y reforzar los procesos que acaben con las políticas neoliberales.
ATTAC España, junto a centenares de otros colectivos que apoyan la convocatoria, participará pues en las movilizaciones del 23 de febrero, por lo que anima a sus asociados, asociadas y simpatizantes en los distintos territorios a salir a la calle en las ciudades donde residan para sumarse a unas mareas ciudadanas que desde el primer momento se han conformado como inclusivas y no violentas.

Aquí puedes leer el Manifiesto Marea Ciudadana que ATTAC suscribe.
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Vídeo: Comparecencia de Ada Colau (PAH) en el Congreso


Más males para la Universidad pública

 Víctor Alonso Rocafort
Wert y la Comisión de Expertos para la Reforma del SUE

El pasado viernes 15 de febrero se hizo público el Informe que la Comisión de Expertos (en la foto), nombrada por el ministro José Ignacio Wert, ha realizado de cara a la Reforma del Sistema Universitario Español que pretende impulsar el Partido Popular. Junto al Informe, se ha publicado una Addenda con dos votos particulares disconformes con algunos aspectos de aquel.
Por si la situación de la Universidad pública ya era difícil, la reforma propuesta en el Informe ahondaría aún más en los males que aquejan a la institución desde hace décadas. De aceptarse, estaríamos así ante una reforma i) antidemocrática; que ii) consagra la endogamia y las jerarquías enquistadas en la institución; mientras iii) se prosigue en el deterioro de lo público abriendo espacios de ganancia a la iniciativa privada a costa, entre otras cosas, de la economía de los estudiantes.

Articulo completo en  Colectivo Novecento

Derecho de resistencia

El pueblo mismo está obligado a velar permanentemente por la democratización constante y sin paliativo

Antonio Aramayona – ATTAC CHEG Aragón

Imaginemos que el poder proviene del pueblo. Lo sé, a estas alturas es mucho imaginar, pero hagamos un esfuerzo. Imaginemos que la soberanía nacional reside en la voluntad de la ciudadanía, que se organiza socialmente en régimen de libertad, de justicia y de paz, y sobre la base de la dignidad intrínseca de los seres humanos y de los derechos iguales e inalienables de todas y cada una de las personas. Imaginemos ahora, lo sé, hoy ya cuesta poco imaginarlo, que algunos han decidido que los derechos fundamentales son pura filfa, no pertenecen a las personas y deben ser regulados y recortados según las necesidades económicas y de acuerdo con los intereses de una supuesta clase nacional y supranacional, que dicta y manda en el mundo y en cada país. La vivienda digna, por ejemplo, deja de ser un derecho, para quedar sujeta a los vaivenes del “libre mercado”. O que el derecho al trabajo solo es regulado por el contrato único, los miniempleos, el despido libre y gratuito y la existencia de seis millones de parados. O que el gobierno asume, sin consultar al pueblo, que la deuda privada de los bancos y las grandes empresas es deuda soberana y del país entero, aunque apenas pueda pagar siquiera los intereses de dicha deuda, detrayendo todos esos gastos de las verdaderas necesidades de la gente. O que el gobernante trata a la educación y la sanidad como meras mercancías, rebajables a gusto de los intereses creados de la enseñanza privada y la sanidad privada.
Imaginemos ahora qué puede hacer un desempleado de larga duración que cobra mensualmente una prestación de 399 euros mensuales y tiene dos hijas en plena pubertad y adolescencia, respectivamente. O una persona anciana, privada de ayuda domiciliaria por recortes presupuestarios gubernamentales y cuya mayor preocupación en esos momentos es no morir sola, demasiado sola. O una madre que debe meter cada mañana en una fiambrera la comida de su hijo, alumno en una escuela de Primaria, que ya no tiene beca de comedor ni de material escolar. O el minusválido que ha de quedarse en casa por carecer del dinero que ahora le niega el Gobierno para disponer de una prótesis o una silla de ruedas. O una joven que, terminados sus estudios superiores, sobrevuela ya la treintena sin trabajo, sin otro currículum profesional que unos pocos contratos basura.
¿Qué pueden hacer, dime? ¿Qué puede hacer toda esa gente salvo rebelarse? Ya en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclama que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos” (a. 1) y que “la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión” (a.2). Sobre esta base, es razonable concluir que los gobiernos y las instituciones públicas que no se ocupen realmente de conservar los derechos cívicos, laborales, sociales, económicos y políticos de la ciudadanía pueden ser considerados ilegítimos. En otras palabras, la verdadera legitimidad de los gobiernos no descansa solo en obtener cada cuatro años un respaldo popular en las urnas, sino principalmente en la realización efectiva de los derechos ciudadanos, en todas sus vertientes, generalmente expuestos en los a menudo mendaces programas electorales de los partidos gobernantes.
El artículo 28 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos de la ONU reconoce que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades (-) se hagan plenamente efectivos”. La reivindicación de estos derechos conlleva necesariamente el derecho a oponerse a cualquier autoridad e institución que atente contra los mismos. En otras palabras, los derechos humanos no son completos si no están acompañados del derecho a resistir activa y pasivamente frente a quienes, de hecho, los conculquen o los nieguen. Pues bien, el derecho de resistencia equivale en determinados momentos al deber de resistir. No hay democracia sin el pueblo (demos), por lo que el pueblo mismo está obligado a velar permanentemente por la democratización constante y sin paliativos de la propia democracia (valga la redundancia) o, dicho de otro modo, por redemocratizar sin descanso la democracia misma.
El derecho de resistencia es también derecho de desobedecer, de llevar a tribunales de garantía al gobernante que da la espalda a los derechos de la ciudadanía, de impugnar la legitimidad del poder corrupto, incompetente o abusivo, de ejercer abiertamente el disenso y la crítica. En resumidas cuentas, el derecho de resistencia es una obligación moral de la ciudadanía que se sabe responsable del bienestar real y sostenible de sus conciudadanos y de las generaciones futuras.

(Javier de Lucas y Mª José Añón, catedráticos de Filosofía del Derecho en la UV son inspiradores de este artículo).
Antonio Aramayona es profesor de Filosofía

Artículo publicado en El Periódico de Aragón
La Utopía es posible
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Stop Desahucios ha disparado al corazón del Capital

Pablo Iglesias
SinPermiso/ Público, 16 de febrero de 2013


Decía Sieyès en sus escritos políticos sobre la Revolución, que los no propietarios no son más que una muchedumbre sin libertad ni moralidad. Con la única excepción de la Revolución haitiana, todas las tradiciones revolucionarias ilustradas sobre las que se construyeron los edificios constitucionales liberales y social-liberales, se asentaron sobre la propiedad privada como eje jurídico vertebrador de las relaciones entre economía y política. La democracia estadounidense de los padres fundadores se basaba, de hecho, en la protección de los intereses de los propietarios de tierras y de esclavos y es que, como escribió John Adams, desde el momento en el que se instala la idea de que la propiedad no es tan sagrada como las leyes de Dios, comienzan la anarquía y la tiranía. La Revolución francesa que en su digna etapa jacobina, proclamó la igualdad como principio unido a la libertad y la fraternidad, vio como el desarrollo de los acontecimientos terminó convirtiendo la igualdad en un derecho puramente formal, al tiempo que constitucionalizaba las relaciones materiales derivadas de la propiedad privada. Nuestros queridos ilustrados identificaron al hombre político con el hombre propietario y sólo así se explica la criminal exclusión de los revolucionarios haitianos, esos jacobinos negros que pusieron de rodillas a las potencias coloniales de la época, de la tradición “democrática” del pensamiento occidental.

En estos tiempos en los que los jóvenes de la izquierda española tratan de enfrentarse a la decrepitud política de sus jefes, hablando de proceso constituyente, pocos se han percatado de que el primer paso en esa dirección lo ha dado el movimiento contra los desahucios. Quienes critican la reivindicación de la dación en pago por “reformista”, quienes añoran un tiempo pasado que jamás conocieron de fuego, barricadas y banderas rojas, quienes en su arrogante miopía senil piensan que la correlación de fuerzas se mide por los resultados electorales, parecen no percatarse de que la PAH ha disparado con éxito al corazón del Capital, al hacer incuestionable entre los ciudadanos la idea de que el derecho a la vivienda debe estar por encima del derecho a la propiedad y la de que el crimen no deriva sólo de comportamientos individuales, sino también de las leyes que permiten la existencia de entidades financieras que se lucran a costa de la vida de la mayoría. Si a ello añadimos el hecho de que han incorporado a la lucha política a los sectores subalternos de la fuerza de trabajo colectiva más afectados por la crisis (trabajadores migrantes, parados y precarios) frente a los sindicatos tradicionales que siguen representando fundamentalmente a los sectores de la clase trabajadora en retirada (trabajadores industriales con convenios colectivos decentes, trabajadores públicos y clerks) podríamos afirmar que el partido de los comunistas del siglo XXI en España es sin duda la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Ahí está una de las claves de la posibilidad de apertura de un proceso constituyente; en el simple hecho de que el proyecto histórico de reforma social de la socialdemocracia que jamás puso en cuestión la propiedad privada como base constitucional de nuestros sistemas políticos, sencillamente se ha agotado. No tiene que ver sólo con el peso electoral que se tenga, sino con las transformaciones en las condiciones materiales de la estructura social que es lo que ha permitido que, en este país, los bancos, el máximo símbolo de la propiedad, puedan ser vistos como criminales. Así es como el miedo cambia de bando.

Pablo Iglesias es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense (Madrid), dirige y presenta la tertulia política  de la televisión La TuerKa.

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8 grandes mentiras de Draghi en el Congreso de los Diputados

Saque de esquina
Ayer, martes 12 de febrero de 2013, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, compareció en el Congreso de los Diputados  para explicar la actuación del BCE en la Eurozona. Dejando a un lado lo vergonzoso y antidemocrático que resulta el hecho de que la comparecencia fuese a puerta cerrada (y lo absurdo que fue, porque luego publicaron el discurso en internet), no puedo resistirme a denunciar aquí las mentiras, falacias y medias verdades que empleó Draghi durante su sermón. Aunque si quisiera comentarlas todas necesitaría escribir un libro, lo que haré será centrarme en aquellas que resultan más aberrantes y bochornosas.

1.       Nuestras medidas han aliviado las restricciones de financiación de las entidades que deciden renovar o ampliar sus préstamos a empresas y hogares, eliminando así un obstáculo para el crecimiento.
Absolutamente falso. El BCE no le ha dado dinero a los bancos para que se lo presten a empresas y familias, sino para tapar sus enormes agujeros. De hecho, hoy día los bancos españoles dan menos créditos que nunca en la historia reciente. Es más, España está a la cola mundial de acceso al crédito según el Foro Económico Mundial. ¿Cómo puede el señor Draghi mentir tan descaradamente y quedar impune? ¿Y por qué los periodistas repiten su discurso sin cuestionar la veracidad de sus palabras?

2.       El primer elemento clave ha sido reducir nuestro tipo de interés oficial hasta el 0,75 %, un nivel sin precedentes en prácticamente todos los países de la zona del euro.
Se le olvida comentar que el tipo de interés oficial de EEUU está mucho más bajo, concretamente en el 0,25%; que el de Japón está en el 0,1%; o que el del Reino Unido esté en el 0,5%, entre otros.

3.       En particular, las dificultades se derivan de los grandes desequilibrios existentes en sectores altamente endeudados y de la falta de saneamiento de las finanzas públicas en algunos países de la zona.
Es decir, para Draghi la culpa de la crisis europea la tienen los sectores que se han endeudado y las administraciones públicas que han gastado más de lo que han ingresado. Con respecto a esto, hay que decirle a Draghi unas cuantas cosas.
En primer lugar, en España los sectores más endeudados han sido las grandes fortunas y las grandes empresas, cegados por un ansia de ganancias que obtenían a través de una especulación desorbitada con apalancamiento financiero. En cambio, la mayoría de las familias menos adineradas que se endeudaron lo hicieron para comprar una vivienda de primera residencia (que es un derecho recogido en nuestra Constitución) obligados por los bajos salarios y el elevado precio de las viviendas. Y sin embargo, las grandes fortunas y las grandes empresas no se están viendo perjudicadas por los recortes a los que obliga el BCE, sino todo lo contrario: los millonarios españoles están engrosando sus fortunas durante la crisis (en algunos casos se han incrementado en un 50%), y los beneficios de las 35 mayores empresas españolas que cotizan en Bolsa no paran de aumentar (diez de ellas han batido en 2012 su récord de beneficios). Por lo tanto, quienes están pagando los platos rotos son otros: la mayoría de la población que apenas se benefició de la burbuja inmobiliaria.
Además, este elevado endeudamiento fue permitido y facilitado por la estructura y normas de la Unión Europea, de la cual el BCE es la principal institución responsable por ser la autoridad monetaria de la Eurozona. Si la culpa es del endeudamiento, y la responsabilidad del endeudamiento es del BCE, entonces Draghi debería culpar a su propia institución de la crisis europea, y no a los sectores endeudados.
Por otro lado, Draghi culpa a las administraciones públicas por no estar saneadas. Pues bien, la de España estaba saneadísima ya que gozaba de un superávit del 1,9% sobre el PIB en el año 2007 (año de inicio de la crisis). Y la media de todas las administraciones públicas de los países europeos alcanzaba solamente un déficit de -0,7%. Si los datos demuestran esto, ¿cómo es posible que el presidente del BCE tenga tan poca vergüenza como para culpar a las finanzas públicas? Es evidente que este economista tan preparado está mintiendo a conciencia. Lo triste es que ello se permita.

4.       Los países de la zona del euro han reducido casi a la mitad sus déficits presupuestarios […]. Excluidos los pagos de intereses, el déficit primario del conjunto de la zona del euro fue prácticamente nulo.
Lo que está diciendo Draghi es que, de media, los países de la Unión Europea presentan déficit simplemente porque pagan intereses por haberse endeudado en el pasado. Si no pagaran intereses, no tendrían déficit. Y si pagaran muchos menos intereses, apenas tendrían déficit. Lo que no dice Draghi es que esos intereses serían muchísimo más reducidos si la institución de la que es presidente, el BCE, financiara a los Estados en vez de hacerlo a los bancos privados para que éstos financien a los Estados (obteniendo un beneficio por ello). Es decir, en la mano del BCE estaba y está la posibilidad de que los países europeos tengan un déficit mucho menor (y menor prima de riesgo, y menor necesidad de recortar gastos y subir impuestos), pero nunca lo ha querido hacer porque prefiere dar el dinero a los bancos privados para que sanen sus heridas

5.       El déficit por cuenta corriente de España se ha reducido considerablemente, desde casi el 10 % del PIB en 2008, hasta aproximadamente el 1 % en 2012. 
Cierto, pero Draghi olvida intencionadamente explicar por qué ocurre esto. El saldo por cuenta corriente es la diferencia de lo que vende España al extranjero con lo que compra al extranjero. Durante la burbuja inmobiliaria España presentó un déficit creciente, porque compraba más cantidad de productos y servicios al extranjero de los que vendía. Hoy día esa diferencia se está reduciendo, pero no porque España esté vendiendo mucho al extranjero, sino porque ahora compra muchísimo menos debido a la caída del consumo privado de las familias españolas (en 2009 las importaciones se redujeron en un 27%). Es decir, el déficit comercial se está reduciendo porque ahora somos mucho más pobres y compramos menos cosas al resto de países.

6.       El peso de las exportaciones en el PIB se incrementó en unos 10 puntos porcentuales en España.
El indicador del peso de las importaciones en el PIB (X/Y) depende de la evolución de las exportaciones (X) pero también depende del tamaño del PIB (Y). Es decir, el indicador puede aumentar porque aumenten las exportaciones o porque disminuya el PIB, o ambas cosas. En el caso español, aunque es cierto que las exportaciones han crecido, la caída del PIB ha destacado aún más, por lo que el indicador ha mejorado en buena parte gracias a que el PIB español es mucho menor ahora que antes, y no tanto porque las exportaciones estén aumentando.

7.       El BCE está contribuyendo activamente a una reducción del riesgo de naturaleza macroeconómica: estabilizando firmemente las expectativas de inflación.
Ése es precisamente el problema: la obsesión del BCE por controlar la inflación, para lo cual está estrangulando (conscientemente) a la economía europea. En Estados Unidos la inyección de capital ha sido mastodóntica así como la bajada del tipo de interés oficial y la inflación no ha aumentado en absoluto. Como ya expliqué en un artículo anterior, en etapas de recesión como la actual un aumento de la oferta monetaria no provoca inflación.

8.       Tras exponer brevemente nuestra actuación, escucharé con gran interés sus opiniones sobre la economía europea, las políticas del BCE y el futuro diseño de nuestra unión económica y monetaria.
Hasta en eso mintió, porque cuando el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón expuso la visión que tiene su grupo parlamentario sobre el asunto, Draghi se limitó a contestar contrariado con un: “¿cuál es la pregunta? Y no dijo nada más. Demostró de esa forma que no le importaba en absoluto la opinión de nadie. Él había ido al Congreso a sentar cátedra, no a debatir.

¿Cuántas hipotecas se pueden favorecer de la Iniciativa Legislativa Popular de dación en pago?

Distribución de hogares por regimen propiedad en españa


Soy de los que pienso que la Iniciativa Legislativa Popular que se acaba de admitir a trámite será rechazada o ampliamente modificada en el congreso y que la actuación de hoy, ha sido un gesto del Partido Popular para no incendiar más los ánimos, más allá del impacto legislativo que puede tener esta medida.
No obstante, el fondo del asunto sería conocer el número de hipotecas sobre vivienda habitual que hay en España en vigor y el importe prestado de manera global. El caso es que es imposible determinar este número con exactitud dado que no existe un registro que tenga desagregados estas cifras y tan solo podemos hacer algunas aproximaciones para intentar aproximar este número un poco. Os adelanto, el número de hipotecas que puede favorecerse de la dación en pago asciende a unas 379.500 viviendas por un importe de 47.500 millones de euros en crédito hipotecario.

El número total de hogares en España

Para llegar a esta conclusión, tomamos en consideración en primer lugar el número de hogares en España. Actualmente no tenemos censo de vivienda actualizado, ni clasificación por usos de las viviendas construidas, estadística que está en preparación. La aproximación que podemos tomar la tenemos en un informe del extinto Ministerio de Vivienda del 2007 que realizaba una proyección de hogares para el 2013 de 17,1 millones para una población de 46,4 millones de personas. Suponiendo que hogar y vivienda habitual son conceptos equivalentes, la proyección del informe es extrapolable ahora dado que la población a 01/01/2012 era de 46.265.321 de habitantes. Pero claro, todos los hogares no están hipotecados, por lo que tenemos que filtrar aquellos que sí tienen hipoteca.

El número de hogares hipotecados, la gran incógnita

Determinar el número de hogares que tienen hipoteca es realmente complejo, dado que las últimas estadísticas disponibles del INE, situan el número de hogares con hipoteca en el 29,9% del total de hogares de España. Partiendo de la validez de la proyección anterior, podemos estimar que existen 5.128.167 hogares hipotecados en el país. Estos datos están extrapolados a octubre de 2012. Si comparamos por ejemplo con el número de hipotecas que practican la deducción por vivienda habitual, vemos que tenemos 5,8 millones de rentas que aplican esta deducción (dato IRPF 2010). Por tanto, dado que en el IRPF existe la posibilidad que dos personas deduzcan el mismo préstamo hipotecario y que la declaración de IRPF individual es la fórmula usual cuando ambos cónyuges trabajan, podemos suponer que el cálculo anterior puede aproximarse fielmente a la realidad.

Las hipotecas en mora y las dificultades de pago

hogares con dificultades economicas
Ahora, tenemos que afinar el importe en juego con las hipotecas sobre vivienda habitual en riesgo de impago. Esta cifra es el gran secreto de la banca y vamos a tener que realizar varias estimaciones diferentes para llegar a alguna conclusión. La primera aproximación la vamos a coger sobre el número de hogares que afirman tener dificultades para pagar los gastos de la vivienda. En esta estadística, el 7,4% de los hogares declaran tener problemas pero no tenemos detalle si el hogar es en propiedad o alquilado. Suponiendo una estadística homogénea, podríamos suponer que 379.500 hogares hipotecados tienen serias dificultades para afrontar sus pagos en la hipoteca. Esto no significa que todos los hogares generen el impago en el préstamo, pero nos puede servir para fijar el umbral de hipotecas de riesgo en España sobre vivienda habitual. La cifra no es ni mucho menos descabellada, si comparamos con la tasa de desempleo, el número total de hogares con todos sus miembros en paro y la traslación familiar del problema por los apoyos económicos recibidos.

El importe prestado en las hipotecas de riesgo

A cierre de 2012, el saldo vivo de crédito hipotecario (PDF) destinado para vivienda ascendía a 642.000 millones de euros (suponiendo que no ha existido derivación del crédito en dicha estadística. Esta cifra nos da un valor medio de 125.000 euros de crédito medio por hogar, cifra en línea con las magnitudes de crédito concedido a la vivienda según las últimas estadísticas hipotecarias. Calcular la morosidad hipotecaria sobre vivienda habitual, es realmente difícil, por lo que vamos a tomar dos referencias. La primera la suposición por saldos medios hipotecarios, que nos darían un total prestado de 47.500 millones de euros a las 379.500 viviendas hipotecas en riesgo de impago que hemos calculado en el apartado anterior.
La segunda, extrapolando por el porcentaje de crédito dudoso sobre el crédito total. La morosidad global en noviembre se situó en 186.000 millones de euros y según la Asociación Hipotecaria de España (PDF), el porcentaje de morosidad hipotecaria sobre vivienda habitual se sitúa en el 3,5%. Esto implica, que tenemos una morosidad declarada en las hipotecas de riesgo que asciende a 22.470 millones de euros y que afecta a unas 179.760 viviendas actualmente.

Conclusiones

Partiendo de la base que hemos llegado a un umbral de viviendas hipotecas en mora de 179.760 familias y un importe de hipotecas de 22.470 millones de euros, estamos hablando de crear otra Bankia por decreto Ley, partiendo de la situación actual. Suponiendo que exista buena fe en la sociedad y que nadie recurra a malas artes, el importe puesto en juego con esta iniciativa legislativa popular, es cuantioso y lo puede ser mucho más si no mejora la situación económica a corto plazo. En un escenario realmente pesimista como el que estamos viviendo ahora, nos podemos plantear en una materialización completa de casi 400.000 hipotecas entregadas en dación en pago y un importe de crédito anulado de 47.500 millones de euros que sería la materialización completa de las hipotecas en riesgo en dación en pago al tener condiciones más ventajosas dejando de pagar la hipotec que pagándola. Esto es otro agujero más para sumar a la inyección de dinero público que le hemos hecho ya la a la banca y que va a salir del bolsillo de todos. Cuidado con los populismos legislativos que un colapso financiero no es ninguna tontería con este agujero adicional.
En El Blog Salmón | El Congreso debatirá la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago ¿qué cambios se piden?

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"Vidas hipotecadas" Libro en pdf para descargar

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De Ada Colau y Adrià Alemany.

El libro que nos revela la gran estafa inmobiliaria española.
El derecho a la vivienda ha sido sistemáticamente vulnerado: de difícil acceso, pese a ser un derecho fundamental, ahora mismo tiene en jaque a centenares de miles de familias que reclaman un sistema hipotecario más justo. Escrito por dos de los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau y Adrià Alemany, Vidas hipotecadas explica las causas, señala a los responsables de esta situación, analiza el papel que han tenido las administraciones públicas, pone de manifiesto la lucha que desde la PAH se está llevando a cabo, con testimonios en primera persona, y ofrece consejos y recursos útiles para defender el derecho a la vivienda y evitar los abusos de poder de las entidades bancarias. Asimismo el libro también recoge las últimas informaciones sobre la intervención de Bankia y la posibilidad del abandono del euro. Vidas hipotecadas: El drama en cifras y la lucha de la PAH – Desde que empezó la crisis, en 2007, más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en todo el Estado han dejado cientos de miles de familias en la calle y con una deuda de por vida. Pero detrás de las cifras hay personas, vivencias, proyectos que se truncan, sueños que se convierten en el peor de las pesadillas. Vidas hipotecadas, voces y testimonios que ponen rostro a los números y estadísticas. – Instaladas en el dogma de que el precio de la vivienda nunca baja, las entidades financieras diseñaron un perverso sistema de incentivos que premiaba a los agentes comerciales que conseguían colocar en el mercado un mayor número de hipotecas. Entre los años 1998 y 2007, el número de hipotecas formalizadas anualmente fue del orden de 822.000. Más de 8 millones en total. – A través de la lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se han conseguido cientos de daciones en pago y condonaciones de deuda una vez realizada la subasta y se han paralizado cerca de 200 desahucios. Asimismo, se ha conseguido que familias amenazadas de desahucio continuen en el piso en régimen de alquiler, y en los casos en que no se ha podido evitar el desahucio se ha presionado a la Administración para realojar a las familias en viviendas públicas.

FUENTE: Plataforma de Afectados por la hipoteca

Iniciativa Legislativa Popular dación en pago retroactiva

La Iniciativa Legislativa Popular

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1.402.854 firmas de apoyo

3.253 fedatarios

Más de 600 puntos de recogida

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¿Qué buscamos?

Que, ante una ejecución hipotecaria, las personas puedan liquidar su deuda con la entrega de la vivienda y volver a empezar de nuevo. La solución que se propone en la presente Iniciativa Legislativa Popular es hacer de la dación en pago retroactiva la fórmula preferente para la resolución de este conflicto: en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.

¿Cómo lo haremos?

Hemos impulsado un Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria. Para ellonecesitamos recoger más de 500.000 firmas antes del 25 de enero de 2013 en todo el territorio estatal.

¿Qué propone exactamente la ILP?

1.  Dación en pago con efectos retroactivos
Se llama dación en pago al hecho de entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca a cambio de quedar libre de toda deuda.
2.  Paralización de los desahucios
Siempre que se trate de la vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a la propia voluntad.
3.  Alquiler Social
El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de 5 años.

La inteligencia de destruir lo público (en la ciencia)

 Firmas Amigas
Los investigadores y docentes de las universidades españolas investigan. En muchos casos, el Estado, todas nosotras, pagamos dinero para que así lo hagan. Luego, a veces, publican. El Estado, todas nosotras, a través de la FECYT -Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, una fundación pública dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad- pagamos millones de  euros a la empresa multinacional Thomson Reuters para que las universidades españolas puedan entrar en su Web of Knowledge, que es la base de datos donde teóricamente se encuentran las mejores revistas del mundo. Hay dinero que no deja de fluir en ciertas direcciones.
Datos según el BOE (4 de octubre de 2012):
- En 2008: 1.488.985,24 euros. “En esta partida se encuentra incluida la base de datos «1900-1944 Science Citation Index Expanded», adquirida en 2008 por 2.320.000  dólares USA (1.488.985,24 euros) y que está accesible a través del acceso a la Web of Knowledge.” (Sec. III.  Pág. 70.544)
- En 2011: 3.073.848 euros. “El importe de los pagos realizados fuera del plazo máximo legal  durante el ejercicio 2011 ascendió a 4.697.547 euros, incluyendo la  deuda por el acceso a la base de datos de Thomson Reuters por importe  de 3.073.848 euros, cuyo pago se realizó a los 120 días”. (Sec. III.  Pág.  70.567)
Conviene aclarar que los más de 3 millones correspondientes a 2011 son distintos a los 1.488.985,24 euros del apartado anterior. Hablamos, pues, de más de 4 millones de euros. Por un lado. Porque hay otros lados, otras facturas a otras multinacionales con fines semejantes.
Gracias a ese pago, los investigadores de las universidades españolas  pueden acceder al resultado de sus propias investigaciones y  las de  otros. Esos millones los pagamos para poder acceder a ese “escaparate”; aunque pueda parecer increíble, los resultados de investigaciones financiadas con dinero público a veces terminan siendo publicados en revistas de acceso privado. El placer de pagar por leer lo que tú mismo escribes. Inteligente bucle ¿verdad?  A cualquiera se le pone cara de tonto si tiene que confesar que hace tal cosa, pero tal como está establecida la carrera académica actualmente, resulta crucial hacer ese tipo de operaciones “inteligentes”. Es lo que tiene la inteligencia cuando permite que su métrica la decida un organismo sujeto a mercado.  Más pagas, más vales. Inteligencia pura.
Mientras tanto, en España también se han elaborado herramientas de interés científico y funciones equivalentes. Entre ellas destacan DICE, MIAR, In-RECS, In-RECJ, In-RECH… Todas ellas son competentes, reconocidas internacionalmente, eficientes y altamente especializadas.  Trabajan con métodos objetivables, ninguna de ellas recibe dinero de las publicaciones que estudia, evalúa o cataloga, ni de los interesados que consultan sus productos, a diferencia de lo que hace el JCR (Journal Citation Reports), también de la multinacional Thomson Reuters. Este índice privado es el que generalmente se toma como referencia para evaluar la producción científica. Sin embargo, los anteriormente citados son equiparables en calidad, aunque cada una de ellas ofrece servicios diferentes. En cualquier caso, las de lengua castellana (las hay también latinoamericanas, como Redalyc o Latindex) son mucho más baratas.
El trabajo de los profesores de universidad en España se valora en función de las publicaciones en que aparece su firma. Por eso, entre otras cosas, los índices y bases de datos resultan clave. ANECA, la agencia pública que evalúa a los docentes en España y les acredita o no para seguir la carrera académica en sus distintos escalafones, utiliza el DICE. De hecho, el DICE nació por un convenio de la ANECA con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), también público. MIAR lo elabora un cada vez más reducido grupo de profesores de la Universidad de Barcelona. In-RECS e In-RECJ los hace un equipo de investigadores de la  Universidad de Granada. Los investigadores que trabajan en estas entidades tienen reconocimiento  internacional, son independientes, están integrados en instituciones públicas y realizan su trabajo con fondos públicos, cada vez más menguados cuando existen, y con una continuidad vinculada a programas de financiación no siempre regulares. Y aun en esas difíciles condiciones realizan una tarea imprescindible en el ámbito español y latinoamericano para la evaluación de la producción científica, de la cual depende buena parte del sistema académico.
El trabajo del equipo de Granada está siendo ahogado de forma  indirecta. Indirecta pero  muy torticera. Se puede consultar aquí y aquí. Con el dinero pagado a Thomson Reuters -solo contando lo que consta en documentos públicos- se podría financiar durante más de una década el valioso trabajo sobre índices de impacto que hace el grupo de investigación de la Universidad de Granada, el EC3, que cuesta 30.000 euros anuales. Pero en esa dirección, al dinero le cuesta trabajo fluir. Parece claro que el criterio económico no es el que explica las decisiones políticas que se están tomando.
El DICE nos acaba de dar una noticia nefasta. Otra agresión más a las fuentes públicas de indicadores de calidad de la publicación científica. Lo paralizan. Una nueva embestida a la independencia de la investigación y la ciencia. Se suprime un indicador público, un servicio público necesario, útil, de calidad. Se despeja el camino para crear oportunidad a que algunos rufianes consoliden sus negocios, lucrándose del privilegio de ser  ellos quienes, sin control ni obligación de transparencia, decidan qué importa y qué no en el mundo del conocimiento.
Ese negocio de rufianes está cociéndose en estos momentos. No pierdan de vista ese hilo que apunta la misiva de Giménez Toledo (miembro del Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas del CSIC) que se reproduce al final del post. DICE se paraliza, pero la necesidad de evaluación no cesa ni es cesada políticamente. No es que se haya decidido prescindir de ella. Se seguirá diciendo que es importante y necesaria, criterio básico para la promoción en la carrera académica, para la articulación del  sistema, para la distribución de financiación. ¿Entonces? Si la evaluación es tan necesaria, ¿es que ya no se va a hacer? ¿Quién se supone que la seguirá haciendo? ¿Suponía algún problema que se hiciera de forma independiente, transparente, profesional, pública y barata?  ¿Qué tipo de problema? ¿Acaso, por ser tiempos de crisis, hay que destruir un producto de calidad barato y eficiente para abrir nicho de mercado a alguna ambición privada en busca de negocio?
Esas operaciones no se llaman ajustes, crisis ni recortes.
Tiene otros nombres, varios, ninguno digno.
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Asunto: Paralización de las evaluaciones en DICE
Fecha: 30/01/2013 12:41
Remitente: Elea Giménez Toledo < >
Estimado/a editor/a:
Como bien sabe, el Grupo de Investigación de Evaluación de  Publicaciones Científicas (EPUC) del CSIC viene desarrollando desde  2006 el sistema DICE de evaluación de revistas científicas españolas  en Humanidades y Ciencias Sociales, gracias a un convenio de  colaboración con la ANECA.
Como fruto de los recortes que afectan a la Administración, la ANECA ha visto mermado sustancialmente su presupuesto y, en consecuencia, nos ha comunicado la imposibilidad de seguir financiando el desarrollo  de este sistema. Ello nos obliga a PARALIZAR LAS EVALUACIONES PARA DICE, lo cual provocará la desactualización del sistema de forma  progresiva.
Este hecho perjudicará sin duda a los humanistas y científicos  sociales que publican en revistas científicas españolas. Ante la falta  de actualización se perderán las fuentes de indicadores para revistas  en Humanidades y Ciencias Sociales y las agencias de evaluación  volverán a contar, casi exclusivamente, con las fuentes de indicadores  internacionales WoS o Scopus. Quizá sea el momento de recordar que fueron precisamente su limitada cobertura hacia revistas españolas y sus controvertidos indicadores de impacto los que provocaron la necesidad de desarrollar fuentes de indicadores que recogieran  exclusivamente publicaciones españolas, como DICE. Tampoco se debe  olvidar el coste que WoS[1] o Scopus tiene para el conjunto de los  españoles. O que mientras en Europa se van consolidando los sistemas  análogos a DICE, en España se resquebrajan.
Siempre hemos defendido públicamente la función de ANECA y su apuesta decidida por las Humanidades y las Ciencias Sociales, poniendo en valor sus publicaciones. Es justo reconocer el esfuerzo que ha  realizado hasta que los recortes han llegado también a esta parte de  la Administración.
EPUC es un grupo de investigación. La investigación es nuestra actividad principal, a ella nos debemos y, afortunadamente, siempre  hemos logrado financiación para llevarla a cabo. No siempre ha sido  fácil, sin embargo, conseguir y mantener la financiación para la  investigación aplicada o los desarrollos técnicos. Pero creemos  firmemente en que la generación de indicadores para las publicaciones  de Humanidades y Ciencias Sociales ayuda a la comunidad científica, incluyendo autores, editores y evaluadores. Por eso hemos compaginado  durante muchos años -desde 1997- la investigación con el desarrollo de  indicadores para las revistas científicas españolas. En todo este  tiempo hemos mantenido un contacto muy estrecho con muchos de ustedes y el intercambio de información nos ha servido para conocer el sector  editorial en profundidad, para afinar nuestros indicadores y  procedimientos, y para valorar el enorme esfuerzo que hacen para mantener y profesionalizar sus revistas. Ha sido un intercambio  valiosísimo y estamos muy agradecidos por ello.
Detenemos en este momento la aplicación de indicadores a las revistas  españolas de Humanidades y Ciencias Sociales, aunque no la investigación sobre publicaciones científicas ni la defensa de los  patrones de comunicación científica consustanciales a estas  disciplinas. No sabemos si esta parada será definitiva o transitoria,  pero estamos seguros de que seguiremos en contacto de uno u otro modo.
Un cordial saludo,
Elea Giménez Toledo
Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas (EPUC)
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
[1] Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Secretaría General  Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación  Española para la Ciencia y la Tecnología del ejercicio 2011. Disponible aquí.

Colectivo Novecento

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El caso Bárcenas en el contexto de la crisis de la Segunda Restauración Borbónica

Antoni Domènech, G. Buster y Daniel Raventós, Sin Permiso

Después de la avalancha de datos comprometedores que se desprenden de la libreta de Barcenas con la supuesta contabilidad B del Partido Popular, hay quien se extraña del desmentido absoluto, primero, de la secretaria general del PP, Dolores Cospedal; después, del presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Por definición, la contabilidad B no existe, como ha dejado tautológicamente claro la auditoria interna del PP. La menor concesión en este sentido supondría reconocerlo todo. La única estrategia de defensa es, por lo tanto, a todo o nada, por abrumadoras que sean las revelaciones y los datos servidos por los dos principales diarios del Reino, el derechista El Mundo y el centrista El País. Ni que decir tiene: para pasmo del país, incluidos los votantes del PP.

A pesar de que diferentes dirigentes del PP han confirmado hechos y cifras que aparecen consignados en las libretas de Barcenas; de que coincidan apuntes con partidas de la trama Gürtel -entre ellas las aportaciones vía el PP gallego-; de que sean inexplicables los incrementos patrimoniales con los sueldos declarados; y de que, en fin, fuera desde hace años un secreto a voces en ciertos círculos políticos, empresariales y periodísticos. La apelación in angustiis a la “presunción de inocencia” no es sino la consecuencia ineluctable del desmentido absoluto, cuando ya se ha abierto la causa y judicializado el caso; cuando ya no se puede hablar más que delante del propio abogado.

Tampoco viene de nuevas esta decisión de la cúpula del PP. Sigue la misma táctica defensiva adoptada frente a la trama Gürtel. Cuando Barcenas tuvo que defenderse, el PP le sufragó el coste de su defensa jurídica, hasta que el juez Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, archivó el caso en septiembre del 2011. Y coche oficial y despacho en la sede de Génova. Una desarbolada Sáenz de Santamaría, no sabiendo ya qué reponer a los periodistas el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, puso en prenda sus años de trabajo junto al probo Rajoy; le salió una periodista respondona con que también había trabajado muchos años con Bárcenas, al parecer sin enterarse de nada.

La responsabilidad política se pretende aplazar hasta la conclusión penal, confiando en las dificultades del procedimiento y en la lentitud de la justicia española, y sobre todo, especulando con que los testigos se achanten. Para establecer una cadena de responsabilidades, los testigos tienen que declarar que las distintas contabilidades son auténticas…o hacerse responsables de alguna de ellas como propia. Además, una parte de los delitos habría prescrito y siempre se puede confiar en condicionar la propia investigación. No en vano la fiscalía anticorrupción fue purgada en su totalidad después del caso Gürtel por el nuevo gobierno Rajoy. Y hasta el momento, el nuevo equipo sigue sin encontrar conexión entre las evidentes ilegalidades del caso Barcenas y la alegada doble contabilidad del PP para trasladarlas al juez Ruz de la Audiencia Nacional.

¿Por qué se ha filtrado ahora la libreta de Barcenas? La explicación más inmediata es la petición en marzo del 2012 de la fiscalía anticorrupción de que se reabriese en la Audiencia Nacional la causa archivada seis meses antes por el Tribunal Superior de Madrid. El descubrimiento de más de 22 millones de euros en cuentas en Suiza, de la hacienda La Moraleja en Argentina (la segunda agroindustria de Salta), de ingresos bancarios líquidos sospechosos, no solo establecían una conexión con la trama Gürtel, sino que dejaban entrever que quizá fuera ésta una parte de la trama Barcenas. En tal caso, la única defensa posible pasaba por exigir la intervención del propio gobierno del PP para condicionar el proceso de investigación y sus consecuencias legales con la amenaza chantajista de dejar en evidencia la conexión directa entre la trama Barcenas y la contabilidad del PP. Exactamente el mismo mecanismo de defensa al que han recurrido los distintos implicados en la larga lista de casos de corrupción relacionados con la financiación de los partidos políticos (Filesa, Naseiro, Palau…), de nepotismo institucional, o aun el que afecta al yerno del Rey, Iñaki Urdangarín.

La corrupción y la economía política de la Transición: el cártel criminógeno formado por las grandes empresas del Ibex y los grandes partidos dinásticos

La explicación de esas generalizadas prácticas chantajistas de autodefensa, no puede, empero, reducirse a la puñalada de pícaro ni a la astucia del picapleitos. Pues lo que revelan esas prácticas es más bien la complicidad colectiva del cártel formado por los beneficiarios del sistema económico y social de la corrupción articulado políticamente por el régimen de la Segunda Restauración borbónica. La ley de financiación de los partidos políticos de 1987, reformada en 1997 tras los escándalos del PSOE, y a cuyo amparo el PP ha recibido en diez años donaciones anónimas de 17,5 millones de euros, sigue obligando al deslegitimado Tribunal de Cuentas a testificar en su informe del 2007 -el último realizado y el último año en el que eran legales las donaciones anónimas- que ese mismo anonimato no le permite comprobar si las donaciones se hacen conforme a la ley.

La naturaleza institucional de esa corrupción echa sus raíces en el capitalismo oligopólico de amiguetes en que se transformó la estructura de poder empresarial heredada del franquismo con las privatizaciones de la Transición tan bien descritas por periodistas económicos como Mariano Guindal o historiadores académicos como Mercedes Cabrera y Fernando del Rey). Tan es así, que hasta publicistas liberal-conservadores tan notorios como Guillermo De la Dehesa se ven obligados a reconocerlo con la boca pequeña y la mirada estrábica (como si fuera un problema de corporativismo urgido de “liberalización”). En un reciente artículo recuerda que solo el 4,5% de los contribuyentes declaran a Hacienda ingresos anuales superiores a los 60.000 euros; que una de las consecuencias de una economía sumergida del 25% del PIB es una recaudación por el IVA más de punto y medio inferior a la media de la UE; que el 36% de todos los billetes de 500 euros circulantes en la UE se hallan en el Reino de España; y que ocupa el lugar 30 en la lista de Transparencia Internacional, por detrás de Chipre y Botswana. En un non sequitur sensacional, tras ese diagnóstico de bien arraigada corrupción generalizada de la sociedad española, el j’accuse de De la Dehesa apunta, no al manifiesto cártel criminógeno formado por las grandes empresas del Ibex y los principales partidos (PP y PSOE y CiU), sino a los nuevos enemigos de la derecha de ahora: el sistema de financiación autonómico y los sindicatos, con notorio olvido, ni que decir tiene, de la escandalosamente baja presión fiscal.

Lo cierto es que el mecanismo más importante de transferencia de rentas desde los asalariados a los grandes capitalistas y rentistas ha operado a plena luz del día, a través del rescate y reestructuración de las cajas de ahorro y del crédito moroso y tóxico al sector inmobiliario de toda la banca (con la creación, a cargo del erario público, del “banco malo”), justificando las políticas de austeridad y la emisión de deuda pública en la que apalancar la privada. Su disparador han sido los decretos de Guindos de febrero y mayo del 2012, y su último episodio, la venta por 1 euro a Caixabank del nacionalizado y rescatado Banco de Valencia, a un coste para el erario público de 6.000 millones de euros. La lectura política del mensaje a los sectores granempresariales catalanes transmitido por semejante operación, en medio del debate soberanista catalán, es suficientemente obvia. Prueba, en cualquier caso, hasta que punto es recurrente la utilización de los grandes -y menos grandes- intereses económicos para intervenir políticamente al margen del sistema democrático. Y a la inversa, cómo se pervierten, o clientelar o nepóticamente, las instituciones políticas democráticas para satisfacer los intereses económicos extractivos de que se nutre la corrupción.

En este contexto, las cantidades que aparecen recogidas en las 14 páginas de la libreta de Barcenas no pueden verse sino como pequeños vasos capilares de un tumor sistémico de dimensiones ignotas, pero verosímilmente enormes. Los partidos políticos de alternancia del régimen -o si se quiere, como en la Primera Restauración, los partidos “dinásticos”-, lejos de ser instrumentos de formación y canalización de la voluntad popular y de articulación del debate democrático, se han convertido en mecanismos de mediación entre distintos intereses extractivo-corporativos (sobre todo inmobiliarios y financieros) presentes en la vida económico-social del Reino todo, desde la aldea hasta la Corte, y nunca mejor dicho. Ello es que el presente enconamiento de la pugna de intereses en el seno de la elite político-económica dinástica dominante -uno de los rasgos más determinantes de la grave crisis económica presente y de su agravamiento por las políticas pro-cíclicas de austeridad- daña gravemente los puntos de soldadura que, con distintos altibajos, mantenían unido al cártel dinástico oligárquico y se fugan irrepresables, uno tras otro, distintos casos concretos de corrupción hasta ahora mal que bien contenidos por un tácito pacto de silencio colectivo. Lo hemos visto en Cataluña, cuando tras las fracasadas operaciones contra Gas Natural y la propuesta de fusión de Caja Madrid y La Caixa, iniciado el debate soberanista, se filtran a la prensa las acusaciones de corrupción contra las familias Pujol y Más, al mismo tiempo que se regala a La Caixa, a costa del sufrido contribuyente, el Banco de Valencia. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid: en los conflictos que han enfrentado inveteradamente a Aguirre y Gallardón, y ahora, con la privatización de la sanidad. O a escala municipal, en la interminable saga de comisiones en el sector de la construcción, que sigue goteando día a día. Para acabar en la relación entre el entramado institucional autonómico y los negocios extractivos de la Fundación Noos de Urdangarín, utilizando el nombre y los asesores de la Casa Real.

Lo cierto es que, más allá de las incautas teorías conspirativas internas espontáneamente fabuladas por sus protagonistas y por sus portavoces (ver aquí y aquí), la quiebra del consenso del cártel político-económico dinástico cristalizado en la Transición no ha sido compensada por la imponente mayoría absoluta parlamentaria lograda por una de sus patas políticas, el PP. Una mayoría absoluta hoy seriamente dañada y erosionada en el favor de la opinión pública, pero que constituye todavía el principal, sino el único, activo político operativo de aquel cártel dinástico de la Segunda Restauración.

Los cuatro ejes de la crisis del régimen de la Segunda Restauración

Tenemos, en primer lugar, la crisis del sistema financiero, gestionada por el gobierno Zapatero y el gobierno Rajoy inequívocamente a favor de los intereses de una oligarquía financiera que será la gran beneficiaria de la desamortización de las cajas de ahorro desamortizadas, nacionalizadas y privatizadas. Hemos asistido en muy pocos años al acelerado y gagantuesco proceso de saqueo y concentración del capital financiero, cuya lista de perdedores se cuenta por centenares de miles de inversores grandes y medianos, así como de pequeños ahorradores, según ha podido verse en el caso de las participaciones preferentes.

Está, en segundo lugar, la larga y agónica recesión-cum-depresión de 5 años, que gracias a las políticas de austeridad amenaza con agravarse y prolongarse indefinidamente: un persistente estrangulamiento del crédito (mientras la banca privada devuelve al BCE, acaso prepósteramente, 44.000 millones, cuyo pretendido fin era precisamente trasladarlos en forma de empréstito a las pequeñas y medianas empresas y a los hogares); un paro del 26%; una desocupación juvenil que rebasa ya holgadamente el 60%; y para terminar en algún lado, un aumento de la pobreza hasta el 21,1%. Datos que obligan, quieras que no, a una reconfiguración radical de los tradicionales equilibrios de intereses corporativistas pugnaces del cártel dinástico. La erosión acelerada del ya más que modesto Estado social español y su progresiva substitución por redes de beneficencia, en buena medida en manos de la Iglesia Católica, sólo refuerza la estructura caciquil y corrupta.

En tercer lugar, la crisis de la deuda soberana, en el marco de la zona euro que, aunque la intervención ad hoc del BCE ha conseguido estabilizar temporalmente con unas tasas de interés alrededor del 5% y un diferencial por encima de 320 puntos, puede volver a situar al Reino al borde del abismo en los próximos meses, y abocar al gobierno a la petición formal de intervención como consecuencia de la situación en otros países periféricos (Grecia, Italia, Portugal…) o del propio corazón de la Eurozona (Alemania, Francia, Holanda…).

Tenemos, en cuarto lugar, la crisis del sistema de financiación autonómico, ligado a la gestión de las políticas de austeridad y de la deuda pública, que ha supuesto a la vez un agravamiento de las desigualdades territoriales en el ejercicio de los derechos sociales de ciudadanía y la erosión final de la legitimidad del pacto autonómico de la Transición como sucedáneo de una solución democrática de la cuestión nacional, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco.

Nestlé y Securitas declaradas culpables de espionaje a ATTAC

La multinacional suiza de alimentación Nestlé y la compañía de seguridad, Securitas han sido declaradas culpables de espionaje al movimiento de crítico contra la globalización, Attac
La ONG estaba elaborando un informe sobre las prácticas de la compañía cuando Nestlé infiltró a una mujer en grupo de trabajo para acceder a información interna 
La multinacional suiza de alimentación Nestlé y la compañía de seguridad,Securitas han sido declaradas culpable de espionaje al movimiento  crítico contra la globalización Attac, según publica el diario “Financial Times“. La compañía pagará 3.000 francos suizos a cada uno de los demandantes.
Nestlé y Securitas fueron acusados de violaciones de privacidad de Attac y de sus miembros. Los cargos fueron presentados después de que  la Televisión Suiza revelara en 2008 que un grupo de miembros deAttac en el Cantón de Vaud, que trabajaban en un libro sobre las políticas de Nestlé, identificase a un empleado como infiltrado por Securitas y Nestlé.
La mujer se unió al grupo Attac en 2003 bajo el nombre falso de “Sara Meylan”, asistiendo a reuniones de trabajo (a veces en las casas de los miembros), y elaboró informes detallados para Nestlé. Como miembro del grupo, tenía acceso a la información interna, y a la investigación de los autores y sus fuentes y contactos, tanto en Suiza como en el extranjero.
Así, el diario señala que en 2008, la ONG Attac denunció por lo penal y lo civil a Nestlé, al conocer el caso de espionaje.
La corte civil de Lausana declara culpable de espionaje a Nestlé
En 2009 se abandonó la causa penal sin embargo el procedimiento civil continuó. Ahora el presidente de la corte civil en Lausana, ha ordenado a Nestlé y Securitas, el pago de una indemnización de 3.000 francos suizo a cada demandante.
“Financial Times” recoge las declaraciones de un representante de Nestlé que subraya “queremos reiterar que el espionaje no es una política de la compañía y que va en contra de nuestros principios”. Asimismo, se ha mostrado “decepcionado” con la sentencia del juez. Por otro lado, la compañía no ha desvelado si tomará acciones legales contra los empleados acusados de espionaje.
Por otro lado, Securitas admitió que desde hace 8 años no lleva a cabo prácticas de espionaje como por la que se le acusa y añadió que esta sentencia no ha tenido consecuencias sobre su actividad actual.
Por su parte, la ONG Attac ha mostrado su satisfacción ante la sentencia del tribunal y recordó a las multinacionales que “siguen vigilado las actividades que llevan a cabo alrededor del mundo”

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