Carmen San José Pérez.
Jueves 18 de Octubre
Un cambio de modelo sanitario
El RD de 16/2012 sobre “Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y la seguridad de las prestaciones”
contiene las líneas maestras de la reforma sanitaria que el gobierno
del Sr. Rajoy pretende implantar, y obedecen tanto a la imposición de la
troika como a la propia ideología del Partido Popular.
En el folleto que el Ministerio de Sanidad y Consumo elaboró para
"explicar" las medidas del citado Real Decreto se hace un juego de
ocultación y engaño sobre lo que realmente se cambia o desaparecerá con
su aplicación.
En primer lugar justifica la reforma por la enorme deuda sanitaria. Y
en segundo lugar aduce a la crisis económica actual. Vayamos por
partes, esta deuda que puede llegar a suponer hasta 15.000 Millones de
euros ha sido contraída de forma muy desigual por cada una de las
Comunidades Autónomas. Y ha sido acumulada por algunos territorios de
forma totalmente fraudulenta, al embarcarse en procesos de
externalización y privatizaciones, conciertos con entidades privadas y
construcción de hospitales. Puesto todo ello en marcha mediante fórmulas
como las concesiones a bancos y constructoras, que como todas las
experiencias demuestran salen más caras (entre 4 y 7 veces más en el
caso de los hospitales madrileños) que gestionarlo o construirlo por la
propia administración.
De cualquier manera hay que apuntar que el GSP (gasto sanitario
público) del Estado español es del 6,5 % y la media de la UE-15 es del
7,3% en porcentajes del PIB, lo que supone que se gasta menos por
habitante y año que la media de los países de la OCDE. Y el crecimiento
de este gasto en los últimos 10 años ha sido muy modesto (2,9% frente a
un 4,3% de media de la OCDE). Si a esto añadimos los indicadores de
salud de nuestra población, se constata que con menos cantidad obtenemos
mejores resultado en salud, en equidad, en la cobertura y acceso, en
calidad y seguridad de la atención, y en satisfacción de los usuarios y
legitimidad del sistema según la opinión de la población, excluyendo las
listas de espera (último informe HIT del The European Observatory on Health Systems and Policies).
Otra de las causas de la deuda ha sido la escasez presupuestaria a
que ha sido sometido el Servicio Nacional de Salud, dentro de una
estrategia más amplia llevada a cabo en la última década para deteriorar
los servicios públicos y ganar la batalla de la opinión pública para
privatizar. El resultado ha sido una inmensa insuficiencia financiera
que se resolvía cada final de año con créditos extraordinarios.
La segunda cuestión a la que alude el gobierno para cambiar el modelo
sanitario es la crisis que atraviesa nuestro país. Como se puede
comprobar las causas de esta crisis no están en los gastos públicos
excesivos, pues España se encuentra a la cola de la UE en gasto social.
Tampoco en el manido “haber vivido por encima nuestras posibilidades”,
que desde el poder intentan que cale en la población para que asuma los
recortes. La crisis la han desencadenado los grandes grupos financieros y
especuladores –el gran capital en su lógica por aumentar la tasa de
ganancia– y la han profundizado y extendido las políticas de austeridad
aplicadas por los gobiernos sumisos a las estrategias marcadas por el
FMI, BCE y la Comisión Europea (la llamada troika). Por lo tanto,
las salidas a esta crisis no están en menos gasto público, ni en
recortar salarios y pensiones retrocediendo en derechos sociales a
tiempos impensables hasta hace muy poco. Otra cosa es que aprovechando
la crisis se impongan las políticas que sólo interesan a la gran banca y
las grandes corporaciones (ese 1% de la población).
Por eso es una verdadera falacia y supone un engaño a la ciudadanía
decir que esta reforma se lleva a cabo para garantizar la sostenibilidad
económica del Sistema Nacional de Salud (SNS), puesto que ésta no solo
no se logra con los recortes que han comenzado a aplicar, sino que
básicamente no fue diseñada para eso.
Claro que se podría ahorrar en un presupuesto que alcanza los 90.000
millones de euros anuales, ganando en eficacia y mejor coordinación,
evitando duplicidades y gastos en tecnología y farmacia, (“La Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. 12 Propuestas para garantizarla”.
FADSP. Enero. 2011). Lo que sucede es que la única alternativa que se
ha puesto en marchar ha consistido en recortes de personal y recursos,
con disminución de plantillas, cierre de camas, servicios hospitalarios,
ambulatorios y urgencias. Y la entrega de hospitales, servicios,
pruebas de imagen y de laboratorio al sector privado para que gestionen
la asistencia sanitaria, lucrándose con los fondos públicos que reciben
por ello.
Desde el Ministerio se afirma que esto se hace para “preservar
siempre el derecho de los ciudadanos a la protección de su salud y
asegurando que la asistencia sanitaria española sea universal, pública,
gratuita y de calidad”, de nuevo algo que simple y llanamente no es
verdad. En primer lugar habría que advertir que el derecho a la salud se
vulnera en cuanto no se dan unas condiciones de acceso igualitario y
gratuito, y esto es precisamente lo que rompe esta reforma. Ya que deja
fuera a ciudadanos/as que no hayan cotizado a la seguridad social,
debido a que ha dejado de ser un servicio universal ligado
exclusivamente al derecho inherente de toda persona, para convertirse en
un seguro, por ahora el de la Seguridad Social, donde sólo se atiende
al que cotiza.
Tampoco es pública la atención sanitaria cuando buena parte de la
población recibe una atención prestada por instituciones privadas,
muchas de ellas con ánimo de lucro. Por ejemplo todos los nuevos
hospitales madrileños, las UTE del País Valencia, etc.
Además, no es gratuita en el momento del uso porque se ha instaurado
el pago por algunos servicios y medicamentos a los que una parte de la
ciudadanía no podrá acceder. Precisamente ya se advierte que gratuita
solo será la cartera de servicios básica que está por definir, y de la
cual cabe esperar que saquen diversas prestaciones.
La situación social
La situación social es dramática para una buena parte de la
población, y algunos datos no hacen sino confirmarlo. Y esto a pesar de
que con las cifras sólo nos acercamos al conocimiento de algunos
aspectos. Según Eurostat, España ocupa los últimos lugares de la UE-27,
solo la superan Letonia y Lituania, en cuanto al coeficiente GINI,
medida que refleja la desigualdad en la distribución de los ingresos de
los hogares. Con un índice de pobreza y exclusión social del 25,5 % de
la población, cuando la media de la UE-15 es del 21,7 % y de la eurozona
es del 21,6%.
Las últimas cifras del paro de la EPA de Julio 2012 alcanzan al 24,63
% de la población activa, pero llegan al 52,1 % en el caso de los
menores de 25 años, y en el caso de los inmigrantes alcanza el 35,76 %.
Hay 1.737.600 hogares con todas las personas en paro.
La renta disponible de los hogares según el Banco de España fue para
el año 2009 de 11.120 € y en el año 2010 de 10.571 €. Según el INE el
salario bruto medio anual en el año 2010 fue de 22.790 € aunque el más
frecuente fue de 16.500 €. Y la pensión media contributiva en el año
2011 fue de 805 €, y pensión media no contributivas es de 366 €.
Estas características hablan de un país con grandes desigualdades
sociales, con la cuarta parte de su población por debajo del umbral de
la pobreza, con casi la cuarta parte de su trabajadores y trabajadoras
desempleadas, y más de la mitad de sus jóvenes. Y una mayoría de la
población con salarios de mileuristas. Además, de unos jubilados y
jubiladas con pensiones de subsistencia. Si tenemos en cuenta que
todavía están anunciados más recortes pues el país después de contar con
un préstamo para rescatar a la banca por 100.000 millones de euros,
está negociando otro para rescatar al país, cabe esperar que las
políticas de ajuste van a continuar.
Nos encontramos pues ante el mayor ataque contra las condiciones de
vida de la ciudadanía de las últimas décadas, una situación de verdadera
emergencia social. Después de la quiebra del sistema financiero en el
año 2008, la extensión de la crisis a la economía real en los países
centrales, y el hundimiento de las recetas neoliberales, el capitalismo
vuelve por la senda de la acumulación por desposesión, destruyendo
derechos adquiridos en las luchas de la clase trabajadora, apropiándose
de los recursos públicos y naturales, lo que lo hace en definitiva
incompatible con una vida digna.
Las consecuencias para la salud
Con el nuevo modelo sanitario la orientación de la atención sanitaria
cambiará totalmente. Se abandonará la prevención y la promoción de la
salud, al igual que se está abandonando la planificación en base a
necesidades de salud, pues se trata de ofrecer una atención para
“satisfacer la demanda” de las y los usuarios, convirtiéndola en una
mercancía, en un objeto de consumo más, en una asistencia que use y
abuse de alta tecnología y caros fármacos, dado que esto es lo que deja
más ganancias a los grandes monopolios del sector.
El cambio acaba con la cobertura universal, la igualdad en el acceso y
relega la atención de diversos colectivos exclusivamente a las
urgencias, lo que no sólo empeorará la salud de estas personas, pues
acudirán cuando estén en peor situación, sino que masificará las
urgencias hospitalarias, empeorando la calidad asistencial. Además de
provocar problemas de salud pública que se pueden extender a toda la
población.
En definitiva un modelo sanitario que disminuye prestaciones
sanitarias, hace pagar por otras y expulsa a la ciudadanía más
vulnerable del mismo termina provocando muertes. Las cuales podrían ser
perfectamente evitables. Por lo tanto un modelo sanitario como el que
diseña este RD 16/2012 es un modelo inhumano, xenófobo, que no garantiza
el derecho a la salud de toda la población y que aumentará la
morbimortalidad.
Estrategías y alternativas
Estamos inmersos en una crisis global que no tiene precedentes.
Aunque echemos mano de comparaciones y estudios sobre anteriores crisis
no parece que la actual guarde muchas similitudes. Por ello las
estrategias que tendremos que poner en marcha, para que la salida de la
misma no recaiga, como hasta ahora, sobre la ciudadanía, tendrán que
adaptarse a esta nueva situación. A su vez habrán de ser reflexionadas,
debatidas y llevadas a cabo mediante nuevos métodos. Algo de esto hemos
podido aprender del surgimiento de la primavera árabe, o de los
indignados de todo el mundo, y, en nuestro caso, un buen ejemplo lo
constituye el movimiento del 15M, que ha abierto un camino en el que
estamos explorando otra forma de trabajar.
La historia reciente de los sindicatos mayoritarios de negociación y
pactos, falta de democracia interna y métodos burocráticos ha terminado
con su legitimidad. Por lo que es necesario impulsar la autoorganización
de trabajadoras y trabajadores, propiciando la toma de conciencia y,
mediante la participación democrática, la toma de decisiones.
Paralelamente tendremos que animar la organización de una ciudadanía
indignada por el deterioro de las condiciones de vida que sufre.
Frente a la negociación y pactos, a los que nos tenían acostumbrados
los sindicatos mayoritarios. Frente a las connivencias de la mayoría de
la izquierda institucional, debemos avanzar hacia movilizaciones masivas
y continuas haciendo confluir a todos los sectores en lucha. Es
necesaria la unidad de acción para no quedarnos en movilizaciones
simbólicas sin repercusión real que solo desgastan, y unos objetivos
claros debatidos y consensuados democráticamente. Pues tenemos que ser
conscientes que esta batalla no se puede ganar solamente por la
movilización de los sectores más concienciados. En esta lucha
necesitamos a la mayoría de la ciudadanía para conseguir una mejor
correlación de fuerzas de la que actualmente tenemos. Tratando de unir
fuerzas para conseguir emplazar unas veces a los grandes, igual que en
ocasiones a los más sectarios. Y también tendremos que tener presente
que las luchas han de traspasar las fronteras de los países de la UE.
La estrategia en defensa de unos servicios públicos de sanidad tiene
que enmarcarse en un discurso global que articule los objetivos a largo
plazo con las reivindicaciones más sentidas por las personas. Pues es
necesario comprender que la ofensiva y el desmantelamiento de los
servicios públicos se enmarcan en las políticas de austeridad– ataque a
los salarios, la jornada laboral, las pensiones, las libertades y la
propia democracia – impulsadas por la troika y aplicadas por los
gobiernos de la UE. Esto coloca en primer plano la batalla ideológica,
pues todas estas políticas no son compatibles con la salud de los
pueblos.
Bien saben que para que tengan éxitos estas políticas han de derrotar
a la clase trabajadora y a sus organizaciones, como lo están intentando
con reformas laborales, agresiones a los sindicatos, al derecho a la
negociación colectiva, al derecho de huelga, al derecho a manifestarse,
etc. Pero la última palabra no está dicha.
En el terreno de la sanidad deberemos hacer propuestas para llegar a
tomar el control de los servicios públicos, teniendo en cuenta algunas
cuestiones básicas: el escaso impacto en salud de los sistemas
sanitarios, aunque en épocas de crisis como la actual cobre mayor
relevancia. Cómo la salud está condicionada mayoritariamente por los
determinantes sociales, la posición de clase y de género. Y la
importante medicalización de la vida cotidiana por la influencia de la
industria de biotecnología y farmacéutica.
Igualmente pensamos que deberían ser servicios descentralizados,
controlados por la ciudadanía en todas las fases de su diseño y
articulación, organización, planificación, gestión y atención sanitaria.
Con criterios de organización y planificación para mejorar
desigualdades en salud. La universalidad y la equidad en el acceso como
ejes. La exigencia de una financiación pública nos llevará a plantear
una reforma fiscal progresiva y la eliminación de los impuestos
indirectos para la financiación sanitaria. Y esto nos llevará a exigir
el no pago de la deuda, y la “nacionalización” de todo lo privatizado.
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