Las disparatadas ayudas públicas al sector bancario

Carlos Sánchez Mato. Attac Madrid

El proceso de reestructuración del sector bancario español cumple ya cinco largos años. La estrategia de los Gobiernos (de dos partidos distintos) ha tenido vergonzosas similitudes que han calado en gran parte de la población informada de manera casi exclusiva por los medios de comunicación de masas. El mensaje que se ha ido transmitiendo en cada uno de los hitos por los que ha pasado el salvamento de las entidades financieras es que el problema está limitado a una pequeña parte del sector y a una porción de los préstamos. En ningún caso, han declarado a todo aquel que les ha querido escuchar, se trata de problemas de solvencia.  Las turbulencias pasarán y el crédito volverá. La buena gestión que han demostrado las entidades bancarias de mayor tamaño y con una sólida implantación internacional cimentará la próxima y cercana recuperación económica. Para hacer frente a las necesidades de las pocas entidades (cajas de ahorros) gestionadas por el sector público, hemos tenido que hacer algunos sacrificios pero el quebranto ya está solucionado con un préstamo en ventajosas condiciones que nos ha concedido el Mecanismo Europeo de Estabilidad y que ha sido un 60% inferior a los 100 mil millones de euros que nuestros socios europeos habían puesto a nuestra disposición. Por supuesto, los ahorros de los ciudadanos están plenamente garantizados.

La explicación es radicalmente falsa y hoy la población lo intuye. La falaz historia ha ido acompañada de una necesaria e imprescindible desinformación: En ningún organismo público se informa de manera completa y global de las ayudas públicas puestas a disposición de las entidades bancarias y se utilizan todo tipo de artimañas para disminuir el importe de las mismas.

¿Por qué motivo?
Realmente es muy sencillo de comprender. El sector bancario es absolutamente dependiente de las ayudas públicas repartidas entre unas limitadas medidas de capitalización y las articuladas para facilitar la liquidez que suponen más de 275 mil millones de euros. A ese descomunal importe hay que añadir la financiación del Banco Central Europeo que eleva a más de 632 mil millones de euros el auxilio facilitado al sector. La responsabilidad para el Estado no se queda en la anterior cifra dado que, en aras a facilitar la financiación barata de las entidades bancarias, garantiza los depósitos de hasta 100 mil euros por titular sin disponer de fondo alguno para ello. Sería difícil de sostener por parte de las élites políticas y económicas que el rescate del sistema financiero ha precisado de 1,42 billones de euros de ayudas públicas hasta diciembre de 2012. Utilizar el 136% del PIB español o el equivalente a seis veces la recaudación impositiva anual de todas las Administraciones Públicas cuando se están pidiendo continuos sacrificios a los ciudadanos no es algo al alcance de nuestros dirigentes políticos.

 Sobre todo cuando el análisis de la situación demuestra que el rescate ha sido insuficiente porque solamente una pequeña parte de esas ayudas lo han sido en forma de capital (87.357 millones de euros) mientras que el resto (1,33 billones de euros) son medidas para paliar su falta de liquidez como préstamos, adquisición de activos, garantías y avales. Estos mecanismos no solucionarán sus problemas de solvencia.

El riesgo en el que ha incurrido el sector público explica aunque no justifica en modo alguno, las actuaciones políticas de protección y salvamento de todas y cada una de las entidades bancarias. El desequilibrio en el que se está incurriendo es brutal ya que los accionistas privados tienen comprometido un euro por cada diez que arriesga el Estado y, sin embargo, el Estado no tiene capacidad de decisión política en la mayoría de las entidades.

La superación de la actual situación requerirá inevitablemente la nacionalización de la práctica totalidad del sector financiero por la conversión de gran parte de las ayudas públicas ya desembolsadas en capital y el radical saneamiento de las pérdidas ocultas en los balances. O eso o tendremos que enfrentarnos a una quiebra de las finanzas públicas arrastradas de forma directa o indirecta por el sector financiero. Solo con control público permanente se podrá ejecutar la necesaria reducción y adecuación del sector bancario a un modelo de negocio enfocado a la economía real y a la vertebración de tejido productivo.

En el siguiente informe se pueden visualizar las ayudas públicas destinadas a sostener al insolvente sistema financiero español, siempre tomadas de fuentes oficiales.

http://matoeconomia.blogspot.es/img/aypub2012.pdf
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Carlos Sanchez Mato: ¿España no es Chipre?

Publicado en Economía para críticos e indignados

En la madrugada del sábado los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea acordaron proporcionar un préstamo de 10 mil millones de euros a Chipre para que el país rescate a su sistema bancario. A cambio, se obliga a este gobierno conservador a establecer un impuesto del 6,75% sobre los depósitos de hasta 100.000 euros y del 9,9% en los depósitos por encima de esa cantidad. Con esta medida, el estado chipriota recaudará 5.800 millones de euros. Para evitar la huida masiva de los depositantes, las entidades han retenido ya esa cantidad, y se han limitado las transferencias para impedir una retirada masiva de fondos.

En definitiva, el corralito en plena Unión Europea. El camino que se ha iniciado en Chipre no tiene vuelta atrás. Se ha cruzado una línea que era el único obstáculo que impedía en estos últimos años la quiebra del sistema bancario de la mayoría de los países europeos.

Según se han apresurado a declarar fuentes del Ministerio de Economía, el rescate que la Unión Europea ha realizado a Chipre y que incorpora por primera vez la realización de quitas a los ahorradores “no es extrapolable a ningún otro país”.  El argumento es que Chipre tiene un sector bancario sobredimensionado, una situación muy compleja y una profunda crisis inmobiliaria. La verdad es que no parecen argumentos muy tranquilizadores para los depositantes españoles…

Y no lo son porque el sistema bancario estaba y está en quiebra. El único motivo por el que los ciudadanos españoles no retiran de forma masiva sus ahorros de las insolventes entidades bancarias es la confianza en que el Estado protege sus depósitos hasta un importe de 100 mil euros por titular. Saben que el Fondo de Garantía de Depósitos no dispone de patrimonio para responder ni a la quiebra de una pequeña entidad como el Banco de Valencia por lo que su utilidad en caso de una crisis global como la actual es nula.

Si el Gobierno español adoptara una decisión similar, se recaudarían más de 148 mil millones de euros según las estimaciones que podemos realizar con los datos de depósitos de las entidades bancarias publicados en junio de 2012. De esa cantidad, más de 53 mil millones de euros corresponderían a los titulares de depósitos de importe inferior a los 100 mil euros. Desde el miope punto de vista del Gobierno puede ser muy tentador “meter la mano” en los ahorros de la ciudadanía para recapitalizar a bancos y cajas de ahorros. Sin embargo, esa actuación no conseguiría en ningún caso el objetivo perseguido. Los depósitos de la clientela suponen aproximadamente el 44% de la financiación de los activos del sistema bancario español. Con toda seguridad se produciría una contracción brutal de la confianza en la seguridad de los particulares y el efecto sería demoledor para las entidades.

Hasta ahora, mi opinión había sido que las élites en el poder no se atreverían a resolver la falta de capital de las entidades financieras expoliando a los depositantes por la enorme repercusión política que esas medidas supondrían. Sin embargo, no contaba con la torpeza de los reunidos esta semana en Bruselas. Solamente una nacionalización inmediata y permanente de todo el sector bancario puede salvar los ahorros de los europeos pero no parece que esto forme parte de la agenda de la Comisión Europea.

El plan diseñado para Chipre es una experiencia piloto y las consecuencias de esa actuación serán analizadas con todo detalle por los jefes de Estado y de Gobierno de los países pertenecientes a la Unión Europea. Si logran atajar las consecuencias de esta decisión, es decir, si no se produce una huida desesperada de los depositantes (no solamente de los chipriotas) y una protesta social equivalente a la magnitud de la tropelía, actuarán de igual forma en la siguiente fase del rescate bancario que tendrá lugar en los próximos años en los países del Sur de Europa.
La parte positiva es que, por fin, se producirá el estallido social.

El reino de España sangra a su población para salvar sus bancos privados 24 de agosto por Jérome Duval

Bankia, caso emblemático de la crisis bancaria española

El rescate de BFA-Bankia, via nacionalización de sus pérdidas y activos tóxicos, seguido de una demanda histórica de ayuda publica de 19.000 millones de euros (23.500 millones en total con las ayudas ya recibidas), ha precipitado a España en una histeria política, cuyo pulso es batido por la tensión financiera de los plazos que marcan los acreedores. El anuncio del gobierno de Rajoy el pasado 9 de junio de 2012 de un plan de rescate,- que antes había rechazado-, de hasta 100.000 millones de euros (entorno al 10% del PIB), destinado a sanear el conjunto del sector financiero español, puso a los mercados y las instituciones financieras internacionales bajo tensión. Las reuniones del eurogrupo, del G-20 o las videoconferencias, se suceden desde Roma, Washington, París o Bruselas sin lograr calmar el furor de los especuladores, embravecidos en el mercado de deuda. Durante ese tiempo, la ciudadanía sufre nuevas medidas antisociales, hundiéndola en una precariedad cada vez más extrema.

En el meollo de esta crisis está BFA-Bankia, cuarto banco del país en términos de capitalización bursátil, con 10 millones de clientes y alrededor de 380.000 accionistas. Bankia representa el 10% del sistema financiero español. Sin duda es el banco más expuesto a los créditos inmobiliarios de alto riesgo, por lo que está considerado como un banco “sistémico”: su quiebra podría arrastrar al conjunto del sector bancario y seguidamente, a toda la economía del país. Bankia, o más exactamente BFA-Bankia, nació a finales de 2010 y es el fruto de un inteligente conglomerado que permite aislar los activos inmobiliarios problemáticos de las siete cajas de ahorros reagrupadas en el seno de su matriz BFA (Banco Financiero y de Ahorros). Ésta, ayudada por el Estado, opera como el “banco malo” de Bankia. El Estado avala la montaña de activos inmobiliarios dudosos reunidos en BFA mientras que su filial Bankia, desembarazada de tan pesada carga, intenta atraer capital de pequeños inversores para su salida a bolsa. El objetivo está claro: transferir los riesgos resultantes de la burbuja inmobiliaria, del sector privado al público. Contribuyentes, clientela perjudicada y pequeño accionariado en riesgo a causa de las recomendaciones irresponsables de la banca, quedarán directamente afectados; pero aún más ampliamente, la población española en su conjunto sufrirá de nuevo el lastre de una deuda privada devenida pública. Se trata de nuevo de una excelente oportunidad para los banqueros,-responsables de inversiones de alto riesgo que han desembocado en pérdidas astronómicas-, de salvar sus apuestas indecentes.

Mas infroamcion Comite para la Anulacion Deuda Tercer Mundo CADTM

Publicado en el periódico Diagonal