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Taller formativo: Auditoria ciudadana de la deuda muncipal



Dentro las actividades programadas en las Jornadas formativas de Attac Castilla y León que se desarrollarán en el Albergue Rural "La Ribera" en Huerta (Salamanca) se realizará un Taller formativo sobre Auditoria Ciudadana de la Deuda Municipal impartido por Carlos Sánchez Mato, miembro de Attac y actual concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, elegido en la candidatura Ahora Madrid.

Tendrá lugar en las instalaciones del Albergue el domingo 5 de julio a las once de la mañana.


La ilegitimidad del rescate bancario y sus efectos sobre el sobreendeudamiento

Carlos Sánchez Mato
Economista
Plataforma por la Nacionalización de las cajas de ahorro y por una banca pública




La deuda pública se ha disparado en los últimos cinco años desde el estallido de la crisis. En ese crecimiento desaforado de la deuda pública tiene indudable protagonismo la concesión de ingentes ayudas económicas al sector bancario para su rescate. Si en algo han estado de acuerdo el anterior y el actual gobierno ha sido en salvar a las entidades financieras con el dinero de todos.

Demagogia, dirán algunos, pero los datos oficiales no dejan lugar a dudas. Del total de ayudas públicas recibidas por el sector financiero, 64.262 millones de euros han pasado a engrosar las obligaciones que el Estado tendrá que devolver en los próximos años, causando un impacto directo en el sobreendeudamiento de las Administraciones Públicas.  

Pero siendo considerable el impacto directo en la deuda pública de las políticas llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos para salvar a las entidades bancarias, no es éste ni el único efecto ni el más cuantioso sobre el pasivo de las Administraciones Públicas. Es indispensable registrar la existencia de los pasivos contingentes que el propio Banco de España considera como riesgos asociados a las garantías prestadas por las Administraciones Públicas:

·         En primer lugar hay que considerar el impacto indirecto en la deuda pública que causan los avales a emisiones de deuda realizada por entidades bancarias y el SAREB y los préstamos que las entidades bancarias han contraído con el Banco Central Europeo de los que responde en última instancia el Banco de España.  El impacto indirecto del rescate bancario en la deuda pública ascendía a finales de 2012 a 472.185 millones de euros[1]. Hay que destacar que este rubro no está contabilizado como deuda pública dada su consideración de “riesgo indirecto”, es decir, que no es el Estado el que debe responder en primera instancia de esa deuda, salvo si las entidades obligadas no son capaces de hacer frente a esos compromisos La deuda garantizada se registra en el pasivo del agente que recibe la garantía (es decir, de las entidades bancarias). No obstante, estas garantías suponen unos pasivos contingentes para las finanzas públicas, de modo que, si la garantía fuese ejecutada total o parcialmente, las Administraciones Públicas asumirían la totalidad de la deuda y se incrementaría el déficit y la deuda de las Administraciones Públicas[2].

·         Además del impacto indirecto, para evaluar de forma adecuada los riesgos asumidos por el Estado en el proceso de rescate bancario, hay que incorporar el efecto oculto que suponen el aval implícito que el Estado está otorgando a los depósitos bancarios de hasta 100.000 euros por titular y los esquemas de protección de activos que aseguran las pérdidas futuras sobre la cartera de créditos de entidades nacionalizadas y que posteriormente han sido privatizadas.  Eso supone añadir 823.362 millones de euros al riesgo soportado por el Estado que, como en el caso de las anteriores garantías, tampoco están contabilizados como deuda pública y además no figuran estadísticamente ni siquiera como riesgo indirecto[3].El propio Banco de España en su Boletín Económico de Julio-Agosto de 2013 señala que “además de los avales y garantías concedidos por las Administraciones Públicas sobre los pasivos que contraen otros sectores, existen otros tipos de pasivos contingentes de diferente naturaleza o con un valor de riesgo asociado de difícil medición, entre los que destacan los compromisos de pago en el futuro de los gastos en pensiones y las garantías a los depositantes hasta los límites establecidos en las entidades de crédito que participan en el Fondo de Garantía de Depósitos, unidad que desde el 1 de enero de 2012 forma parte del sector de las Administraciones Públicas”. 


En definitiva, las políticas gubernamentales articuladas para rescatar al sector bancario han comprometido gravemente la solvencia de las Administraciones Públicas ya que, al incremento de deuda pública imputable de forma directa a su salvamento, hay que añadir el impacto potencial en forma de garantías y avales prestadas al sector que, aunque no figuren como deuda pública, supondrían un lastre insostenible para el Estado si se produjera una quiebra de las entidades bancarias.  Que le pregunten a muchas familias desahuciadas si un aval puede llegar a ser un problema.


Los daños causados por la ilegitimidad de este rescate únicamente pueden ser subsanados con la nacionalización de la práctica totalidad del sector financiero por la conversión de las ayudas públicas ya desembolsadas en capital.  Pero de nada serviría esa medida si únicamente se plantease de forma temporal. La gestión y la administración de los ahorros de la sociedad son demasiado sensibles y vitales como para dejarlas en manos privadas. No es admisible la opción a la que parecemos abocados en el presente: que el Estado sanee las entidades bancarias con fondos que detrae de las partidas presupuestarias destinadas al gasto social para regalárselas a continuación a los mismos que las han llevado a la ruina.


La Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda ha publicado un informe en el que analiza la ilegitimidad que suponen los rescates bancarios y propone alternativas para que no recaiga sobre el conjunto de la población, la quiebra del sistema financiero.




[1] Las ayudas públicas al sector bancario. Sánchez Mato C. 2013.
[2] La evolución de la deuda pública en España desde el inicio de la crisis. Boletín Económico Julio 2013 Banco de España.
[3] Las ayudas públicas al sector bancario. Sánchez Mato C. 2013.

Las disparatadas ayudas públicas al sector bancario

Carlos Sánchez Mato. Attac Madrid


El proceso de reestructuración del sector bancario español cumple ya cinco largos años. La estrategia de los Gobiernos (de dos partidos distintos) ha tenido vergonzosas similitudes que han calado en gran parte de la población informada de manera casi exclusiva por los medios de comunicación de masas. El mensaje que se ha ido transmitiendo en cada uno de los hitos por los que ha pasado el salvamento de las entidades financieras es que el problema está limitado a una pequeña parte del sector y a una porción de los préstamos. En ningún caso, han declarado a todo aquel que les ha querido escuchar, se trata de problemas de solvencia.  Las turbulencias pasarán y el crédito volverá. La buena gestión que han demostrado las entidades bancarias de mayor tamaño y con una sólida implantación internacional cimentará la próxima y cercana recuperación económica. Para hacer frente a las necesidades de las pocas entidades (cajas de ahorros) gestionadas por el sector público, hemos tenido que hacer algunos sacrificios pero el quebranto ya está solucionado con un préstamo en ventajosas condiciones que nos ha concedido el Mecanismo Europeo de Estabilidad y que ha sido un 60% inferior a los 100 mil millones de euros que nuestros socios europeos habían puesto a nuestra disposición. Por supuesto, los ahorros de los ciudadanos están plenamente garantizados.

La explicación es radicalmente falsa y hoy la población lo intuye. La falaz historia ha ido acompañada de una necesaria e imprescindible desinformación: En ningún organismo público se informa de manera completa y global de las ayudas públicas puestas a disposición de las entidades bancarias y se utilizan todo tipo de artimañas para disminuir el importe de las mismas.

¿Por qué motivo?
Realmente es muy sencillo de comprender. El sector bancario es absolutamente dependiente de las ayudas públicas repartidas entre unas limitadas medidas de capitalización y las articuladas para facilitar la liquidez que suponen más de 275 mil millones de euros. A ese descomunal importe hay que añadir la financiación del Banco Central Europeo que eleva a más de 632 mil millones de euros el auxilio facilitado al sector. La responsabilidad para el Estado no se queda en la anterior cifra dado que, en aras a facilitar la financiación barata de las entidades bancarias, garantiza los depósitos de hasta 100 mil euros por titular sin disponer de fondo alguno para ello. Sería difícil de sostener por parte de las élites políticas y económicas que el rescate del sistema financiero ha precisado de 1,42 billones de euros de ayudas públicas hasta diciembre de 2012. Utilizar el 136% del PIB español o el equivalente a seis veces la recaudación impositiva anual de todas las Administraciones Públicas cuando se están pidiendo continuos sacrificios a los ciudadanos no es algo al alcance de nuestros dirigentes políticos.

 Sobre todo cuando el análisis de la situación demuestra que el rescate ha sido insuficiente porque solamente una pequeña parte de esas ayudas lo han sido en forma de capital (87.357 millones de euros) mientras que el resto (1,33 billones de euros) son medidas para paliar su falta de liquidez como préstamos, adquisición de activos, garantías y avales. Estos mecanismos no solucionarán sus problemas de solvencia.

El riesgo en el que ha incurrido el sector público explica aunque no justifica en modo alguno, las actuaciones políticas de protección y salvamento de todas y cada una de las entidades bancarias. El desequilibrio en el que se está incurriendo es brutal ya que los accionistas privados tienen comprometido un euro por cada diez que arriesga el Estado y, sin embargo, el Estado no tiene capacidad de decisión política en la mayoría de las entidades.

La superación de la actual situación requerirá inevitablemente la nacionalización de la práctica totalidad del sector financiero por la conversión de gran parte de las ayudas públicas ya desembolsadas en capital y el radical saneamiento de las pérdidas ocultas en los balances. O eso o tendremos que enfrentarnos a una quiebra de las finanzas públicas arrastradas de forma directa o indirecta por el sector financiero. Solo con control público permanente se podrá ejecutar la necesaria reducción y adecuación del sector bancario a un modelo de negocio enfocado a la economía real y a la vertebración de tejido productivo.

En el siguiente informe se pueden visualizar las ayudas públicas destinadas a sostener al insolvente sistema financiero español, siempre tomadas de fuentes oficiales.

http://matoeconomia.blogspot.es/img/aypub2012.pdf
http://matoeconomia.blogspot.es

ATTAC CyL  no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Carlos Sanchez Mato: ¿España no es Chipre?

Publicado en Economía para críticos e indignados


En la madrugada del sábado los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea acordaron proporcionar un préstamo de 10 mil millones de euros a Chipre para que el país rescate a su sistema bancario. A cambio, se obliga a este gobierno conservador a establecer un impuesto del 6,75% sobre los depósitos de hasta 100.000 euros y del 9,9% en los depósitos por encima de esa cantidad. Con esta medida, el estado chipriota recaudará 5.800 millones de euros. Para evitar la huida masiva de los depositantes, las entidades han retenido ya esa cantidad, y se han limitado las transferencias para impedir una retirada masiva de fondos.

En definitiva, el corralito en plena Unión Europea. El camino que se ha iniciado en Chipre no tiene vuelta atrás. Se ha cruzado una línea que era el único obstáculo que impedía en estos últimos años la quiebra del sistema bancario de la mayoría de los países europeos.

Según se han apresurado a declarar fuentes del Ministerio de Economía, el rescate que la Unión Europea ha realizado a Chipre y que incorpora por primera vez la realización de quitas a los ahorradores “no es extrapolable a ningún otro país”.  El argumento es que Chipre tiene un sector bancario sobredimensionado, una situación muy compleja y una profunda crisis inmobiliaria. La verdad es que no parecen argumentos muy tranquilizadores para los depositantes españoles…

Y no lo son porque el sistema bancario estaba y está en quiebra. El único motivo por el que los ciudadanos españoles no retiran de forma masiva sus ahorros de las insolventes entidades bancarias es la confianza en que el Estado protege sus depósitos hasta un importe de 100 mil euros por titular. Saben que el Fondo de Garantía de Depósitos no dispone de patrimonio para responder ni a la quiebra de una pequeña entidad como el Banco de Valencia por lo que su utilidad en caso de una crisis global como la actual es nula.

Si el Gobierno español adoptara una decisión similar, se recaudarían más de 148 mil millones de euros según las estimaciones que podemos realizar con los datos de depósitos de las entidades bancarias publicados en junio de 2012. De esa cantidad, más de 53 mil millones de euros corresponderían a los titulares de depósitos de importe inferior a los 100 mil euros. Desde el miope punto de vista del Gobierno puede ser muy tentador “meter la mano” en los ahorros de la ciudadanía para recapitalizar a bancos y cajas de ahorros. Sin embargo, esa actuación no conseguiría en ningún caso el objetivo perseguido. Los depósitos de la clientela suponen aproximadamente el 44% de la financiación de los activos del sistema bancario español. Con toda seguridad se produciría una contracción brutal de la confianza en la seguridad de los particulares y el efecto sería demoledor para las entidades.

Hasta ahora, mi opinión había sido que las élites en el poder no se atreverían a resolver la falta de capital de las entidades financieras expoliando a los depositantes por la enorme repercusión política que esas medidas supondrían. Sin embargo, no contaba con la torpeza de los reunidos esta semana en Bruselas. Solamente una nacionalización inmediata y permanente de todo el sector bancario puede salvar los ahorros de los europeos pero no parece que esto forme parte de la agenda de la Comisión Europea.

El plan diseñado para Chipre es una experiencia piloto y las consecuencias de esa actuación serán analizadas con todo detalle por los jefes de Estado y de Gobierno de los países pertenecientes a la Unión Europea. Si logran atajar las consecuencias de esta decisión, es decir, si no se produce una huida desesperada de los depositantes (no solamente de los chipriotas) y una protesta social equivalente a la magnitud de la tropelía, actuarán de igual forma en la siguiente fase del rescate bancario que tendrá lugar en los próximos años en los países del Sur de Europa.
La parte positiva es que, por fin, se producirá el estallido social.

Videos de últimoCero: Presentación de ATTACyL en Palencia

Con motivo de la presentación de ATTAC Castilla y León en Palencia, ultimoCero.com ha realizado dos videos que incluimos a continuación. En el primero de ellos, nuestro vicepresidente Luis Domínguez explica qué es ATTAC. En el segundo, los ponentes Daniel Vila y Carlos Sánchez responden a diversas cuestiones relacionadas con sus intervenciones en el acto.
Crónica de ultimoCero.com