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Pobreza, desigualdad y tratados de libre comercio



Desde que los profetas del neoliberalismo comenzaron a difundir aquello de menos estado y más privado y desembarcaron en las dictaduras latinoamericanas de Pinochet y Videla para ponerlo en práctica, la destrucción de los derechos de la mayoría progresó  sin cesar, y se incrementó cuando la señora Thacher proclamó su famoso TINA “There is no alternative”. Esta ausencia de alternativas les hizo crecerse con la caída del muro de Berlín, y en los últimos años, aprovechando una crisis creada por la especulación financiera sin límites y el mal llamado “libre mercado”, nos han impuesto austeridad y privatizaciones para pagar su fracaso  y de paso enriquecerse aún más.
Actualmente la estrategia es muy sencilla, crear tratados de comercio a inversión que regulen todo a favor de las multinacionales y los inversores. Su derecho a obtener beneficios quedará plasmado en unos acuerdos supranacionales, que además generarán unos mecanismos controladores y sancionadores de las normas emitidas por los gobiernos democráticamente elegidos, de tal forma que la moneda siempre caiga del lado del capitalista.
Es una estrategia global que se viene incrementando desde que a finales de los años noventa fracasó el AMI – Acuerdo Multilateral de Inversión- y supone que en los últimos años se hayan firmado más de tres mil tratados bilaterales de comercio e inversión. Unos 1200 entre países de la Unión Europea con terceros países.
Desde que se firmó el tratado de Lisboa en 2005, la  Comisión Europea es la encargada de negociar los acuerdos comerciales, y solo en caso de que algunos aspectos del tratado sea de incumbencia cada uno de los estados, la ratificación del mismo corresponde solo al Parlamento Europeo.
En estos momentos la Unión Europea está pendiente de la ratificación  del  CETA con Canadá, y en proceso de negociación del TTIP con Estados Unidos, TISA con EEUU y otros 21 países, AAE con países de África y pequeñas islas del Pacífico; y tiene mandatos de negociación con Singapur, India, Japón, Marruecos, Tailandia, Vietnam y China.
Nuevo modelo económico
La capacidad de crecimiento del capital está muy limitada en los últimos tiempos, y por eso su estrategia va encaminada a la desposesión de los recursos de los ciudadanos. Las medidas de austeridad con rebaja de salarios, precarización en el empleo y apropiación de los servicios públicos son unas medidas que desgraciadamente ya nos resultan clásicas. Ahora, la antigua pretensión neoliberal de más privado y menos Estado se ve contradecida por la necesitan unos estados fuertes, ya que con los mal llamados tratados de libre comercio lo que pretenden es que los estados, de una forma u otra, garanticen sus beneficios mediante el Consejo de Cooperación Reguladora, que da voz a los representantes de la multinacionales para que puedan adaptar las leyes de los gobiernos a las necesidades del comercio, y a  las de los inversores; y el Mecanismo de Resolución de Conflictos Inversor-Estado o el Sistema de Corte internacional, tribunales arbitrales o de jueces donde los inversores pueden demandar a los estados millonarias indemnizaciones en el momento que un parlamento, comunidad autónoma o municipio promulgue una ley en defensa de los intereses de la mayoría pero que limita la aspiraciones de ganancias de los inversores.
Y por supuesto necesitan un estado represor, que limite la capacidad de los ciudadanos para oponerse a sus injustas políticas, de ahí leyes como la llamada “ley mordaza”.
Este otoño nos movemos contra el CETA.
El CETA es el tratado económico y comercial global con Canadá, que se terminó de negociar en septiembre de 2014, y que va a escenificar su firma en la última quincena de octubre con la presencia del presidente de Canadá en Bruselas.
El CETA, al igual que el TTIP, supone una gran amenaza a los derechos de las personas tanto como trabajadores, ya que subordina estos derechos a los interese del comercio, como consumidores ya que tendrá un impacto importante en la producción de alimento y sus consecuencias en una dieta más insana, o como simples ciudadanos y ciudadanas como actores democráticos, ya que suponen una amenaza a las decisiones democráticas de sus representantes elegidos.
¿Cómo afectará el CETA a las personas?
Debemos ir al origen de nuestra alimentación, la mayoría de las explotaciones agrícolas europeas son en su mayoría granjas familiares, con una ganadería extensiva que no solo nos garantiza una alimentación de calidad sino que también ayudan a la conservación ecológica de la vida rural y el paisaje. Estas pequeñas granjas serán remplazadas por explotaciones industriales. En Canadá, a partir del NAFTA, se perdieron muchas explotaciones familiares – de 366.128 in 1970 to 204.730 in 2011, y ahora la mayoría del ganado bovino, porcino o aviar se concentran en grandes explotaciones agroindustriales, más invasivas ecológicamente y con menos mano de obra. Esto es previsible que ocurra también en la agricultura europea si se aprueba el CETA, con la consiguiente desaparición de puestos de trabajo en el medio rural, empobrecimiento en algunas zonas y desigualdad.
¿Cómo va a ser nuestra alimentación a partir de la aprobación del CETA?
Los productos alimenticios generados en las granjas industriales canadienses, cultivados con pesticidas y herbicidas, en muchos casos  prohibidos en Europa, con un menor coste invadirán nuestras tiendas de alimentación, y en la maltrecha cesta de la compra del precariado europeo acabarán cogiendo más espacio que los productos europeos más caros pero más seguros sanitariamente. Hay que recordar que el CETA no tiene ningún estudio de impacto, pero si hacemos caso al estudio hecho para el TTIP por la comisión europea, los cambios en la alimentación pueden suponer un aumento de problemas de salud vinculados con la dieta como diabetes, obesidad o problemas cardiacos.

Canadá, al igual que Estados Unidos, no tiene el principio de precaución, que obliga a un productor a demostrar que su producto es inocuo previo a su comercialización. En la UE este método hace que cuando existe cualquier sombra sobre la posible toxicidad de un producto, éste sea retirado del mercado. En Canadá al igual que en EE.UU. son los ciudadanos y el Estado quienes tienen que demostrar, una vez que el producto está en el mercado, que éste es dañino, lo que supone un riesgo para la salud de muchas personas. 

Esto ha permitido que en los mercados norteamericanos, canadienses y estadounidenses se venda carne de reses inyectada con Raptopamina, un estimulante del crecimiento que está prohibida en 160 países, incluidos los de la UE, por su posible impacto en la salud humana. También en Canadá se comercializan muchos productos transgénicos, sin la correspondiente obligación de etiquetarlos, y pueden llegar al mercado europeo palomitas, leche de soja, manzanas e incluso salmón modificados genéticamente, que además de no estar demostrada su inocuidad generan una dependencia económica de las patentes, así como un ataque a la biodiversidad nocivo para el planeta.
Por eso podemos concluir que el CETA, al igual que el TTIP, es una tratado insano, ya que va a permitir la comercialización de productos sin las suficientes garantías sanitarias, y a esto tenemos que unir el hecho de que con el CETA se ahonda en la privatización de los servicios públicos, y la sanidad, la educación, el agua etc. pasan a formar parte de los derechos de los empresarios al lucro, en vez del derecho de la ciudadanía a su protección. Además de contener clausulas que limitan la posibilidad de recuperación para la gestión pública de cualquier servicio anteriormente privatizado.
El texto del CETA también habla de derechos laborales, reconoce el derecho de los Estados a legislar en este sentido, y acepta las normativas laborales nacionales siempre y cuando estas no entren en contradicción con las necesidades del comercio.
Por lo tanto la ley de mercado y el comercio queda consagrada como un derecho superior a todos los demás, al que nos debemos plegar a cambio de un supuesto crecimiento económico, que como los mismos estudios de impacto del TTIP (encargados por la Comisión Europea para demostrar sus beneficios) indican no afectará a todos por igual: La agricultura se verá afectada por el cambio de modelo, en especial los productores de carne; algunas denominaciones de origen, como por ejemplo la torta del casar, el jamón de Trevélez, el queso de Cabrales etc., se verán afectadas económicamente.
Los estudios hablan de que aunque surgirán nuevos sectores económicos la desaparición de algunos sectores industriales será inevitable al entrar nuevos elementos en competencia. Esto son números intercambiables para los promotores de los tratados, pero todos sabemos que al final son personas sin trabajo con sus vidas rotas, y más pobreza y desigualdad.
Otoño de Resistencia

Este otoño a lo largo de los cinco continentes van a repetirse movilizaciones contra los tratados del mal llamado libre comercio e inversión.  Porque la imposición de la ley del mercado es una dictadura del capital que pone en cuestión leyes promulgadas democráticamente, simplemente por sus ambiciones de lucro, y amenazan la pervivencia del planeta, generando más pobreza y desigualdad entre la personas. 

Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica



La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. La desigualdad económica crece en la mayoría de los países, el secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites son demasiado a menudo interdependientes y los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites económicas en detrimento de la ciudadanía de a pie.

El Foro Económico Mundial considera que esta desigualdad supone un grave riesgo para el progreso de la humanidad y es el momento de tomar medidas para revertir esta situación.

Acción contra la Pobreza Energética - 23 de Octubre - 20:00 - Plaza Mayor de Salamanca

Convocamos a quienes queráis sumaros a la lucha contra la #PobrezaEnergética a la acción que tendrá lugar el día 23 de octubre a las 20.00 h. en la Plaza Mayor de Salamanca donde, arropados con mantas y llevando velas, informaremos sobre los motivos de esta acción.
¿Por qué nos movilizamos?
- Porque mientras el nivel adquisitivo de la mayoría de la población no ha dejado de bajar en los últimos años, los recibos de la luz y del gas no han dejado de subir: en electricidad se paga actualmente un 80% más de lo que se pagaban hace 10 años por el mismo consumo.
- Porque los deficientes sistemas de calefacción y aislamiento de numerosas viviendas, añadidos a estas subidas, hacen que 2 millones de familias se encuentren en situación de pobreza energética, es decir no puedan cubrir sus necesidades domésticas de energía.
- Porque la reforma energética que propone el gobierno va contra los intereses de la ciudadanía, es insolidaria y no resuelve los 2 principales problemas del modelo energético español:
o La dependencia energética del exterior: basada en la importación de combustibles fósiles y uranio:
Con precios cada vez más altos
Con impactos ambientales inasumibles
o El control de la política energética por parte de un oligopolio empresarial
¿Qué queremos?
Un cambio en la actual política energética hacia un modelo más justo, sostenible y soberano.
Así, exigimos:
- Una política energética que responda a los intereses de la sociedad, estableciendo mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones, fomento del empleo local y soberanía energética
- Un nuevo modelo energético más solidario, que no permita cortar el suministro energético a hospitales y colegios por impago. La energía es un servicio básico, que, como el acceso al agua, ha de superponerse a los intereses empresariales.
- Un modelo energético sostenible, que aproveche las fuentes de energía renovables y fomente el ahorro y la eficiencia energética.
- El fomento de la independencia energética, favoreciendo el autoconsumo en vez de penalizarlo.
Esta acción está convocada por: Plataforma por un nuevo modelo energético

Para más información:
www.nuevomodeloenergetico.org
px1nme.salamanca@gmail.com

Análisis y Perspectivas 2013: Desigualdad y Derechos Sociales


La Fundación FOESSA presenta  el informe anual de la Fundación FOESSA, que sale a la luz bajo el título “Análisis y Perspectivas 2013: Desigualdad y Derechos Sociales”.

CLIC AQUÍ  PARA DESCARGAR INFORME
El primer capítulo de la publicación recoge, bajo el rótulo “ANALIZAMOS”, un análisis detallado de los distintos indicadores sociales disponibles sobre Renta y Desigualdad, Empleo, Pobreza y Privación, y Derechos sociales.

En la segunda parte y dentro del epígrafe “PROFUNDIZAMOS”, el informe aborda de forma monográfica estas tres temáticas: “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la agenda del desarrollo post 2015”, “Europa 2020: perder el tren para el crecimiento inclusivo” y “El impacto de las políticas de ajuste en la cohesión social en España”.

La última parte, titulada “DEBATIMOS”, incluye una serie de cuestiones que están ahora mismo en la primera línea del debate social, como son “La última reforma laboral: más flexibilidad menos seguridad”, “La permanencia en el euro y su coste social” y “¿Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades?”.

La que ahora se presenta es la segunda de una serie de publicaciones anuales de la Fundación FOESSA iniciada el año pasado ante la necesidad de analizar, de forma continuada y con la participación de reconocidos expertos, los diversos problemas y situaciones que se están planteando en una sociedad sujeta a un proceso cada vez más acelerado de cambios sociales.

Como explica Rafael del Río, presidente de Cáritas Española y de FOESSA, en la introducción del informe “la función protectora del Estado de Bienestar se está debilitando, y con ella se está fijando en nuestra estructura social una progresiva diferenciación ciudadana en el acceso a los derechos básicos”. De ahí la alerta que lanza: “El futuro, si no sucede una urgente reversión, estará marcado por esta tendencia”.

Trabajadores pobres y empobrecimiento en España

Trabajadores pobres y empobrecimiento en España

Trabajo realizado por Jorge Aragón, Jesús Cruces, Luís de la Fuente, Alicia Martínez, Amaia Otaegui y Elvira S. Llopis que se publica dentro de la colección Estudios, en su número 56, en el que se analiza  la agudización de la pobreza que está produciendo la crisis económica y en el que el acceso al empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza. [DESCARGAR PDF]


Las políticas de recortes están intensificando y extendiendo la pobreza en España hasta alcanzar al 27 por ciento de la población. El acceso al empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza. La precarización de las condiciones de trabajo, los procesos de desprotección en el mercado de trabajo y el debilitamiento de los recursos sociales del Estado de Bienestar están provocando un empobrecimiento creciente de la población trabajadora.
En España las erróneas medidas tomadas, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista de la  reducción de los marcos de protección social y la contracción de los servicios públicos, están contribuyendo a que el fenómeno de los trabajadores pobres se haya incrementado de una manera tan acusada.
Una parte importante de las consecuencias del empobrecimiento de la población es irreversible: la malnutrición infantil, la insalubridad de las condiciones de vida, la reducción de la atención y cuidado de la salud, la atención descualificada de las personas en situación de dependencia, la deprivación cultural, son sólo algunas de ellas.
En España, el fuerte crecimiento económico de los últimos años no ha sido capaz de reducir las tasas de pobreza por debajo de la media europea, y ha configurado un mercado de trabajo,  un modelo productivo y un modelo social muy vulnerables a los cambios de ciclo y que ha saltado hecho añicos al estallar la crisis. 
La crisis económica ha agudizado la pobreza de las personas con empleo, con diferente impacto en función de las desigualdades laborales previamente existentes. Como consecuencia de la crisis (y amparándose en ésta), se está produciendo una fuerte presión a la baja de las condiciones laborales de la población trabajadora. La fuerte precariedad del empleo, que sigue siendo una característica del mercado de trabajo en España, la reducción de los salarios o la prolongación de la jornada de trabajo son algunos de los elementos que ponen de relieve esta tendencia.
La reforma laboral decretada recientemente supone un fuerte recorte de derechos laborales y sociales. Se configura así, un nuevo marco de derecho laboral que permite ahondar en el riesgo de pobreza de los trabajadores y las trabajadoras, sobreendeudados en un contexto de alza de los precios de los productos más básicos.
El empobrecimiento de los trabajadores no es homogéneo. El trabajo por cuenta ajena, la temporalidad, la inestabilidad y la parcialidad son condiciones laborales que se encuentran asociadas a mayor nivel de riesgo de pobreza.
La calidad de los servicios públicos y el desmantelamiento del Estado del Bienestar inciden negativamente en la situación de pobreza de los trabajadores y trabajadoras. Las diversas medidas que se están llevando a cabo en los últimos años están suponiendo pasos firmes hacia el desmantelamiento del sector público, y la mercantilización total o parcial de gran parte de los servicios asociados a él, lo que los hará inaccesibles para los grupos sociales más vulnerables, profundizando así en la situación de riesgo de pobreza.
Los diferentes recortes implicarán la vuelta de las mujeres a las labores de cuidado en el hogar. El coste de oportunidad de participar en un mercado de trabajo especialmente precarizado para ellas, la supresión de la educación infantil pública así como las becas de comedor,  los recortes en la atención a la dependencia, el incremento de la carga de trabajo reproductivo para compensar los bajos ingresos salariales, apuntan a ello.
Los problemas económicos de los hogares pueden agudizar el problema demográfico en España. Las dificultades de las familias hacen preveer un descenso aún más marcado de la natalidad, y con ello un envejecimiento creciente de la población en España, lo que puede dificultar la sostenibilidad económica de la protección social de jubilación.
El aumento de las tasas en la educación superior sienta las bases de un sistema educativo elitista y semiprivatizado; estas barreras económicas para el acceso a la educación de calidad tienen importantes consecuencias para los hogares y el futuro del país.
El aumento de las situaciones de pobreza y exclusión social implica un incremento de la demanda de servicios sociales, que sin embargo, se están viendo seriamente afectados por los recortes. La sanidad, la educación, la atención a la dependencia, pilares básicos del Estado de Bienestar, ya ha sufrido importantes recortes que afectan directamente a las condiciones de vida y trabajo de las personas, aseguran la igualdad de oportunidades y son los principales garantes de la cohesión social.
Las pensiones y las prestaciones por desempleo han supuesto en España una de las claves para contener las situaciones de pobreza. Los límites para el acceso a los derechos de cobertura por desempleo así como el incremento del gasto familiar por prestaciones sociales ya no cubiertas (en materia educativa o sanitaria) merman la capacidad de supervivencia de las más de 5,5 millones de personas en situación de desempleo y de los 475 mil hogares con todos sus miembros en paro. A esta dramática situación se suma la previsión de importantes recortes tanto en la cobertura por desempleo como en el sistema de pensiones, cuyas consecuencias pueden incrementar gravemente las situaciones de pobreza en los hogares.
Las perspectivas de aumento del paro, de descenso de las rentas de los hogares para los próximos años, así como las previsibles nuevas políticas de recortes, supondrán un empobrecimiento general de la población española y descenso sustancial de la calidad de sus condiciones de vida. Los datos existentes hasta la fecha permiten apuntar que al finalizar 2012 es previsible que se haya alcanzado una tasa de pobreza cercana al 28%, y cabe esperar que, ante los importantes recortes sociales, el ritmo de aumento de la pobreza se acelere significativamente en los próximos años.
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Neoliberalismo, pobreza y hambre en España



Marcos Roitman Rosenmann — Comité Científico de ATTAC España
Las 10 de la noche es la hora habitual de cierre de los supermercados. Mientras las cajeras hacen cuentas, otros empleados pasan revista a los productos que deben ser retirados. Alimentos a punto de caducar y aquellos que, por su deterioro, pierden valor de cambio. Dichas piezas no son destruidas: se entregan a instituciones de beneficencia, bancos de alimentos, albergues o comedores populares. Conceptualizadas como donaciones, constituyen una fuente de abastecimiento de ONG. En España esta actividad nunca desapareció, aunque en los años 60 del siglo pasado fue perdiendo peso. Se constituyó en un aspecto residual que afectaba, mayoritariamente, a quienes, voluntariamente, decidían vivir como vagabundos. Visibles para los servicios sociales y entidades caritativas, no
representaban un problema social ni político. La imagen tradicional del vagabundo se completaba con alcohólicos, perturbados mentales y una minoría de excluidos. Personas mayores, solitarias, que pernoctaban en albergues municipales. Sin embargo, era infrecuente verlos en las calles o pidiendo limosna. Se ubicaban en las iglesias y en horario de misa. Por caridad cristiana.
A finales del siglo XX, la realidad dio un vuelco. La pobreza urbana no era consecuencia del desajuste estructural de una sociedad que carecía de bienes y servicios o sufría las consecuencias de la migración campo-ciudad. Quienes demandaban servicios sociales de beneficencia eran un sector más heterogéneo. Se incorporaron jóvenes drogadictos, parados de larga duración y una población emigrante, apodada como rumanos gitanos. En los semáforos más congestionados de las grandes ciudades surgían actividades limosneras impensables. Limpiaparabrisas, vendedores de pañuelos, aparcacoches. Más adelante se incorporaron discapacitados físicos, madres con hijos en brazos y menores de edad. A medida que proliferaban, se les achacó ser responsables del aumento de la inseguridad ciudadana. Represión, traslado al extrarradio y cárcel, fue la respuesta. Las Olimpiadas de Barcelona y la Expo Universal de Sevilla en 1992 consagraron la acción represiva. El crecimiento de la marginalidad se definió como un fenómeno pasajero, producto de la inmigración ilegal, de los sin papeles y la drogadicción. En definitiva, pura coyuntura. Ajustar y aplicar leyes restrictivas a la inmigración fue la solución. España era un país pujante, con su economía en crecimiento; no había razón para alarmarse.
Por contraste, los informes socioeconómicos señalaban una realidad diferente. En la última década del siglo XX el paro, la privatización y el cierre de servicios sociales hablaban de un aumento en el número de hogares donde la pobreza crecía y se tornaba crónica. La desigualdad aumentaba, afectando directamente a los hogares cuya renta básica bordaba los límites de la exclusión. Las familias más vulnerables presentaban un cuadro alarmante. Apenas podían hacer frente a las hipotecas. Con sueldos que perdían poder adquisitivo y los efectos de las primeras reformas laborales, se entraba en un callejón sin salida. El neoliberalismo sólo producía desigualdad, pobreza, exclusión y abría la puerta al jinete apocalíptico del hambre. Y lo más sangrante, la pobreza infantil hacía su aparición. El trabajo basura a tiempo parcial agravó la pobreza en las clases populares, y el ingreso de España al euro fue la puntilla. El reajuste generó una inflación encubierta y el nacimiento del sector social llamado mileuristas. Salario insuficiente para cubrir alimentación, vestimenta, casa, educación y ocio. Fue el comienzo del fin de la sociedad de las clases medias y la pauperización de las clases populares.