Una nueva política económica para un escenario nuevo
Por una política económica que identifique los espacios comunes de la izquierda
Las elecciones generales del pasado 20 de diciembre han arrojado unos resultados inéditos en nuestra última etapa democrática. Ningún partido posee por sí solo una mayoría suficiente para formar gobierno, lo cual no significa que no existan mayorías. Se trata de un escenario habitual en los países de nuestro entorno y no tiene por qué implicar formaciones de gobierno menos satisfactorias que otras a las que estamos más acostumbrados. Todo lo contrario.
Como ejemplo basta la última legislatura, en la que el Partido Popular, con mayoría absoluta parlamentaria y por tanto en circunstancia de gran estabilidad política interna, ha realizado una negativa gestión de gobierno que ha producido una verdadera involución económica y social en España. Su apuesta por la austeridad y la devaluación salarial no sólo no ha conseguido corregir los desequilibrios económicos y sociales, sino que los ha ahondado.
España es hoy un país con una deuda pública que ronda el 100% del PIB, el déficit público combinado de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social es superior al de 2011, los salarios se han reducido de manera especialmente aguda entre el 30% de la población con menores ingresos, el nivel de empleo es inferior al del inicio de la legislatura y el paro se ha vuelto más crónico, se ha reducido el grado de protección de los desempleados, se ha extendido la precariedad laboral y, como resultado, se han incrementado drásticamente la desigualdad y la pobreza. En definitiva, la recuperación de la actividad y el empleo registrados no han permitido que se supere la degradación social provocada por la política económica. La mejora del cuadro macroeconómico de España, compatible con la persistencia del deterioro social, es la mejor prueba de la naturaleza regresiva de la política económica seguida para superar la crisis.
Es a esta situación a la que han respondido los ciudadanos en las elecciones. Frente a una mayoría absoluta en la pasada legislatura que ha generado una tremenda zozobra para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, los comicios han dado como resultado una nueva mayoría plural y progresista, cuya prioridad no puede ser otra que la corrección de los errores que han caracterizado la legislatura acabada.
Estamos firmemente convencidos de que, más allá de la complejidad de la estructura parlamentaria surgida de los comicios, sus resultados abren la puerta a un nuevo ciclo político que debe servir para realizar un giro sustantivo en nuestra política económica y social, orientado a un crecimiento sostenible y equilibrado, a la creación de empleo de calidad y con derechos y a la recuperación de la protección y la cohesión social. Si los equilibrios parlamentarios lo permiten, la responsabilidad de todos no debiera ser eludida.
Los resultados electorales del 20D muestran que la ciudadanía desea un cambio de políticas y ha apostado mayoritariamente por opciones políticas que representan valores y políticas progresistas. Esto es un hecho que ni puede ni debe soslayarse y que de hacerlo defraudaría a la mayoría que ha votado para construir una nueva senda de progreso.
Economistas Frente a la Crisis quiere contribuir con sus aportaciones a la construcción de esa nueva política económica progresista y por ello, antes de la celebración de las elecciones elaboramos el documento “Propuestas para una nueva política económica” que enmarcaba un planteamiento de cambio económico integral, con vocación de transformar las bases de nuestro desarrollo tanto a corto como a medio y largo plazo, al que esta declaración se remite.
Desde Economistas Frente a la Crisis creemos que se dan las condiciones –necesarias y suficientes- para iniciar un proceso en el que las fuerzas progresistas, desde el gobierno o desde el gobierno y la oposición al mismo tiempo, lleven a cabo ese cambio estratégico en las orientaciones de nuestra política económica. Entendemos que la tarea es urgente. Millones de ciudadanos, que atraviesan graves problemas como consecuencia del impacto de la crisis instalada desde 2008 y de las erróneas políticas aplicadas desde 2010, no pueden esperar. La puesta en marcha de una nueva agenda para el progreso con actuaciones decididas e inmediatas debe poner punto final a la etapa de empobrecimiento colectivo que la última legislatura ha agravado.
El elevadísimo paro de larga duración, la caída e insuficiencia de los salarios, la insoportable y creciente precariedad laboral, la intensa caída de la cobertura de las prestaciones por desempleo, la insuficiencia de ingresos públicos para afrontar la consolidación de los pilares de nuestro estado de bienestar, el aumento de la pobreza y la intolerable pobreza infantil, los continuos desahucios,… son todos problemas que precisan de actuaciones inaplazables para intentar darles solución desde una perspectiva progresista.
Por todo ello, desde Economistas Frente a la Crisis demandamos de las fuerzas políticas de izquierda que impulsen, sobre una base programática que es común a todas ellas, la puesta en marcha inmediata de un programa económico compartido que contemple, al menos, las siguientes actuaciones de política económica:
Medidas para aplicar de manera inmediata:
- Revertir las reformas y cambios laborales que desde 2010 han deteriorado nuestro mercado laboral y reducido los derechos de los trabajadores, y en especial la reforma laboral de 2012 y sus sucesivos desarrollos.
- Aumentar el salario mínimo, con carácter inmediato, para 2016, hasta 750 euros mensuales, fijando una estrategia de aumentos anuales que tenga por objetivo la minoración de la pobreza laboral para el fin de la legislatura.
- Introducir una renta mínima para las familias con mayores dificultades, al menos para los 722.000 hogares sin ninguna renta de origen laboral y extender las prestaciones por desempleo hasta alcanzar en el primer año, al menos, el 70% de cobertura por desempleo.
- Poner en marcha un plan urgente de lucha contra la pobreza infantil que suponga la eliminación de estas situaciones.
- Introducir los cambios legales necesarios para generar una situación de auténtica segunda oportunidad para los hogares morosos por impago de un préstamo hipotecario, paralizar los desahucios y/o asegurar el realojamiento de los que se produzcan, promoviendo paralelamente un parque público de vivienda en alquiler.
6. Derogar la reforma de las pensiones de 2013 e implementar medidas urgentes para obtener financiación suficiente a corto y medio plazo, evitando el vaciamiento del Fondo de Reserva.
7. Abordar una reforma fiscal que asegure más ingresos y una distribución de la carga tributaria más justa, atacando con decisión el fraude, pero también modificando las principales figuras impositivas de nuestro sistema para gravar más la riqueza, las rentas elevadas y las provenientes del capital. Se trata de recuperar la capacidad del gasto necesaria para, entre otros, acabar de manera inmediata con los recortes en la dependencia, la sanidad y la educación, e iniciar la reversión de las privatizaciones.
8. Promover una reforma energética basada en un uso creciente de las energías renovables y en el progresivo abandono de la energía nuclear, que tenga por objetivo la sostenibilidad en su doble dimensión económica y medioambiental. Se trata, en definitiva, de abrir con decisión la puerta de la Transición Energética hacia una economía crecientemente descarbonizada.
9. Recuperar los órganos reguladores sectoriales, fortalecer su independencia de los intereses económicos bajo su supervisión, y crear una banca pública que garantice un flujo adecuado de financiación a las pymes incorporando exigencias de sostenibilidad ambiental. El ICO y el mantenimiento del control público de Bankia, junto con la recuperación de una supervisión independiente especializada, constituyen instrumentos que ya podrían ser puestos al servicio de una política orientada al cambio del actual modelo productivo, auténtico responsable de los problemas económicos estructurales de nuestro país.
10. Pactar una senda de reducción del déficit público que tenga como prioridad la creación de empleo de calidad y que se acomode a la evolución del crecimiento y no al contrario, construyendo una posición común frente a las instituciones europeas que permita, simultáneamente, que nuestro país pueda seguir financiándose en condiciones adecuadas. Para ello, es necesario revertir la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y blindar constitucionalmente los derechos sociales.
Son estos asuntos los que, en opinión de Economistas Frente a la Crisis, debieran orientar los próximos pasos de las fuerzas políticas progresistas de nuestro Parlamento. Urge actuar con determinación y coraje; urge situar a España en la senda de la prosperidad, la justicia social y las libertades. Para ello tan solo se requiere que las fuerzas de izquierda actúen con la responsabilidad que estas elecciones han puesto en sus manos.
Economistas Frente a la Crisis
26 de diciembre de 2015
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