El escrache como derecho fundamental

Carlos Hugo Preciado Domènech
*Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

En los últimos días viene siendo objeto de polémica el escrache como medio de reivindicación. Mientras unos sostienen su legitimidad, otros afirman que se trata de una coacción intolerable, una vejación, un método propio del fascismo o una forma de coartar la libertad de voto del Diputado o Senador. Ante tal debate, el propósito de estas líneas es el de contribuir a esclarecer, desde un prisma exclusivamente jurídico, la legitimidad constitucional del escrache como medio de manifestar la crítica frente a la actuación de los Poderes Públicos.
Para ello, hemos de empezar diciendo que el derecho de manifestación o concentración en lugares públicos es un derecho fundamental reconocido en el art.21 de la Constitución y desarrollado por la LO 9/83 de 15 de julio; regulado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 (art.11); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 (art.21); y más recientemente en el art.12 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El derecho de manifestación es una proyección colectiva de la libertad de expresión efectuada través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, defensa de intereses, publicidad de problemas y reivindicaciones (STC 301/2006), siendo por ello un cauce del participación democrática que se configura de tres elementos: una agrupación de personas de carácter transitorio (temporal), con finalidad lícita (licitud) y en un lugar de tránsito público (espacial). Es un derecho de especial importancia en un Estado Social y Democrático de Derecho, como expresión del principio de democracia participativa, pues para muchos grupos sociales es uno de los pocos medios de los que disponen para expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones (STC 301/06 y 236/07)
Por otro lado, el escrache no es otra cosa que el nombre dado en Argentina, Uruguay y España a un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Se trata de un método de protesta basado en la acción directa que tiene como fin que los reclamos se hagan conocidos a la opinión pública.
Así definido, el escrache no es más que el derecho de manifestación con una sola peculiaridad definitoria: el lugar en que se ejerce, que coincide siempre con los alrededores del domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar, generalmente una persona con responsabilidad pública, un cargo público.
Por tanto, nos hallamos ante una forma de protesta pacífica, en la vía pública y dirigida frente a quien tiene una responsabilidad pública, con la finalidad de defender los Derechos Humanos o cualquier otra reivindicación legítima.
En el caso del escrache que estamos viendo en el Reino de España en los medios de comunicación se trata de un conjunto de personas  afectadas por la legislación hipotecaria que pretenden convencer a los Diputados del partido político con mayoría absoluta de que es necesario un determinado cambio legislativo, manifestándose delante de sus domicilios, en la vía pública.
Resulta obvio, hasta aquí, que el derecho de manifestación ampara esta conducta que conocemos como escrache. Por tanto, hemos de partir que el escrache como forma pacífica de manifestación es uno de los expectativas garantizadas por el derecho fundamental y, por tanto, constituye parte de su objeto, pues es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones (STC 195/03, 66/95, 85/88, etc ).
Por otro lado, es evidente que toda manifestación o reunión en un lugar de tránsito público ocasiona cierto grado de desorden en el desarrollo de la vida cotidiana y ciertas molestias, como cortes de tráfico, corte de calles, megafonías…., pero en ausencia de actos de violencia por parte de los manifestantes es importante que los poderes públicos hagan gala de cierta tolerancia ante concentraciones pacíficas, con el fin de que la libertad de reunión no carezca de contenido, incluso en aquellos casos en que no ha sido comunicada previamente a la autoridad competente (STEDH 5 marzo 2009 Baraco contra Francia, STEDH de 17 de julio de 2008, Achouguian contra Armenia ; STEDH 5 diciembre de 2006; Oya Ataman contra Turquía)
El escrache, que se realiza delante del domicilio de un cargo público, es obvio que ocasiona ciertas molestias; no sólo al cargo público, sino también a su familia y vecinos, en tanto en cuanto puede obstaculizar el tráfico, el acceso o salida del domicilio con vehículos, puede causar incomodidades, pues se oyen proclamas o reivindicaciones, consignas, en tono elevado, etc; pero ese tipo de molestias no van más allá que las que causa cualquier manifestación o concentración pacífica a los vecinos de las calles en que tiene lugar o de las molestias que podemos soportar todos los ciudadanos en tiempo de campaña electoral, en que oímos las megafonía de la propaganda electoral a todas horas, se llenan nuestros buzones de cartas de los partidos, incluso se nos llama al teléfono particular para pedirnos el voto, o se nos da propaganda en mano por la calle o también, en fin, se pide el voto “puerta a puerta”.
Por ello, es fácil concluir que las molestias o incomodidades provocadas por una manifestación pacífica delante del domicilio de un Diputado o Senador son transitorias, como toda manifestación, y están dentro del contenido normal del derecho a manifestarse, y los poderes públicos – y el Diputado o Senador lo es- han de tolerarlas para preservar el contenido del derecho de manifestación.
Por supuesto, el derecho de manifestación y el escrache, como una de sus formas, no amparan el insulto, la amenaza o la coacción. Es importante insistir ello. En tales casos nos hallaríamos ante supuestos de abuso del derecho fundamental que encontrarían su tipificación en el CP (620.2, 169, 172, CP, etc), como también la encuentran las reuniones o manifestaciones ilícitas, que son las que se celebran con el fin de cometer algún delito o aquellas en la que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos (art.513 CP).

Escraches: la democracia que nos han robado

Juan Carlos Monedero – Consejo Científico de ATTAC España

“Si un perro flauta me acosa por la calle, le arranco la cabeza”, dice un diputado del PP. Si por molestarte en la calle mereces ver tu cabeza arrancada del tronco, ¿cuál es la pena proporcional por dejarte sin trabajo? ¿Y por no poder pagar el colegio de tus hijos? ¿Y por perder la casa en la que has metido todos tus ahorros durante los últimos diez años?¿Y por endeudarte de por vida aunque además hayas perdido la casa? ¿Y por perder el acceso a la sanidad, a la universidad, a una pensión, al seguro de desempleo?
Los que dieron el golpe de Estado en 1936 dijeron que los movió el amor a España. Pero de España, como dijo Franco, les sobraba la mitad de los ciudadanos. Que eran españoles. Que están todavía enterrados en zanjas y cunetas. Desde la patronal nos dijeron que nos fuéramos a trabajar a Laponia. Una parte importante de los jóvenes le ha tenido que hacer caso. Los de siempre. Nunca han existido dos Españas. Eso siempre ha sido una mentira. Hay una España mayoritaria y una minoritaria con mucho poder, capaz de acercar a su bando a una parte de la mayoría. El miedo hace el resto. En la España de ellos siempre están los mismos. Desde los Reyes Católicos y su Inquisición. Por eso, el PP no necesita arrancarle la cabeza a los últimos que pusieron el miedo en su bando. Están ahí, hechas tierra y vergüenza para nuestra democracia.
El poder, sobre todo, posee eficaces herramientas para amedrentar a una parte importante de la ciudadanía. Medios de comunicación, iglesias, puestos de trabajo, presencia social, ritos, cultura y el Hola. Un diputado dice que no le tiembla la mano para volver a ejecutar disidentes. Antes eran rojos. Ahora, como ya no hay Unión Soviética, son perros flauta. El miedo, y los nombres, siempre los han administrado ellos. Y exhumar asesinados, expropiar unos carritos de la compra, decirles en el portal de su casa que nos están arruinando la vida y la del futuro, cuestionar la monarquía o recordarles que están robándose el país que dicen que aman, les hace caer en una angustia existencial, propia de quien nunca ha tenido la sensación de sobrar en ningún lado.
La dureza de la respuesta del PP a los escraches es muy lógica. La derecha entiende siempre muy rápido las cosas del poder. La legitimidad del sistema político español está en cuestión. Cuando los esclavos dejan de interiorizar su condición, el amo ya no puede dormir tranquilo. El PP lo sabe: lo que ayer era permitido, ahora no lo es. Aunque lo sigan diciendo las leyes. Habían puesto al mismo nivel cosas que no se pertenecen. La Constitución, las leyes, los jueces, los policías y el portero de su casa les saludaban como personas importantes. Pero han surgido nuevas preguntas. ¿Por qué no permitimos un diputado que defienda la pederastia o la ejecución de las minorías o la lapidación de las herejes o adúlteras —lo perseguiríamos hasta debajo de las piedras, porque la democracia tiene derecho a defenderse—, pero permitimos un diputado que esté a favor de los desahucios? Ese es el cambio. Y es lo que les pone de los nervios. Es una lucha política. Si podemos perseguir a los que roban nuestra tranquilidad, están en peligro. Estamos escribiendo nuevas reglas del juego. Y los que siempre han sido dueños del tablero se asustan.
Los escraches son reformismo. Pero hasta el reformismo asusta. De ahí la ridiculez de comparar escraches y terrorismo. Recuerdan Pisarello y Asens que ”los escraches son una acción informativa, que se ha de hacer “de manera totalmente pacífica” y sin “importunar a los vecinos”. También se estipula que deben realizarse en días laborables y en horario escolar, de modo que los niños nunca sean interpelados. Los casos personales se intentarán explicar sin insultos ni amenazas. Se evitarán ruidos o molestias innecesarios y se procurará ser amables con quienes trabajan en comercios y con los transeúntes. No todas las antiguas reglas han perdido su sentido. Sólo aquellas que únicamente sirven a unas minorías privilegiadas. Pero la situación política está tan podrida que hasta las reglas mínimas de la democracia les están sobrando.

El reino del revés. Escraches, ilegitimidad y antidemocracia

Rodrigo F. Miranda, ConsumeHastaMorir

Los escraches desbordan las formas tradicionales de la política: son una práctica novedosa que afirma un nuevo sentido de la política y de la militancia (…) Un llamado a la lucha, una confirmación práctica de que la acción transformadora es ahora, o no es. Son lo opuesto a la melancolía del que espera (sentado) un mundo mejor (…) Se organiza sólo para dar respuesta a la exigencia que lo funda: justicia. Es esta necesidad la que se afirma en la práctica. (Agrupación HIJOS)

Escrache en el Prat de Llobregat, 16/03/2013.
Fotografía de Clarabarm. Licencia CC. 

En las últimas semanas saltó a las primeras páginas de la escena política y mediática española la cuestión de los escraches a responsables políticos. Liderados por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), los destinatarios son quienes, a criterio de la Plataforma, debiendo ser representantes de la soberanía popular están incumpliendo sus responsabilidades públicas. Como reacción, parte del poder establecido arremetió contra este tipo de actuaciones, criticando principalmente su supuesto carácter “ilegítimo, violento y antidemocrático”.
 “Si no hay justicia, hay escrache”. Bajo esta consigna, a partir de los años 90 miembros de la agrupación argentina HIJOS [1] y activistas de derechos humanos llegaban de forma pacífica y estridente a los barrios y residencias de genocidas y cómplices de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) que se encontraban en libertad. El objetivo de estas acciones era señalar y denunciar públicamente durante el período de impunidad y olvido [2] a estas personas y su participación en el terrorismo de Estado.

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En defensa del escrache

Vicenç Navarro

Este artículo denuncia la criminalización que se está intentando crear del movimiento PAH, señalando que las fuerzas antidemocráticas son precisamente aquellas que la están reprimiendo.

La enorme fuerza que las derechas tuvieron sobre el Estado español en el proceso de Transición de la dictadura a la democracia (erróneamente definido por el establishment político y mediático como modélico) produjo una democracia muy limitada e incompleta, causa del enorme retraso social de España. Después de más de treinta años viviendo bajo esta democracia, España todavía tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15, el grupo de países de la Unión Europea (UE) de semejante nivel de desarrollo económico al español (ver mi libro Bienestar insuficiente. Democracia Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país. 2002).

Indicadores de las enormes limitaciones de la democracia española, caracterizada por su baja calidad, son múltiples e incluyen, desde la limitada diversidad ideológica de sus medios de información, a la escasa participación ciudadana en la gobernanza del país, limitándola a la posibilidad de votar sus representantes (dentro de un proceso electoral muy poco representativo) cada cuatro años, sin ninguna posibilidad de recurso cuando tales representantes incumplen sus promesas, situación que ha alcanzado su máxima expresión en el gobierno actual del Partido Popular presidido por el Sr. Rajoy.

Una consecuencia de esta situación es el enorme poder que los poderes fácticos tienen sobre tales representantes políticos, incluyendo entre ellos las entidades financieras y empresariales que dominan el proceso de decisiones políticas garantizando el mantenimiento de sus privilegios a costa del bienestar de la ciudadanía. La extensión de tal dominio es única en las democracias occidentales y es motivo de atención e incluso denuncia a nivel internacional (más que a nivel nacional). Ejemplos hay múltiples. El más reciente es la decisión del Tribunal de Justicia Europeo que ha indicado que la Banca en España tiene un excesivo poder legislativo que se traduce en una situación abusiva para las personas que tienen una hipoteca y que en un momento concreto de su vida no pueden pagarla. Vivo parte del año en EEUU, y cuando un ciudadano en aquel país no puede pagar una hipoteca, devuelve las llaves al banco y se olvida de la hipoteca. No así en nuestro país donde tal ciudadano y/o aquella persona que avala la hipoteca tendrán que continuar pagándola por el resto de su vida. Es un ejemplo de hasta qué punto la Banca tiene poder en España, poder que se ha visto también en la ayuda pública a la Banca (que ha supuesto un enorme drenaje de los fondos del Estado) o el compromiso adquirido por el Estado, aprobado por los llamados representantes del pueblo español, de que la categoría más importante en las decisiones presupuestarias del Estado español, sea la de pagar los intereses a la Banca (más importante que cualquier otro ítem en el presupuesto).

Escrache

Javier Gallego – eldiario.es

Nos habéis perseguido a todos. Primero fuisteis a por los jubilados pero como vosotros tenéis la jubilación asegurada, no os importó hacerles daño. Después fuisteis a por los enfermos, los discapacitados, los dependientes y como vosotros no tenéis problemas de dinero, no os importo cargar a las familias con un peso que no pueden soportar. Entonces fuisteis a por los funcionarios, los médicos, los profesores. Fuisteis a por nuestra sanidad y a por nuestros colegios porque vosotros tenéis los vuestros asegurados. Protestamos y no os importó enviarnos a los antidisturbios a que nos hicieran daño.
No os importó que hubiera millones de parados y fuisteis también a por ellos. Les quitasteis un pedazo de lo poco que les queda y les gritasteis que se jodan en mitad del Parlamento. Y empezasteis a jodernos a todos los demás, a la cultura, a los mineros, a todos los contribuyentes. Fuisteis a por todos nosotros y no os importó hacernos daño para no hacérselo a los vuestros. Los bancos vinieron a por nosotros y vosotros nos quitasteis los cuatro cuartos que nos habían dejado en los bolsillos. Ellos nos robaban, vosotros hacíais negocio con nuestro dinero. Volvimos a protestar y nos disteis la espalda de nuevo.
No queríais ver cómo la gente saltaba por las ventanas o se colgaba del cuello. Los bancos que nos habían puesto la soga iban a por los que menos tenían y les dejasteis hacer. Dejasteis que se aprovecharan con las preferentes de los más indefensos y vulnerables y jamás perseguisteis a los timadores. Dejasteis que algunos se quitaran la vida angustiados por su desahucio. Les empujasteis al vacío sin mover un solo dedo y permitisteis que pelotones de policía siguieran sacando a la gente de sus casas a empujones. Podríais haberlo evitado pero seguíais mirando para otro lado.
Los jueces españoles y el tribunal europeo han decretado que las hipotecas españolas son ilegales y abusivas y a ninguno de los dos les habéis hecho caso. Miles de personas en la calle y un millón y medio con su firma, os han pedido parar esta sangría y habéis tratado de escaparos de ellos. Nos disteis unas medidas insuficientes que no sirvieron para nada y ahora nos volvéis a ofrecer un simulacro de solución en diferido. Os pedimos pan y nos dais migajas. Os pedimos ayuda y nos dais antidisturbios. Os pedimos que nos echéis una mano y nos la echáis al cuello.
Ahora van a por vosotros y reclamáis que os amparemos pero ya no queda casi nadie de nosotros que lamente lo que os está pasando. Os toca sentir lo que sienten los perseguidos. Ahora nos pedís la justicia que vosotros nos habéis negado. Invocáis la democracia que habéis destruido y el respeto que no nos tenéis. Exigís que se respeten los derechos que no habéis respetado. Llamáis terroristas a los que os persiguen pero sois vosotros los que los habéis aterrorizado. Nos llamáis golpistas mientras nos moléis a golpes. Hay que ser muy miserable para llamar acosador al acosado.

La criminalización de la PAH: cuando el que ‘escracha’ es el poder

Gerardo Pisarello · Jaume Asens
Revista Sin Permiso

El intento del Partido Popular de vincular a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con ETA y con el nazismo ha resultado un fracaso. La operación ha sido tan burda que ni siquiera ha conseguido convencer a algunos aliados usuales en estas campañas de miedo y orden. Estos sectores se han mostrado dispuestos a discutir sobre las “líneas rojas” que ninguna protesta social debería traspasar. Pero se han negado a aceptar que cualquier protesta incómoda pueda hacerse pasar sin más por coacción, violencia, o peor, terrorismo. Esta reacción puede considerarse uno de los grandes éxitos de la PAH: haber conseguido que el ‘escrache’  del poder contra las familias desahuciadas y endeudadas aparezca como un peligro más temible que el que se intenta atribuir a estas últimas. Con todo, no se trata de un triunfo definitivo. Por un lado, porque a pesar del rechazo de las tesis del gobierno, existe un sector social significativo que considera que el ‘escrache’ o señalamiento público es un error. Que se trata de un ejercicio inadmisible de coacción sobre cargos electos que abre las puertas a  prácticas que serían difíciles de justificar en otros casos. Por otro, porque la alianza entre poder político y poder económico-financiero que ha perpetrado la estafa de las últimas décadas está cada vez más deslegitimada, pero conserva espacios decisivos de poder. Y ha quedado claro que los utilizará sin miramientos para desplazar la atención o para criminalizar cualquier reclamo que considere amenazador.

Los ‘escraches’ de la PAH como legítimo ejercicio de la libertad de crítica

Se ha dicho mucho en la última semana acerca de la legitimidad del ‘escrache’. Pero a menudo se ha tratado de un juicio abstracto, que prescinde tanto de las razones de la PAH como del contexto concreto que lo origina. Como es sabido, esta modalidad de protesta nació en Argentina con un doble objetivo. Por un lado, dar respuesta a la falta de actuación estatal en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura. Por otro, hacer visibles en el espacio público a quienes, beneficiándose de dicha impunidad, pretendían pasar inadvertidos. Si se compara la situación argentina con la española, se detectan diferencias evidentes. Parece excesivo, por ejemplo, comparar las desapariciones y asesinatos masivos provocados por la dictadura argentina con el “genocidio financiero” simbólicamente denunciado por la PAH. Del mismo modo, puede resultar desmedido equiparar a los responsables de crímenes de lesa humanidad con los miembros de un gobierno o de un grupo parlamentario que se niega a aprobar una iniciativa legislativa popular.

Dicho esto, las similitudes tampoco pueden minimizarse. A diferencia de Argentina, es verdad, el caso español no admite hablar de “genocidio”. Pero sí de una vulneración generalizada y persistente de derechos que no puede equipararse a un reclamo de privilegios o a un capricho aislado. En el origen del escrache convocado por la PAH hay una situación objetiva de violación de derechos fundamentales que no perjudica a un grupo restringido de personas, sino a miles de familias. Muchas de ellas han sido víctimas de prácticas que, según la ONU y el Tribunal de Luxemburgo, habrían hecho las delicias de Gobseck, aquel personaje de palidez lunar en el que Balzac inmortalizara a todos los usureros del mundo. Muchas de ellas, también, han perdido sus casas, han tenido que cargar con deudas inasumibles y se han visto expuestas, junto a sus hijos, a actuaciones vejatorias que incluyen el acoso y la amenaza de las entidades financieras y la violencia policial. En ocasiones, estas actuaciones han generado en las víctimas enfermedades graves o las han inducido al suicidio. Es cuando menos banal, pues, situar los escraches contra la estafa inmobiliaria al mismo nivel que otras como las protestas contra la prohibición de las corridas de toros o de las drogas. Unas y otras, en efecto, son legítimas. Pero solo en el primer caso se está ante una situación de ilegalidad estructural, de vulneración generalizada y persistente de derechos básicos.