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Reino de España: el Gobierno Rajoy admite su fracaso ¿y ahora qué?


Antoni Domènech
G. Buster · Daniel Raventós
El pasado viernes 26 de abril, en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno Rajoy reconoció el completo fracaso de las políticas de austeridad de su Primer Plan de Reformas. A continuación, anunció un Segundo Plan de Reformas.
Los datos del fiasco no pueden ser más elocuentes. En lo tocante a su objetivo principal, la reducción del déficit público, el gobierno Zapatero lo había dejado en 2011 en el 9,6% del PIB, pero a finales de 2013 se situará en el 10,6%. De ese montante, 4,3 puntos corresponden al rescate europeo del sistema bancario español, que la UE no contabiliza a efectos de los objetivos de ajuste presupuestario, pero que tienen que financiarse igualmente en el mercado de la deuda. Después de los recortes presupuestarios sangrantes del gasto público –que han afectado especialmente a la sanidad, la educación y la financiación de las comunidades autónomas y han supuesto 259.000 despidos—,  su incidencia en el déficit de la Administración Central y la Seguridad Social es de un mero 0,1% (del 5,2% en 2011 al 5,1% en 2012). En 2011 la deuda pública, después de tres años de crisis, representaba el 68,5% del PIB; en 2012 se situó en el 86,9%, en 2013 alcanzará el 90,5% y el FMI estima ahora que en 2015 se situará en el 99,8%. El pago de intereses en 2013 (40.000 millones de euros) es equivalente al rescate europeo de la banca. La maduración de la deuda pública a corto en 2013 es de 85.000 millones de euros. Al final de la legislatura no se habrá cumplido el objetivo comunitario de un 3% del PIB de déficit, porque la previsión para 2014 es del 4,1%.
En cuanto al segundo objetivo del gobierno Rajoy –relanzar el crecimiento de la economía española—, los datos revisados ahora ofrecidos son igualmente alarmantes: decrecimiento del 1,6% del PIB en 2013, ligero crecimiento del 0,5% en 2014 y del 0,9% en 2015. La economía sufre una doble recesión desde 2008. Para una economía como la española, que necesita crecimientos de alrededor del 2% del PIB para crear empleo neto, estas cifras suponen que desde 2011 se han destruido 1,6 millones de empleos y que cuando la legislatura acabe en 2015 la tasa de paro se situara en el 28,8%, tres puntos más que la recibida del gobierno Zapatero. Los efectos sociales de la recesión, con una caída importante del nivel de vida, se prolongarán, como poco, más allá de 2018.

Anuncio y alcance del II Plan de contrarreformas
El grueso de los datos de este terrible cuadro macroeconómico se conoció en la reunión de primavera del FMI, entre el escándalo Reinhart-Rogoff y la desolada constatación de la recaída en la recesión del núcleo central de la UE. Venían a confirmarse, y por lo magnífico, las predicciones más críticas con las políticas de austeridad. En una entrevista publicada el lunes 22 en el diario ultraliberal de Nueva York The Wall Street Journal, el ministro de economía Guindos adelantaba oficiosamente las cifras y aseguraba que el Reino de España preocupaba menos al FMI y había dejado de ser el principal foco de alarma, en especial desaparecidas las dudas sobre la estabilidad del euro gracias a la política del BCE. Christine Lagarde, directora del FMI, alentaba a "dar más tiempo a España". Durante cuatro días, una campaña de prensa cimentada en ambiguos rumores intentó preparar a una opinión pública ya convenientemente amedrentada desde el ministerio del interior con la previsión de una violenta batalla campal en los alrededores del Congreso de los Diputados el día 25 (lo que se tradujo en uno de los mayores despliegues policiales conocidos en Madrid).
Cuando finalmente tuvo lugar la rueda de prensa el viernes 26, la neolengua habitual destacó por su originalidad eufemística: "reordenación de cifras", "novedades tributarias"… No han faltado periodistas tentados a publicar su propio diccionario, y algún otro no ha podido evitar caer en el costumbrismo a costa de la escena. A pesar de la gravedad de la situación, Rajoy, que lleva escondido detrás de una pantalla de plasma desde el inicio del caso Bárcenas, sigue sin anunciar fecha de comparecencia en el Congreso. Su único contacto con la prensa tendrá lugar con ocasión de la visita a Granada de su homólogo irlandés, el domingo 28.
El anunció del Segundo Plan de Reformas, en parte adelantado por Rajoy en el debate sobre el llamado estado de la nación el pasado mes de febrero, es en realidad una repetición de los objetivos de la legislatura y de su Plan de 72 medidas, de las que se han ido aplazando más de 30, como la reforma de la administración local y autonómica o la ley de colegios profesionales. Pero hay tres, previstas en elmemorándum de rescate  bancario –cuya traducción oficial al español apareció en el BOE con cuatro meses de retraso—, que serán decisivas: la "evaluación" de la reforma laboral por un "organismo independiente" (FMI, OCDE, UE, pero no la OIT), que inevitablemente generará una nueva oleada de flexibilización y recorte de derechos en el mercado laboral; la reforma de las pensiones, con una segunda extensión de la edad de jubilación más allá de los 67 años; y la Ley de desindexación de la economía, que abrirá la puerta a recortes vía inflación en pensiones, subvenciones y contratos públicos.
La subida "extraordinaria y circunstancial" del IRPF de 2012 se prorroga durante toda la legislatura, y se anuncian "novedades fiscales" con aumento de los impuestos especiales, a excepción de los que gravan a los hidrocarburos, el daño medioambiental y los depósitos bancarios. El marasmo de la gestión del mecanismo de financiación de las Comunidades autónomas se atribuye a una "autoridad fiscal independiente", como si no fuese un problema político central.