Un país endeudado y
sometido a los dictados de organismos financieros internacionales; con
una clase política mediocre, corroída por la corrupción y detestada por
la opinión pública; una desconfianza general hacia las instituciones; un
Estado desprovisto de soberanía monetaria; con un sistema bancario
estafador y ladrón; un paro masivo; una infame ley de hipotecas y miles
de desahucios... ¿Hablamos de la España de hoy? No, del Ecuador de antes
de 2006, de antes de la “revolución ciudadana” impulsada por Rafael
Correa, brillantemente reelegido presidente el pasado 17 de febrero (1).
Cuando
Correa triunfó por primera vez, en noviembre de 2006, el Ecuador estaba
saliendo de una década de crisis, protestas e inestabilidad. Con tres
presidentes (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) derrocados
por insurrecciones populares, una quiebra masiva del sistema financiero,
una banca corrupta, un endeudamiento colosal, huelgas generales,
insurrecciones indígenas y revueltas sociales de todo tipo. El país
parecía ingobernable. Hasta que llegó este economista poco convencional,
forjado en el trabajo social y solidario cerca de los pueblos
originarios, impregnado de las tesis de justicia de la Teología de la
liberación, formado en universidades de Bélgica y Estados Unidos,
simpatizante y asiduo del Foro Social Mundial y adversario declarado de
la política de “ajustes estructurales” impulsada, en los años 1990, por
el Fondo Monetario Internacional (FMI) en toda América Latina.
Para
su primera campaña electoral, Rafael Correa fundó el movimiento Alianza
PAIS (Patria Altiva i Soberana) y propuso un referéndum para una
Asamblea constituyente que redactase una nueva Constitución. Ganó. Y en
su discurso de toma de posesión anunció con claridad cuál sería su
proyecto para Ecuador: “La lucha por una ‘Revolución Ciudadana’,
consistente en el cambio radical, profundo y rápido del sistema
político, económico y social vigente”.
Y cumplió su promesa. Lo
que le valió, el 30 de septiembre de 2010, una tentativa de golpe de
Estado que a punto estuvo de costarle la vida (2). Pero también le
deparó el apoyo arrasador de la mayoría de los ecuatorianos. Entre
elecciones y referendos, la del 17 de febrero es la novena victoria en
las urnas de Rafael Correa. De tal modo que este joven presidente, que
aún no ha cumplido los cincuenta años (nació en abril de 1963), se ha
convertido en uno de los líderes indiscutibles de la nueva América
Latina. En sus seis años de gobierno, “refundó –como dice él– la patria”
con la nueva Constitución (aprobada por referéndum en 2008), inició la
era del ‘Buen Vivir’ (3), renegoció con éxito la deuda externa de su
país y frenó los estragos del neoliberalismo confiriéndole al Estado un
papel decisivo en lo económico y lo político. Ahora, su mandato irá
hasta 2017, y entonces cumplirá una década en el poder.
Nos
encontramos con él, en Quito, unos días antes del escrutinio. En una
reunión con los observadores independientes internacionales invitados
por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar testimonio de la
pulcritud democrática de la elección (4).
Con el objetivo de
consagrarse plenamente a la campaña y no ser acusado de usar bienes
públicos, Rafael Correa decidió descargarse de la función ejecutiva de
la Presidencia y solicitar a la Asamblea nacional una licencia de 30
días durante los cuales esa función sería ejercida por el vicepresidente
Lénin Moreno. Un rasgo de honradez política que, a escala
internacional, resulta insólito y ejemplar. Ninguna ley lo conminaba a
ello. Excepto su propia exigencia ética.
Empieza su conversación
citando a Eloy Alfaro (5): “No buscamos nada para nosotros, todo para el
pueblo”. “Aquí –añade Correa– ya no manda el FMI, ni la oligarquía;
aquí ahora manda el pueblo. Y si éste nos apoya es que hemos hecho lo
que prometimos: escuelas, hospitales, carreteras, puentes,
aeropuertos... A pesar de las campañas mediáticas de deslegitimización
contra nosotros y de los ataques de una prensa sin escrúpulos, vamos a
ganar estas elecciones –las más democráticas y transparentes de la
historia del Ecuador– de manera arrolladora. Pero no las vamos a ganar
para recrearnos en el éxito; las vamos a ganar para gobernar mejor y
para ahondar los cambios que venimos impulsando”.
En sus seis
años de gobierno, Rafael Correa ha transformado efectivamente su país.
Como ningún otro gobernante ecuatoriano antes que él. Cuatro indicadores
económicos resumen, mejor que mil palabras, el triunfo de su política:
en toda la historia de Ecuador, la tasa de inflación nunca fue más baja;
el crecimiento nunca tan elevado; el desempleo tan reducido y el
salario real tan alto. Los emigrantes que, huyendo del derrumbe español,
regresan a Ecuador sienten mejor que nadie el nuevo bienestar
económico. Constatan que se acabó el caos, el desmadre y la
fragmentación política; que hay estabilidad y equidad social con
dignidad; un gobierno de verdad que ha disciplinado a las clases
pudientes; un gobierno de izquierdas pero desprovisto de los excesos
ilusorios del izquierdismo palabrero; en suma, un gobierno de izquierdas
que está tranformando para siempre el Ecuador.
Bastaba pasearse
por las calles de Quito o de otros lugares del país, asistir a algún
mítin del presidente Correa para sentir el excepcional efecto de su
carisma, el fervor de la gente, la bulliciosa adhesión popular a su
persona, a su programa y a los principios de la “revolución ciudadana”.
“Aquí
–dice Correa– todo se había convertido en mercancía. Mandaban los
bancos y los inversores extranjeros. Se había privatizado la sanidad, la
enseñanza, los transportes,... ¡todo! Eso se terminó. Volvió el Estado y
ahora garantiza los servicios públicos. Estamos invirtiendo el triple
en presupuestos sociales, salud, escuela, hospitales gratuitos.... Hemos
acabado con el neoliberalismo. Una izquierda moderna no puede odiar el
mercado, pero el mercado no puede ser totalitario. Por eso hemos
cambiado radicalmente la economía, ahora es la sociedad la que dirige el
mercado y no lo inverso. El ser humano es lo primero, antes que el
capital. Cambiamos la ley de hipotecas, que era igual que la española, y
pusimos fin a los desahucios. Dijimos: ‘
¡No pagamos la deuda!’,
y conseguimos rescatarla por el 30% de lo que nos pedían. Hoy Ecuador
es la economía que más reduce la desigualdad. Queremos vencer la
pobreza. Hemos consolidado los derechos laborales de los asalariados y
acabado con la tercerización, esa forma de esclavismo contemporáneo.
Estamos haciendo una ‘revolución ética’, combatiendo la corrupción con
mayor ahinco que nunca y con una consigna fundamental a todos los
niveles: ‘
¡Manos limpias!’. Ya no se permite la evasión fiscal.
Nuestra revolución es también integracionista y latinoamericana porque
estamos decididos a construir la Patria Grande soñada por Bolívar. Es
asimismo una revolución ambiental. Nuestra Constitución es una de las
pocas en el mundo –quizás la única– que reconoce los derechos de la
naturaleza. Como lo digo a menudo: no estamos viviendo tiempos de
cambio, sino un cambio de época. No se trata de superar el
neoliberalismo, se trata, sencillamente, de cambiar de sistema. Y ese
cambio exige la modificación de la relación de poder. Ir hacia un poder
popular”.
