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Sobre las pensiones… no nos cuente milongas, Sra. Ministra

Santos Ruesga formó parte del Comité de Expertos para la reforma de las pensiones, siendo el único de los integrantes que votó en contra del informe.

El pasado lunes 2 de septiembre de 2013, la Ministra de Empleo y Seguridad Social presentó a los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios, su propuesta para una nueva reforma del sistema público de pensiones. En esencia, la propuesta de la Ministra emana del contenido del informe que el pasado mes de junio presentó el Comité de Expertos nombrado por el actual Gobierno, consistente en la aplicación de dos “factores de sostenibilidad” para el cálculo de la cuantía de las pensiones.
Desde el punto de vista de la comunicación, la Ministra parece intentar repetir el viejo juego de diferenciar su propuesta frente a aquella otra, del Comité de Expertos, señalando la suya como “moderada” frente a la otra, se entiende que radical, y se deduce que se refiere a moderación en cuanto a la cuantía del bocado que tal tipo de propuestas van a lanzar a la cuantía y la revalorización de las pensiones. El mensaje a la opinión pública parece querer plasmar que el Gobierno ha escuchado las críticas y clamores adversos a la propuesta del citado comité y, magnánimamente, han decidido moderar sus actuaciones en la reforma que llevarán a cabo en el sistema de pensiones.
Una vez más esta señora ofende a los ciudadanos considerándonos lelos e iletrados. La propuesta de la Ministra no se mueve ni una línea del contenido básico de la que hace unos meses difundió el referido Comité de Expertos. Los dos indicadores presentados el pasado lunes son exactamente los diseñados por el citado Comité.
El primero, que ahora denomina Factor de Sostenibilidad a secas, es exactamente el que el grupo de expertos denominó  “Factor de Equidad Intergeneracional” (FREI),  para ser aplicado sobre las nuevas pensiones de jubilación; el matiz diferencial entre una y otra propuesta es que la oficial propone la entrada en vigor de dicho factor en el año 2019 y la de los expertos sugerían que fuera de inmediato en 2014. La diferencia no es sustancial y en cualquier caso las fechas están lejanas del año 2027 que a tal fin en propuso la Ley 27/2011 “sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social”.
Esta nueva fecha para la entrada en funcionamiento de este factor permitiría a la  Ministra, a su juicio, mostrar su cara amable, frente a los exigentes Expertos, al retrasar un mecanismo que reducirá la cuantía de las pensiones para los jubilados cuando entran en el sistema público, en una proporción equivalente al aumento de la esperanza de vida a los 67 años desde el año 2019 hasta año en que se jubile una persona. Dado que el avance en la esperanza de vida es una cifra reducida para cada año, la cuantía del ahorro no realizado (supuesto de que entrara en vigor en el 2014) es reducida.  La Ministra juega con fuegos de artificio.
El segundo componente de la reforma anunciada el pasado 3 de septiembre crea unÍndice de Revalorización de las Pensiones que es exactamente lo que los expertos denominaron Factor de Revalorización Anual (FRA), mero cambio de epítetos. La fórmula presentada por la Ministra se encuentra en el epígrafe 4 del Informe referido y explicada en el Anexo al mismo, epígrafe “A3.5 El Factor de Revalorización Anual y la tasa de inflación”. No hay cambios. El matiz en ese caso estriba en que los expertos recomendaban que ante la eventualidad de que la aplicación de la fórmula a la revalorización de todas las pensiones pudiera resultar algún año en un efecto de disminución nominal del valor de la pensión se pusiera un suelo al resultado de dicha aplicación, de tal modo que como máximo las pensiones se quedarán nominalmente como estaban (seguir ganando lo mismo de un año para otro, para entendernos), aunque solo para los pensionistas actuales. A su criterio: “El sistema no puede llevar a reducirnominalmente sus pensiones porque implicaría cambiarles drásticamente las reglas de juego a personas que, por su edad, ya no tienen tiempo ni capacidad de reacción para adaptarse a las nuevas circunstancias”; aunque no para los pensionistas que entrarán al sistema a partir de la puesta en vigor del FRA. Habría que añadir que reducir las pensiones en su valor nominal probablemente resultaría inconstitucional. Y, lo que es más importante, todos los presentes en ese Comité entendíamos que resultaría políticamente impresentable  (los que estaban a favor de la propuesta y el que estaba en contra) sacar a la calle una proposición para revalorizar las pensiones que en algún año significara su descenso.
Así parece haberlo entendido a Ministra y generosamente mueve ese suelo hasta una revalorización mínima del 0,25 por ciento, aunque no ha aclarado si es solo para los pensionistas actuales o afectará también a los futuros. Por otro lado, de las opciones que ofrecían los expertos para la puesta en marcha de este factor, o bien el 2014 o bien el 2019, la Ministra opta por la inmediatez, tratando de cumplir así con las exigencias comunitarias en materia de objetivos de déficit público. No olvidemos que es este factor o índice el que tendrá mayor impacto cuantitativo en cuanto a los gastos del sistema de pensiones, dado que las reducciones subsecuentes que se producirán en la revalorización anual de la cuantía de las pensiones (con respecto al criterio actual de aplicar la variación del IPC, según la Ley General de la SS), son notablemente más cuantiosas, a corto plazo, que el ahorro derivado de la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que se aplicará solo a nuevos entrantes en el sistema y, por tanto tardará unos cuantos años en afectar a todos pensionistas.