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La campaña No al TTIP convoca movilizaciones en más de 20 ciudades para frenar al CETA

El próximo 21 de enero la campaña No al TTIP ha convocado junto a otras organizaciones sociales y políticas europeas un Día de Acción Global para demandar al Parlamento Europeo que vote “no” al acuerdo comercial y de inversiones entre la UE y Canadá, el CETA. En el Estado español se han sumado más de 20 ciudades a esta convocatoria.

Está previsto que el próximo 14 de febrero el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo vote la ratificación del CETA. Por tal motivo, la sociedad civil, sindicatos, agricultores y activistas de organizaciones ciudadanas, culturales y políticas de toda Europa, también del todo el Estado español, saldrán a la calle el próximo sábado 21 de enero con el objetivo de frenar este tratado económico y comercial entre la UE y Canadá, también conocido como el “TTIP canadiense”.
“El movimiento europeo contra los acuerdos comerciales como TTIP y CETA ha conseguido poner contra las cuerdas las negociaciones comerciales de la UE”, ha declarado Luis Rico, uno de los portavoces de la campaña. “La sociedad se está rebelando contra el contenido de estos acuerdos, que están pensados únicamente para incrementar el flujo de inversiones, el comercio y el poder de las grandes empresas. Proponemos un modelo comercial que evite los efectos negativos de la globalización. Por eso el sábado volveremos a salir a la calle para decir que las personas y el planeta están antes que las multinacionales”, ha concluido Rico.
En el caso de que se ratifique del CETA, el próximo 14 de febrero amplias secciones de este acuerdo comercial y de inversiones se aplicarán provisionalmente, incluso antes de que sea votado para su confirmación final en los distintos parlamentos nacionales de los 28 miembros de la Unión Europea (UE).
Pero antes de esta votación decisiva, varias comisiones parlamentarias tienen que expresar y votar su opinión sobre el tratado. En diciembre la resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) recomendó votar en contra el CETA. Sin embargo, la Comisión de Medioambiente (ENVI) que se celebró el pasado jueves 12 de enero respaldó el acuerdo. El próximo 24 de enero será la Comisión de Comercio Exterior (INTA) quien tenga que definirse sobre el tratado.
Por este motivo, la campaña No al TTIP ha estado manteniendo numerosos contactos con europarlamentarias y europarlamentarios, y ha celebrado reuniones con representantes de algunas fuerzas políticas en el Parlamento Europeo.
La campaña ha constatado la profunda división interna que existe en los grupos socialdemócrata (S&D) y demócrata-liberal (ALDE), donde diversos europarlamentarios han votado en contra de este tipo de acuerdos y han expuesto sus preocupaciones ante los graves peligros que implica la aplicación de este tratado en aspectos como el empleo, el sector agrícola, el principio de precaución, los servicios públicos o la futura cooperación reguladora.
“Es una falacia decir que este tipo de acuerdos comerciales y de inversión es una forma de gobernar la globalización o de mejorar la gobernanza global”, ha manifestado Cuca Hernández, portavoz de la campaña. “El texto del CETA”, ha añadido Hernández, “llama barreras comerciales a las salvaguardas para la salud y el medioambiente; trata de establecer tribunales para garantizar las ganancias de las grandes multinacionales; y desregulariza muchos aspectos que tienen relación con los servicios públicos y los derechos laborales. Aunque nos lo quieran vender como un intento de gobernar la globalización, el CETA ahonda la actual crisis global de desregulación del mercado, el empleo y el capital”.
La campaña No al TTIP ha expuesto a las europarlamentarias/os españolas/es que el texto del CETA y la “declaración interpretativa” que la acompaña incluye aspectos preocupantes, tales como:
 El CETA supone la aceptación de que las empresas multinacionales puedan demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Este acuerdo consagra un sistema judicial paralelo y unidireccional al que los inversores extranjeros pueden acudir para defender sus intereses eludiendo el sistema jurídico existente.
 En el texto de este acuerdo el desarrollo de los derechos laborales y el desarrollo sostenible son voluntarios y no legalmente vinculantes, por lo que no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones.
 El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
 El CETA hace que Canadá y la UE sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
 Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la UE.
• El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la UE como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
 Las cláusulas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a la capacidad normativa de los estados pondrían obstáculos adicionales a las regulaciones, reforzando el papel de los lobbies en los procesos democráticos y socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.
• Tanto en Canadá como en la UE, el CETA expondría a agricultoras y agricultores a más presión debido a la competitividad comercial, lo que supondría una debilitación de este sector. Asimismo supondría un mayor impedimento para las políticas de compra pública de promoción de productos de cercanía y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.
 El CETA pone en grave riesgo el principio de precaución consagrado en el Tratado de la UE, principio que protege a consumidores, salud pública y medio ambiente.

Convocatorias en Castilla y León

León. Vía Crucis, 21/enero. 12:00h, Plaza de Botines.
Salamanca. Paseo contra el CETA, 21/enero 12:00h, Fachada de la Universidad.
Valladolid. Concentración, 21/enero. 12:30h, Plaza Fuente Dorada.



El 21 de diciembre No Más Cortes de Luz #El21DYoVoy


Las 27 organizaciones de la sociedad civil impulsoras del manifiesto nomascortesdeluz.org, partidos políticos que apoyan sus reivindicaciones y numerosos colectivos locales han convocado concentraciones y manifestaciones el este miércoles 21 de diciembre:

Burgos
Plaza del Cid — 18.45 h — Concentración

León
Plaza de la Catedral — 19.30 h — Manifestación

León (La Bañeza)
Plaza del Ayuntamiento — 19.00 h — Concentración

León (Ponferrada)
Paseo del Ayuntamiento — 20.00 h — Mesa informativa

Salamanca
Plaza Mayor — 20.00 h — Concentración

Béjar (Salamanca)
Plaza Mayor — 19.00 h — Concentración

Segovia
Paseo Azoguejo — 19.00 h — Concentración


Semana de #SolidaridadconGrecia

Octavilla semana de movilización solidaridad con Grecia pdf
Página en Facebook


El resultado de la batalla en curso contra la austeridad definirá el futuro no sólo de los griegos, sino también el de los pueblos eu­ropeos que luchan por una mayor demo­cracia e igualdad. Durante los gobiernos anteriores, Grecia solía ser un conejillo de indias, pero ahora es un ejemplo positivo que algunas fuerzas quieren aplastar.

Por tanto, hay una necesidad de construir un frente social y político europeo militan­te contra la presión de las instituciones de la UE que lleva a la asfixia de la sociedad griega y a la reanudación de los programas de austeridad, ya implementados durante cuatro años por los gobiernos anteriores con resultados catastróficos. El pueblo griego, con su mandato el 25 de enero, condenó las políticas de austeridad, así como las leyes antilaborales y los progra­mas de privatización.

Las políticas apoyadas por SYRIZA han in­corporado las demandas de los sindicatos y los movimientos sociales de Europa durante los últimos diez años, y ahora necesitamos el apoyo de estos movimientos con el fin de resistir a estas presiones y proceder con el programa progresista de justicia social. Los dirigentes europeos tienen que castigar el contra paradigma de la justicia social y la democracia defendida por los representan­tes del pueblo griego, porque tienen miedo: ¡No dejes que lo hagan!

En estos momentos se están llevando a cabo negociaciones entre el Gobierno grie­go y las instituciones europeas. A las élites económicas les resulta difícil aceptar que alguien cuestione sus políticas y proponga un plan alternativo para la economía. Están utilizando todos los medios para chantajear al pueblo griego y su a Gobierno. ¡Mostrad­nos que no estamos solos en esta lucha!

Debemos presionar a estas instituciones para que cese este comportamiento in­aceptable y hacerles admitir que son los ciudadanos europeos quienes deben deci­dir su futuro. Sobre la base de las recientes decisiones de la reunión de Atenas del 2 de mayo, nosotros, una amplia coalición de organizaciones sociales, sindicatos y re­des, intelectuales, artistas, organizacio­nes de emigrantes y diversos poderes políticos de izquierda, verdes y progre­sistas que son activos en Grecia, propo­nemos acciones internacionales, entre el 20 y el 26 de junio, con el fin de crear un entorno social y político positivo que apoye la lucha griega. Por otra parte, es­tamos dispuestos a acoger un evento aquí, en Atenas, el 27 para compartir nuestras y vuestras experiencias de movilizaciones y de solidaridad. Es significativo transformar a los europeos de espectadores pasivos a jugadores activos de esta historia.

Este evento proporcionará el espacio ne­cesario para que estos actores expresen su preocupación con respecto a las ne­gociaciones, pero sobre todo para sacar a la superficie la necesidad de equilibrar las presiones sistémicas contra las demandas del Gobierno griego contra la austeridad y por la justicia social. Es de la máxima im­portancia enviar un mensaje político claro. La sociedad griega no está sola. Tene­mos que demostrar que todos estamos de­cididos a apoyar las continuas demandas del movimiento. El pueblo griego decidió, votando un gobierno de izquierda que les apoyaba, romper el consenso neoliberal. La solidaridad y el apoyo popular masivo pro­porcionarán lo mejor a un enfrentamiento entre los ciudadanos y la élite política y eco­nómica europea.

Vamos a luchar por una Europa de la dignidad y la solidaridad y en contra de una Europa de lucro, una Europa fortaleza. Hacemos un llamamiento a todas las fuer­zas sociales y políticas para que participen en la semana de la solidaridad y construyan fuertes coaliciones nacionales que respal­den la lucha europea contra la austeridad.

#SolidaridadConGrecia

18 de Abril: Día de Acción Global contra el TTIP #18ANoalTTIP

El sábado 18 de abril sal a la calle contra el TTIP



Salamanca


En Palencia, mesa informativa en la Plaza Mayor a las 12 de la mañana. 



Convoca la Plataforma No al TTIP de Palencia en la que ATTAC participa junto a EQUO, Ecologistas en Acción, CGT, Ingenieros si Fronteras, y los que se sumen ese día.

CONCENTRACIÓN Y ACTO INFORMATIVO en Valladolid · Plaza Fuente Dorada · 18 abril, sábado. De 12.30 a 13.30 horas

Convocan:
Asamblea Ciudadana de Valladolid
CGT Valladolid
Ecologistas en Acción de Valladolid
Entrepueblos




El #14F Día de las AMORdazadas

Colectivos de activistas y juristas convocan una  maniFIESTAcción contra las Leyes Mordaza



La Plataforma ciudadana No Somos Delito, informa de nuevas movilizaciones para este fin de semana en rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana y la Reforma del Código Penal (Leyes Mordaza), con las que el gobierno pretende criminalizar la protesta ciudadana y a las personas en riesgo de exclusión social.

Este 14 de febrero en Madrid hay convocada a las 12h una “ManiFiesta” con el recorrido de Plaza España a Sol, coincidiendo con el día de los/as enamorados/as (San Valentín) y con la fiesta de carnavales. “El 14F Día de las AMORdazadas declararemos nuestro amor a las libertades de expresión y reunión pacífica así como a los Derechos Humanos”.

No Somos Delito, ha invitado a todas las ciudades del Estado Español así como del extranjero a convocar acciones descentralizadas ese mismo fin de semana para luchar contra estas reformas a punto de ser aprobadas en el Senado. Ya hay convocadas manifestaciones y concentraciones en más de 20 ciudades de dentro y fuera de España, el 12 de febrero en Montevideo, el 13 de febrero en Pinto (Madrid), el 14 de febrero en Salamanca, Granada, Gijón, Pamplona, Santiago, Málaga, Murcia, Bilbao, Almería, Ibiza, París, Estrasburgo, Stuttgart y Lima, el 15 de febrero en Sevilla, Alcalá de Henares (Madrid), Gran Canaria y en Viena y  el 19 en Valencia.

-Leer nota de prensa adjunta-


Para ampliar información contactar con Alba V. (637873604) o Arantxa Freire (657852927) o al email (nosomosdelito@gmail.com)

Consultar el dossier de prensa de No Somos Delito:

 http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/dossier_de_prensa_no_somos_delito_2014.pdf

La ciencia sigue luchando por ser escuchada

Madrid, 27 de noviembre de 2013. Con motivo de la entrega de los Premios de Calidad en la Gestión Pública, a la que estaba prevista la asistencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristobal Montoro, la Asamblea General de Ciencia ha convocado esta mañana a las 12 horas una protesta en el Centro Superior de Investigaciones Científicas bajo el lema 'Sin Ciencia no hay futuro'.

Las más de 30 personas que han acudido a la protesta han entrado en el edificio donde se estaba produciendo un descanso para el café dentro de la IV Conferencia Estatal sobre la Calidad de Servicios Públicos para leer un comunicado en el que han destacado que éstos "son el emblema de la sociedad democrática de progreso y de futuro. Estamos asistiendo al desmantelamiento organizado y sistemático de cada uno de ellos, aquellos que pueden dar beneficios económicos rápidos se privatizan sin vergüenza alguna y aquellos que proporcionan beneficios, no económicos, sino humanos, se eliminan sin piedad. Este modelo acabará destruyendo las bases en las que se apoya la sociedad". Asímismo, los activistas han asegurado: "Sin sanidad, educación, vivienda, ciencia, servicios sociales,transportes, pensiones... no hay futuro, no es el momento de entregar premios, es el momento de exigir responsabilidades de toda índole por esta inmensa y peligrosa estafa." 

Pese a pedir atención a sus palabras y elevar la voz para hacerse oír sobre los murmullos y sonidos de tazas y cucharillas, pocos han sido los asistentes a la Conferencia que han prestado atención al manifiesto. Uno de ellos, Domiciano Jiménez, presidente de la Coordinadora Interterritorial de Empleados Públicos, ha resumido así lo que acaba de presenciar: "Estamos aquí participando en unas jornadas una conferencia sobre la transparencia en los servicios públicos. La transparencia y el buen gobierno. Pero lo que ha resultado paradójico es que ante una concentración como la que se acaba de producir aquí, la gente en lugar de aplaudir o de solidarizarse precisamente con esa transparencia, lo que ha hecho ha sido seguir tomándose su café, es decir, vivir a espaldas realmente de lo que ahí dentro (en la Conferencia) se está pregonando. Ayer durante toda la jornada se estuvo hablando de eso, de transparencia, de hablar a la gente y realmente expresar los gobiernos lo que se quiere y aquí realmente no se esta escuchando absolutamente a nadie. Hablan de portales web donde el ciudadano se puede dirigir a la administración para transmitir sus quejas y sugerencias, pero ni tan siquiera abren la oreja o se callan diez segundos para escucharlo que dice la gente que está afectada por los recortes". 

Como llamada de atención hacia la protesta y dentro del espíritu de entrega de galardones se ha intentado hacer entrega al ministro Montoro del Premio a la Excelencia y Calidad en la Destrucción de los Servicios Públicos. Ni el ministro, por ausencia, ni ningúna otra persona en su nombre ha recogido el galardón, que le será enviado con el "sincero deseo de que trabaje para mejorar la situación de las personas y no de la banca". 

Al término del acto Alberto, trabajador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha explicado las razones de esta convocatoría:"Hemos llamado a esta protesta, no solo trabajadores de ciencia de CSIC y universidades, sino también trabajadores de la sanidad y educación y distintos colectivos sociales contra la precariedad. Hemos convocado aquí porque es la IV Conferencia Estatal sobre la Calidad de los Servicios Públicos. Nos ha parecido una manera de reírse en nuestra cara, cuando los servicios públicos cada vez estan peor, de hecho estan desapareciendo en muchas ocasiones. Montar un chiringuito aquí, a 100 euros la entrada, para dar premios, que nadie sabe en que consisten, a la calidad de los servicios públicos, es una tomadura de pelo bastante grande. Si quieren tomarnos el pelo no siempre lo van a siempre tener tan fácil, los trabajadores de los servicios públicos vamos a estar aquí para recordarles lo que de verdad queremos, lo que la sociedad demanda".

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (o cómo crear una “mayoría silenciada”)

Gerardo Pisarello · Jaume Asens


La “mayoría silenciosa” se ha convertido en una categoría central de la política española actual. En manos del Gobierno, es el arma arrojadiza contra cualquier movilización que cuestione sus políticas. Los que protestan –contra los recortes, contra las privatizaciones, exigiendo mayor democracia– son siempre una minoría. Ruidosa, extremista, invariablemente manipulada. La “mayoría silenciosa”, en cambio, sería la expresión ontológica de una sociedad civilizada. La que se queda en casa, la que soporta estoicamente los ajustes y las exhibiciones de impunidad de los que mandan.

El problema se produce cuando las minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”, ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear. Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. El anuncio del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe entenderse dentro de esta última estrategia.

Escarmentado por las movilizaciones anti-ajuste contra el PSOE y por el crecimiento del soberanismo en Cataluña, la idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El propio Ministro Fernández Díaz ha acompañado cada movilización contra su Gobierno con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. A menudo, estos anuncios han sido tratados como globos sondas, como una suerte de provocación destinada a quedar en nada o en muy poco. Lo cierto, sin embargo, es que han producido cambios concretos en el marco normativo y han dado cobertura a actuaciones policiales que hubieran resultado intolerables unos años antes.

a) Crear una mayoría silenciada (I): endurecer el Código Penal.

Ya en ocasión de la primera huelga general contra el Gobierno Rajoy, Fernández Díaz denunció un “salto cualitativo” en los hechos de violencias registrados durante las protestas. Esta supuesta “emergencia” era totalmente infundada a la luz de los hechos reales. Sin embargo, le permitió anunciar una reforma del Código Penal que asimilara la llamada “violencia callejera” a conductas terroristas o proto-terroristas. Fernández Díaz también aprovechó la coyuntura para enviar otros mensajes de dureza. Sugirió que asociaciones, partidos y sindicatos respondieran penalmente en aquéllos casos en que algunos de sus afiliados, partícipes en las manifestaciones convocadas, cometieran hechos delictivos. Y pidió lo mismo, en el ámbito civil, para padres y tutores cuyos hijos menores de edad pudieran haber causado daños durante una manifestación.

Muchas de estas medidas fueron descalificadas como un simple exabrupto pour la galerie. Empero, inspiraron buena parte la propuesta de reforma del Código Penal anunciada en ese mismo año por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Anteproyecto de Gallarón perseguía varios objetivos simultáneos. Por un lado, contemplaba nuevos delitos y endurecía penas y multas que podían afectar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias u organismos públicos, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Por otra parte, ampliaba el alcance de delitos ya existentes como el de desórdenes públicos y abría las puertas a la criminalización de la resistencia pasiva, como había pedido Fernández Díaz [1]. Finalmente, establecía la desaparición de las faltas, que pasaban a convertirse, bien en delitos leves, bien en infracciones administrativas. Esta última medida distaba de ser una expresión del principio de intervención mínima. Muchas actuaciones hasta entonces constitutivas de faltas, en realidad, recibieron un tratamiento penal más duro. Con ello, actuaciones de desobediencia protagonizadas por el 15-M, los Yayoflautas, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o el Sindicato Andaluz de Trabajadores corrían el riesgo de recibir abultadas sanciones económicas o de acabar en el banquillo de los acusados, en un juicio penal por delito.

b) Crear una mayoría silenciada (II): reforzar la impunidad policial

Otra de las vías de actuación del Gobierno para “silenciar” a las “minorías ruidosas” sería la ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. En 2013, la Comisión Legal de la Acampada del 15-M de Sol, de hecho, denunció que en tres años 329 personas habían sido detenidas (y a veces lesionadas) en el transcurso de manifestaciones pacíficas. Estos abusos policiales no merecieron, casi nunca, la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, a menudo contaron con un aval, implícito al menos, de los mandos políticos y policiales. El crédito casi ilimitado dado a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos permitiría ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad. En poco tiempo, aumentaron los maltratos y las detenciones arbitrarias, se impusieron multas desorbitadas, se abrieron páginas electrónicas para denunciar a sospechosos de “vandalismo” en las manifestaciones y se autorizó la grabación de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La generalización de estas prácticas contrastaría con la impunidad concedida a los cuerpos policiales. Esto se pudo ver claramente con motivo de la detención, tras una brutal carga policial, de varias personas en la manifestación del 25  de septiembre de 2012, en protesta por la recién aprobada reforma laboral. Al llegar a la comisaría de Moratalaz los abogados de los detenidos se toparon con un grupo de encapuchados que, a la postre, resultaron ser agentes de la Policía Nacional. A pesar de la queja  de los letrados, Fernández Díaz no tuvo empacho en defender los interrogatorios. Es más, tras la difusión de imágenes de policías encapuchados infiltrados en la manifestación, el ministro sostuvo que el ordenamiento jurídico “debe y va a ser capaz” de hallar mecanismos para que el respeto a la libertad de expresión “no sirva nunca de parapeto” para atentar contra el honor de los policías.

La nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana concreta esta aspiración. No en vano, su diseño ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, uno de los pocos miembros del Gobierno que ha defendido sin ambages la utilización de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla. 

ATTAC llama a la ciudadanía a manifestarse en las movilizaciones del próximo 23N y seguirá trabajando para lograr la mayor convergencia posible.

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El próximo 23 de Noviembre -este mismo sábado- se han convocado movilizaciones a lo ancho y largo de los territorios del Reino de España. Bajo distintos lemas. Bajo distintas banderas. Bajo distintas pancartas. Todas ellas tienen en común la reivindicación y la defensa de lo público, la exigencia de poner a las personas por encima de la actual economía basada en la especulación financiera, y la denuncia de la estafa que suponen las políticas que -impuestas desde Europa por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y aplicadas con gusto y esmero por el gobierno, lejos de sacarnos de esta crisis, cavan cada vez un hoyo más hondo bajo los pies de la ciudadanía, mientras sus consecuencias son a su vez, utilizadas como excusa para privatizar y saquear nuestro patrimonio común.
Los mensajes trasladados a la ciudadanía a través de estas convocatorias comienzan por fin a señalar a los beneficiarios de este expolio: la Banca, cuyos desmanes estamos pagando no sólo con el dinero de todas y todos, sino también con la renuncia y el robo de nuestros derechos y los derechos de las futuras generaciones. Una Banca que a pesar de haber sido en parte nacionalizada, se niegan a hacer pública y a poner bajo control ciudadano ¡esa sí sería una política dirigida a terminar con la crisis y a apoyar la recuperación de la economía real!
ATTAC participa en los diversos espacios en los que se promueve la–tan necesaria-colaboración de todas las organizaciones, asociaciones, asambleas populares y todo tipo de actores y agentes sociales que están destinados a entenderse y caminar juntos en la defensa de lo público y lo común, convencidos -como estamos- de que no hay otro camino ante la ofensiva ultraliberal de saqueo privatizador y expolio generalizado. Por ello ATTAC ha trabajado activamente para lograr la mayor convergencia posible en las movilizaciones del próximo 23N.
Por lo que animamos a todas las personas, socios, socias y simpatizantes, a llenar las calles y sumarse al clamor popular que esperamos sea el 23N, donde se exprese con rotundidad el rechazo a la violencia económica y social a la que estamos siendo sometidos y la exigencia de políticas que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

ATTAC España, 21.11-13
ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Hacia la liberación

Mario España Corrado – ATTAC Castilla y León
Los pueblos no actúan como sujetos puros, sino como bloques contradictorios, que frecuentemente en la historia traicionan sus reivindicaciones más profundas.
Enrique Dussel

Sin olvidar la afirmación de Ramonet, de que publicidad, sondeos y marketing son “técnicas de persuasión que tienen por objeto permanente la domesticación de las mentes” señalaré una reciente encuesta del CIS –naturalmente muy discutida por el PSOE- que reafirma otra anterior de La Sexta, donde se informa que el PP, tras meses de caída en intención de voto, vuelve a aumentar ligeramente. ¿Sorprendente? No. Y sin embargo, en medio del sinfín de noticias habituales referentes a “la que está cayendo” aquí y ahora, debería serlo. Porque ¿verdaderamente existe un segmento de población que considera que la situación está bien encaminada y mejorando? ¿Verdaderamente tal sector –que, no lo olvidemos, forma parte del “nosotros” nacional- recibe y aprueba “eso que cae”, como si de auténtico maná celestial se tratara?
En realidad, poco queda ya capaz de sorprender. Desde estas mismas páginas, otros compañeros han pasado del asombro a la estupefacción y la incredulidad ante la diaria constatación de que, lo que no “cae” nunca, es la gota que desborde el vaso. O los vasos,  pues hay varios diferenciados. Hay uno que, en un “antes” idealizado, logró ser copa de fino cristal. Es la de aquellos  que luchan, sí, pero para volver atrás (sin acertar siquiera a comprender qué les está sucediendo, por qué, y quiénes son los verdaderos responsables). Si son tercera edad,  ansían regresar a los años dorados del pacto trabajo-capital (aunque en España se vivieron solamente cuando ya se aproximaban a su final). Si son más jóvenes o más modestos, al 2006, antes de que “todo” comenzara.
¡Ah, qué poca memoria tenemos! ¿Fueron esas realidades tan apetecible? ¿No había entonces injusticias, miseria? Las profundas desigualdades que ahora denunciamos no nacieron con la crisis ni con el neoliberalismo: estaban implícitas en aquel pacto y actuando, aunque disimuladas, incluso en los momentos más “dorados”. Son inherentes al capitalismo, inseparables por siempre de él. Y qué alto precio están pagando ahora los trabajadores por esa pasada bonanza, que debilitó su conciencia de clase.  ¿Qué gota, oleada, inundación requiere ese cristal para comprender que aquel momento histórico está radicalmente terminado? (Cuidado; es riesgoso querer avanzar mirando hacia atrás; uno puede tropezar y caerse.) Y luego está el vaso que siempre fue vidrio, artesanal o producido industrialmente; el buen, sólido, resistente vaso de una gran mayoría. ¿Cómo es posible que se quiebre o se vacíe antes de derramarse?
Mencionaba recientemente Josep Fontana, como característica de este inicio de milenio, esa callada aceptación y sometimiento al poder por parte de un sector considerable de la ciudadanía, “de tal manera que parece que nos lo pueden vender todo, y lo compramos, aunque no estemos de acuerdo.”¿Por qué? ¿Miedo? En muchos casos, seguramente; temor paralizante al cambio radical en el modo de vida al que nos habíamos acostumbrado; a lo desconocido que puede venir después; a perder lo poco que nos va quedando. Pero también por el desconocimiento de la auténtica realidad y lo que de verdad puede venir –está viniendo ya- como consecuencia. Y por la culpa que el sistema descarga inmisericorde sobre nosotros para que aceptemos la “expiación”. O la falsa esperanza que despliegan ante nuestra desesperada necesidad de creer: “brotes verdes” y futuros “que asombrarán al mundo”. Hay sin duda muchos porqués para tanto desconcierto, para esa pérdida de conciencia de nuestro poder como clase, y de la necesidad y el modo de mantenerlo.
¿Qué hacer entonces con tantos vasos que parecen sin fondo? ¿Cómo podríamos colmarlos de confianza en sí mismos, de determinación, o de ese fermento de valor que brota, en lo más hondo de un miedo visceral, cuando lo descartamos a fuerza de conocerlo y asumirlo? La respuesta, mi amigo, no está escrita en el viento, y no creo que pueda haber sólo una. Como el problema, la solución probablemente ha de ser múltiple y debemos buscarla a tientas, sin ninguna certeza de dónde, cómo o cuándo.
Pienso ahora solamente en que la razón de que un poder sea acatado, es menos la violencia de su represión que su capacidad de seducir o convencer con sus argumentos, por falsos y tergiversados que a nosotros nos parezcan; un discurso amañado que forma parte de una cuidadosa estrategia perfeccionada durante decenios; un montaje profundamente mentiroso y amoral, pero que utiliza todos los ardides de la psicología de masas y la religión para persuadir y por lo tanto ser obedecido. El poder es una relación de fuerzas que reside en la propia sociedad, objeto del engaño tanto como sujeto de su aceptación o rechazo. Todo ser humano, inmerso en tal esquema de relaciones, decide la dirección a tomar. Elige siempre, por acción o por omisión; aún cuando no tenga conciencia de estar optando, y también cuando se deja seducir.
Si la construcción de una sociedad mejor ha de ser tarea de todos nosotros, es imprescindible despertar las conciencias y movilizar también a los añorantes del pasado, los atemorizados o indecisos, los que se autosojuzgan o  están presos en las fabulaciones del sistema. Deberemos analizar y desmontar ante ellos todas y cada una de sus trampas de modo que puedan replantearse sus opciones con pleno conocimiento. Si podemos creer aún en la pujanza revolucionaria de la verdad, ahora es cuando verdaderamente necesitamos que ella se revele. La forjaremos como arma. ¿Con qué otra podríamos contar en esta labor? Informar constantemente, mostrar, explicar. Desarrollar el espíritu crítico -el nuestro y el de todos- llevándolo a una concepción distinta, nueva de las cosas para, superando el desorden personal de cada uno –espejo del de la sociedad entera- podamos acceder a una reacción en cadena hacia la liberación.
Explicar -¡y convencer!- para luego unirnos en la guerra común. Preguntémonos entre todos  por el tipo de mundo en que deseamos vivir y, luego, determinémonos a luchar por él. Acotemos y definamos el campo de batalla, el enemigo primordial y sus acólitos, la bandera y consignas que enarbolaremos y el por qué de nuestra lucha. Y tengamos siempre en cuenta que, si el cambio no es profundo, será apenas un emplasto, un parche, nada.
Podemos hacerlo. ¡Debemos! Pues lo contrario significaría un sufrimiento sin límites. Caer en combate –no hay certezas- es tolerable; retirarse, no.

ATTAC CyL no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Acción contra la Pobreza Energética - 23 de Octubre - 20:00 - Plaza Mayor de Salamanca

Convocamos a quienes queráis sumaros a la lucha contra la #PobrezaEnergética a la acción que tendrá lugar el día 23 de octubre a las 20.00 h. en la Plaza Mayor de Salamanca donde, arropados con mantas y llevando velas, informaremos sobre los motivos de esta acción.
¿Por qué nos movilizamos?
- Porque mientras el nivel adquisitivo de la mayoría de la población no ha dejado de bajar en los últimos años, los recibos de la luz y del gas no han dejado de subir: en electricidad se paga actualmente un 80% más de lo que se pagaban hace 10 años por el mismo consumo.
- Porque los deficientes sistemas de calefacción y aislamiento de numerosas viviendas, añadidos a estas subidas, hacen que 2 millones de familias se encuentren en situación de pobreza energética, es decir no puedan cubrir sus necesidades domésticas de energía.
- Porque la reforma energética que propone el gobierno va contra los intereses de la ciudadanía, es insolidaria y no resuelve los 2 principales problemas del modelo energético español:
o La dependencia energética del exterior: basada en la importación de combustibles fósiles y uranio:
Con precios cada vez más altos
Con impactos ambientales inasumibles
o El control de la política energética por parte de un oligopolio empresarial
¿Qué queremos?
Un cambio en la actual política energética hacia un modelo más justo, sostenible y soberano.
Así, exigimos:
- Una política energética que responda a los intereses de la sociedad, estableciendo mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones, fomento del empleo local y soberanía energética
- Un nuevo modelo energético más solidario, que no permita cortar el suministro energético a hospitales y colegios por impago. La energía es un servicio básico, que, como el acceso al agua, ha de superponerse a los intereses empresariales.
- Un modelo energético sostenible, que aproveche las fuentes de energía renovables y fomente el ahorro y la eficiencia energética.
- El fomento de la independencia energética, favoreciendo el autoconsumo en vez de penalizarlo.
Esta acción está convocada por: Plataforma por un nuevo modelo energético

Para más información:
www.nuevomodeloenergetico.org
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MANIFIESTO: PAREMOS LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL POR VÍA DEL CÓDIGO PENAL


Desde ATTAC Castilla y León deseamos apoyar esta iniciativa y animar a nuestro afiliados y simpatizantes a que se sumen a la misma.

Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas
Los abajo firmantes, personas y organizaciones demócratas profundamente alarmadas por la deriva autoritaria y antidemocrática del Gobierno del PP, expresada en su anteproyecto de Reforma del Código Penal promovida por el Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón, queremos expresar nuestro rotundo rechazo a y exigencia de retirada de dicho texto.Se trata de un texto que ha ido incluyendo numerosas novedades de muy importante calado en posteriores fases de su redacción, las cuáles han sido remitidos al Consejo de Estado sin pasar las nuevas incorporaciones al texto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni por el Consejo Fiscal, como es preceptivo.Este puenteo por parte del Gobierno de los órganos competentes supone una violación del artículo 108.1.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y conlleva un grave precedente antidemocrático que pone en tela de juicio las bases legales en las que se asienta un Estado democrático.Que el Gobierno ningunee a los citados órganos bajo la premisa de que estos serán contrarios a determinadas partes del redactado del anteproyecto de Reforma del Código Penal es una muestra de comportamiento arbitrario por su parte y de parcialidad procedimental evidentes.

Por otro lado, el modo en que se está acometiendo el redactado del articulado de este código, que en su fase de Anteproyecto es ya un documento aprobado, escasamente transparente en cuanto a información a la sociedad es, como poco, preocupante, dado que sitúa a la sociedad en una posición de indefensión ante una legislación que parece en gran medida pensada para reprimir la protesta social ante las políticas de recortes de lo público y de austeridad impuestas por el actual gobierno.

Un Estado que confiere un incremento de la autoridad a los agentes del orden público debe de ser mucho más garantista respecto a los derechos fundamentales de la persona y a sus libertades ante situaciones de empleo de la fuerza por parte de dichos agentes. Ello exige un blindaje de las garantías constitucionales que grave punitivamente todo empleo desproporcionado, injustificado y arbitrario de la fuerza policial, algo que no vemos reflejado en el nuevo ordenamiento penal previsto.

Uno de los primeros elementos en el anteproyecto que demuestra la voluntad del Ejecutivo de criminalizar la movilización social contra sus políticas antisociales es el deslizamiento hacia la igualación de las prácticas pacíficas en la protesta con las que no lo son. La desaparición de los términos “grave” y “activa”, refiriéndose a las formas que ha de adoptar la resistencia a la autoridad policial para que ésta sea considerada delito de atentado, del artículo 550 del mencionado Anteproyecto, muestra la voluntad de crear confusión respecto a lo que es o no un comportamiento violento. Al desaparecer el adjetivo “activa” en relación a la resistencia a la acción policial se introduce un margen importante de discrecionalidad y subjetividad en casos de resistencia pasiva, lo que favorecerá la arbitrariedad tanto de la policía en sus informes como de la ley en caso de ser juzgado este tipo de acción no violenta.

Esta cuestión parece confirmarse en el caso del “Delito de invasión u ocupación de domicilios de personas jurídicas”. El texto del Anteproyecto incluye también un nuevo artículo 557ter por el cual incurrirían en delito quienes “actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad del titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal”. Convertir en delito de desorden público la “perturbación relevante de su actividad normal” es tan descabellado jurídicamente como transformar en delito una manifestación cuyo transcurso afecte al tráfico rodado en algunas arterias de comunicación principales de una gran ciudad.

Penalizar una protesta pacífica en “el domicilio de una persona jurídica pública o privada” parece obviamente pensado para impedir movilizaciones en lugares como sucursales bancarias, empresas, oficinas de empleo, parlamentos, etc. y evidencia la coyunturalidad de un nuevo artículo pensado para limitar el derecho de manifestación.

Las expresiones “invadan u ocupen, contra la voluntad del titular” parecen contraponerse al párrafo de la Exposición de Motivos de dicho artículo que aclara que “se regula como supuesto atenuado la entrada en locales y establecimientos de un modo que altere su normal actividad, cuando no se hubieran llegado a producir actos de violencia o amenazas, conducta que la regulación anterior equiparaba a los desórdenes violentos”. En realidad, la intención del legislador es la de tipificar actos que no son violentos ni agresivos y que tampoco llegan a constituir desórdenes públicos. En la práctica acaba por unificar lo que presupone violento con lo que no llega a serlo y lo que está prohibiendo expresamente es el derecho a manifestarse dentro del edificio de una institución jurídica de carácter privado público. Y es especialmente grave porque tipifica como agravante que la invasión u ocupación de dichos centros se produzca como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de reunión, a los que pone antidemocráticamente límites, algo incompatible con el Derecho Internacional.

El artículo Art. 557, “Alteración del orden público”, en su apartado 1, “Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión”, pretende equiparar la violencia grupal con la individual, introduciendo a su vez un sesgo subjetivo respecto al ordenamiento aún vigente (que señala resultados concretos de los actos violentos) al sustituir el redactado de los actos concretos de la acción violenta por la genérica referencia a “actos de violencia”, que provocan auténtica inseguridad jurídica a la persona al no quedar aclarados qué actos son violentos y cuáles no, quedando al arbitrio judicial su determinación. Resulta obvio el carácter coactivo de esta propuesta legal para cualquier participante en manifestaciones públicas.

ATTAC Castilla y León con el #1J Pueblos Unidos contra la Troika

carteleria
ATTAC Castilla y León apoya las movilizaciones convocadas bajo el lema PUEBLOS UNIDOS CONTRA LA TROIKA el próximo 1 de junio a nivel internacional.

MAS INFORMACIÓN:



CONVOCATORIAS EN CASTILLA Y LEÓN:


  • Burgos. 19 horas. Plaza del Cid.
  • Palencia. 12 horas. Parque del Salón.
  • Salamanca. 19 horas. Plaza de la Constitución a Plaza Mayor. 
  • Segovia. 19:30 horas. Fernández Ladreda a Plaza Mayor
  • Valladolid. 19:30 horas. Plaza Fuente Dorada a Banco de España.