La campaña No al TTIP convoca movilizaciones en más de 20 ciudades para frenar al CETA

El próximo 21 de enero la campaña No al TTIP ha convocado junto a otras organizaciones sociales y políticas europeas un Día de Acción Global para demandar al Parlamento Europeo que vote “no” al acuerdo comercial y de inversiones entre la UE y Canadá, el CETA. En el Estado español se han sumado más de 20 ciudades a esta convocatoria.

Está previsto que el próximo 14 de febrero el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo vote la ratificación del CETA. Por tal motivo, la sociedad civil, sindicatos, agricultores y activistas de organizaciones ciudadanas, culturales y políticas de toda Europa, también del todo el Estado español, saldrán a la calle el próximo sábado 21 de enero con el objetivo de frenar este tratado económico y comercial entre la UE y Canadá, también conocido como el “TTIP canadiense”.

“El movimiento europeo contra los acuerdos comerciales como TTIP y CETA ha conseguido poner contra las cuerdas las negociaciones comerciales de la UE”, ha declarado Luis Rico, uno de los portavoces de la campaña. “La sociedad se está rebelando contra el contenido de estos acuerdos, que están pensados únicamente para incrementar el flujo de inversiones, el comercio y el poder de las grandes empresas. Proponemos un modelo comercial que evite los efectos negativos de la globalización. Por eso el sábado volveremos a salir a la calle para decir que las personas y el planeta están antes que las multinacionales”, ha concluido Rico.

En el caso de que se ratifique del CETA, el próximo 14 de febrero amplias secciones de este acuerdo comercial y de inversiones se aplicarán provisionalmente, incluso antes de que sea votado para su confirmación final en los distintos parlamentos nacionales de los 28 miembros de la Unión Europea (UE).

Pero antes de esta votación decisiva, varias comisiones parlamentarias tienen que expresar y votar su opinión sobre el tratado. En diciembre la resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) recomendó votar en contra el CETA. Sin embargo, la Comisión de Medioambiente (ENVI) que se celebró el pasado jueves 12 de enero respaldó el acuerdo. El próximo 24 de enero será la Comisión de Comercio Exterior (INTA) quien tenga que definirse sobre el tratado.

Por este motivo, la campaña No al TTIP ha estado manteniendo numerosos contactos con europarlamentarias y europarlamentarios, y ha celebrado reuniones con representantes de algunas fuerzas políticas en el Parlamento Europeo.

La campaña ha constatado la profunda división interna que existe en los grupos socialdemócrata (S&D) y demócrata-liberal (ALDE), donde diversos europarlamentarios han votado en contra de este tipo de acuerdos y han expuesto sus preocupaciones ante los graves peligros que implica la aplicación de este tratado en aspectos como el empleo, el sector agrícola, el principio de precaución, los servicios públicos o la futura cooperación reguladora.

“Es una falacia decir que este tipo de acuerdos comerciales y de inversión es una forma de gobernar la globalización o de mejorar la gobernanza global”, ha manifestado Cuca Hernández, portavoz de la campaña. “El texto del CETA”, ha añadido Hernández, “llama barreras comerciales a las salvaguardas para la salud y el medioambiente; trata de establecer tribunales para garantizar las ganancias de las grandes multinacionales; y desregulariza muchos aspectos que tienen relación con los servicios públicos y los derechos laborales. Aunque nos lo quieran vender como un intento de gobernar la globalización, el CETA ahonda la actual crisis global de desregulación del mercado, el empleo y el capital”.

La campaña No al TTIP ha expuesto a las europarlamentarias/os españolas/es que el texto del CETA y la “declaración interpretativa” que la acompaña incluye aspectos preocupantes, tales como:

• El CETA supone la aceptación de que las empresas multinacionales puedan demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Este acuerdo consagra un sistema judicial paralelo y unidireccional al que los inversores extranjeros pueden acudir para defender sus intereses eludiendo el sistema jurídico existente.

• En el texto de este acuerdo el desarrollo de los derechos laborales y el desarrollo sostenible son voluntarios y no legalmente vinculantes, por lo que no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones.

• El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.

• El CETA hace que Canadá y la UE sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.

• Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la UE.

• El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la UE como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.

• Las cláusulas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a la capacidad normativa de los estados pondrían obstáculos adicionales a las regulaciones, reforzando el papel de los lobbies en los procesos democráticos y socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.

• Tanto en Canadá como en la UE, el CETA expondría a agricultoras y agricultores a más presión debido a la competitividad comercial, lo que supondría una debilitación de este sector. Asimismo supondría un mayor impedimento para las políticas de compra pública de promoción de productos de cercanía y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.

• El CETA pone en grave riesgo el principio de precaución consagrado en el Tratado de la UE, principio que protege a consumidores, salud pública y medio ambiente.

Convocatorias en Castilla y León

León. Vía Crucis, 21/enero. 12:00h, Plaza de Botines.

Salamanca. Paseo contra el CETA, 21/enero 12:00h, Fachada de la Universidad.

Valladolid. Concentración, 21/enero. 12:30h, Plaza Fuente Dorada.

Cuando creías que los acuerdos comerciales no podrían empeorar más, aparece Wall Street

Por Paul Keenlyside

La traducción del original en inglés ha corrido a cargo de Jan Adamson.

¿Qué tienen en común las propuestas de dos minas de oro, una en los páramos de las tierras altas de Colombia y la otra en los Cárpatos de Rumanía?

Ambas minas necesitarían enormes cantidades de cianuro y amenazarían a los páramos que proporcionan agua potable a millones de personas. Una dañaría un ecosistema único y protegido legalmente y la otra acabaría con un asentamiento antiguo nominado por la UNESCO. Ambas han recibido críticas por parte de la comunidad científica, decenas de miles de personas se han manifestado en contra y los tribunales locales han impuesto restricciones normativas.

Y en ambos casos, las corporaciones mineras canadienses promotoras de los proyectos, Eco Oro en Colombia, y Gabriel Resources en Rumanía, han respondido a las protestas a través de los acuerdos de comercio e inversión para demandar a los gobiernos en los tribunales privados. De hecho, Eco Oro acaba de iniciar su demanda esta misma semana. Al utilizar el mecanismo de resolución de conflictos inversor-Estado (ISDS en sus siglas en inglés), las corporaciones pueden demandar a los gobiernos por cantidades de hasta miles de millones de dólares que salen de los impuestos de los contribuyentes de ambos países. Estas demandas ISDS son posibles gracias a los amplios derechos otorgados a las corporaciones mediante los acuerdos de comercio e inversión

Pero ambos casos tienen otro elemento en común: el gran capital de Wall Street.

Ambas demandas se financian con dinero del mismo fondo de inversiones de Wall Street, Tenor Capital Management. A cambio de una parte de la indemnización, Tenor financia los gastos legales de las corporaciones. Estas apuestas especulativas de ISDS ya le han salido muy bien a Tenor. El fondo de inversiones ganó a lo grande en abril de 2016, cuando se llevó el 35% de 1.400 millones de dólares en una sentencia ISDS contra Venezuela, lo que supone un beneficio de más de un 1,000% sobre los 36 millones de dólares que proporcionó Tenor para cubrir los gastos legales.

Los riesgos que conllevan estas prácticas, conocidas como “financiación de terceros”, son claros: Cuando Wall Street especula sobre el resultado de los casos ISDS, infla el número de casos de las corporaciones contra los gobiernos. El efecto es cada vez más gasto para el contribuyente y riesgos más altos para los gobiernos que se opongan a las inversiones nocivas.

De hecho, para maximizar sus ganancias, las empresas de Wall Street se sienten impulsadas a “invertir” en un gran número de casos ISDS, ya que existe una relativamente baja probabilidad de ganancias masivas en cada caso. Si esto suena a inversión tipo casino, hay que recordar que la naturaleza sesgada de los tribunales ISDS juega a favor de los inversores a terceros. Como reveló hace poco la investigación de Chris Hamby sobre el ISDS para la Buzz Feed News, el sector financiero ya ha montado un mercado sofisticado basado en estos casos ISDS. Gente que conoce el sistema desde dentro cree que pronto las empresas de Wall Street empezarán a trabajar los casos ISDS a “escala industrial.”


Debido al hecho de que sólo las corporaciones y no los gobiernos pueden iniciar los casos ISDS, los gobiernos no tienen los mismos recursos de financiación, ya que no tienen ganancias potenciales que ofrecer  En Costa Rica, que también está envuelta en un caso ISDS con financiación de terceros, relacionado con una mina de oro cuyos efectos serán nefastos sobre el medio ambiente, su Fiscal General tiene un presupuesto anual de sólo 17 millones de dólares. Bolivia, uno de los países más pobres de occidente, se enfrenta a un caso ISDS con financiación de terceros sobre una mina de plata, su Fiscal General tiene un presupuesto anual de 12 millones de dólares.

 En contraste, Tenor consiguió recientemente 170 millones de dólares para un fondo comercial internacional especializado en arbitrajes y lanzado en 2015. Otro fondo de terceros, ubicado en Londres, Fondo Calunius, sostiene que “no hay caso demasiado grande” para su empresa. Otro fondo importante, Burford Capital, invirtió $700 millones en demandas de terceros entre 2009 y 2015, con un rendimiento del 70% sobre el capital invertido en 2015.

Cuando estos fondos con tal poderío financiero apoyan las demandas  corporativas contra  gobiernos empobrecidos, incrementan la probabilidad de que el gobierno ceda y dé marcha atrás en las políticas cuestionadas por las corporaciones. Incluso en el supuesto de que un gobierno “gane” una demanda ISDS, se le puede hacer pagar las costas legales, con un promedio de 8 millones de dólares por caso, y en algunos casos sobrepasan los 30 millones. Frente a estos gastos, y posibles batallas legales muy largas, puede que los gobiernos consideren más prudente, a nivel económico, rebajar las normativas medioambientales o de otro tipo que intentar defender
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La financiación por terceros de las demandas legales ha generado también un malestar significativo al margen del mundo del ISDS. Existe la preocupación de que haya cada vez más demandas frívolas y cree conflictos de intereses cuando los financieros busquen influir en el resultado de las demandas. De hecho, la influencia de Tenor en los casos mineros contra Colombia y Rumanía es evidente. Tenor se ha convertido en un accionista importante de Eco Oro y Gabriel Resources, y un directivo  de Tenor ocupa un puesto en la junta directiva de ambas empresas. Incluso, este arreglo de Eco Oro con Turner, ha sido criticado por sus propios accionistas como “represivo y abusivo”, hecho para el beneficio de los directivos privilegiados de la empresa.

Por supuesto que la falta de fondos no debería ser una barrera a la justicia, y deben funcionar sistemas judiciales accesibles económicamente. Pero la financiación de las demandas vía Wall Street es el peor modelo posible. Esto es especialmente relevante en el caso del ISDS.  En última instancia, las empresas financieras están especulando con la posibilidad de enormes beneficios a costa del dinero público.

En un momento en el que los gobiernos deberían acelerar la lucha contra el cambio climático y proteger el aire y el agua, la financiación de terceros añade un predador más al sistema del ISDS que ya está socavando la posibilidad que tienen los gobiernos para salvaguardar el interés público.

Ya es una amenaza  muy real para los dos millones de habitantes de Bucaramanga, Colombia, que están luchando para parar la mina que amenaza su agua potable y para la gente de Rumanía, que tiene la esperanza de proteger sus aguas de otro escape masivo de cianuro.  Tener que enredarse en demandas financiadas por fondos de inversión, consecuencia de malos acuerdos comerciales, es una indicación de la necesidad de nuevas alternativas al comercio, basadas en el derecho soberano de los gobiernos para proteger sus recursos naturales.

Paul Keenlyside es investigador sobre el comercio del programa de Comercio Responsable del Club Sierra.

Cientos de organizaciones Europeas y Canadienses piden terminar con la ratificación del CETA

Cientos de organizaciones europeas y canadienses instan a las/los legisladores a votar en contra del Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA). Las organizaciones firmantes han aunado sus fuerzas en la defensa de las personas y del planeta contra las amenazas que plantea el Acuerdo UE-Canadá, el cual todavía debe ser ratificado por el Parlamento Europeo.

Si las/los europarlamentarias/os dieran luz verde al Acuerdo, se procedería con el paso siguiente: las ratificaciones en los Estados miembros.

En una carta abierta enviada a las/los eurodiputadas, las organizaciones firmantes han querido expresar las preocupaciones sobre el CETA, cuya ratificación puede debilitar la protección de los trabajadores y del ambiente, y ofrecer a los inversores extranjeros herramientas para atacar regulaciones de interés público.

La carta abierta subraya que:

• El CETA no es un acuerdo de comercio progresista; es aún mas invasivo que lo que preveía la vieja agenda de libre comercio diseñada por y para las multinacionales más grandes del mundo.

• El acuerdo contiene muchas disposiciones preocupantes que ponen relegan a un segundo plano las necesidades de las personas y del planeta.

• Hace falta un cambio de dirección hacia una política comercial transparente e inclusiva

A ambos lados del Atlántico, agricultores, sindicatos, sanidad publica, consumidores, grupos de defensa de los derechos ambientales y digitales y otras organizaciones de la sociedad civil se encuentran en la lista de los firmatarios. Su firme rechazo al CETA es la demostración de la creciente oposición al polemico acuerdo, criticado también por juristas, pequeñas y medianas empresas y un amplio número de economistas.

La activista Pia Eberhardt en nombre del Corporate Europe Observatory, una de las organizaciones que ha suscrito la declaración, afirma:

‘La ratificación del CETA otorgaría a las corporaciones carta blanca para conseguir sus intereses. El CETA contiene unas poderosas herramientas par que las corporaciones puedan intimidar a los gobiernos y demandarles para compensaciones si se introducen políticas para la protección de las personas y del ambiente que puedan afectar los beneficios de las multinacionales. En práctica, asistiríamos a como las corporaciones impidan a los gobiernos hacer el trabajo para el cual fueron elegidos.

Larry Brown, Presidente del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (NUPGE) quien también firmó la carta, añade:

Estamos con los trabajadores europeos y con las organizaciones de la sociedad civil que se están movilizando contra este acuerdo comercial que no sera beneficioso para la gente. Seguiremos luchando contra el acuerdo con Canadá. Queremos que nuestros líderes políticos se alejen del fracasado modelo de los viejos acuerdos comerciales y que promuevan un comercio que beneficie las personas y el ambiente.

El Secretario General de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU), Jan Willem Goudriaan, entre los firmatarios, comenta:

‘Los sindicatos han ofrecido numerosas sugerencias a las negociaciones del CETA para la protección de los servicios públicos y el fortalecimiento de los derechos laborales. A pesar de las concesiones de última hora para aclarar la possible interpretación del acuerdo, nuestras preocupaciones no se abordan en el texto. El CETA se ha convertido en un acuerdo perjudicial para los intereses de las personas. Por lo tanto, instamos a las/los miembros del Parlamento Europeo a que defendan las/los ciudadanas/os, los servicios públicos y nuestra democracia y que voten en contra del CETA.

Datos de contacto:

Cuca Hernández,

ATTAC, cucahernandez@gmail.com, +34 629 11 67 71

Francesca Ricciardi,

Ecologistas en Acción, difusion.noalttip@ecologistasenaccion.org , +34 633150207

Notas al editor:

• Enlace a la carta abierta dirigida a las/los legisladores (con las traducciones en diferentes idiomas).

• Ha habido cierto malcontento en el Parlamento Europeo con relación a la estricta agenda del CETA. Se prevé que los coordinadores de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) decidirán hoy (28 de noviembre) una nueva agenda. Todo apunta a una votación del INTA en enero, después de la cual todas/os las/los miembros del Parlamento Europeo votarán sobre el CETA en febrero.

• Un análisis del texto del CETA y de las muchas declaraciones que lo acompañan, pone en evidencia que las preocupaciones acerca de los impactos negativos para los trabajadores, el ambiente y la democracia son fundadas.

Los ejemplos relativos a las varias voces críticas sobre el CETA incluyen:

• Una cifra récord de 3,5 millones de personas en toda Europa que han firmado una petición contra el CETA y su tratado hermano, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, el TTIP

• Mas de 2.100 gobiernos regionales y locales se han declarado zonas libres del TTIP y CETA.

• Una declaración de 101 profesores de derecho de 24 países europeos que se oponen a los derechos de los inversores en el CETA y en el TTIP

• Una iniciativa por parte de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) de toda Europa que instan a los Gobiernos a que rechacen el CETA

• Comentarios académicos y periodísticos de destacados economistas que subrayan como las previsiones del CETA relativas a los ‘recortes de los costes de comercio y de otros’ causarán desempleo, desigualdad y perdida de bienestar (Kohler and Storm, 2016), convirtiendo el acuerdo en un tratado que pertenece a otra época y que debe ser rechazado (Piketty, 2016)

Cabe destacar que el día 29/11 se va a debatir en el Pleno del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley que insta a los grupos parlamentarios a posicionarse para rechazar la ratificación del CETA. Ya se presentó una PNL en la Comisión de Exteriores pero el 29/11 todo el Congreso tendrá que votar si están a favor de las multinacionales o de que se respeten los derechos laborales, el medio ambiente y la salud de las personas.

DesperTTando con Cuca Hernández (ATTAC), activista del #NoalTTIP

Cuca Hernández es una de las voces más constantes en la lucha contra el TTIP y sus compañeros de viaje (CETA y TiSa). Integrante y activista en ATTAC Madrid, nos ha contado los principales riesgos para los derechos de los Estados y la sociedad civil que supondría la aprobación de estos tratados.

Documental: Tratados Europeos

Tratados Europeos from Arsenio Mayo Mateos on Vimeo.

Los tratados que está negociando en estos momentos la Unión Europea con Estados Unidos (TTIP), con Canadá (CETA) y con 23 Estados (TISA) se están tramitando en la más absoluta oscuridad. Los representantes de la Comisión Europea en las negociaciones mantienen los acuerdos en secreto, a lo que hay que añadir el silencio cómplice de la gran mayoría de los medios de comunicación, tanto privados como públicos. Los tratados, sin embargo, afectarían una vez aprobados a nuestras vidas y nos vincularían más allá de lo que puedas imaginar.

Por ello se vio la necesidad de realizar este documento videográfico, en el que diferentes especialistas explican a la ciudadanía con lenguaje sencillo qué son estos tratados, cómo afectarían a la vida de la gente si llegan a ser aplicados, a quién beneficiarían, a quién perjudicarían, quiénes son los interesados en aprobarlos y quiénes se oponen a ellos, y por qué.

VER TAMBIEN: http://tratadoseuropeos.eu

DEBATE POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN

Video: Otoño en Resistencia, #niCETAniTTIP. ¡Volvemos a las calles!

El CETA dejaría un mal sabor en la seguridad alimentaria

Mientras el debate sobre el CETA, el tratado entre la Unión Europea y Canadá, arrasa en Europa, un  nuevo informe advierte que el acuerdo puede rebajar los estándares de seguridad alimentaria.

Clic en la imagen para descargar informe

Seguridad Alimentaria, Agricultura y Cooperación Reguladora en el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá es un informe desarrollado  por  Council of Canadians junto con numerosas organizaciones Europeas, entre las que se encuentran ATTAC España y Amigos de la Tierra. En el mismo, se exponen las diferencias normativas entre Canadá y la Unión Europea que pueden poner en peligro la seguridad de los alimentos y los estándares de producción europeos.

Las pequeñas economías agrarias europeas, que llevan años luchando contra la caída de precios, ahora se encontrarían con nuevos obstáculos, y tendrían que competir en condiciones de desigualdad con las importaciones canadienses. “Esto puede ser otro golpe para los granjeros europeos que competirían con una agroindustria  sin controles de bienestar animal y con estándares mínimos de seguridad” ha señalado, presidenta de Council of Canadians. “Canadá no es la naturaleza virgen que los europeos imaginan con pequeñas granjas salpicando el paisaje. Con el NAFTA, Canadá está inmerso en una agricultura de producción a gran escala, con la mitad de su producción procedente de tan solo el cinco por ciento de las explotaciones”.

En el informe se detallan las aéreas donde las normativas canadienses son mucho más débiles que las de la UE, incluyendo los alimentos genéticamente modificados, pesticidas, tintes alimenticios, pollo clorado u hormonas, entre otros. Canadá es el tercer productor mundial de organismos genéticamente modificados (OMG), y recientemente aprobó la venta de salmón genéticamente modificado. Por otro lado, el país norteamericano tampoco reconoce el principio de precaución europeo.  “No sólo estamos hablando de una competencia desleal con nuestros agricultores y ganaderos, sino de sentar las bases del modelo agroalimentario que queremos tener en el futuro:  preservar el modelo mayoritario de pequeñas y medianas explotaciones en Europa , en el que se prima la calidad, la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente y el bienestar animal” dice  Andoni García de la Comisión Ejecutiva de COAG. “Se fomenta un modelo productivo intensivo e industrial, base de la comida procesada y de una dieta poco saludable. No podemos echar por tierra  la rica y variada tradición gastronómica europea por el interés de un puñado de multinacionales agroexportadoras”.

“En todo el mundo la gente quiere más alimentos locales, sostenibles y saludables, para nuestra economía, nuestro medio ambiente y nuestro bienestar. El CETA nos lleva en dirección opuesta- hacia las granjas industriales, con producciones insostenibles y con cuestionables normas de seguridad”, ha  declarado Blanca Ruibal, portavoz de Amigos de la Tierra. “La alimentación es una parte esencial de nuestra comunidades y de nuestros valores. Los europeos deben conocer como sus normas pueden ser degradadas antes de que tomen una decisión sobre el CETA.”

“El CETA supone una amenaza similar al TTIP, pero además es el submarino de la economía norteamericana en Europa,  ya que no tenemos que olvidar que gracias al NAFTA las empresas estadunidenses que tengan sucursales en Canadá van a tener las mismas oportunidades de operar a través del CETA”, ha indicado Cuca Hernández vicecoordinadora de ATTAC Madrid y activista de la campaña contra los tratados. Añade “Estamos en un momento de gran peligro para nuestro futuro, ya que un gobierno en funciones que ningunea al parlamento puede ratificar un tratado que hipoteque  por mucho años de nuestra economía y nuestra salud”.

El CETA puede entrar en vigor una vez que sea ratificado por el Parlamento Europeo, por eso las organizaciones que forman parte de la campaña en contra de los tratados TTIP, CETA y TISA ponen este año el foco en él como peligro más inmediato, y llaman a la movilización para la semana del 8 al 15 de octubre que finalizará con una gran manifestación de Atocha a Cibeles el día 15 a la seis de la tarde.

Contacto:

Cuca Hernández

Vicecoordinadora ATTAC Madrid

Blanca Ruibal,

Responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra,

Pobreza, desigualdad y tratados de libre comercio

Desde que los profetas del neoliberalismo comenzaron a difundir aquello de menos estado y más privado y desembarcaron en las dictaduras latinoamericanas de Pinochet y Videla para ponerlo en práctica, la destrucción de los derechos de la mayoría progresó  sin cesar, y se incrementó cuando la señora Thacher proclamó su famoso TINA “There is no alternative”. Esta ausencia de alternativas les hizo crecerse con la caída del muro de Berlín, y en los últimos años, aprovechando una crisis creada por la especulación financiera sin límites y el mal llamado “libre mercado”, nos han impuesto austeridad y privatizaciones para pagar su fracaso  y de paso enriquecerse aún más.

Actualmente la estrategia es muy sencilla, crear tratados de comercio a inversión que regulen todo a favor de las multinacionales y los inversores. Su derecho a obtener beneficios quedará plasmado en unos acuerdos supranacionales, que además generarán unos mecanismos controladores y sancionadores de las normas emitidas por los gobiernos democráticamente elegidos, de tal forma que la moneda siempre caiga del lado del capitalista.

Es una estrategia global que se viene incrementando desde que a finales de los años noventa fracasó el AMI – Acuerdo Multilateral de Inversión- y supone que en los últimos años se hayan firmado más de tres mil tratados bilaterales de comercio e inversión. Unos 1200 entre países de la Unión Europea con terceros países.

Desde que se firmó el tratado de Lisboa en 2005, la  Comisión Europea es la encargada de negociar los acuerdos comerciales, y solo en caso de que algunos aspectos del tratado sea de incumbencia cada uno de los estados, la ratificación del mismo corresponde solo al Parlamento Europeo.

En estos momentos la Unión Europea está pendiente de la ratificación  del  CETA con Canadá, y en proceso de negociación del TTIP con Estados Unidos, TISA con EEUU y otros 21 países, AAE con países de África y pequeñas islas del Pacífico; y tiene mandatos de negociación con Singapur, India, Japón, Marruecos, Tailandia, Vietnam y China.

Nuevo modelo económico

La capacidad de crecimiento del capital está muy limitada en los últimos tiempos, y por eso su estrategia va encaminada a la desposesión de los recursos de los ciudadanos. Las medidas de austeridad con rebaja de salarios, precarización en el empleo y apropiación de los servicios públicos son unas medidas que desgraciadamente ya nos resultan clásicas. Ahora, la antigua pretensión neoliberal de más privado y menos Estado se ve contradecida por la necesitan unos estados fuertes, ya que con los mal llamados tratados de libre comercio lo que pretenden es que los estados, de una forma u otra, garanticen sus beneficios mediante el Consejo de Cooperación Reguladora, que da voz a los representantes de la multinacionales para que puedan adaptar las leyes de los gobiernos a las necesidades del comercio, y a  las de los inversores; y el Mecanismo de Resolución de Conflictos Inversor-Estado o el Sistema de Corte internacional, tribunales arbitrales o de jueces donde los inversores pueden demandar a los estados millonarias indemnizaciones en el momento que un parlamento, comunidad autónoma o municipio promulgue una ley en defensa de los intereses de la mayoría pero que limita la aspiraciones de ganancias de los inversores.

Y por supuesto necesitan un estado represor, que limite la capacidad de los ciudadanos para oponerse a sus injustas políticas, de ahí leyes como la llamada “ley mordaza”.

Este otoño nos movemos contra el CETA.

El CETA es el tratado económico y comercial global con Canadá, que se terminó de negociar en septiembre de 2014, y que va a escenificar su firma en la última quincena de octubre con la presencia del presidente de Canadá en Bruselas.

El CETA, al igual que el TTIP, supone una gran amenaza a los derechos de las personas tanto como trabajadores, ya que subordina estos derechos a los interese del comercio, como consumidores ya que tendrá un impacto importante en la producción de alimento y sus consecuencias en una dieta más insana, o como simples ciudadanos y ciudadanas como actores democráticos, ya que suponen una amenaza a las decisiones democráticas de sus representantes elegidos.

¿Cómo afectará el CETA a las personas?

Debemos ir al origen de nuestra alimentación, la mayoría de las explotaciones agrícolas europeas son en su mayoría granjas familiares, con una ganadería extensiva que no solo nos garantiza una alimentación de calidad sino que también ayudan a la conservación ecológica de la vida rural y el paisaje. Estas pequeñas granjas serán remplazadas por explotaciones industriales. En Canadá, a partir del NAFTA, se perdieron muchas explotaciones familiares – de 366.128 in 1970 to 204.730 in 2011, y ahora la mayoría del ganado bovino, porcino o aviar se concentran en grandes explotaciones agroindustriales, más invasivas ecológicamente y con menos mano de obra. Esto es previsible que ocurra también en la agricultura europea si se aprueba el CETA, con la consiguiente desaparición de puestos de trabajo en el medio rural, empobrecimiento en algunas zonas y desigualdad.

¿Cómo va a ser nuestra alimentación a partir de la aprobación del CETA?

Los productos alimenticios generados en las granjas industriales canadienses, cultivados con pesticidas y herbicidas, en muchos casos  prohibidos en Europa, con un menor coste invadirán nuestras tiendas de alimentación, y en la maltrecha cesta de la compra del precariado europeo acabarán cogiendo más espacio que los productos europeos más caros pero más seguros sanitariamente. Hay que recordar que el CETA no tiene ningún estudio de impacto, pero si hacemos caso al estudio hecho para el TTIP por la comisión europea, los cambios en la alimentación pueden suponer un aumento de problemas de salud vinculados con la dieta como diabetes, obesidad o problemas cardiacos.

Canadá, al igual que Estados Unidos, no tiene el principio de precaución, que obliga a un productor a demostrar que su producto es inocuo previo a su comercialización. En la UE este método hace que cuando existe cualquier sombra sobre la posible toxicidad de un producto, éste sea retirado del mercado. En Canadá al igual que en EE.UU. son los ciudadanos y el Estado quienes tienen que demostrar, una vez que el producto está en el mercado, que éste es dañino, lo que supone un riesgo para la salud de muchas personas. 

Esto ha permitido que en los mercados norteamericanos, canadienses y estadounidenses se venda carne de reses inyectada con Raptopamina, un estimulante del crecimiento que está prohibida en 160 países, incluidos los de la UE, por su posible impacto en la salud humana. También en Canadá se comercializan muchos productos transgénicos, sin la correspondiente obligación de etiquetarlos, y pueden llegar al mercado europeo palomitas, leche de soja, manzanas e incluso salmón modificados genéticamente, que además de no estar demostrada su inocuidad generan una dependencia económica de las patentes, así como un ataque a la biodiversidad nocivo para el planeta.

Por eso podemos concluir que el CETA, al igual que el TTIP, es una tratado insano, ya que va a permitir la comercialización de productos sin las suficientes garantías sanitarias, y a esto tenemos que unir el hecho de que con el CETA se ahonda en la privatización de los servicios públicos, y la sanidad, la educación, el agua etc. pasan a formar parte de los derechos de los empresarios al lucro, en vez del derecho de la ciudadanía a su protección. Además de contener clausulas que limitan la posibilidad de recuperación para la gestión pública de cualquier servicio anteriormente privatizado.

El texto del CETA también habla de derechos laborales, reconoce el derecho de los Estados a legislar en este sentido, y acepta las normativas laborales nacionales siempre y cuando estas no entren en contradicción con las necesidades del comercio.

Por lo tanto la ley de mercado y el comercio queda consagrada como un derecho superior a todos los demás, al que nos debemos plegar a cambio de un supuesto crecimiento económico, que como los mismos estudios de impacto del TTIP (encargados por la Comisión Europea para demostrar sus beneficios) indican no afectará a todos por igual: La agricultura se verá afectada por el cambio de modelo, en especial los productores de carne; algunas denominaciones de origen, como por ejemplo la torta del casar, el jamón de Trevélez, el queso de Cabrales etc., se verán afectadas económicamente.

Los estudios hablan de que aunque surgirán nuevos sectores económicos la desaparición de algunos sectores industriales será inevitable al entrar nuevos elementos en competencia. Esto son números intercambiables para los promotores de los tratados, pero todos sabemos que al final son personas sin trabajo con sus vidas rotas, y más pobreza y desigualdad.

Otoño de Resistencia

Este otoño a lo largo de los cinco continentes van a repetirse movilizaciones contra los tratados del mal llamado libre comercio e inversión.  Porque la imposición de la ley del mercado es una dictadura del capital que pone en cuestión leyes promulgadas democráticamente, simplemente por sus ambiciones de lucro, y amenazan la pervivencia del planeta, generando más pobreza y desigualdad entre la personas. 

Las filtraciones de #TTIPleaks confirman las amenazas del tratado comercial de la UE con EE UU

La revelación por parte de Greenpeace Holanda de documentos secretos del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) confirma que la Unión Europea se dirige a un escenario de mayor precariedad laboral, poniendo además en peligro la salud pública y el medio ambiente. Por ello, la campaña #NoalTTIP, exige la suspensión de las negociaciones y solicita a los partidos políticos que insten al Gobierno en funciones a no autorizar la firma del tratado comercial con Canadá (CETA por sus siglas en inglés), previsto para octubre, por ser similar al TTIP

La filtración de 12 capítulos del TTIP muestra cómo se negocia el futuro de 800 millones de personas a sus espaldas. Una de las primeras conclusiones que se pueden extraer de su lectura es que, en muchos casos, la Unión Europea es la principal promotora de la privatización de todas las esferas de la economía, sacrificando leyes y políticas que aún protegen los derechos de las mayorías sociales en Europa y Norteamérica. 

Una segunda conclusión es la confirmación de la enorme influencia de los lobbies empresariales, que son continuamente consultados por los negociadores, al contrario de lo que la Unión Europea afirmaba en su último informe sobre las negociaciones. 

Las filtraciones hacen referencia a las consultas periódicas entre negociadores y sectores industriales y a cómo se han recogido las aportaciones de estos sectores en los textos, algo que no es de extrañar dado que el 88% de las reuniones de los representantes de la Comisión Europea han sido con grupos corporativos, frente al 9% que se han celebrado con grupos de la sociedad civil.

Así, en función de lo que se ha denominado "cooperación reguladora”, tanto la UE como EE UU han presionado durante las negociaciones para incluir un órgano de cooperación regulatoria con el fin de "eliminar barreras no arancelarias”, o lo que es lo mismo, aquellas leyes de protección laboral, ambiental y de salud, así como de protección de los servicios públicos. Dicho órgano daría más privilegios y poderes a las empresas transnacionales a la hora de participar en las primeras fases de toma de decisiones legislativas, antes incluso que al Parlamento Europeo. 

Un ejemplo es el principio de precaución que permite reaccionar rápidamente ante un posible peligro para la salud humana o el medio ambiente, el cual aparece amenazado en los documentos filtrados. En base a este principio, no se ha permitido la entrada de carne estadounidense tratada con hormonas, como medida de precaución por su posible relación con el desarrollo de cáncer. En varios capítulos de los documentos filtrados se confirma la sustitución del principio de precaución por el de gestión del riesgo, seguido en EE UU y que obliga a la administración a demostrar los peligros de los productos una vez comercializados. Como consecuencia de ello, la cantidad de tóxicos peligrosos en Europa aumentará considerablemente.

Las filtraciones también muestran cómo la Unión Europea defiende la entrega total de la compra pública a los oligopolios de las multinacionales, un aspecto en el que EE UU toma una postura más proteccionista. A su vez, varias notas de los documentos filtrados sobre Comercio Transfronterizo de Servicios señala otro problema: la intención de suprimir aún más los controles sobre el sector bancario y financiero, lo que provocaría nuevas crisis financieras que causarían mayor inestabilidad financiera, desempleo y fraude fiscal como el que se ha descubierto con los papeles de Panamá.

Con todo, se ratifica lo que la campaña #NoalTTIP lleva denunciando desde el comienzo de las negociaciones: que el tratado solo beneficia a las grandes empresas, en detrimento de los derechos de la ciudadanía, ya que representa una amenaza para los estándares ambientales, la protección de los consumidores y consumidoras, los derechos laborales, la lucha contra el cambio climático, la salud y la agricultura. El TTIP también es una amenaza a nuestra ya frágil democracia y pone en peligro la soberanía de los diferentes niveles de la administración pública. 

Al calor del impacto mediático causado por #TTIPleaks, la campaña #NoalTTIP llama la atención sobre el acuerdo hermano del TTIP, el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA), ya que forma parte de la misma lógica comercial de la ordenación ambiental, social y cultural, y que, aun sin el TTIP, permitiría a miles de empresas estadounidenses con filiales en Canadá demandar a los Estados europeos.
Por todo ello, desde la campaña #NoalTTIP:

• Demandamos la inmediata publicación de todos los textos de negociación del TTIP y TiSA (tratado internacional para la privatización de servicios públicos), así como la suspensión de las negociaciones de estos tratados.

• Llamamos a los partidos políticos a priorizar el debate sobre la política comercial en la campaña electoral y proponemos como una de las primeras tareas del nuevo parlamento que salga elegido el 26 de junio que inste al Gobierno a retirar el mandato de negociación del TTIP. 

• A pocos días del próximo Consejo de Ministros de Comercio de la UE, previsto para el 13 de mayo, en el que se preparará la hoja de ruta para la firma del CETA, exigimos al Gobierno en funciones que impida su ratificación.

REPORTAJE SOBRE ATTAC CYL EN CYLTV

Reportaje realizado por CYLTV, en el programa "Informe Salamanca" titulado: ATTAC "OTRO MUNDO ES POSIBLE".

Una justicia económica para todo el mundo, éste es uno de los principales objetivos de ATTAC, la asociación para la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana. Una organización que trabaja a distintos niveles para conseguir por ejemplo que haya un nuevo modelo energético o mediambiental. En Castilla y León acaba de nombrar un nuevo presidente, el salmantino Miguel Ángel Andrés Llamas. Un reportaje de Informe Salamanca.

Os invitamos a verlo

El TTIP y sus interrogantes: el 2016 como año decisivo, que no concluyente

 

Adoración Guamán, profesora titular de derecho del trabajo en la Universitat de València y autora del libro 'TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia'. 

Madrid, 4 de enero de 2016.

El 2015 no ha sido fácil para el TTIP. A medida que avanzaba el año, las negociaciones sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés) fueron encontrando obstáculos importantes que han puesto en entredicho las posibilidades de que un Tratado de la magnitud del inicialmente planteado pueda aprobarse en los plazos estimados en el principio de las negociaciones. Es evidente que la pretensión de finalizar la negociación del TTIP en el 2015 para conseguir someter el texto a la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo en abril-mayo de 2016 (y así asegurar su entrada en vigor en enero de 2017, coincidiendo con el fin de la Presidencia de Obama) es ya imposible, pero tampoco parece probable que el 2016 allane el camino para conseguir cerrar las negociaciones del Tratado, al menos no de uno igualmente ambicioso.

Las dificultades con las que se ha venido enfrentando el TTIP son diversas y se mantienen in crescendo. Por un lado, el rechazo ciudadano sigue aumentando y, tras la demostración de fuerza que se escenificó con la presentación el 7 de octubre de la Iniciativa Ciudadana Europea autoorganizada contra TTIP y CETA respaldada por 3.284.289 firmas recogidas en un año, las campañas Stop TTIP han incrementado el aumento de acciones en el conjunto de la UE. Este rechazo creciente está llevando a la Comisión a invertir un esfuerzo considerable en publicitar las virtudes que, según diversos informes, van a derivarse del Tratado, pero esta publicidad está encontrando una respuesta tanto en el ámbito de la sociedad civil como en el ámbito universitario y político/sindical. 

En concreto para el caso español, la Comisión ha publicado como textos clave para entender el TTIP un informe titulado “El impacto en la economía española de la firma de la asociación transatlántica sobre comercio e inversión (TTIP) con EE.UU.” financiado por la CEOE y el documento titulado “TTIP: una gran oportunidad para las pymes españolas”. En la misma línea que otros informes anteriores encargados por la Comisión Europea, el realizado por el CEPR por ejemplo, y utilizando el mismo método, el primer documento pronostica un efecto del TTIP que podría llegar a suponer una elevación del PIB de más de 36 mil millones de euros o la creación de más de 334 mil puestos de trabajo. No obstante, y como han afirmado otros expertos, el informe español financiado por la patronal y por la Cámara de Comercio, y adoptado como “oficial” por la Comisión, adolece de las mismas carencias que los informes de ámbito europeo. Entre otras razones, distintos académicos han indicado que el modelo utilizado acoge predicciones excesivamente optimistas que descansan en asunción de que tanto la UE como EEUU son capaces de eliminar las normas o regulaciones que obstaculizan el comercio sin oposición política, lo cual no es en absoluto probable. Por añadidura, ni los estudios de ámbito europeo ni el español computan los potenciales efectos negativos que tendría una desregulación como la que se propone. También pasa por alto que las distintas herramientas incluidas en el tratado para conseguir la cooperación reguladora probablemente causarían un descenso de los estándares laborales, sociales y medioambientales. En sentido contrario, otros estudios han pronosticado graves consecuencias en el ámbito económico y, desde luego, son numerosos los y las autoras que señalan el posible impacto del TTIP en el ámbito socio-laboral.

El impacto del TTIP en las PYMES es otro de los ejes a través del cual la Comisión intenta generar un apoyo ciudadano respecto del Tratado. Más allá de los datos concretos del reducido porcentaje del comercio con EEUU que llevan a cabo las PYMES, sobre lo que se remite por ejemplo al informe del Instituto Veblen o a diversos artículos aparecidos recientemente sobre la cuestión, es importante señalar las imprecisiones que contiene el folleto publicado por la Comisión. En efecto, el cuadernillo publicitario realiza afirmaciones como las siguientes: “El TTIP reducirá o, en la mayoría de los casos, suprimirá los aranceles que se aplican actualmente entre la UE y los EE.UU”, o “el TTIP también proporcionará acceso al mercado estadounidense en ámbitos que hasta ahora estaban prácticamente cerrados para las empresas de la UE” o incluso “el TTIP ampliará la lista de denominaciones geográficas protegidas”. Pero la realidad es que ninguna de estas afirmaciones puede considerarse asegurada en este estado de las negociaciones. Así, es evidente que la reducción total de aranceles en algunos sectores parece harto improbable, al igual que es totalmente incierto que EEUU acceda a abrir el acceso de manera significativa a su mercado de contratación pública o que finalmente sea posible esa ampliación de la lista de denominaciones geográficas protegidas. No cabe duda de que tales pretensiones han sido puestas sobre la mesa de una manera u otra por la Comisión Europea, pero esto no implica la aquiescencia de la contraparte. 

Más allá de esta dinámica interna para ganarse el apoyo de la ciudadanía, pero sin duda con esta presión como telón de fondo, durante el 2015 se han abierto otros escenarios complicados para la Comisión europea. Tal vez el más peliagudo de todos ha sido el mantenimiento o no del ISDS (sistema de resolución de controversias inversor-Estado). Con vistas a contentar a la opinión pública y a salvar la (lograda in extremis) Gran Coalición en el Parlamento Europeo, la Comisión ha propuesto una modificación del mecanismo de resolución de controversias, que pasa a llamarse ICS (Investment Court System). La nueva propuesta ha recibido también numerosas críticas, fundamentadas en que se ha mantenido invariable tanto los objetivos y los resultados posibles del mecanismo de arbitraje: el ICS sigue orientándose al establecimiento de una vía paralela y privilegiada para que los inversores extranjeros protejan sus inversiones, eludiendo la normativa estatal y los tribunales nacionales. Además, la propuesta de la Comisión plantea dos problemas fundamentales: por un lado, la UE ha manifestado su voluntad de no modificar el sistema de arbitraje planteado en el CETA, por lo que a través de Canadá sigue abierta la puerta a la utilización del sistema “tradicional”. Por añadidura, la primera reacción de Estados Unidos ante la publicación, informal, de la propuesta ha sido el rechazo claro a este nuevo sistema, aunque no ha habido todavía un pronunciamiento oficial todo parece indicar que la contraparte americana mantendrá el contenido de sus acuerdos de inversión, mucho más exigentes, como punto de partida y rechazará el ICS.

En medio de este conjunto de incertidumbres el 2015 acababa con otro escenario sin resolver puesto que la aprobación del TPP también se ha complicado. En este sentido diversas fuentes estadounidenses señalan que las críticas a las que la administración Obama debe hacer frente respecto del Tratado Transatlántico impiden que pueda implicar todo su capital político en el TTIP, por lo que el rechazo de un tratado pude implicar el posponer el otro incluso más allá del 2016. Pero posiblemente la cuestión que podría suponer un retraso mucho más considerable o incluso un posible abandono del TTIP es su consideración como Tratado Mixto, es decir, como un Tratado que por afectar a las competencias de los Estados miembros debe ser aprobado tanto en el ámbito de la UE como en el plano nacional, abriéndose la puerta a 28 procesos de ratificación. Curiosamente, en los últimos meses del 2015 la Comisión parecía inclinarse por esta posibilidad, aun antes de que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado el respecto, lo que significaría sin duda un importante paso para que la ciudadanía europea pudiera pronunciarse sobre el TTIP e implicaría evidentemente un retraso, más que justificado, de su posible aprobación. 

Así las cosas, y dejando muchos temas por tratar, se abre un año en el que las negociaciones del TTIP se van a mantener como el eje fundamental de la política del comercio de la UE con el mandato explícito de apretar el acelerador, y llegar a la mitad de las negociaciones para verano de 2016, pero con multitud de interrogantes de difícil resolución. La dicotomía que se plantea, ya de manera clara, es la siguiente: ¿van a preferir las negociaciones un Tratado con contenido reducido pero cuyas negociaciones pueden finalizar en el plazo que políticamente les conviene? ¿Van a optar en cambio por mantener las expectativas y retrasar el momento de la adopción del TTIP? 

Dos citas están ya en el calendario. La primera es la visita de Obama a Merkel en abril del 2016 para avanzar en las negociaciones; la segunda, de fecha incierta pero planteada sin duda para este año es la aprobación del CETA, cuestión de máxima importancia sobre las que debería informarse convenientemente a la ciudadanía.

ATTAC CyL no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Vídeo: TTIP, energía y cambio climático

Serie documental sobre el TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que negocian Estados Unidos y Europa. En este capítulo analizamos como afectarían las políticas energéticas que defiendende el TTIP al medioambiente y al cambio climático.

No con su voto

El 10 de junio el Parlamento Europeo votará una resolución sobre las negociaciones del TTIP

Miembros de la Campaña #NOalTTIP se reunirán el lunes 8 de junio con eurodiputados socialistas para recordarles que no desprotejan a la ciudadanía europea

Miembros de la Campaña #NOalTTIP quieren recordar a las eurodiputados socialistas Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández y Sergio Gutiérrez Prieto, con quienes se reunirán hoy lunes, que es extremadamente importante votar el próximo 10 de junio una resolución parlamentaria sobre el TTIP que salvaguarde con garantías absolutas los derechos de la ciudadanía europea.

Desde la Campaña se considera que la resolución debe excluir de manera inequívoca: la provisión de Resolución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS); la cooperación reguladora que conlleve la relajación de estándares sociales, laborales y ambientales; la institucionalización del poder de los grupos de presión empresariales; el debilitamiento de la capacidad de las instituciones democráticas de proteger el interés general; y la liberalización de servicios públicos, planteada a través de una lista negativa.

La reunión está convocada una semana después de la polémica decisión adoptada en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA)[1] en la que el Partido Popular Europeo y el Partido Socialdemócrata (al que pertenece el PSOE) votaron una resolución que incluía el mecanismo ISDS, pese a que la no inclusión del ISDS había sido hasta ahora una de las “líneas rojas” de los socialistas en las negociaciones del TTIP[2].

El grupo socialista defendió su respaldo al nuevo texto de la resolución aduciendo que el apoyo al ISDS estaba ligado a la propuesta de reforma de dicho mecanismo que la Comisaria Malmström anunció el 5 de mayo. Sin embargo, desde la Campaña #NoalTTIP, quiere recordarse a los eurodiputados socialistas que la supuesta reforma no resuelve los principales problemas que genera el ISDS, en tanto que sigue suponiendo una merma de las capacidades democráticas de los Estados.

Un análisis pormenorizado de la propuesta de reforma de la Comisaria[3] demuestra que ésta 1) desoye el resultado de la consulta pública de la propia Comisión sobre el tema; 2) hace muy poco por examinar los problemas fundamentales del sistema de ISDS; 3) extendería de manera dramática el alcance de los ISDS, aumentando la probabilidad de demandas contra los gobiernos europeos; 4) es confusa al sugerir que el sistema de ISDS ya había sido reformado de manera efectiva en el reciente acuerdo firmado entre UE y Canadá (Acuerdo Económico y Comercial Global, CETA) y sería mejorado significativamente en el TTIP; y 5) ignora lo evidente: que el sistema de ISDS no es necesario.

Desde la Campaña se espera que la bancada socialista se una a los votos del grupo verde y de la izquierda europea, que en todo momento se han mostrado críticos con las negociaciones del TTIP, y con quienes sería muy factible sumar una mayoría que dé como resultado una resolución que no olvide que la ciudadanía y el medio ambiente están por encima de los intereses comerciales de la minoría empresarial.

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[1]     http://noalttip.blogspot.com.es/2015/05/eurodiputados-traicionan-la-gente-de.html

[2]     http://www.psoe.es/politicaeuropea/pressnotes/766605/page/conoces-posicion-del-psoe-sobre-ttip.html

[3]     http://noalttip.blogspot.com.es/2015/06/mecanismos-de-solucion-de-controversias.html