¿Más recortes innecesarios e injustos para España?

La Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC en el Estado Español después de analizar los efectos que podría ocasionar la aplicación de las políticas económicas que Bruselas exige al gobierno español que aplique, elaboró el documento que transcribimos a continuación:

Soberanía monetaria para construir otra Europa

A veces, las preguntas son más importantes que las respuestas.
Crisis y recortes sociales van de la mano en la historia reciente de la Unión Europea (UE). Las políticas de austeridad han sido la ÚNICA respuesta en el marco de la Unión Económica y Monetaria (UEM) establecida en el Tratado de Maastricht.

En el caso de España, la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011 supuso cerrar el último broche de un corsé que comprime y asfixia a la mayor parte de la población, especialmente a la más débil y vulnerable. Desde entonces, las políticas de recortes, además de ser criminales y vergonzosas, son legales. La estabilidad presupuestaria está por encima de cualquier otro objetivo de política.

El pasado mes de marzo de 2016, la Comisión Europea comunicó a España que finalizó el año 2015 con un déficit público excesivo, de casi el 5,2% del PIB, por encima del 4,2% al que se había comprometido. Acto seguido le “invitaba” a comunicar antes del 30 de junio las medidas que pensaba implementar con carácter inmediato para reajustar dicho déficit a lo largo del presente año. Además, la reciente caída en las previsiones de crecimiento económico para la economía española durante 2016, apuntadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Gobierno, implica una menor recaudación impositiva, y por lo tanto, como el déficit público es el objetivo prioritario, habrá que establecer nuevos recortes de gasto como consecuencia de esta nueva “contingencia”. Si se mantiene el objetivo de déficit público del 2,8% del PIB en 2016, ello podría suponer recortes de hasta 20.000 millones de euros este año, a pesar de que el “incumplimiento” del objetivo de déficit haya favorecido que España mejore algunos indicadores macroeconómicos como el empleo y el crecimiento durante 2015, si bien tan débilmente que no han alejado los fantasmas de la deflación ni de tasas de desempleo superiores al 20%. Dar nuevas vueltas de tuerca a la llamada consolidación fiscal (control férreo del déficit público), será abocar a la economía de nuevo a la recesión o al estancamiento en el mejor de los casos.

El Pacto de Estabilidad de la Unión Europea (déficit público anual inferior al 3% del PIB, deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB) y un Banco Central Europeo (BCE) independiente que no financia directamente a los Estados, deja en manos de los mercados de capital especulativos a las administraciones públicas con necesidades de financiación. Los bancos privados siguen enganchados a la barra libre de liquidez del BCE, las PYMES y familias continúan sin acceso fácil al crédito para impulsar la economía real no especulativa.

La política fiscal a través del gasto público y la recaudación impositiva, ha sido el instrumento más poderoso en manos de los gobiernos para hacer frente a las inestabilidades recurrentes de las economías capitalistas, manifestadas fundamentalmente en forma de desempleo o inflación, según se tratara de un ciclo de recesión o expansión, respectivamente.

Las haciendas públicas han tenido tradicionalmente un carácter funcional, impulsando o frenando la actividad económica. Si de impulsar se trataba, se aumentaba el gasto público y se reducían los impuestos. En sentido contrario, si había que frenar el ritmo de crecimiento, se disminuía el gasto público y se aumentaban los impuestos. Ni los déficits ni los superávits presupuestarios eran un problema, eran la consecuencia natural de una decisión discrecional de los gobiernos en aras de la estabilidad.

No obstante, desde el tratado de Maastricht, en la eurozona se ha impuesto el concepto de hacienda responsable, término que como el de austeridad induce a equívoco. El déficit público, que ha sido tradicionalmente un instrumento de política económica anticíclica, se ha convertido en un objetivo cuya consecución (déficit cercano a cero) es prioritaria por encima de cualquier otro. Los gobiernos tienen las manos atadas en este ámbito, y casi ocho años después de la crisis económico-financiera de 2008, la eurozona no acaba de salir de la recesión y el estancamiento, por más que el BCE haya bajado los tipos de interés a su mínimo histórico.

El equilibrio presupuestario que exige el Pacto de Estabilidad se ha buscado fundamentalmente por la vía de menores gastos (recortes sociales), desechando la opción de mayores ingresos impositivos de carácter progresivo así como derivados de la persecución de la evasión y elusión fiscal. De nuevo se evidencia cómo la carga de las políticas desarrolladas durante esta crisis está recayendo sobre los grupos sociales más débiles y vulnerables.

Los dos principales problemas de España y el mundo son la desigualdad social y la crisis ecológica. El crecimiento económico a toda costa ha estado detrás de su agudizamiento durante las últimas décadas. Por ello es preciso encarar el futuro de España, Europa y el mundo de acuerdo con principios de cooperación entre los pueblos, así como de respeto y cuidado de la Naturaleza, construyendo nuevas sociedades liberadas de un capitalismo salvaje que ha mercantilizado y precarizado la mayor parte de las necesidades humanas básicas y de los recursos naturales.

Las políticas públicas en pos de la justicia social no pueden relegarse con falsas excusas de falta de recursos para financiarlas. Los principios de la soberanía monetaria y presupuestaria permiten superar el mito de la estabilidad del presupuesto público y su financiación exclusiva a través de la emisión de deuda en los mercados de capital. Permiten poder volver a hacer políticas públicas para la gente.

Por todo lo anterior, la Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC España denuncia el marco definido por la UEM y el Pacto de Estabilidad de la UE y apuesta por su superación, para que la política fiscal y presupuestaria pueda desplegarse con toda intensidad en aras de recuperar la justicia social y ecológica.

Un nuevo marco institucional basado en la soberanía monetaria permitiría disponer de financiación para movilizar recursos reales ociosos disponibles en la propia moneda de la Unión Europa, sin depender el gasto público de los ingresos impositivos que se puedan obtener o de la deuda que se pueda colocar en los mercados financieros, límites éstos que obligan a los actuales Estados miembros de la eurozona, que son usuarios del euro, pero no emisores del mismo. Los Estados no tendrían peligro de ser insolventes como ocurre hoy, y contarían con un Banco Central detrás que acomodaría su balance al gasto público, saliendo así de la trampa de la austeridad en que está inmersa la eurozona.

Las leyes y los tratados sirven si liberan a las personas y facilitan su vida en armonía con el resto de la sociedad y de la Naturaleza. Los tratados y pactos vigentes en la UE no respetan la vida. No sirven. Su superación necesita de educación, concienciación y movilización de la ciudadanía y los colectivos sociales, y a esa tarea va a dedicar esta Subcomisión de Soberanía Monetaria todos sus esfuerzos.

Golpe de fuerza inadmisible e irresponsable del BCE contra Grecia.

COMUNICADO DE ATTAC FRANCIA ASUMIDO POR ATTAC CASTILLA Y LEÓN.

El Banco Central Europeo (BCE) anunció el miércoles 4 de febrero que detenía las operaciones normales de refinanciamiento de los bancos griegos. Para acceder a las operaciones de liquidez del Banco Central, los bancos no podrán dar como garantía las obligaciones del Estado griego.  Los bancos griegos se ven así privados de su principal fuente de recursos de financiamiento del BCE.

ATTAC CONDENA FIRMEMENTE ESTA DECISION DEL BEC

La decisión es inaceptable porque el BCE ha sobrepasado su mandato. Ha suspendido el financiamiento de los bancos griegos con la simple presunción (según su comunicado) que no podrá tomarse ningún acuerdo con el nuevo gobierno griego en lo concerniente a la reestructuración de la deuda.   ¿Cómo el BCE, institución que no tiene legitimidad democrática, puede tomar una medida tan política mientras que las negociaciones solo han comenzado?

La decisión es ilegítima, porque el BCE se opone a la aplicación del programa político que ha resultado escogido por los electores griegos. Una vez más, el BCE, se erige en defensor de los acreedores de Grecia para imponer la búsqueda de un programa de ajuste que arruine al pueblo griego y se traduzca en un alza de la deuda griega.

La decisión del BCE es irresponsable porque podría generar un pánico bancario cuyas consecuencias podrían ser catastróficas para Grecia y la zona euro en su conjunto.

ATTAC  pide que le BCE suspenda su decisión, y que las propuestas del nuevo gobierno sean escuchadas y aplicadas. Solo es aceptable una reestructuración de la deuda griega, incluida una condonación de la misma. El poder exorbitante de la  Troika y de los acreedores debe cesar.

La Unión Europea: Una nueva colonización

Héctor Illueca

Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social

Adoración Guamán

Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

[I]

La crisis económica que afecta a nuestro país y las políticas de austeridad impuestas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) están provocando una fractura social cada vez más evidente. La ciudadanía observa atónita la degradación de la vida cotidiana y la tolerancia del poder con los abusos cometidos por los más privilegiados del país. Como no podía ser de otra forma, el creciente deterioro de las condiciones materiales de una cada vez más amplia mayoría social llega acompañado de gravísimos escándalos de corrupción que salpican al conjunto de las élites políticas y económicas, alumbrando una sociedad cada vez más instalada en la injusticia y la desigualdad.

En este contexto, el sueño de la integración europea ha devenido una pesadilla que impone un duro presente y nos condena a un porvenir sombrío. De una forma intencionada, se ha ofrecido a la ciudadanía una imagen falsa, ideológica e idílica de la hoy denominada Unión Europea, utilizando los medios de comunicación para proyectar una visión mítica y alejada de la realidad: una Unión Europea completamente ajena a los principios de cohesión y colaboración solidarios, que se ha convertido en una suerte de reserva de caza alemana en la que las economías fuertes explotan sus ventajas económicas y comerciales para aplastar a las débiles. Una Unión Europea gobernada por la ley de la selva.

Sin embargo, la gravedad de la situación económica y la caída del velo del bienestar individual hacen que comience a abrirse paso entre los habitantes de la periferia la idea de ser víctimas de una nueva colonización. Cada vez es más difícil ocultar que la implantación del euro ha generado una relación centro-periferia en el seno de la Unión Europea que enfrenta al Norte central y dominante con el Sur periférico y dominado. Ya no es posible negar que la existencia de la moneda única ha beneficiado a Alemania y a otros países ricos de Europa, reforzando su posición en el esquema europeo como exportadores netos de bienes de equipo y de consumo y como importadores netos de demanda general. Para decirlo claramente y en pocas palabras: la unión económica y monetaria ha permitido que los países centrales, especialmente Alemania, acumulen crecientes excedentes comerciales en su espacio vital europeo, bloqueando cualquier posibilidad de devaluación competitiva y alimentando una intensa redistribución del trabajo en perjuicio de las modestas economías de la cuenca mediterránea. Los países fuertes del centro, como Alemania, Holanda o Finlandia, incrementan su competitividad, conservan su soberanía nacional y financian sus estados de bienestar gracias a la pérdida de la competitividad, la destrucción de la soberanía y desmantelamiento del bienestar de sus compañeros de moneda, la periferia europea.

Los trabajadores del Estado español, junto a los del resto de economías periféricas, se han convertido en una reserva de mano de obra low cost. Como han señalado algunos autores, el proceso de construcción europea ha generado una nueva división internacional del trabajo, alimentando una dinámica colonialista caracterizada por la hegemonía alemana y por la subordinación de las economías periféricas[1]. Esto es lo que explica que las actuaciones estatales de control sobre el mercado y de protección de los derechos sociales estén siendo destruidas al ritmo de los dictados de la unión económica y monetaria. Cuando las exigencias del proceso entran en contradicción con las disposiciones estatales en materia de política social, los Estados periféricos proceden a adaptar sus respectivos sistemas de bienestar, siempre en el sentido de disminuir la protección de los derechos laborales y sociales. El dumping social no sólo no se ha combatido, sino que se ha fomentado, situando la regulación del factor trabajo como elemento de competitividad y desencadenando un feroz darwinismo normativo para reducir los estándares laborales y de protección social.

La nueva división europea del trabajo explica y promueve la progresiva destrucción de los modelos sociales estatales auspiciada por la troika e inmediatamente perceptible en dos ámbitos fundamentales: la flexibilización de los mercados de trabajo (en concreto, mediante la rebaja de la tutela de la estabilidad en el empleo y la devaluación del coste de la mano de obra) y la reducción de la protección social, en particular de los sistemas de Seguridad Social (reducción de la cuantía de la pensión de jubilación, reforma sanitaria, etc.). Su influencia se advierte igualmente en la reforma educativa del Ministro Wert, también auspiciada por las instituciones europeas, que orienta el sistema educativo hacia la preparación de mano de obra barata, provista de los conocimientos indispensables para desenvolverse adecuadamente en el mercado laboral basura que caracteriza a los países subdesarrollados. La posición dependiente y periférica de nuestra economía en el esquema europeo es radicalmente incompatible con la existencia de pensiones públicas, la educación y la sanidad públicas y un mercado laboral medianamente digno.

Al aceptar los dictados de la troika, las clases dirigentes de los países periféricos asumen su incapacidad de afrontar un camino independiente para sus respectivos países y sellan una relación de subordinación y dependencia semejante a la que se produce en el proceso de colonización clásico, caracterizado por la desposesión sistemática de las economías periféricas y la sobreexplotación de sus trabajadores. No debemos olvidar que son las clases dirigentes de los diferentes Estados miembros las que han construido y abonado este modelo de Unión Europea, bajo cuya intocable legitimidad han resguardado las más impopulares y duras reformas. La posibilidad de socavar la posición negociadora de los sindicatos abonó la traicionera connivencia de las élites de los países deficitarios, alimentando una alianza sólida y estable con la burguesía alemana para imponer un nuevo orden político-social a escala europea.

En este contexto, no deja de sorprender que determinados sectores de la izquierda española y europea insistan en reformar la eurozona como solución a la actual situación de emergencia social y económica. Con cierto aire panglossiano, invocando la necesidad de “más Europa”, se critica la fragmentación de la política fiscal y se denuncia la actuación de un BCE dispuesto a proporcionar abundante liquidez a los bancos mientras abandona a los Estados endeudados que soportan los ataques especulativos. Como propuesta política, se reclama la abolición del Pacto de Estabilidad, la creación de una autoridad fiscal y la modificación de los estatutos del BCE para que pueda conceder préstamos a los Estados que atraviesan por dificultades. En un arrebato de ingenuidad, incluso llega a hablarse de un “euro bueno” en el que podría establecerse un salario mínimo europeo para reducir los diferenciales de competitividad entre los países.

Se trata de una quimera que ha paralizado durante décadas a buena parte de la izquierda y del movimiento sindical y que bloquea la construcción de una alternativa al servicio de las clases populares de nuestro país. La zona euro carece de un estado único europeo y no hay ninguna expectativa de que pueda crearse uno en un futuro cercano. La unificación de la política fiscal supondría una completa reestructuración de la soberanía en toda la Unión Europea, construida a partir de una rigurosa jerarquía de estados y un cuidadoso cálculo de intereses nacionales, y precisaría un consenso que no va a producirse. Cualquier reforma posible debería respetar la jerarquía de poder existente, caracterizada por el dominio de los países de la zona central y muy especialmente de Alemania. Por expresar la idea con mayor precisión, el euro ha sido el medio utilizado para forjar la hegemonía del capital alemán, que se impone inexorablemente en el escenario europeo y que impide la posibilidad de realización de un programa que atienda a las necesidades de las mayorías sociales.

En nuestra opinión, cualquier agenda política que pretenda romper realmente con el neoliberalismo, incluso en un sentido reformista, debe plantearse en serio la salida del euro y enfrentarse a la Unión Europea como tal. Como ha señalado Costas Lapavitsas[2], la única salida progresista para nuestro pueblo consiste en abandonar de la zona euro y recuperar el control de la soberanía, en el marco de un desplazamiento radical del poder económico y social hacia el Trabajo. Una estrategia que empieza con el impago de la deuda soberana y se amplía a una salida del euro que permita a nuestro país escapar del cataclismo de la devaluación interna impuesta por la Unión Europea. Nuestro país tiene futuro, pero un futuro digno pasa necesariamente por romper con esta Europa y con las instituciones de esta Europa.

[II]

La Unión Europea se ha construido a golpe de falacias. Desde su creación, con la Comunidad Económica Europea en 1961, la defensa de la paz y de la libertad han aparecido como objetivos idealizados, en un espacio supranacional aparentemente basado en relaciones de igualdad y solidaridad entre los pueblos europeos. Este ideal actuó como un potente cebo para la ciudadanía del sur de Europa, muy especialmente la española, la portuguesa o la griega, que salían de sus dictaduras con el ansia de entrar en lo que parecía el club de la democracia y la prosperidad. A esta idealización contribuyó de forma notable el publicitado crecimiento económico que en el ámbito de la antigua UE-15 se produjo (en beneficio de unos más que de otros) durante casi dos décadas y que dotó de legitimidad y de un atractivo innegable al proyecto europeo.

No obstante, pronto se demostró que aquel “club” no era garantía ni de la democracia ni de la prosperidad, sino una trampa para inhibir la primera y arrumbar la segunda. En realidad, y como veíamos anteriormente, la trampa europea encubría una nueva colonización basada en relaciones de fuerza y caracterizada por el dominio de los países del norte europeo, fundamentalmente de Alemania. El Tratado de Maastricht y la aparición del euro desencadenaron una guerra comercial que ha devastado las economías de los países periféricos y lleva camino de hacer lo propio con sus sistemas políticos, destruyendo la soberanía y desmantelando el bienestar de los estados que se encuentran en dificultades. Pronto se evidenció que aquella prosperidad había derivado de un previo y continuado desarrollo económico y social conseguido en el plano nacional por estados enmarcados en el constitucionalismo social de posguerra, con dinámicas intervencionistas y planteamientos redistributivos que la unión económica y monetaria ha eliminado por completo. Se trata, en palabras de Emmanuel Todd, de la negación de Europa.

En este contexto, se antoja imprescindible desbordar los márgenes impuestos y atreverse a plantear la ruptura con las limitaciones que impiden el avance de un programa realizable de transformación social. En nuestra opinión, la salida del euro constituye una alternativa necesaria para recuperar la soberanía y superar la gravísima crisis que atravesamos. Se trataría, junto con la negación al pago de la deuda ilegítima, del primer paso de una estrategia constituyente que pretenda el reequilibrio de la economía en el marco de un desplazamiento del poder económico y social hacia el Trabajo, situando al Estado en el puesto de mando de la economía.

La estrategia tiene numerosos y diversos eslabones. De entrada, es previsible que la devaluación monetaria provoque un incremento de la deuda externa, pues debería liquidarse en una moneda mucho más valiosa que la nuestra y sería imposible continuar satisfaciéndola. Por lo que respecta a la deuda pública (alrededor de 300.000 millones de euros), parece ineludible la suspensión de pagos y la realización de una auditoría pública para asegurar una quita sustancial que aligere el aplastante peso de la deuda sobre nuestra economía. En particular, consideramos que debería declararse ilegítima la contraída por el Estado en la reestructuración y rescate del sistema financiero, que ha supuesto una obscena socialización de las pérdidas acumuladas por la banca en la financiación de las burbujas bursátiles e inmobiliarias.

Por lo que respecta a la deuda privada, los bancos estarían bajo presión y tendrían que afrontar quiebras. Las tensiones que experimentaría el sector financiero harían insoslayable la nacionalización del mismo y la creación de una banca pública con el fin de garantizar los depósitos y asegurar una financiación estable a las pequeñas y medianas empresas. Además, y fundamentalmente, el control público del crédito haría posible afrontar los desequilibrios de fondo que han provocado la crisis, convirtiendo la banca pública en un instrumento clave para revertir la financiarización de la economía y transitar de un modelo dependiente basado en la especulación a un modelo basado en la economía real, productiva e industrial.

En paralelo, el Estado debería nacionalizar los sectores estratégicos (servicios públicos, transporte, energía y comunicaciones) y promover una política de inversiones públicas que, manteniendo la protección y defensa del medio ambiente como pilar fundamental, contribuyese a modificar y renovar la estructura productiva del país, deteniendo los procesos de desindustrialización y especialización productiva que derivan de una inserción asimétrica en la economía europea. Como han destacado algunos autores, la crisis económica está provocando un preocupante deterioro de nuestra capacidad productiva motivado por la debilidad de la actividad inversora, la descapitalización del tejido industrial y la descualificación de la fuerza de trabajo, ahondando la fractura productiva que separa al centro de la periferia[3]. En este contexto, la reconversión del modelo productivo deviene una tarea urgente, so pena de embocar una rápida y dramática transición al subdesarrollo. En definitiva, se trata de iniciar una trayectoria de crecimiento diferente, caracterizada por la intervención pública en la economía, la colaboración de un sistema bancario público y el respeto al principio de sostenibilidad ecológica.

Como correlato de lo anterior, la estrategia constituyente tendría que abordar dos aspectos cruciales para detener y revertir la ofensiva neoliberal: una reforma fiscal progresiva y una profunda reestructuración del mercado de trabajo, como expresión de una nueva racionalidad económica que sirva a los intereses de la mayoría social. En efecto, la extensión de la base imponible a los sectores más poderosos y la persecución del fraude fiscal permitirían expandir el gasto público y mejorar las prestaciones sociales, especialmente sanidad y educación, que han sufrido un importante deterioro a causa de los recortes presupuestarios. Del mismo modo, harían posible la reorganización del sistema de pensiones transfiriendo recursos de los presupuestos generales del Estado para garantizar la sostenibilidad del sistema y el poder adquisitivo de las prestaciones[4].

En lo que atañe al mercado de trabajo, urge una respuesta contundente y efectiva a la emergencia social provocada por la situación de paro y precariedad generalizados, otorgando a la legislación laboral un necesario protagonismo político. De entrada, nos enfrentamos a la necesidad de desandar el camino andado durante las dos últimas décadas, retomando la creación de empleo decente como eje nuclear de la política económica. En este sentido, las últimas reformas laborales aprobadas por el PSOE (2010-11) y el PP (2012-13) deben ser expresamente derogadas. Las nuevas normas laborales deberían incentivar la creación de empleo decente, estable y con salarios dignos, mejorar las condiciones de trabajo, prestando una atención especial a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a la corresponsabilidad y a la inserción laboral de la juventud así como reforzar la negociación colectiva. Partiendo de esta base, una de las estrategias para combatir el paro que permite una salida progresista y solidaria a la grave situación actual es la reducción de la jornada laboral de manera generalizada para facilitar la colocación de los trabajadores desempleados. Esta medida estratégica debería complementarse con un incremento significativo del salario mínimo interprofesional y con la extensión de la protección por desempleo, a fin de contrarrestar los efectos más nocivos del ajuste interno y alumbrar un modelo diferente de distribución de la riqueza producida por la sociedad.

En los anteriores párrafos hemos resumido la estrategia que, en nuestra opinión, permitiría superar la dinámica colonial en la que nos encontramos tras la implantación del euro. Por supuesto, el empleo del término “constituyente” tiene un significado preciso y congruente con la hoja de ruta anteriormente esbozada: la clave es impulsar un proceso constituyente para realizar una transición democrática completa, que solvente las graves carencias arrastradas desde la dictadura y que refleje un nuevo equilibrio de fuerzas entre clases y entre géneros. No puede haber un reequilibrio de la economía a favor de los trabajadores sin una profunda transformación del Estado en un sentido republicano, plurinacional y democrático, con pleno respeto al derecho a decidir de los pueblos. Una transformación que refleje una gran alianza político-social para sustituir mecanismos de gobierno ineficientes y corruptos por la transparencia y la participación popular permanentes. Esta alianza existe de manera potencial en nuestra sociedad y podría materializarse si las izquierdas políticas y sociales se aglutinasen en un giro radical alrededor de una estrategia constituyente que dispute la hegemonía a la oligarquía.

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[1] NAPOLEONI, L. Democracia en venta. Cómo la crisis económica ha derrotado la política. Barcelona, Paidós, 2013.

[2] LAPAVITSAS, C. Crisis en la eurozona. Madrid, Capitán Swing, 2013.

[3] ÁLVAREZ PERALTA, I.; LUENGO ESCALONILLA, F. y UXÓ GONZÁLEZ, J.Fracturas y crisis en Europa. Madrid, Clave Intelectual, 2013.

[4] Vid., en esta línea, el documento “En defensa del sistema público de pensiones”, disponible en http://documentopensiones.org/. 

ATTAC CyL no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

La Europa desquiciada en el actual contexto de la economía mundial

Yanis Varoufakis. 
Sin Permiso

La Eurozona fue diseñada para una economía mundial en la que los EEUU desempeñaban un papel crucial en el reciclaje de los excedentes globales por la vía de generar la demanda requerida por los exportadores netos del mundo entero. Cuando se desató la tormenta financiera de 2008 y los EEUU perdieron su capacidad para reciclar los excedentes netos del resto del mundo (incluida Europa), una unión monetaria carente de mecanismos estabilizadores esenciales resultó profundamente desestabilizada. ¿Pueden los dirigentes europeos proceder a un rediseño que ayude a Europa a sobrevivir en el nuevo “mundo feliz” en que nos ha precipitado la crisis financiera? ¿Y quieren?

La dependencia de la Eurozona respecto de unos EEUU insostenibles luego de 2008

Luego de que colapsara el sistema de Bretton Woods como consecuencia del tránsito de los EEUU de potencia globalmente superavitaria a potencia globalmente deficitaria, ocurrió algo de todo punto notable: por vez primera en la historia, la nación hegemónica incrementó su dominación por la vía de aumentar masivamente… sus déficits.

En efecto: a partir de los 70, los EEUU empezaron a absorber una parte creciente de los productos industriales excedentes del resto del mundo. Las importaciones netas norteamericanas eran, obvio es decirlo, las exportaciones netas de países excedentarios como Alemania, Japón y China; la fuente principal de la demanda agregada de esos países. A su vez, cerca de un 70% de los beneficios ingresados por los empresarios de las naciones excedentarias se canalizaban diariamente hacia Wall Street en busca de mayores rendimientos. Wall Street se servía entonces de ese aflujo de capital foráneo con tres propósitos: a) para suministrar crédito a los consumidores norteamericanos; b) como inversión directa en las corporaciones empresariales norteamericanas; y c) para comprar bonos del Tesoro estadounidense (es decir, para financiar el déficit público norteamericano).

Este sistema de reciclaje naufragó en 2008, porque Wall Street aprovechó ventajistamente la centralidad de su posición para construir colosales pirámides de dinero privado a partir de los beneficios netos que afluían a los EEUU procedentes del resto del mundo. Mientras duró, el proceso de creación de dinero privado por parte de los bancos de Wall Street –también conocido como financiarización— insufló mucha energía en el esquema de reciclaje, pues generó manantiales de renovada vitalidad financiera alimentando un permanentemente acelerado nivel de demanda en los EEUU, en Europa (cuyos bancos no tardaron en subirse al carro de la creación privada de dinero) y Asia. Ello es, empero, que eso mismo trajo consigo su caída.

Cuando, en otoño de 2008, las pirámides de dinero privado de Wall Street entraron en proceso de autocombustión, quedando reducidas a cenizas, se esfumó la capacidad de Wall Street para seguir “cerrando” el círculo del reciclaje global. El sector bancario norteamericano no pudo ya seguir aprovechando los dos déficits gemelos –el comercial y el presupuestario— para financiar una demanda en los EEUU suficiente para mantener en funcionamiento de las exportaciones netas del resto del mundo (un proceso de financiación que, hasta otoño de 2008, utilizaba los beneficios netos del resto del mundo generados por esas exportaciones netas). A partir de ese momento negro, resulta más y más difícil que la economía mundial recobre su pulso: al menos, sin un Mecanismo Global de Reciclaje del Excedente (MGRE) alternativo.

Volviendo a la creación de la Eurozona, dos observaciones son de rigor. La primera: la Eurozona fue instituida de forma tal, que eliminó los amortiguadores naturales de shoks de los Estados miembros que se integraron, lo que significaba que, cuando llegara un shock, el impacto sería masivo. No sólo ya no era posible amortiguar los shoks mediante la devaluación, sino que, encima, no se diseñó para le Eurozona ningún mecanismo de reciclaje que pudiera entrar en acción en caso de que alguna crisis financiera generara (como terminó ocurriendo) una contracción del crédito. Mientras los EEUU reciclaban activa y eficientemente los excedentes globales –manteniendo así la liquidez del sector bancario europeo, ya directamente (a través de flujos de instrumentos financieros en los bancos europeos), ya indirectamente (suministrando demanda a las exportaciones netas de los países europeos excedentarios, como Alemania)—, la falta de un mecanismo intraeuropeo de reciclaje del excedente pasó desapercibida. Sólo cuando se esfumó en 2008 la capacidad de Norteamérica para jugar su papel en el reciclaje del excedente, se dejaron sentir con toda su brutalidad los efectos del mal diseño de la Eurozona, sobre todo en su periferia.

En segundo lugar: tras desatarse la madre de todos los shocks en 2008, los dirigentes europeos se negaron a admitir que el diseño de su unión monetaria precisaba de urgente reconfiguración. Los dirigentes europeos se embrollaron entonces en “planes de rescate” ridículamente fragmentarios –el de Grecia es paradigma de idiocia— y se enzarzaron en infértiles debates sobre si tenía que haber más o menos austeridad, pasos más o menos rápidos hacia el control central de los déficits públicos, etc. De modo que la verdadera causa de la deriva de la Eurozona hacia la fragmentación, es decir, la falta de un efectivo mecanismo propio de reciclaje del excedente, fue completamente ignorada.

En una palabra: las elites europeas fueron incapaces de reconocer, antes y después de 2008, que su preciosa Eurozona parasitaba de la capacidad de los EEUU para reciclar los excedentes globales, incluidos, huelga decirlo, los excedentes europeos. A falta de un efectivo mecanismo propio de reciclaje del excedente, Europa quedó desquiciada luego del otoño de 2008, sigue hasta hoy negando lo obvio, y por consecuencia, se aferra a políticas que, o son irrelevantes dada la naturaleza de la eurocrisis, o resultan imposibles de poner por obra en el nuevo mundo pos-2008.

 ¿No podría Europa volver a depender de unos EEUU resurgentes?

El déficit comercial norteamericano, tras dos años de hundimiento, casi ha recuperado sus niveles anteriores a 2008. Sin embargo, los déficits norteamericanos, aun cuando recuperados tras el “revés” de 2008, no tienen ya la capacidad que otrora tuvieron para desempeñar el papel de reciclaje del excedente. No desde luego de una forma que alcanzara a restaurar las condiciones que pudieran permitir a la Eurozona regresar a su normalidad pre-2008.

Para entender por qué Norteamérica ha perdido su capacidad de reciclar las exportaciones netas de otros países al ritmo anterior a 2008, basta notar que en 2011 los EEUU generaban una demanda para las exportaciones netas del resto del mundo por un monto un 23,7% inferior a lo que habría ocurrido si no se hubiera producido el crash de 2008. En segundo lugar, y paralelamente, Norteamérica ha dejado de atraer –a través de Wall Street— el nivel de flujos de capital necesario para mantener el ritmo de inversiones pre-2008 en su sector privado. Para ser precisos: en 2011, los EEUU habían perdido el 56,48% de los activos propiedad de tenedores extranjeros (en comparación con el nivel a que apuntaban las tendencias antes del crash de 2008). La razón principal –y crucial— de ese abrupto declive fue que los flujos netos de capital exterior, que terminaban como préstamos a las corporaciones empresariales estadounidenses, cayeron drásticamente de 500 mil millones de dólares en 2006 a 50 mil millones de dólares en 2011.

En 2013 esas tendencias han cristalizado, ofreciendo una imagen devastadoramente simple. Por un lado, la Crisis no ha alterado la posición deficitaria de los EEUU. El déficit presupuestario federal es más o menos el doble, mientras que el déficit comercial norteamericano, tras una caída inicial, se ha estabilizado al nivel anterior. Sin embargo, los déficits estadounidenses ya no son capaces de amparar el mecanismo que mantenía planetariamente equilibrados los flujos globales de bienes y beneficios. Mientras que hasta 2008 Norteamérica fue capaz de absorber montañas de importaciones netas y bienes y un volumen similar de flujos de capital (de modo que ambos se equilibraban), eso ya no ocurre luego de 2008. Los mercados norteamericanos se están tragando un 24% menos de importaciones netas (generando, pues, sólo el 66% de la demanda a que el resto del mundo estaba acostumbrada antes del crash de 2008) y están atrayendo al sector privado norteamericano un 57% menos de capital de lo que sería el caso si Wall Street no hubiera colapsado en 2008.

En suma: los únicos restos que quedan del tipo de economía global en que floreció la Eurozona antes de 2008 son los todavía acelerados flujos de capital foráneo que van a parar a la deuda pública norteamericana: palmaria prueba del desorden mundial en esta época tumultuosa en la que el dinero busca desesperadamente puerto seguro en el regazo de la moneda de reserva. Pero mientras el resto del mundo reduzca sus inyecciones de capital en el sector empresarial norteamericano y mientras Norteamérica reduzca sus importaciones de las exportaciones netas del resto del mundo, de una cosa podemos estar totalmente seguros:  la Eurozona no puede depender de los EEUU para que le suministre, como antes de 2008, el nivel de demanda agregada necesaria para mantener el espejismo mercantilista de la Europa Germánica, es decir, de una Europa que se comportara como una Gran Alemania, reaccionando a las caídas de demanda global por la vía de estimular sus exportaciones netas e, internamente, contraer sus salarios.

Divididos por una moneda común

Hay que poner verdadero empeño para presentar falsariamente la eurocrisis dando a entender que la insolvencia de países como Irlanda, España e Italia tiene básicamente que ver con la prodigalidad fiscal (recuérdese que España tenía una deuda inferior a Alemania en 2008, y que Italia tenía déficits presupuestarios claramente inferiores). La verdadera causa del desastre de la Eurozona radica en la sobredependencia macroeconómica que desde su fundación ha tenido respecto de la capacidad económica de los EEUU para generar demanda suficiente para las exportaciones netas de la Eurozona. Una vez que Wall Street implotó y se esfumó por doquiera la liquidez, dos efectos pusieron a Europa de rodillas:

Uno fue la secuencia de abrazos mortales entre bancos en bancarrota y Estados insolventes (empezando por Grecia, luego a Portugal, hasta llegar el turno de Italia y España). Otro fue: a) la determinación de Europa  de atarse a lo que yo llamo el principio de las deudas perfectamente separadas; y b) la reluctancia de los políticos nacionales a desafiar a sus banqueros nacionales instituyendo un esquema de resolución bancaria a nivel de la Eurozona, un esquema respecto del cual los políticos nacionales no pudieran decir ni pío.

La cuestión reveladora es entonces la que sigue: ¿por qué esa resistencia, particularmente alemana, a cualquier iniciativa para terminar con la eurocrisis? La respuesta común es que Alemania no quiere pagar las deudas de la periferia y se resistirá a toda iniciativa de tipo federalizante (por ejemplo, a una unión bancaria propiamente dicha), hasta que se convenza de que sus socios actúan financieramente de modo responsable. Aunque esto capta bien la mentalidad de muchos europeos septentrionales, está fuera de lugar. Lo cierto es que no faltan propuestas para poner fin a la crisis bancaria, reducir drásticamente la deuda pública a largo plazo de la Eurozona e introducir el mecanismo de reciclaje de excedentes que falta, reduciendo simultáneamente de forma substancial las cargas sobre el contribuyente alemán.

Entonces, ¿por qué la Europa Septentrional, es decir, las naciones excedentarias de la Eurozona, están tan resueltas a mantener una arquitectura diseñada para una época en la que los EEUU jugaban un papel que ya no pueden seguir jugando? Yo me temo mucho que hay dos poderosas razones inextricablemente unidas y de todo punto irracionales. La primera me fue revelada por uno de los consejeros económicos más allegados a la Cancillería alemana. Su sencilla explicación era que instituir un mecanismo de reciclaje de excedente propiamente europeo (como el de nuestra Modesta Proposición) significaría que Alemania nunca sería capaz de abandonar la Eurozona en el futuro. Significaría, en efecto, desprenderse de la carta Me-Largo-De-Aquí que ahora mismo sólo poseen de verdad las naciones excedentarias (puesto que las naciones deficitarias saben que una salida del área de la moneda común significaría una masiva fuga de capitales y el consiguiente colapso de su sector bancario). “No es, claro está, que la Canciller alemana quiera usar esa carta para salir de la Eurozona”, prosiguió mi interlocutor. “No, le gusta tenerla porque el Presidente de Francia no la tiene, como no la tienen tampoco los primeros ministros de Italia y de España, lo que le confiere a ella un grado exorbitante de poder negociador en el Consejo Europeo, en el Eurogrupo, etc.”

En una palabra: la tragedia europea es que quienes tienen el poder para resolver la crisis substituyendo el roto mecanismo norteamericano de reciclaje del excedente (al menos internamente, dentro de Europa), perderían buena parte de su poder político en Europa si se sirvieran efectivamente de ese poder.

¿Dentro o fuera del euro?: Diez ideas

Texto para uno de los debates sobre la actualidad económica que se llevan acabo en la Fundación Primero de Mayo. 

1. La pertenencia de un país a una zona monetaria común puede ser muy positiva y deseable pero solo pueden si se cumplen determinadas condiciones. En otro caso, una moneda común se convierte en un experimento que provoca más problemas de los que puede resolver (Ver Juan José R. Calaza, Teoría económica de la moneda única: El euro contra España. Ed. Pirámide, Madrid 1998. Un análisis más resumido en Juan Torres López, El euro: lo que nos quieren contar. Sevilla 1995. En www.juantorreslopez.com/wp-content/uploads/EURO.pdf).

2. La Unión Monetaria Europea prácticamente no cumplió cuando se aprobó, y ni siquiera ahora, ninguno de esos requisitos. Pero no por un simple fallo de diseño: tanto los países con capacidad para generar grandes excedentes de capital como las grandes empresas con fuerte dominio del mercado se benefician extraordinariamente de este diseño.

3. En las condiciones a las que acabo de hacer referencia fue inevitable que las economías (llamémosle periféricas en un sentido amplio) que se iban incorporando a la Unión Monetaria desde posiciones más atrasadas, estuvieran condenadas a sufrir graves perjuicios:

a) Un progresivo proceso de descapitalización interna y de auténtica colonización por parte de los capitales procedentes de las economías “centrales”.

b) La especialización en actividades muy dependientes del ciclo y de los vaivenes de los flujos financieros (con especial incidencia de las burbujas), lo que aumenta su inestabilidad y la debilidad estructural.

c) Una gran dependencia, no solo económica, sino política, al fortalecerse los grupos oligárquicos.

d) Carencias de capital social cada vez más grandes.

En resumidas cuentas, la opción de integrarse en una zona monetaria de esta naturaleza era sencillamente suicida para los países de la periferia europea, entre ellos España.

4. España no tomó prácticamente ningún tipo de defensa para hacer frente a los peligros que iba a conllevar su entrada en el euro en las condiciones en que estaba diseñado y en las que se encontraba nuestra economía.

Es verdad que la pertenencia al euro ha permitido la entrada de un gran caudal de recursos pero eso hay que ponerlo al lado de los que han salido de España para retribuir a los capitales que se han adueñado de la inmensa mayor parte de nuestro aparato productivo prácticamente en todas las actividades económicas. El cambio que ha dado nuestro país es evidente pero igualmente lo es que se han dedicado principalmente a consolidar un modelo productivo caracterizado por el gran derroche energético, por el gran coste ambiental de las grandes infraestructuras, a la larga insostenible, muy desigualitario, y solo aparentemente orientado a ganar competitividad restringiendo costes salariales porque a la postre (cuando se ha producido la mayor contención salarial de la OCDE prácticamente desde que estamos en el euro) no ha permitido mejorar nuestra balanza exterior, sino todo lo contrario.

Tampoco la consolidación de ese modelo es casual: es el que mejor responde a la política de deuda, es decir, al objetivo explícito de generar más demanda de crédito para favorecer el negocio bancario y alimentar la ganancia especulativa que, en los años del euro, se ha disparado.

5. La extraordinaria magnitud de la crisis ha golpeado como un misil a la línea de flotación de la economía española que ahora se encuentra frente a cuatro grandes problemas o desequilibrios, obviamente entrelazados:

a) Una crisis de demanda muy profunda, agravada actualmente por la política de austeridad.

b) Una crisis bancaria.

c) Una crisis de deuda soberana y de deuda privada.

d) Una crisis de modelo productivo.

¿La unión bancaria puede resolver la crisis del euro?

Carlos Berzosa. Consejo Científico de ATTAC.

 “La unión bancaria es una respuesta parcial a las causas que han desencadenado la crisis del euro. Por tanto, la respuesta es que no es una solución para los problemas a los que se enfrenta la moneda única. (…) Abordar solamente la unión bancaria (como solución a la crisis del euro) se encuentra vinculado a las posturas de la ortodoxia económica sustentadas en el fundamentalismo de mercado, y el desmantelamiento del modelo social europeo, así como a la hegemonía que ejerce en la economía global el capital financiero.”

1.- Las malas semillas que han hecho crecer las plantas venenosas
La crisis actual tiene unos orígenes en las finanzas y un epicentro que se sitúa en Estados Unidos. Lo que comenzó con un problema fruto de las hipotecas basura en la economía norteamericana no solamente saltó el Atlántico, sino que provocó un cataclismo en la eurozona, de forma que es el área económica del mundo desarrollado más castigada por lo que se ha denominado “La Gran Recesión”.  La Unión Europea (UE) ha sido contagiada por los Estados Unidos, pero se encuentra mucho peor que el país que le inyectó el virus.
La razón de que esto sea así tiene varias causas, una de ellas es que la raíz del problema no se encontraba solamente en las hipotecas basura, sino en las titulizaciones de multitud de derivados, entre ellos los de las hipotecas basura, y grandes operaciones muy imaginativas de ingeniería financiera, que lo que han generado es una cantidad realmente espectacular, que se cifra en millones de dólares,  de títulos tóxicos que no tienen ningún respaldo en la economía real. La globalización financiera ha contribuido a expandir todos estos derivados a lo largo y ancho del mundo. Los bancos europeos han sido contaminados por estas operaciones.
Todo esto se ha asentado en un modelo de desarrollo en el que, desde los años ochenta del siglo XX, la primacía de las finanzas se ha impuesto sobre la evolución de la economía productiva. Las transacciones financieras han superado con creces, en estas tres últimas décadas, a los flujos comerciales internacionales y al crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial. Se vivía un proceso de crecimiento económico basado en el incremento desmesurado de las finanzas que condujeron a la expansión de burbujas especulativas.
El auge de las finanzas se apoyaba en un marco económico que le fue muy favorable, como es la desregulación financiera y bancaria, lo que impulsó la globalización que avanzaba más en este ámbito, que en el de las inversiones extranjeras directas, y en el comercio. A su vez este modelo de crecimiento favoreció la creciente desigualdad económica, que se dio no solamente a escala internacional, sino en la mayor parte de los países desarrollados.
De modo, que el modelo de desarrollo propio de esta fase del capitalismo que se inicia en los años ochenta como respuesta a la crisis de los setenta, ha estado caracterizado por ciclos, pues ha habido varias recesiones, pero también años de auge, pero esta aparente prosperidad lo que llevaba en su seno eran las semillas de la destrucción. La economía era más vulnerable de lo que los datos podían ofrecer y todo se encontraba pendiente de un hilo, que hacía a la economía mundial muy vulnerable, lo que ha quedado de manifiesto al romperse, habiendo dejado al descubierto todas las carencias y miserias que se estaban dando. Un modelo que alimentaba el crecimiento desigual con endeudamiento, especulación, y destrucción del medio ambiente.
El efecto tan negativo que todo esto ha tenido en  la UE es resultado de ser este espacio económico más vulnerable que otros por la forma de llevar a cabo la construcción de la unión monetaria y la implantación de la moneda única. Además, se ha agravado la situación económica por la falta de reflejos ante la crisis con la tardanza de tomar medidas, los desaciertos cometidos con las erróneas propuestas que se han llevado a cabo, y la falta de coordinación en la puesta en marcha de una verdadera política económica común.

Los diez negritos

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

En los mentideros de Europa se decía hace unas semanas que en Alemania, comenzando por la propia Merkel, contemplaban la salida del euro de Grecia como algo asumible; habían echado cuentas y les salía más barato enjugar las pérdidas que se pudieran derivar de este hecho para Alemania y para sus entidades financieras que apoyar un nuevo rescate al país heleno. Utilizaban la metáfora de la cadena aplicada a Europa, cada país un eslabón; la eliminación del eslabón más débil haría más fuerte la cadena.

Ahora se dice que han cambiado de opinión y que la figura que manejan es la del dominó. La caída de Grecia arrastraría uno tras otro al resto de los países; por ello, Alemania y la TroiKa quieren evitar la salida de la Eurozona del país helénico y están considerando, por tanto, flexibilizar las condiciones de su rescate.

Pero ¿Qué dice Grecia? ¿Qué le conviene? ¿Cuál es su situación actual? Grecia es un país intervenido, me atrevo a decir ocupado. Ha perdido su soberanía en la práctica. El Gobierno es un títere en manos de organismos internacionales, irresponsables democráticamente, y de otras naciones, sobre todo de Alemania. Su población se ha empobrecido hasta extremos atroces. Cualquier descripción de las condiciones de vida actuales de la sociedad griega da escalofríos. Se diría que se encuentra en una situación de posguerra. Y parece que el proceso destructivo no ha hecho más que empezar.

A pesar de todos los sacrificios exigidos al pueblo griego, de los importantes recortes en su más que parco Estado de bienestar, de haber adoptado todas las medidas impuestas desde Berlín, Francfort o Bruselas, permanece hundido en la recesión y su situación económica empeora sin que vea en absoluto el final del túnel. Si su PIB se redujo en 3,5% tanto en 2009 como en 2010, en 2011 la disminución fue del 7%, y es previsible que durante este año 2012 la contracción sea similar. En cuatro años la economía griega ha perdido más del 20% de su PIB y nada indica que pueda mejorar. El déficit público, a pesar de todos los ajustes, continúa anclado en el 9%, aunque se convierte en tan solo el 2%, si prescindimos de los intereses. Lo que indica que de nada vale que se reduzcan más y más las partidas presupuestarias si las cargas financieras se incrementan.