¡Peligro! Acuerdo Transatlántico

Ignacio Ramonet – Consejo Científico de ATTAC España

Dentro de dos meses, el 25 de mayo, los electores españoles elegirán a sus 54 diputados europeos. Es importante que, esta vez, a la hora de votar se sepa con claridad lo que está en juego. Hasta ahora, por razones históricas y psicológicas, la mayoría de los españoles –jubilosos de ser, por fin, “europeos”– no se molestaban en leer los programas y votaban a ciegas en las elecciones al Parlamento Europeo. La brutalidad de la crisis y las despiadadas políticas de austeridad exigidas por la Unión Europea (UE) les han obligado a abrir los ojos. Ahora saben que es principalmente en Bruselas donde se decide su destino.

Entre los temas que, en esta ocasión, habrá que seguir con mayor atención está el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI) (1). Este convenio se está negociando con la mayor discreción y sin ninguna transparencia democrática entre la Unión Europea y Estados Unidos (EEUU). Su objetivo es crear la mayor zona de libre comercio del planeta, con cerca de 800 millones de consumidores, y que representará casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y un tercio del comercio global.

La UE es la principal economía del mundo: sus quinientos millones de habitantes disponen, en promedio, de unos ingresos anuales per cápita de 25.000 euros. Eso significa que la UE es el mayor mercado mundial y el principal importador de bienes manufacturados y de servicios, dispone del mayor volumen de inversión en el extranjero, y es el principal receptor planetario de inversiones extranjeras. La UE es también el primer inversor en EEUU, el segundo destino de las exportaciones de bienes estadounidenses y el mayor mercado para las exportaciones estadounidenses de servicios. La balanza comercial de bienes arroja, para la UE, un superávit de 76.300 millones de euros; y la de servicios, un déficit de 3.400 millones. La inversión directa de la UE en EEUU, y viceversa, ronda los 1,2 billones de euros.

Washington y Bruselas quisieran cerrar el tratado ATCI en menos de dos años, antes de que finalice el mandato del presidente Barack Obama. ¿Por qué tanta prisa? Porque, para Washington, este acuerdo tiene un carácter geoestratégico. Constituye un arma decisiva frente a la irresistible subida en poderío de China; y, más allá de China, de las demás potencias emergentes del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica). Hay que precisar que, entre los años 2000 y 2008, el comercio internacional de China creció más de cuatro veces: sus exportaciones aumentaron un 474% y las importaciones un 403%. ¿Consecuencia? Estados Unidos perdió su liderato de primera potencia comercial del mundo que ostentaba desde hacía un siglo… Antes de la crisis financiera global de 2008, EEUU era el socio comercial más importante para 127 Estados del mundo; China sólo lo era para 70 países. Ese balance se ha invertido. Hoy, China es el socio comercial más importante para 124 Estados; mientras que EEUU sólo lo es para 76.

¿Qué significa eso? Que Pekín, en un plazo máximo de diez años, podría hacer de su moneda, el yuan (2), la otra gran divisa de intercambio internacional (3), y amenazar la supremacía del dólar. También está cada vez más claro que las exportaciones chinas ya no sólo son productos de baja calidad a precios asequibles por su mano de obra barata. El objetivo de Pekín es elevar el nivel tecnológico de su producción (y de sus servicios) para ser mañana líder también en sectores (informática, finanzas, aeronáutica, telefonía, ecología, etc.) que EEUU y otras potencias tecnológicas occidentales pensaban poder preservar. Por todas estas razones, y esencialmente para evitar que China se convierta en la primera potencia mundial, Washington desea blindar grandes zonas de libre cambio a las que los productos de Pekín tendrían difícil acceso. En este mismo momento, EEUU está negociando, con sus socios del Pacífico (4), un Acuerdo Transpacífico de Libre Cambio (Trans-Pacific Partnership, TPP, en inglés), gemelo asiático del Acuerdo Transatlántico (ATCI).

Aunque el ATCI empezó a gestarse en los años 1990, Washington ha presionado para acelerar las cosas. Y las negociaciones concretas se iniciaron inmediatamente después de que, en el Parlamento Europeo, la derecha y la socialdemocracia aprobaran un mandato para negociar (aceptado también, en España, en la proposición presentada conjuntamente, en el Congreso de los Diputados, por el PP y el PSOE…). Un informe, elaborado por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento, creado en noviembre de 2011 por la UE y EEUU, recomendó el inicio inmediato de las negociaciones.

Revolución ciudadana

Ignacio Ramonet

Un país endeudado y sometido a los dictados de organismos financieros internacionales; con una clase política mediocre, corroída por la corrupción y detestada por la opinión pública; una desconfianza general hacia las instituciones; un Estado desprovisto de soberanía monetaria; con un sistema bancario estafador y ladrón; un paro masivo; una infame ley de hipotecas y miles de desahucios... ¿Hablamos de la España de hoy? No, del Ecuador de antes de 2006, de antes de la “revolución ciudadana” impulsada por Rafael Correa, brillantemente reelegido presidente el pasado 17 de febrero (1).

Cuando Correa triunfó por primera vez, en noviembre de 2006, el Ecuador estaba saliendo de una década de crisis, protestas e inestabilidad. Con tres presidentes (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) derrocados por insurrecciones populares, una quiebra masiva del sistema financiero, una banca corrupta, un endeudamiento colosal, huelgas generales, insurrecciones indígenas y revueltas sociales de todo tipo. El país parecía ingobernable. Hasta que llegó este economista poco convencional, forjado en el trabajo social y solidario cerca de los pueblos originarios, impregnado de las tesis de justicia de la Teología de la liberación, formado en universidades de Bélgica y Estados Unidos, simpatizante y asiduo del Foro Social Mundial y adversario declarado de la política de “ajustes estructurales” impulsada, en los años 1990,  por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en toda América Latina.

Para su primera campaña electoral, Rafael Correa fundó el movimiento Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana) y propuso un referéndum para una Asamblea constituyente que redactase una nueva Constitución. Ganó. Y en su discurso de toma de posesión anunció con claridad cuál sería su proyecto para Ecuador: “La lucha por una ‘Revolución Ciudadana’, consistente en el cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente”.

Y cumplió su promesa. Lo que le valió, el 30 de septiembre de 2010, una tentativa de golpe de Estado que a punto estuvo de costarle la vida (2). Pero también le deparó el apoyo arrasador de la mayoría de los ecuatorianos. Entre elecciones y referendos, la del 17 de febrero es la novena victoria en las urnas de Rafael Correa. De tal modo que este joven presidente, que aún no ha cumplido los cincuenta años (nació en abril de 1963), se ha convertido en uno de los líderes indiscutibles de la nueva América Latina. En sus seis años de gobierno, “refundó –como dice él– la patria” con la nueva Constitución (aprobada por referéndum en 2008), inició la era del ‘Buen Vivir’ (3), renegoció con éxito la deuda externa de su país y frenó los estragos del neoliberalismo confiriéndole al Estado un papel decisivo en lo económico y lo político. Ahora, su mandato irá hasta 2017, y entonces cumplirá una década en el poder.

Nos encontramos con él, en Quito, unos días antes del escrutinio. En una reunión con los observadores independientes internacionales invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar testimonio de la pulcritud democrática de la elección (4).

Con el objetivo de consagrarse plenamente a la campaña y no ser acusado de usar bienes públicos, Rafael Correa decidió descargarse de la función ejecutiva de la Presidencia y solicitar a la Asamblea nacional una licencia de 30 días durante los cuales esa función sería ejercida por el vicepresidente Lénin Moreno. Un rasgo de honradez política que, a escala internacional, resulta insólito y ejemplar. Ninguna ley lo conminaba a ello. Excepto su propia exigencia ética.

Empieza su conversación citando a Eloy Alfaro (5): “No buscamos nada para nosotros, todo para el pueblo”. “Aquí –añade Correa– ya no manda el FMI, ni la oligarquía; aquí ahora manda el pueblo. Y si éste nos apoya es que hemos hecho lo que prometimos: escuelas, hospitales, carreteras, puentes, aeropuertos... A pesar de las campañas mediáticas de deslegitimización contra nosotros y de los ataques de una prensa sin escrúpulos, vamos a ganar estas elecciones –las más democráticas y transparentes de la historia del Ecuador– de manera arrolladora. Pero no las vamos a ganar para recrearnos en el éxito; las vamos a ganar para gobernar mejor y para ahondar los cambios que venimos impulsando”.

En sus seis años de gobierno, Rafael Correa ha transformado efectivamente su país. Como ningún otro gobernante ecuatoriano antes que él. Cuatro indicadores económicos resumen, mejor que mil palabras, el triunfo de su política: en toda la historia de Ecuador, la tasa de inflación nunca fue más baja; el crecimiento nunca tan elevado; el desempleo tan reducido y el salario real tan alto. Los emigrantes que, huyendo del derrumbe español, regresan a Ecuador sienten mejor que nadie el nuevo bienestar económico. Constatan que se acabó el caos, el desmadre y la fragmentación política; que hay estabilidad y equidad social con dignidad; un gobierno de verdad que ha disciplinado a las clases pudientes; un gobierno de izquierdas pero desprovisto de los excesos ilusorios del izquierdismo palabrero; en suma, un gobierno de izquierdas que está tranformando para siempre el Ecuador.

Bastaba pasearse por las calles de Quito o de otros lugares del país, asistir a algún mítin del presidente Correa para sentir el excepcional efecto de su carisma, el fervor de la gente, la bulliciosa adhesión popular a su persona, a su programa y a los principios de la “revolución ciudadana”.

“Aquí –dice Correa– todo se había convertido en mercancía. Mandaban los bancos y los inversores extranjeros. Se había privatizado la sanidad, la enseñanza, los transportes,... ¡todo! Eso se terminó. Volvió el Estado y ahora garantiza los servicios públicos. Estamos invirtiendo el triple en presupuestos sociales, salud, escuela, hospitales gratuitos.... Hemos acabado con el neoliberalismo. Una izquierda moderna no puede odiar el mercado, pero el mercado no puede ser totalitario. Por eso hemos cambiado radicalmente la economía, ahora es la sociedad la que dirige el mercado y no lo inverso. El ser humano es lo primero, antes que el capital. Cambiamos la ley de hipotecas, que era igual que la española, y pusimos fin a los desahucios. Dijimos: ‘¡No pagamos la deuda!’, y conseguimos rescatarla por el 30% de lo que nos pedían. Hoy Ecuador es la economía que más reduce la desigualdad. Queremos vencer la pobreza. Hemos consolidado los derechos laborales de los asalariados y acabado con la tercerización, esa forma de esclavismo contemporáneo. Estamos haciendo una ‘revolución ética’, combatiendo la corrupción con mayor ahinco que nunca y con una consigna fundamental a todos los niveles: ‘¡Manos limpias!’. Ya no se permite la evasión fiscal. Nuestra revolución es también integracionista y latinoamericana porque estamos decididos a construir la Patria Grande soñada por Bolívar. Es asimismo una revolución ambiental. Nuestra Constitución es una de las pocas en el mundo –quizás la única– que reconoce los derechos de la naturaleza. Como lo digo a menudo: no estamos viviendo tiempos de cambio, sino un cambio de época. No se trata de superar el neoliberalismo, se trata, sencillamente, de cambiar de sistema. Y ese cambio exige la modificación de la relación de poder. Ir hacia un poder popular”.

Así será 2013. Ignacio Ramonet.

Después de haber sobrevivido –el pasado 21 de diciembre– al anunciado fin del mundo, nos queda ahora tratar de prever –con razonamientos prudentes pero más cartesianos– nuestro futuro inmediato, basándonos en los principios de la geopolítica, una disciplina que permite comprender el juego general de las potencias y evaluar los principales riesgos y peligros. Para anticipar, como en unos tableros de ajedrez, los movimientos de cada potencial adversario. Si contemplamos, en este principio de año, un mapa del planeta, inmediatamente observamos varios puntos con luces rojas encendidas. Cuatro de ellos presentan altos niveles de peligro: Europa, América Latina, Oriente Próximo y Asia. En la Unión Europea (UE), el año 2013 será el peor desde que empezó la crisis. La austeridad como credo único y los hachazos al Estado de bienestar continuarán porque así lo exige Alemania que, por primera vez en la historia, domina Europa y la dirige con mano de hierro. Berlín no aceptará ningún cambio hasta los comicios del próximo 22 de septiembre en los que la canciller Angela Merkel podría ser elegida para un tercer mandato. En España, las tensiones políticas aumentarán a medida que la Generalitat de Catalunya vaya precisando los términos de la consulta a los catalanes sobre el futuro de esa comunidad autónoma. Proceso que, desde Euskadi, los nacionalistas vascos seguirán con el mayor interés. En cuanto a la situación de la economía, ya pésima, va a depender de lo que ocurra... en Italia en las próximas elecciones (el 24 de febrero). Y de las reacciones de los mercados ante una eventual victoria de los amigos del conservador Mario Monti (que cuenta con el apoyo de Berlín y del Vaticano) o del candidato de centroizquierda Pier Luigi Bersani, mejor colocado en las encuestas. También dependerá de las condiciones (sin duda brutales) que exigirá Bruselas por el rescate que Mariano Rajoy acabará pidiendo. Sin hablar de las protestas que siguen extendiéndose como reguero de gasolina y que acabarán por dar con algún fósforo encendido... Podrían producirse explosiones en cualquiera de las sociedades de la Europa del sur (Grecia, Portugal, Italia, España) exasperadas por los matraqueos sociales permanentes. La UE no saldrá del túnel en 2013, y todo podría empeorar si, además, los mercados decidieran cebarse (como los neoliberales les están incitando a hacerlo) (1) con la Francia del muy moderado socialista François Hollande. En América Latina, el año 2013 también está lleno de desafíos. En primer lugar en Venezuela, país que desde 1999 representa un papel motor en los cambios progresistas de todo el subcontinente. La imprevista recaída del presidente Hugo Chávez –reelegido el pasado 7 de octubre– crea incertidumbre. Aunque el dirigente se está restableciendo de su nueva operación contra el cáncer, no pueden descartarse nuevas elecciones presidenciales en febrero próximo. Designado por Chávez, el candidato de la revolución bolivariana sería el actual vicepresidente (equivalente a primer ministro) Nicolás Maduro, un líder muy sólido con todas las cualidades, humanas y políticas, para imponerse. También habrá elecciones, el 17 de febrero, en Ecuador: la reelección del presidente Rafael Correa, otro dirigente latinoamericano fundamental, ofrece pocas dudas. Importantes comicios asimismo, el 10 de noviembre, en Honduras donde, el 28 de junio de 2009, fue derrocado Manuel Zelaya. Su sucesor, Porfirio Lobo, no puede postularse para un segundo mandato consecutivo. En cambio, el Tribunal Supremo Electoral ha autorizado la inscripción del partido Libertad y Refundación (LIBRE), liderado por el ex presidente Zelaya, que presenta, como candidata, a su esposa y ex primera dama, Xiomara Castro. Importantes elecciones igualmente en Chile, el 17 de noviembre. Aquí, la impopularidad actual del presidente conservador Sebastián Piñera ofrece posibilidades de victoria a la socialista Michelle Bachelet. La atención internacional también se fijará en Cuba. Por dos razones. Porque continúan en La Habana las conversaciones entre el Gobierno colombiano y los insurgentes de las FARC para tratar de poner fin al último conflicto armado de América Latina. Y porque se esperan decisiones de Washington. En los comicios estadounidenses del pasado 6 de noviembre, Barack Obama ganó en Florida; obtuvo el 75% del voto hispano y –muy importante– el 53% del voto cubano. Unos resultados que le dan al Presidente, en su último mandato, un amplio margen de maniobra para avanzar hacia el fin del bloqueo económico y comercial de la isla. Donde nada parece avanzar es, una vez más, en el Cercano Oriente. Ahí se encuentra el actual foco perturbador del mundo. Las revueltas de la “primavera árabe” consiguieron derrocar a varios dictadores locales: Ben Alí en Túnez, Mubarak en Egipto, Gadafi en Libia y Saleh en Yemen. Pero las elecciones libres permitieron que partidos islamistas de corte reaccionario (Hermanos Musulmanes) acaparasen el poder. Ahora quieren, como lo estamos viendo en Egipto, conservarlo a toda costa. Para consternación de la población laica que, por haber sido la primera en sublevarse, se niega a aceptar esa nueva forma de autoritarismo. Idéntico problema en Túnez. Después de haber seguido con interés las explosiones de libertad de la primavera 2011 en esta región, las sociedades europeas se están de nuevo desinteresando de lo que allí ocurre. Por demasiado complicado. Un ejemplo: la inextricable guerra civil en Siria. Ahí, lo que está claro es que las grandes potencias occidentales (Estados Unidos, Reino Unido, Francia), aliadas a Arabia Saudí, Qatar y Turquía, han decidido apoyar (con dinero, armas e instructores) a la insurgencia islamista suní. Ésta, en los diferentes frentes, no cesa de ganar terreno. ¿Cuánto tiempo resistirá el Gobierno de Bachar El Asad? Su suerte parece echada. Rusia y China, sus aliados diplomáticos, no darán luz verde en la ONU a un ataque de la OTAN como en Libia en 2011. Pero tanto Moscú como Pekín consideran que la situación del régimen de Damasco es militarmente irreversible, y han empezado a negociar con Washington una salida al conflicto que preserve sus intereses. Frente al “eje chií” (Hezbolá libanés, Siria, Irán), Estados Unidos ha constituido en esa región un amplio “eje suní” (desde Turquía y Arabia Saudí hasta Marruecos pasando por El Cairo, Trípoli y Túnez). Objetivo: derrocar a Bachar El Asad –y despojar así a Teherán de su gran aliado regional– antes de la próxima primavera. ¿Por qué? Porque el 14 de junio tienen lugar, en Irán, las elecciones presidenciales (2). A las cuales Mahmud Ahmadinejad, el actual mandatario, no puede presentarse pues la Constitución no permite ejercer más de dos mandatos. O sea que, durante el próximo semestre, Irán se hallará immerso en violentas pugnas electorales entre los partidarios de una línea dura frente a Wa­s­hington y los que defienden la vía de la negociación. Frente a esa situación iraní de cierto desgobierno, Israel en cambio estará en orden de marcha para un eventual ataque contra las instalaciones nucleares persas (3). En el Estado judío, en efecto, las elecciones generales del 22 de enero verán probablemente la victoria de la coalición ultraconservadora que reforzará al primer ministro Benjamín Netanyahu, partidario de bombardear cuanto antes Irán. Ese ataque no puede llevarse a cabo sin la participación militar de Estados Unidos. ¿Lo aceptará Washington? Es poco probable. Barack Obama, que toma posesión el 21 de enero, se siente más seguro después de su reelección. Sabe que la inmensa mayoría de la opinión pública estadounidense (4) no desea más guerras. El frente de Afganistán sigue abierto. El de Siria también. Y otro podría abrirse en el norte de Malí. El nuevo secretario de Estado, John Kerry, tendrá la delicada misión de calmar al aliado israelí. Entretanto Obama mira hacia Asia, zona prioritaria desde que Washington decidió la reorientación estratégica de su política exterior. Estados Unidos trata de frenar allí la expansión de China cercándola de bases militares y apoyándose en sus socios tradicionales: Japón, ­Corea del Sur, Taiwán. Es significativo que el primer viaje de Barack Obama, depués de su ­reelección el pasado 6 de noviembre, haya sido a Birmania, Camboya y Tailandia, tres ­Estados de la Asociación de ­Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN). Una organización que reúne a los aliados de Wa­shington en la región y la mayoría de cuyos miembros tienen problemas de límites marítimos con Pekín. Los mares de China, que designará a Xi Jinping presidente en marzo próximo, se han convertido en las zonas de mayor potencial de conflicto armado del área Asia-Pacífico. Las tensiones de Pekín con Tokio, a propósito de la soberanía de las islas Senkaku (Diaoyú para los chinos), podrían agravarse después de la victoria electoral, el pasado 16 de diciembre, del Partido Liberal-Demócrata (PLD) cuyo líder y nuevo primer ministro, Shinzo Abe, es un “halcón” nacionalista, conocido por sus críticas hacia China. También la disputa con Vietnam sobre la propiedad de las islas Spratley está subiendo peligrosamente de tono. Sobre todo después de que las autoridades vietnamitas colocaran oficialmente, en junio pasado, el archipiélago bajo su soberanía. China está modernizando a toda marcha su Armada. El pasado 25 de septiembre lanzó su primer portaaviones, el Liaoning, con la intención de intimidar a sus vecinos. Pekín soporta cada vez menos la presencia militar de Estados Unidos en Asia. Entre los dos gigantes, se está instalando una peligrosa “desconfianza estratégica” (5) que, sin lugar a dudas, va a marcar la política internacional del siglo XXI. (1) Léase el dossier “France and the euro. The time-bomb at the heart of  Europe”, The Economist, Londres, 17 de noviembre de 2012. (2) En Irán, el presidente no es el jefe de Estado. El jefe de Estado es el Guía Supremo, elegido de por vida, y cuya función ejerce actualmente Alí Jamenei. (3) Léase, Ignacio Ramonet, “El año de todos los peligros”, Le Monde diplomatique en español, febrero 2012. (4) The New York Times, Nueva York, 12 de noviembre de 2012. (5) Léase Wang Jisi y Kenneth G. Lieberthal, “Adressing U.S.-China Strategic Distrust”, Broo­kings Institution, 30 de marzo de 2012. www.brookings.edu/research/papers/2012/03/30-us-china-lieberthal