NO TODO LO QUE RELUCE ES ORO. El Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión entre la UE y los EEUU.

Verónica Gómez Calvo                                                                                             

Miembro de la Comisión Internacional de ATTAC España.

La UE y el gobierno de Obama se comprometieron, en Febrero de este año, a iniciar las negociaciones que llevarían a consolidar el mayor mercado de libre comercio del mundo con la promesa de que incrementaría el PIB al menos en un 1% en la UE y crearía millones de puestos de trabajo a ambos lados de atlántico.

Sin embargo, este es un acuerdo que ha emergido como un proyecto político de las élites corporativas, que ha sido negociado a puerta cerrada y que pretende mucho más que la simple eliminación de aranceles y otros obstáculos regulatorios, armonizando los estándares y regulaciones a ambos lados del atlántico para abrir ambos mercados a los inversores. Lo que nos debe preocupar es que los negociadores de este acuerdo se están centrado en eliminar las regulaciones sociales y medioambientales que protegen a los consumidores, los trabajadores y el medioambiente, degradándolas de tal manera, que otorguen a los inversores y multinacionales, una libertad y unos beneficios hasta ahora desconocidos.

El estudio realizado por la Comisión Europea sobre el impacto que tendría en Europa un aumento del comercio con los EEUU, llegó a la conclusión de que significaría un “shock inicial en los sectores más afectados que llevaría a la reestructuración de los mismos”.  Se refiere a sectores como los productores de carne, de fertilizantes, de bioetanol y de azúcar, que competirán en desventaja con sus homólogos americanos.  De acuerdo con este estudio, también caerá la producción en la maquinaria eléctrica, los equipos de transporte y en el sector metalúrgico, así como en otros sectores primarios, lo que incluye los productos de madera, papel,  los servicios de negocios, comunicaciones y los sectores de servicios personales, el informe continúa diciendo que, como consecuencia, podría haber importantes costos asociados a estos ajustes. Ni que decir que en España ya sabemos lo que esto significa tras la reestructuración productiva que sufrimos con la entrada a la Unión Europea: miles de trabajadores que se van al paro y necesitan plantearse nuevos sectores en los que trabajar. Sin olvidar lo que puede suponer para el incremento de la fractura Europea, distanciando todavía más las economías periféricas de las economías del centro.

Además, la armonización de las regulaciones a ambos lados del atlántico podría afectar severamente a los derechos laborales europeos, ya que EEUU rechazó categóricamente ratificar algunos de los estándares laborales de la OIT y no reconoce entre otros, los acuerdos de libre asociación ni las acciones sindicalistas.

Por otro lado, la regulación americana sobre los servicios financieros es más estricta y podría verse afectada por los grandes bancos que intentan revertir los esfuerzos que se están haciendo por ejercer un mayor control financiero, justo en un momento en el que el mismo FMI y el Banco Mundial reconocen que es necesario un control del capital para prevenir la fuga especulativa y desestabilizadora de capitales.

Además, el acuerdo es una amenaza seria a los derechos. Mientras que en EEUU las compañías tienen acceso ilimitado a la información personal de los ciudadanos, en Europa todavía se garantiza cierto grado de privacidad y protección a través de la ley. Por otro lado, ¿qué garantía supondría firmar un acuerdo de tal envergadura con un país que se sabe espía masivamente a políticos, empresarios y ciudadanos? También, peligraría gravemente el mismo modelo social europeo que estamos intentando preservar a pesar de los continuos ataques que se excusan en la crisis, por poner un ejemplo, la inclusión de nuevas cláusulas sobre inversiones que favorecen a las corporaciones farmacéuticas y de servicios de salud, podrían impedir que los europeos sigan accediendo a un sistema de salud asequible al incrementar la protección de las patentes y cortar el acceso a medicinas genéricas que se usan para salvar vidas. No sólo esto, la “armonización” de las reglamentaciones y estándares llevarán a la comercialización de los servicios públicos y sus instalaciones, aumentando de esta manera el coste para los pacientes europeos.  Una de las demandas claves de la patronal hasta ahora, ha sido garantizar que la contratación pública esté abierta a la competición global en lugar de favorecer la contratación de pequeñas empresas del lugar para estimular el desarrollo local. Por otro lado, un futuro en el que los europeos tengan que competir frente a los americanos para atraer a las empresas y la inversión, puede inaugurar otro periodo de recortes laborales y reducciones de sueldos ante la posibilidad de que las compañías puedan relocalizarse fácilmente al otro lado del Atlántico.

Por si esto fuera poco, el acuerdo incluye un mecanismo para solventar demandas legales por el cual las corporaciones estarán en su derecho de demandar a los gobiernos europeos directamente en tribunales extranjeros y fuera de la UE. Para que esto suceda, sólo será necesario que sientan que las leyes de dichos países en las áreas de salud pública, medioambiental, o de protección social, interfieren con sus propios intereses. Es fácil que ante semejante posibilidad, y la amenaza que supondría tener que pagar indemnizaciones millonarias a estas corporaciones, este mecanismo actúe como un freno disuasorio a la hora de instaurar una legislación progresista que defienda el bienestar de sus ciudadanos.

Y ya sólo para finalizar, tengamos en cuenta lo que este tratado significa en términos globales. El Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio EEEUU- UE es una manera de reestructurar el comercio internacional en el mundo e imponer las demandas de EEUU y la UE sobre los países que hasta la fecha se habían resistido a liberalizar sus economías, y de imponer un camino único y trazado según los intereses de ambas potencias, sin importar si sirve también a los intereses de los países del sur. Este acuerdo es además, una estrategia para que las élites corporativas superen a las economías emergentes como India, Rusia, China, Brasil, Sudáfrica y la asociación de naciones del Sudeste Asiático, y recupere el liderazgo internacional que ha visto amenazado por los cambios habidos en los últimos años en el nuevo orden mundial.

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VIDEO: Tratado Transatlántico de Libre Comercio

Tratado Transatlántico de Libre Comercio from ATTAC.TV on Vimeo.

Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, analiza de forma crítica el Tratado Transatlántico de Libre Comercio, por el cuál Estados Unidos y Europa quieren conservar las políticas de desregulación comercial y los beneficios a las empresas, un sistema que está provocando el aumento de la pobreza, la desigualdad y la descomposición social en ambos continentes. Además, reivindica el papel de los movimientos sociales y las organizaciones críticas como Attac para hacer frente a este tipo de acuerdos que, según él, tienen como principal objetivo mantener las estructuras de poder establecidas.

Tom Kucharz es periodista, investigador social y militante de Ecologistas en Acción. Muy activo en diferentes áreas, como el movimiento antiglobalización, el cambio climático o la soberanía alimentaria, Kucharz imparte clases y conferencias sobre economía mundial y políticas internacionales de comercio. 

Ante el Tratado de Libre Comercio Transatlántico

“Defenderemos nuestros derechos contra las decisiones al servicio de los intereses de las empresas”

Colectivo

Estimados Presidente Barack Obama, Presidente Juan Manuel Barroso y Presidente Herman Van Rompuy:

Los Estados Unidos y la Unión Europea están listos para comenzar las negociaciones de un acuerdo de “comercio” e inversión, la Alianza Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés), también conocida como el Tratado de Libre Comercio Transatlántico (TAFTA por sus siglas en inglés). Las organizaciones abajo firmantes de Europa y de los Estados Unidos queremos mostrar nuestra preocupación basándonos en las informaciones sobre las negociaciones venideras y declarar nuestra oposición a la práctica de realizar negociaciones comerciales a puerta cerrada, a fin de alterar y reducir las medidas de interés público en aras de los intereses comerciales.

Como ambas partes han señalado, debido a que los aranceles en los Estados Unidos y la Unión Europea son ya bajos, el acuerdo propuesto se centrará particularmente en “cuestiones de reglamentación y en barreras comerciales no arancelarias”. Nos preocupa que el proceso que ha llevado a la puesta en marcha de las negociaciones del TAFTA haya estado dominado por intereses empresariales transatlánticos, que parecen empeñados en socavar las protecciones más importantes de los intereses públicos a ambos lados del Atlántico, protecciones a las que por ahora, tanto sus productos como sus operaciones se tienen que adaptar. Su agenda consiste en utilizar esas negociaciones como medio para continuar sus esfuerzos desreguladores, hasta ahora infructuosos. Representantes de la industria organizados desde 1995 en el Diálogo Empresarial Transatlántico, recientemente renombrado como Consejo Empresarial Transatlántico, han presionado por una “armonización” de las normativas divergentes, por el tránsito libre de bienes, por tener autoridad para gestionar servicios bajo “reconocimiento mutuo” y por la eliminación de lo que ellos llaman “fricciones comerciales”, las cuales para nosotros constituyen algunas de las garantías más importantes para los consumidores y el medio ambiente.

Un acuerdo transatlántico que fuera poco más que un vehículo para facilitar la desregulación, no sólo amenazaría con debilitar críticamente las garantías para los consumidores y el medio ambiente, sino que también chocaría con el principio democrático de que aquellos que deben convivir con los resultados de las normativas reguladoras – los residentes de nuestros países – sean capaces de establecer esas normativas a través de un proceso democrático, incluso cuando ese proceso suponga la existencia de normativas divergentes que los empresarios puedan encontrar inapropiadas.

Por lo tanto, somos muy escépticos en que un acuerdo centrado en una “armonización” normativa vaya a servir a los intereses de los consumidores, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y a otras esferas de interés público. Más bien, podría dar lugar a una reducción de las normativas y a máximos en vez de mínimos. Un acuerdo de “libre comercio” no tiene que impedir que los Estados Unidos o a la UE (o sus estados miembros) adopten y apliquen normativas que brinden niveles más altos de consumo, derechos de los trabajadores y protección medio ambiental.

Denunciamos la naturaleza especialmente opaca y exclusivista de las recientes negociaciones comerciales e insistimos en que los textos de la negociación sean hechos públicos. Dado que un futuro acuerdo tendría un impacto en una amplia variedad de intereses públicos, el proceso ha de abrirse al público. Los gobiernos de los EEUU y la UE deben comprometerse a que los documentos de las negociaciones y las solicitudes de los diferentes países estén disponibles al público.

Los grupos de interés, incluidos aquellos a los que no les fue concedido un pase preferente a los comités de asesoramiento comercial oficiales, tienen que tener la posibilidad de revisar el texto si han de hacer contribuciones significativas con respecto a decisiones fundamentales en la materia.

Deben tener lugar desde un principio y durante todo el proceso, consultas con los diversos grupos de interés. Las consultas asimétricas con empresas y grupos industriales en anteriores acuerdos negociados por los EEUU y la UE han dado lugar a una serie inversiones y rendimientos que han beneficiado a las industrias por encima de las comunidades y el medio ambiente.

Queremos destacar además algunos de los intereses de los consumidores, medioambientales y de los trabajadores que estaremos vigilando de cerca y por los que vamos a exigir que se rindan cuentas, dado el alcance potencial del acuerdo propuesto: