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El TTIP tendrá efectos dañinos sobre la salud y el clima, advierte un informe oficial

Comunicado de prensa de War on Want

13 de mayo de 2016



El polémico TTIP, que se está negociando entre la UE y EEUU, tendrá efectos negativos sobre la salud pública, el empleo y el clima, de acuerdo con la evaluación de impacto oficial publicada hoy.

El informe, que contiene 394 páginas y que ha tardado dos años y medio en completarse, proporciona una visión única sobre las negativas consecuencias sociales y medioambientales del TTIP, tanto para la población de la UE como la de EEUU.

John Hilary, consejero ejecutivo de War on Want, ha dicho: “Las revelaciones de este nuevo informe dan los últimos martillazos a los clavos del ataúd del TTIP. La evaluación oficial revela la verdadera dimensión de la amenaza para nuestro futuro de este sucio tratado, y no es nada agradable. Instamos a la UE a que pare las negociaciones inmediatamente y evite que estos peligros sean una realidad”.

Riesgos para la salud pública

La evaluación de impacto advierte que el TTIP se traducirá en mayores niveles de enfermedades relacionadas con la dieta, tales como la obesidad y la diabetes, consecuencia de un mayor consumo de alimentos no saludables, como las bebidas azucaradas y la comida elaborada con altos niveles de sal y grasas.  Según el informe, el TTIP también pone en peligro los esfuerzos para contener los efectos negativos del consumo de tabaco y alcohol en Europa, ya que las importaciones más baratas de EEUU provocarán más casos de cáncer e ictus.

Utilizando un lenguaje contundente, la evaluación de impacto sostiene que el TTIP corre el riesgo de socavar el derecho a la salud en Europa. Además, las peores consecuencias serán para los más vulnerables y más pobres de la sociedad.  También advierte que el TTIP choca frontalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por todos los países en Naciones Unidas hace solo un año.

Pérdida de empleo

La evaluación de impacto calcula que el TTIP provocará la pérdida de al menos un millón de empleos en la UE y EEUU conjuntamente, y más de dos millones en el caso de alcanzarse la versión más ambiciosa del tratado. El impacto sobre el empleo se sentirá más entre los trabajadores menos cualificados y  con mayor dificultad para encontrar un empleo alternativo.

Los trabajadores europeos del sector de equipos eléctricos se llevarán la peor parte,  hasta un 7.5% del total del sector (más de 100,000 puestos de trabajo) desaparecerán como resultado del TTIP. El acosado sector europeo del acero también sufrirá una pérdida de empleo por el TTIP, añadiendo más problemas a los que ya tiene a consecuencia de la  liberalización del mercado.

Se confirma que el sector cárnico en Europa es otro de los sectores donde habrá  más pérdida de puestos de trabajo, debido a la competencia desleal de la gran industria agroalimentaria americana que privará a los agricultores y ganaderos europeos de su medio de vida. La Comisión Europea ha advertido a países como Irlanda sobre el gran choque que supondrá el TTIP para su industria cárnica.
El aumento de las emisiones de CO2

El informe calcula que el TTIP supondrá un aumento de más de 21 millones de toneladas de emisiones de CO2 en la UE y EEUU de forma conjunta, a pesar de que sus  emisiones de CO2 per cápita ya son más altas que la media global ¾más de tres veces en el caso de EEUU. También contradice los compromisos asumidos por  todos los países en la COP21 de Paris en diciembre de 2015.

La evaluación de impacto también constata que el TTIP provocará un aumento en la contaminación del aire en toda Europa. Se esperan niveles más altos en las emisiones de  monóxido de carbono,  dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas de PM10. Se sabe  que todas estas sustancias presentan una amenaza para la salud humana.

El copago sanitario y la desigualdad: ciencia y política


Debate

El copago sanitario y la desigualdad: ciencia y política
The health copay and inequality: science and policy
Joan Benacha (1), Gemma Tarafaa (2), y Carles Muntanera (3),
1. Grup de Recerca en Desigualtats en Salut, Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espa˜na
2. CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España. 
3. Faculty of Nursing, Dalla Lana School of Public Health, and Collaborative Program in Global Health, University of Toronto, Toronto, Canada


Introducción
En las últimas décadas, el término «copago» se ha introducido en grado y manera diferentes en muchos países europeos1, y a la vez ha aumentado también significativamente el debate social en Espa˜na en los últimos a˜nos. El copago, también conocido en inglés como patient cost-sharing o en general out-of-pocket spending by private households, incluye muchas posibilidades: desde la puesta en práctica de un pago por servicios de atención médica, el incremento de un pago ya existente, o su ampliación a personas que deberían pagar. Este artículo revisa algunas de sus ventajas y problemas, con un énfasis especial en la equidad. El copago, sin embargo, no es un asunto “técnico” que podamos entender solamente con la mejor evidencia científica disponible, sino que también es imprescindible valorar las estrategias y los intereses políticos que lo sustentan.




ATTAC Castilla y León no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Las políticas de austeridad incompatibles con la salud

Carmen San José Pérez.
Viento Sur Info
Jueves 18 de Octubre
Un cambio de modelo sanitario
El RD de 16/2012 sobre “Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y la seguridad de las prestaciones” contiene las líneas maestras de la reforma sanitaria que el gobierno del Sr. Rajoy pretende implantar, y obedecen tanto a la imposición de la troika como a la propia ideología del Partido Popular.
En el folleto que el Ministerio de Sanidad y Consumo elaboró para "explicar" las medidas del citado Real Decreto se hace un juego de ocultación y engaño sobre lo que realmente se cambia o desaparecerá con su aplicación.
En primer lugar justifica la reforma por la enorme deuda sanitaria. Y en segundo lugar aduce a la crisis económica actual. Vayamos por partes, esta deuda que puede llegar a suponer hasta 15.000 Millones de euros ha sido contraída de forma muy desigual por cada una de las Comunidades Autónomas. Y ha sido acumulada por algunos territorios de forma totalmente fraudulenta, al embarcarse en procesos de externalización y privatizaciones, conciertos con entidades privadas y construcción de hospitales. Puesto todo ello en marcha mediante fórmulas como las concesiones a bancos y constructoras, que como todas las experiencias demuestran salen más caras (entre 4 y 7 veces más en el caso de los hospitales madrileños) que gestionarlo o construirlo por la propia administración.
De cualquier manera hay que apuntar que el GSP (gasto sanitario público) del Estado español es del 6,5 % y la media de la UE-15 es del 7,3% en porcentajes del PIB, lo que supone que se gasta menos por habitante y año que la media de los países de la OCDE. Y el crecimiento de este gasto en los últimos 10 años ha sido muy modesto (2,9% frente a un 4,3% de media de la OCDE). Si a esto añadimos los indicadores de salud de nuestra población, se constata que con menos cantidad obtenemos mejores resultado en salud, en equidad, en la cobertura y acceso, en calidad y seguridad de la atención, y en satisfacción de los usuarios y legitimidad del sistema según la opinión de la población, excluyendo las listas de espera (último informe HIT del The European Observatory on Health Systems and Policies).
Otra de las causas de la deuda ha sido la escasez presupuestaria a que ha sido sometido el Servicio Nacional de Salud, dentro de una estrategia más amplia llevada a cabo en la última década para deteriorar los servicios públicos y ganar la batalla de la opinión pública para privatizar. El resultado ha sido una inmensa insuficiencia financiera que se resolvía cada final de año con créditos extraordinarios.
La segunda cuestión a la que alude el gobierno para cambiar el modelo sanitario es la crisis que atraviesa nuestro país. Como se puede comprobar las causas de esta crisis no están en los gastos públicos excesivos, pues España se encuentra a la cola de la UE en gasto social. Tampoco en el manido “haber vivido por encima nuestras posibilidades”, que desde el poder intentan que cale en la población para que asuma los recortes. La crisis la han desencadenado los grandes grupos financieros y especuladores –el gran capital en su lógica por aumentar la tasa de ganancia– y la han profundizado y extendido las políticas de austeridad aplicadas por los gobiernos sumisos a las estrategias marcadas por el FMI, BCE y la Comisión Europea (la llamada troika). Por lo tanto, las salidas a esta crisis no están en menos gasto público, ni en recortar salarios y pensiones retrocediendo en derechos sociales a tiempos impensables hasta hace muy poco. Otra cosa es que aprovechando la crisis se impongan las políticas que sólo interesan a la gran banca y las grandes corporaciones (ese 1% de la población).
Por eso es una verdadera falacia y supone un engaño a la ciudadanía decir que esta reforma se lleva a cabo para garantizar la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud (SNS), puesto que ésta no solo no se logra con los recortes que han comenzado a aplicar, sino que básicamente no fue diseñada para eso.
Claro que se podría ahorrar en un presupuesto que alcanza los 90.000 millones de euros anuales, ganando en eficacia y mejor coordinación, evitando duplicidades y gastos en tecnología y farmacia, (“La Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. 12 Propuestas para garantizarla”. FADSP. Enero. 2011). Lo que sucede es que la única alternativa que se ha puesto en marchar ha consistido en recortes de personal y recursos, con disminución de plantillas, cierre de camas, servicios hospitalarios, ambulatorios y urgencias. Y la entrega de hospitales, servicios, pruebas de imagen y de laboratorio al sector privado para que gestionen la asistencia sanitaria, lucrándose con los fondos públicos que reciben por ello.
Desde el Ministerio se afirma que esto se hace para “preservar siempre el derecho de los ciudadanos a la protección de su salud y asegurando que la asistencia sanitaria española sea universal, pública, gratuita y de calidad”, de nuevo algo que simple y llanamente no es verdad. En primer lugar habría que advertir que el derecho a la salud se vulnera en cuanto no se dan unas condiciones de acceso igualitario y gratuito, y esto es precisamente lo que rompe esta reforma. Ya que deja fuera a ciudadanos/as que no hayan cotizado a la seguridad social, debido a que ha dejado de ser un servicio universal ligado exclusivamente al derecho inherente de toda persona, para convertirse en un seguro, por ahora el de la Seguridad Social, donde sólo se atiende al que cotiza.
Tampoco es pública la atención sanitaria cuando buena parte de la población recibe una atención prestada por instituciones privadas, muchas de ellas con ánimo de lucro. Por ejemplo todos los nuevos hospitales madrileños, las UTE del País Valencia, etc.
Además, no es gratuita en el momento del uso porque se ha instaurado el pago por algunos servicios y medicamentos a los que una parte de la ciudadanía no podrá acceder. Precisamente ya se advierte que gratuita solo será la cartera de servicios básica que está por definir, y de la cual cabe esperar que saquen diversas prestaciones.
La situación social
La situación social es dramática para una buena parte de la población, y algunos datos no hacen sino confirmarlo. Y esto a pesar de que con las cifras sólo nos acercamos al conocimiento de algunos aspectos. Según Eurostat, España ocupa los últimos lugares de la UE-27, solo la superan Letonia y Lituania, en cuanto al coeficiente GINI, medida que refleja la desigualdad en la distribución de los ingresos de los hogares. Con un índice de pobreza y exclusión social del 25,5 % de la población, cuando la media de la UE-15 es del 21,7 % y de la eurozona es del 21,6%.
Las últimas cifras del paro de la EPA de Julio 2012 alcanzan al 24,63 % de la población activa, pero llegan al 52,1 % en el caso de los menores de 25 años, y en el caso de los inmigrantes alcanza el 35,76 %. Hay 1.737.600 hogares con todas las personas en paro.
La renta disponible de los hogares según el Banco de España fue para el año 2009 de 11.120 € y en el año 2010 de 10.571 €. Según el INE el salario bruto medio anual en el año 2010 fue de 22.790 € aunque el más frecuente fue de 16.500 €. Y la pensión media contributiva en el año 2011 fue de 805 €, y pensión media no contributivas es de 366 €.