Mostrando entradas con la etiqueta Alberto Garzón. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Alberto Garzón. Mostrar todas las entradas

Audio de la charla de Alberto Garzón en Palencia

Muchas gracias a Radio Colores. 107.7 FM. Universidad Popular de Palencia.

El pasado mes de marzo Alberto Garzón, miembro de ATTAC (La Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, movimiento intelectual ciudadano que promueve el control democrático de los mercados financieros y las instituciones encargadas de su control mediante la reflexión política y la movilización social) y parlamentario por Izquierda Unida, vino invitado por estos dos grupos a Palencia para dar una charla sobre alternativas al sistema actual.


Ir a descargar

Resumen "Hay Alternativas". Alberto Garzón en Palencia.

Cristina Simal, socia de ATTAC Castilla y León ha elaborado un resumen del acto protagonizado por Alberto Garzón en Palencia el pasado 7 de marzo "Hay Alternativas a este sistema".

Os facilitamos el documento en formato libro electronico issuu o para su descarga en pdf. Esperamos que pueda ser de vuestro interés.


Descargar en pdf

No queremos pagar la deuda odiosa

Texto entregado al Gobierno de España 

por Alberto Garzón Espinosa.

En el año 2000 la deuda pública española fue del 59’4% del PIB de acuerdo con los datos de la oficina Eurostat. Sin embargo y como consecuencia de la crisis se prevé que en 2012 dicho ratio haya subido hasta el 85’3% del PIB, mientras que en los Presupuestos Generales el Gobierno estima que en 2013 se incrementará hasta el 90’5% del PIB. En cantidades absolutas lo previsto para 2013 significan un total de 728.800 millones de euros. Asimismo, en concepto de pago de intereses el Gobierno ha previsto la cantidad de 38.589 millones de euros.

Esta deuda tiene diferentes orígenes, como consecuencia de la crisis financiera y económica, y sin más datos es difícil dilucidar qué parte corresponde a las necesidades de financiación de la activación de los estabilizadores automáticos, de los planes de estímulo o de los rescates bancarios. Sin embargo, sí cabe reconocer que en comparación con las grandes entidades financieras el contexto de financiación del Estado ha sido enormemente injusto. Al menos en las dos formas siguientes:
1) En primer lugar, mientras el Banco Central Europeo (BCE) pone a disposición de las entidades financieras una financiación muy barata y prácticamente ilimitada, los Estados tienen que recurrir exclusivamente a los mercados financieros de deuda pública en un contexto de recesión económica –con las implicaciones que ello conlleva en términos de rentabilidad y precio de los títulos de deuda-. Esta situación, derivada de las fallas de la construcción europea y del propio diseño de las instituciones europeas, ha llevado a la creación de espacios de arbitraje que las entidades financieras han aprovechado. Es decir, estas entidades financieras pueden acceder a financiación a un tipo de interés muy reducido y prestar esas cantidades al Estado a tipos de interés mucho más elevados. Situación paradójica teniendo en cuenta que por otros mecanismos y de forma sistemática es el propio Estado, junto con las instituciones europeas, el que está rescatando a las entidades financieras.
2) En segundo lugar, porque gran parte de la financiación obtenida por el Estado ha tenido como destino el salvamento del sistema financiero o de otras entidades empresariales. El esquema lleva a que el Estado se endeude no para hacer frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real sino para prestar el dinero de nuevo en condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no son necesariamente coincidentes con los de los ciudadanos. Informes independientes, como el del técnico de hacienda D. Agustín Turiel, plantean que el total de este tipo de endeudamiento “ilegítimo” asciende a 95.671 millones de euros sólo entre 2008 y 2010.
No cabe duda de que gran parte de las emisiones de deuda pública de los últimos años se han suscrito a través de los mecanismos arriba descritos, produciéndose así un ilegítimo rescate a las entidades financieras de toda Europa. Por esa razón nuestro grupo considera que es posible calificar gran parte de los contratos de deuda pública con el concepto de “deuda odiosa” tal y como aparece recogido en la doctrina internacional sobre la cuestión. Cabe recordar que este concepto ha sido usado históricamente en múltiples ocasiones, entre ellas en Cuba en 1898 por parte de Estados Unidos o en Iraq en 2004 por parte del Gobierno impuesto por Estados Unidos. Asimismo, los casos de Argentina en 2001 y Ecuador en 2007 ilustran no sólo la posibilidad de realizar eficazmente estas medidas sino también que son instrumentos útiles para garantizar el desarrollo económico futuro.
En un contexto de recesión, y con las expectativas para 2013 de un decrecimiento del 1’4% según la Comisión Europea –especialmente por el agravamiento de la demanda interna en mitad de un proceso de desapalancamiento financiero-, es previsible que la capacidad de ingreso del Estado siga mermándose hasta el punto de hacer insostenible el ritmo de crecimiento de la deuda pública. Ya hay datos que apuntan a esta dificultad creciente. Entre 2010 y 2011 el déficit primario descendió un 9’09% (hasta el 7% según Eurostat) como consecuencia de las políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió un 3’09% (hasta el 9’4% según Eurostat). Este diferente ritmo de crecimiento no hace sino revelar el lastre que supone el creciente peso del pago de los intereses de la deuda pública, los cuales ejercen una punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse en políticas de reactivación económica.
La descrita aquí es una peligrosa senda que aúna socialización de las deudas privadas, crecimiento del endeudamiento público, recesión económica y creciente peso de la carga financiera. No es éste un problema que pueda resolverse con más austeridad, como ilustra dramáticamente el caso griego –que ha tenido que reconocer en varias ocasiones la imposibilidad de pagar toda la deuda pública-, sino que manifiesta la necesidad de liberar parte del lastre financiero que supone la deuda pública. Algo que, a nuestro juicio, debería acompañarse de una política expansiva por parte del Banco Central Europeo y por un nuevo y muy distinto diseño de la Unión Europea.
Por los motivos anteriormente expuestos consideramos necesario poner en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de títulos con objeto de poder identificar qué contratos pueden considerarse “odiosos”. Por esa razón, proponemos asimismo la creación de una comisión formada por expertos de diferentes ámbitos de la vida social y económica, incluyendo a las múltiples organizaciones especializadas en este tema que trabajan en la línea apuntada desde hace años tanto a nivel nacional como internacional.

La trampa de la devaluación interna


Alberto Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

En este artículo se expone una crítica a la teoría de la devaluación interna, abrazada por los economistas convencionales, gran parte de los sindicatos mayoritarios y también por el Partido Socialista. Se demuestra que los problemas de la economía española no son debidos a elevados salarios sino a la configuración del modelo productivo, la desigualdad interna y la estructura exportadora del país. Es un resumen de un texto más amplio y completo que será publicado en la revista ‘Pensar desde Abajo’ en las próximas semanas.


La economía española ha crecido durante las últimas décadas con importantes desequilibrios en su sector exterior, lo que ha tenido su reflejo en una cuenta corriente muy deficitaria y el consecuente endeudamiento externo que ahora lastra las posibilidades de recuperación clásica de la economía. Dicho de otra forma, dado que el crecimiento español ha sido financiado externamente… cuando los fundamentos de este modelo se han roto sólo ha quedado un reguero de deudas pendientes (de carácter privado fundamentalmente).
Históricamente este tipo de desequilibrios han sido corregidos a través de devaluaciones monetarias, las cuales permitían obtener artificialmente mejoras en la competitividad. Sin embargo, y debido a la actual existencia de una unión monetaria en torno al euro, esa opción es imposible. Por esa razón los economistas convencionales entienden que en el marco institucional actual (conservando la unión monetaria y respetando los tratados europeos) sólo cabe realizar una devaluación interna. Esto, traducido al castellano, implica aceptar que las ganancias de competitividad sólo se pueden lograr reduciendo tanto salarios como márgenes de beneficios empresariales [1].
La cuestión es que no sólo los economistas convencionales, asociados a la teoría neoclásica, han aceptado estas tesis. También los economistas políticamente socioliberales han apostado por esta salida. Esto es lo que explica que el propio Rubalcaba y los dos grandes sindicatos estén defendiendo la moderación salarial como vía de recuperación de la economía española [2].
Los desequilibrios externos de la economía española
La balanza de pagos de la economía española ha reflejado recientemente fuertes distorsiones derivadas de su modelo de crecimiento. Así, la cuenta corriente ha sido crecientemente deficitaria desde finales de los años noventa, especialmente empujada por la balanza de bienes y algo menos por la balanza de rentas (EUROSTAT, 2012). De forma paralela la cuenta financiera ha sido crecientemente superavitaria, explicando así cómo ha financiado la economía española su elevado déficit externo.

Hacia 1997 la balanza por cuenta corriente estaba relativamente equilibrada, con una contribución negativa de la balanza comercial y de la balanza de rentas que era compensada por la contribución positiva de la balanza de servicios y de las transferencias corrientes. Sin embargo, la balanza comercial (o de bienes) se va haciendo más deficitaria a medida que transcurren los años, sin que la contribución ligeramente cada vez más positiva de los servicios pueda contrarrestar esa tendencia.


Como se puede comprobar en el gráfico anterior, el creciente déficit externo se explica fundamentalmente por la evolución de la balanza comercial. No obstante, España ha conseguido fortalecer en este tiempo la mayoría de los productos que más contribuían positivamente a la cuenta comercial hasta la última década, y que son los productos agrícolas (vegetales, frutas y aceite). Sin embargo, se produce un cambio de signo en el sector automovilístico y un empeoramiento del saldo negativo de otros productos como los vehículos de cilindrada media, los combustibles, la industria farmacéutica, la maquinaria y la aeronáutica (Gracia, 2011). Esto significa, como recuerda el Consejo Económico y Social de España, que “las exportaciones se orientan en mayor medida hacia productos de contenido tecnológico bajo y medio” (CES, 2011).
Por el contrario, una situación inversa en términos comerciales ocurre con Alemania. Este país ha mostrado una cuenta corriente crecientemente superavitaria, lo que se explica por una especialización inicial en segmentos productivos de mayor gama y contenido tecnológico y por el abaratamiento relativo de las importaciones gracias a procesos continuados de deslocalizaciones de industrias de bienes intermedios (Vlachou, 2012). A diferencia del caso español, Alemania registra superávit de forma permanente en el conjunto de productos de alta tecnología, siendo la industria del automóvil, el sector de calderería, la industria farmacéutica, la aeronáutica y las telecomunicaciones los productos que más contribuyen a la generación de superávit (Gracia, 2011).


De bancos malos y gobiernos terribles

Alberto Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España


Este viernes el gobierno de España anuncia un nuevo decreto ley que pondrá en funcionamiento el llamado banco malo. Se trata de una medida que venía incorporada en el memorándum que el Gobierno negoció con la troika, el cual no es otra cosa que un conjunto de condiciones económicas que ha de realizar España a cambio de los 100.000 millones de euros del rescate. Es decir, se trata de una nueva imposición que refleja la pérdida de un grado más en la soberanía de nuestro país.
Pongámonos en contexto. Actualmente estamos viviendo la resaca de la burbuja inmobiliaria, durante la cual se construyeron entre 2002 y 2007 más viviendas que en Francia y Alemania juntas (y ambas cuentan con el doble de población y el triple de territorio). Ese proceso de construcción desaforada permitió enormes ganancias al sector de la construcción-inmobiliario, que en alianza con los poderes políticos locales pudo utilizar mecanismos como las reclasificaciones y recalificaciones de suelo para añadir unos cuantos ceros a sus ganancias habituales. La conocida y práctica habitual del “pelotazo urbanístico”.
Pero en ese proceso no se utilizaba sólo dinero ahorrado sino también dinero prestado, así que durante todos esos años la economía española vio como su endeudamiento privado se disparaba. Las grandes empresas de la construcción se regaban con deudas y también los hogares (especialmente los más ricos) multiplicaban su endeudamiento para comprar varias viviendas y poder participar en la orgía especulativa. El acceso a la Unión Europea había supuesto el desmantelamiento del sector industrial y agrario de España, así que el binomio construcción-inmobiliarias se convirtió en el motor del crecimiento español y de la creación de empleo. Cuando la patata caliente estalló y ya nadie quería comprar viviendas todo se vino abajo. Las constructoras tuvieron que cerrar tras despedir a miles de trabajadores y sus activos (viviendas, suelo, préstamos, etc.) pasaron a formar parte de los bancos y cajas que les habían prestado el dinero.
Pero estos bancos y cajas tenían a su vez deudas contraídas con los bancos extranjeros, y ahora las viviendas, suelo y otros activos que recibían ya no valían lo mismo que antes. Incluso, podría decirse, ya no valían nada. Así que muchos bancos tuvieron y tienen que ser rescatados. Y los únicos que los pueden rescatar somos todos nosotros, el dinero público.