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SALAMANCA: La crisis hipotecaria en España. Causas y consecuencias

26 de noviembre. 19:30 horas
Auditorio del Centro Municipal Julian Sanchez El Charro. Plaza de la Concordia

Attac Castilla y León junto con Stop Desahucios Salamanca organizan esta charla debate que contará con la presencia de Miguel Ángel Andres Llamas, abogado y asociado de Attac Castilla y León y la intervención de personas del colectivo Stop Desahucios. De esta forma se reanudan los Encuentros con Attac en este curso 2014-2015. Esta actividad se inserta en la semana de lucha del 24-29 noviembre organizada por las Marchas de la Dignidad 22M.

EVENTO EN FACEBOOK

Presentación del informe Emergencia Habitacional en el Estado Español con datos inéditos sobre las ejecuciones hipotecarias

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH) presentan el Informe Emergencia habitacional en el estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos.

Descarga el informe

El informe muestra el resultado de las 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH durante los últimos dos años, y es el primer informe de ámbito estatal que recoge los datos de cómo afectan las ejecuciones hipotecarias a la salud, o cuáles son las entidades que más ejecutan.

Este informe analiza la situación de emergencia habitacional que existe en España desde una perspectiva de derechos humanos. En concreto, se estudia la regulación de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios a partir de los compromisos jurídicos adquiridos por las administraciones públicas y el impacto concreto que supone esta problemática para las familias afectadas.

El estudio analiza, en primer término, la función del derecho a una vivienda digna y de la prohibición de desahucios arbitrarios en el sistema constitucional español, en el derecho internacional de los derechos humanos y a la Unión Europea. En segundo lugar, ofrece datos sobre el comportamiento de las entidades financieras y sobre el impacto de la problemática en las familias a partir de 11.561 encuestas realizadas. En un tercer capítulo, para visibilizar las consecuencias en la vida concreta de las personas, el informe incorpora cuatro entrevistas en profundidad a personas afectadas. El informe concluye con un breve capítulo de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los poderes públicos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC hemos sido de las primeras entidades que, ya en febrero del 2009, alertamos de la gravedad de la problemática. Desde entonces hemos denunciado reiteradamente la carencia de datos oficiales que permitan entender el alcance de la vulneración de derechos fundamentales que supone la legislación española en materia de vivienda. Así mismo, esta carencia de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades hemos hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos.

“La Plataforma” Un documental de sicom.tv sobre la PAH

Documental sobre los orígenes, lucha y reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca realizado por sicom.tv


LaPlataforma, el documental pretende ser una herramienta informativa y reflexiva que favorezca el debate democrático, aclare los derechos que asisten a la ciudadanía y deshaga los equívocos que la información interesada ha impregnado en la sociedad.

Desahucios y recortes: la violencia “democrática” del poder financiero


 

Jorge Fonseca

La esencia de la democracia es “tomar en cuenta lo que el pueblo quiere y no quiere”, decía Hobsbawm El incumplimiento del gobierno de su programa electoral, aplicando medidas económicas y sociales contrarias al mismo, y mayoritariamente rechazadas, implican la violación gubernamental de dicha esencia. Los objetivos económicos oligárquicos son cada vez más visibles gracias a la protesta social, forzando al gobierno a exponer su antes velada violencia, en una deriva autoritaria creciente. Para imponer sus normas apela cada vez más a la represión policial, a la criminalización goebbeliana de quienes defienden los derechos sociales y la democracia real (PAH, 15M, activistas sindicales, de partidos de izquierda y del conjunto del movimiento social). También pretende trasladar la regresión absolutista al plano jurídico, imponiendo un modelo judicial del siglo XIX que para dar privilegios a unos pocos, viola derechos de la mayoría, legitimando el expolio social y convirtiendo en delito duramente castigado el simple ejercicio de defensa de derechos.

En 2011 el bloque político neoliberal reformó la Constitución de urgencia y con “agosticidad”, para dar privilegios a banqueros y especuladores acreedores, cuya deuda e intereses usurarios tendrán “prioridad absoluta”, por delante de la salud, la educación o las pensiones. Deuda mayoritariamente ilegítima, pues fue provocada por la gradual estatización de la descomunal deuda privada de bancos y grandes empresas (que ronda 280% del PIB, casi el triple que la pública) mediante los sucesivos regalos a la banca (“rescates”), verdadera causa del aumento de la prima de riesgo y los intereses. La deuda también aumentó por la fuerte caída de recaudación fiscal provocada por los recortes que destruyeron masivamente fuentes de trabajo, convirtiendo el superávit de 2,2% del PIB de 2007 en un déficit de más del 11% en 2009 y que aún hoy ronda el 8%. Esto hizo que la deuda pública pasara del 36% del PIB en 2007 a casi 100% del PIB actual, (incluyendo el último “rescate” bancario). Déficit y deuda pública son usados como pretexto para cargarse los derechos sociales del 99% de la sociedad y favorecer al poder financiero, que tiene una deuda tres veces superior a la pública. Los 40 mil millones anuales de intereses que reciben los acreedores de la deuda son a costa de sanidad, educación y pensiones públicas, que, cuando se privatizan, en una genial “bicicleta financiera”, son compradas por los especuladores con el mismo dinero nuestro que el gobierno les regala.


ATTAC  Castilla y Leon  no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización

El escrache como derecho fundamental


Carlos Hugo Preciado Domènech
*Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

En los últimos días viene siendo objeto de polémica el escrache como medio de reivindicación. Mientras unos sostienen su legitimidad, otros afirman que se trata de una coacción intolerable, una vejación, un método propio del fascismo o una forma de coartar la libertad de voto del Diputado o Senador. Ante tal debate, el propósito de estas líneas es el de contribuir a esclarecer, desde un prisma exclusivamente jurídico, la legitimidad constitucional del escrache como medio de manifestar la crítica frente a la actuación de los Poderes Públicos.
Para ello, hemos de empezar diciendo que el derecho de manifestación o concentración en lugares públicos es un derecho fundamental reconocido en el art.21 de la Constitución y desarrollado por la LO 9/83 de 15 de julio; regulado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 (art.11); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 (art.21); y más recientemente en el art.12 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El derecho de manifestación es una proyección colectiva de la libertad de expresión efectuada través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, defensa de intereses, publicidad de problemas y reivindicaciones (STC 301/2006), siendo por ello un cauce del participación democrática que se configura de tres elementos: una agrupación de personas de carácter transitorio (temporal), con finalidad lícita (licitud) y en un lugar de tránsito público (espacial). Es un derecho de especial importancia en un Estado Social y Democrático de Derecho, como expresión del principio de democracia participativa, pues para muchos grupos sociales es uno de los pocos medios de los que disponen para expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones (STC 301/06 y 236/07)
Por otro lado, el escrache no es otra cosa que el nombre dado en Argentina, Uruguay y España a un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Se trata de un método de protesta basado en la acción directa que tiene como fin que los reclamos se hagan conocidos a la opinión pública.
Así definido, el escrache no es más que el derecho de manifestación con una sola peculiaridad definitoria: el lugar en que se ejerce, que coincide siempre con los alrededores del domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar, generalmente una persona con responsabilidad pública, un cargo público.
Por tanto, nos hallamos ante una forma de protesta pacífica, en la vía pública y dirigida frente a quien tiene una responsabilidad pública, con la finalidad de defender los Derechos Humanos o cualquier otra reivindicación legítima.
En el caso del escrache que estamos viendo en el Reino de España en los medios de comunicación se trata de un conjunto de personas  afectadas por la legislación hipotecaria que pretenden convencer a los Diputados del partido político con mayoría absoluta de que es necesario un determinado cambio legislativo, manifestándose delante de sus domicilios, en la vía pública.
Resulta obvio, hasta aquí, que el derecho de manifestación ampara esta conducta que conocemos como escrache. Por tanto, hemos de partir que el escrache como forma pacífica de manifestación es uno de los expectativas garantizadas por el derecho fundamental y, por tanto, constituye parte de su objeto, pues es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones (STC 195/03, 66/95, 85/88, etc ).
Por otro lado, es evidente que toda manifestación o reunión en un lugar de tránsito público ocasiona cierto grado de desorden en el desarrollo de la vida cotidiana y ciertas molestias, como cortes de tráfico, corte de calles, megafonías…., pero en ausencia de actos de violencia por parte de los manifestantes es importante que los poderes públicos hagan gala de cierta tolerancia ante concentraciones pacíficas, con el fin de que la libertad de reunión no carezca de contenido, incluso en aquellos casos en que no ha sido comunicada previamente a la autoridad competente (STEDH 5 marzo 2009 Baraco contra Francia, STEDH de 17 de julio de 2008, Achouguian contra Armenia ; STEDH 5 diciembre de 2006; Oya Ataman contra Turquía)
El escrache, que se realiza delante del domicilio de un cargo público, es obvio que ocasiona ciertas molestias; no sólo al cargo público, sino también a su familia y vecinos, en tanto en cuanto puede obstaculizar el tráfico, el acceso o salida del domicilio con vehículos, puede causar incomodidades, pues se oyen proclamas o reivindicaciones, consignas, en tono elevado, etc; pero ese tipo de molestias no van más allá que las que causa cualquier manifestación o concentración pacífica a los vecinos de las calles en que tiene lugar o de las molestias que podemos soportar todos los ciudadanos en tiempo de campaña electoral, en que oímos las megafonía de la propaganda electoral a todas horas, se llenan nuestros buzones de cartas de los partidos, incluso se nos llama al teléfono particular para pedirnos el voto, o se nos da propaganda en mano por la calle o también, en fin, se pide el voto “puerta a puerta”.
Por ello, es fácil concluir que las molestias o incomodidades provocadas por una manifestación pacífica delante del domicilio de un Diputado o Senador son transitorias, como toda manifestación, y están dentro del contenido normal del derecho a manifestarse, y los poderes públicos – y el Diputado o Senador lo es- han de tolerarlas para preservar el contenido del derecho de manifestación.
Por supuesto, el derecho de manifestación y el escrache, como una de sus formas, no amparan el insulto, la amenaza o la coacción. Es importante insistir ello. En tales casos nos hallaríamos ante supuestos de abuso del derecho fundamental que encontrarían su tipificación en el CP (620.2, 169, 172, CP, etc), como también la encuentran las reuniones o manifestaciones ilícitas, que son las que se celebran con el fin de cometer algún delito o aquellas en la que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos (art.513 CP).

El Partido Popular desahucia la ILP

El Partido Popular anunció el pasado martes el cierre del debate sobre la ILP. El jueves, en la comisión de economía, el Partido Popular votará en solitario a favor de su propuesta de reforma de la ley hipotecaria. En la más absoluta soledad. Sin aceptar las enmiendas de ningún grupo político y, lo que es más preocupante para la democracia de este país, desoyendo unas demandas que cuentan con el apoyo del 90% de la población, unas demandas de mínimos necesarias para no condenar a la exclusión social de por vida, a miles de familias.

Mas en Plataforma Afectados por la Hipoteca 

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Las entidades promotoras de la ILP por la dación en pago han decidido retirarla del Congreso


COMUNICADO DEL GRUPO PROMOTOR DE LA ILP POR LA DACIÓN EN PAGO

LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE LA ILP HAN DECIDIDO RETIRARLA PORQUE NO RECOGE EL CONTENIDO DEL TEXTO PRESENTADO EN EL CONGRESO


Barcelona, 18 de marzo de 2013.
Las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social denuncian la voluntad del Partido Popular de aprovechar la tramitación parlamentaria de la ILP para desvirtuar las propuestas de esta iniciativa ciudadana.
La propuesta de “medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social” desconoce las legítimas pretensiones de la ILP: dación en pago retroactiva; paralización de los desahucios que afecten a viviendas habituales de deudores hipotecarios y la posibilidad de que las personas afectadas puedan permanecer en sus viviendas en régimen de alquiler social.

La propuesta del PP supone una burla a los intereses de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria y a la sociedad en su conjunto. Una vez más, la efectividad del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado español, queda supeditado a los intereses de las entidades financieras.
Pese a la aceptación a trámite parlamentario de la ILP, el PP, desconociendo el masivo apoyo social a la propuesta, elimina todo rastro de la ILP por la dación en pago. Con su proyecto de Ley, el PP no resuelve el problema social de la deuda hipotecaria (ni de los que ya han sido desahuciados ni de los que lo serán en el futuro). Miles de ciudadanos continuarán perdiendo la vivienda y continuarán endeudados con las entidades financieras, perpetuándose la injusticia de la legislación hipotecaria española.

Mientras que la ILP permitía liberar a las familias de la condena financiera, facilitaba el acceso en régimen de alquiler social a las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras y mitigaba de manera decisiva los efectos sociales más dramáticos de la crisis económica actual, la reforma del PP seguirá condenando a la pobreza y a la exclusión social a cientos de miles de personas.
Por todo ello, las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social, hemos decidido retirarla y poner en evidencia que el proyecto de ley del PP supone el rechazo a la ILP que se presentó en el Congreso.

Que no te hipotequen la vida

Escraches: la democracia que nos han robado

Juan Carlos Monedero – Consejo Científico de ATTAC España

“Si un perro flauta me acosa por la calle, le arranco la cabeza”, dice un diputado del PP. Si por molestarte en la calle mereces ver tu cabeza arrancada del tronco, ¿cuál es la pena proporcional por dejarte sin trabajo? ¿Y por no poder pagar el colegio de tus hijos? ¿Y por perder la casa en la que has metido todos tus ahorros durante los últimos diez años?¿Y por endeudarte de por vida aunque además hayas perdido la casa? ¿Y por perder el acceso a la sanidad, a la universidad, a una pensión, al seguro de desempleo?
Los que dieron el golpe de Estado en 1936 dijeron que los movió el amor a España. Pero de España, como dijo Franco, les sobraba la mitad de los ciudadanos. Que eran españoles. Que están todavía enterrados en zanjas y cunetas. Desde la patronal nos dijeron que nos fuéramos a trabajar a Laponia. Una parte importante de los jóvenes le ha tenido que hacer caso. Los de siempre. Nunca han existido dos Españas. Eso siempre ha sido una mentira. Hay una España mayoritaria y una minoritaria con mucho poder, capaz de acercar a su bando a una parte de la mayoría. El miedo hace el resto. En la España de ellos siempre están los mismos. Desde los Reyes Católicos y su Inquisición. Por eso, el PP no necesita arrancarle la cabeza a los últimos que pusieron el miedo en su bando. Están ahí, hechas tierra y vergüenza para nuestra democracia.
El poder, sobre todo, posee eficaces herramientas para amedrentar a una parte importante de la ciudadanía. Medios de comunicación, iglesias, puestos de trabajo, presencia social, ritos, cultura y el Hola. Un diputado dice que no le tiembla la mano para volver a ejecutar disidentes. Antes eran rojos. Ahora, como ya no hay Unión Soviética, son perros flauta. El miedo, y los nombres, siempre los han administrado ellos. Y exhumar asesinados, expropiar unos carritos de la compra, decirles en el portal de su casa que nos están arruinando la vida y la del futuro, cuestionar la monarquía o recordarles que están robándose el país que dicen que aman, les hace caer en una angustia existencial, propia de quien nunca ha tenido la sensación de sobrar en ningún lado.
La dureza de la respuesta del PP a los escraches es muy lógica. La derecha entiende siempre muy rápido las cosas del poder. La legitimidad del sistema político español está en cuestión. Cuando los esclavos dejan de interiorizar su condición, el amo ya no puede dormir tranquilo. El PP lo sabe: lo que ayer era permitido, ahora no lo es. Aunque lo sigan diciendo las leyes. Habían puesto al mismo nivel cosas que no se pertenecen. La Constitución, las leyes, los jueces, los policías y el portero de su casa les saludaban como personas importantes. Pero han surgido nuevas preguntas. ¿Por qué no permitimos un diputado que defienda la pederastia o la ejecución de las minorías o la lapidación de las herejes o adúlteras —lo perseguiríamos hasta debajo de las piedras, porque la democracia tiene derecho a defenderse—, pero permitimos un diputado que esté a favor de los desahucios? Ese es el cambio. Y es lo que les pone de los nervios. Es una lucha política. Si podemos perseguir a los que roban nuestra tranquilidad, están en peligro. Estamos escribiendo nuevas reglas del juego. Y los que siempre han sido dueños del tablero se asustan.
Los escraches son reformismo. Pero hasta el reformismo asusta. De ahí la ridiculez de comparar escraches y terrorismo. Recuerdan Pisarello y Asens que ”los escraches son una acción informativa, que se ha de hacer “de manera totalmente pacífica” y sin “importunar a los vecinos”. También se estipula que deben realizarse en días laborables y en horario escolar, de modo que los niños nunca sean interpelados. Los casos personales se intentarán explicar sin insultos ni amenazas. Se evitarán ruidos o molestias innecesarios y se procurará ser amables con quienes trabajan en comercios y con los transeúntes. No todas las antiguas reglas han perdido su sentido. Sólo aquellas que únicamente sirven a unas minorías privilegiadas. Pero la situación política está tan podrida que hasta las reglas mínimas de la democracia les están sobrando.

El reino del revés. Escraches, ilegitimidad y antidemocracia

Rodrigo F. Miranda, ConsumeHastaMorir

Los escraches desbordan las formas tradicionales de la política: son una práctica novedosa que afirma un nuevo sentido de la política y de la militancia (…) Un llamado a la lucha, una confirmación práctica de que la acción transformadora es ahora, o no es. Son lo opuesto a la melancolía del que espera (sentado) un mundo mejor (…) Se organiza sólo para dar respuesta a la exigencia que lo funda: justicia. Es esta necesidad la que se afirma en la práctica. (Agrupación HIJOS)
Escrache en el Prat de Llobregat, 16/03/2013.
Fotografía de Clarabarm. Licencia CC. 
En las últimas semanas saltó a las primeras páginas de la escena política y mediática española la cuestión de los escraches a responsables políticos. Liderados por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), los destinatarios son quienes, a criterio de la Plataforma, debiendo ser representantes de la soberanía popular están incumpliendo sus responsabilidades públicas. Como reacción, parte del poder establecido arremetió contra este tipo de actuaciones, criticando principalmente su supuesto carácter “ilegítimo, violento y antidemocrático”.
 “Si no hay justicia, hay escrache”. Bajo esta consigna, a partir de los años 90 miembros de la agrupación argentina HIJOS [1] y activistas de derechos humanos llegaban de forma pacífica y estridente a los barrios y residencias de genocidas y cómplices de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) que se encontraban en libertad. El objetivo de estas acciones era señalar y denunciar públicamente durante el período de impunidad y olvido [2] a estas personas y su participación en el terrorismo de Estado.

Continua en ....ConsumirHastaMorir 

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En defensa del escrache

Vicenç Navarro

Este artículo denuncia la criminalización que se está intentando crear del movimiento PAH, señalando que las fuerzas antidemocráticas son precisamente aquellas que la están reprimiendo.
La enorme fuerza que las derechas tuvieron sobre el Estado español en el proceso de Transición de la dictadura a la democracia (erróneamente definido por el establishment político y mediático como modélico) produjo una democracia muy limitada e incompleta, causa del enorme retraso social de España. Después de más de treinta años viviendo bajo esta democracia, España todavía tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15, el grupo de países de la Unión Europea (UE) de semejante nivel de desarrollo económico al español (ver mi libro Bienestar insuficiente. Democracia Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país. 2002).
Indicadores de las enormes limitaciones de la democracia española, caracterizada por su baja calidad, son múltiples e incluyen, desde la limitada diversidad ideológica de sus medios de información, a la escasa participación ciudadana en la gobernanza del país, limitándola a la posibilidad de votar sus representantes (dentro de un proceso electoral muy poco representativo) cada cuatro años, sin ninguna posibilidad de recurso cuando tales representantes incumplen sus promesas, situación que ha alcanzado su máxima expresión en el gobierno actual del Partido Popular presidido por el Sr. Rajoy.
Una consecuencia de esta situación es el enorme poder que los poderes fácticos tienen sobre tales representantes políticos, incluyendo entre ellos las entidades financieras y empresariales que dominan el proceso de decisiones políticas garantizando el mantenimiento de sus privilegios a costa del bienestar de la ciudadanía. La extensión de tal dominio es única en las democracias occidentales y es motivo de atención e incluso denuncia a nivel internacional (más que a nivel nacional). Ejemplos hay múltiples. El más reciente es la decisión del Tribunal de Justicia Europeo que ha indicado que la Banca en España tiene un excesivo poder legislativo que se traduce en una situación abusiva para las personas que tienen una hipoteca y que en un momento concreto de su vida no pueden pagarla. Vivo parte del año en EEUU, y cuando un ciudadano en aquel país no puede pagar una hipoteca, devuelve las llaves al banco y se olvida de la hipoteca. No así en nuestro país donde tal ciudadano y/o aquella persona que avala la hipoteca tendrán que continuar pagándola por el resto de su vida. Es un ejemplo de hasta qué punto la Banca tiene poder en España, poder que se ha visto también en la ayuda pública a la Banca (que ha supuesto un enorme drenaje de los fondos del Estado) o el compromiso adquirido por el Estado, aprobado por los llamados representantes del pueblo español, de que la categoría más importante en las decisiones presupuestarias del Estado español, sea la de pagar los intereses a la Banca (más importante que cualquier otro ítem en el presupuesto).

Escrache

Javier Gallegoeldiario.es

Nos habéis perseguido a todos. Primero fuisteis a por los jubilados pero como vosotros tenéis la jubilación asegurada, no os importó hacerles daño. Después fuisteis a por los enfermos, los discapacitados, los dependientes y como vosotros no tenéis problemas de dinero, no os importo cargar a las familias con un peso que no pueden soportar. Entonces fuisteis a por los funcionarios, los médicos, los profesores. Fuisteis a por nuestra sanidad y a por nuestros colegios porque vosotros tenéis los vuestros asegurados. Protestamos y no os importó enviarnos a los antidisturbios a que nos hicieran daño.
No os importó que hubiera millones de parados y fuisteis también a por ellos. Les quitasteis un pedazo de lo poco que les queda y les gritasteis que se jodan en mitad del Parlamento. Y empezasteis a jodernos a todos los demás, a la cultura, a los mineros, a todos los contribuyentes. Fuisteis a por todos nosotros y no os importó hacernos daño para no hacérselo a los vuestros. Los bancos vinieron a por nosotros y vosotros nos quitasteis los cuatro cuartos que nos habían dejado en los bolsillos. Ellos nos robaban, vosotros hacíais negocio con nuestro dinero. Volvimos a protestar y nos disteis la espalda de nuevo.
No queríais ver cómo la gente saltaba por las ventanas o se colgaba del cuello. Los bancos que nos habían puesto la soga iban a por los que menos tenían y les dejasteis hacer. Dejasteis que se aprovecharan con las preferentes de los más indefensos y vulnerables y jamás perseguisteis a los timadores. Dejasteis que algunos se quitaran la vida angustiados por su desahucio. Les empujasteis al vacío sin mover un solo dedo y permitisteis que pelotones de policía siguieran sacando a la gente de sus casas a empujones. Podríais haberlo evitado pero seguíais mirando para otro lado.
Los jueces españoles y el tribunal europeo han decretado que las hipotecas españolas son ilegales y abusivas y a ninguno de los dos les habéis hecho caso. Miles de personas en la calle y un millón y medio con su firma, os han pedido parar esta sangría y habéis tratado de escaparos de ellos. Nos disteis unas medidas insuficientes que no sirvieron para nada y ahora nos volvéis a ofrecer un simulacro de solución en diferido. Os pedimos pan y nos dais migajas. Os pedimos ayuda y nos dais antidisturbios. Os pedimos que nos echéis una mano y nos la echáis al cuello.
Ahora van a por vosotros y reclamáis que os amparemos pero ya no queda casi nadie de nosotros que lamente lo que os está pasando. Os toca sentir lo que sienten los perseguidos. Ahora nos pedís la justicia que vosotros nos habéis negado. Invocáis la democracia que habéis destruido y el respeto que no nos tenéis. Exigís que se respeten los derechos que no habéis respetado. Llamáis terroristas a los que os persiguen pero sois vosotros los que los habéis aterrorizado. Nos llamáis golpistas mientras nos moléis a golpes. Hay que ser muy miserable para llamar acosador al acosado.

La criminalización de la PAH: cuando el que ‘escracha’ es el poder

Gerardo Pisarello · Jaume Asens
Revista Sin Permiso


El intento del Partido Popular de vincular a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con ETA y con el nazismo ha resultado un fracaso. La operación ha sido tan burda que ni siquiera ha conseguido convencer a algunos aliados usuales en estas campañas de miedo y orden. Estos sectores se han mostrado dispuestos a discutir sobre las “líneas rojas” que ninguna protesta social debería traspasar. Pero se han negado a aceptar que cualquier protesta incómoda pueda hacerse pasar sin más por coacción, violencia, o peor, terrorismo. Esta reacción puede considerarse uno de los grandes éxitos de la PAH: haber conseguido que el ‘escrache’  del poder contra las familias desahuciadas y endeudadas aparezca como un peligro más temible que el que se intenta atribuir a estas últimas. Con todo, no se trata de un triunfo definitivo. Por un lado, porque a pesar del rechazo de las tesis del gobierno, existe un sector social significativo que considera que el ‘escrache’ o señalamiento público es un error. Que se trata de un ejercicio inadmisible de coacción sobre cargos electos que abre las puertas a  prácticas que serían difíciles de justificar en otros casos. Por otro, porque la alianza entre poder político y poder económico-financiero que ha perpetrado la estafa de las últimas décadas está cada vez más deslegitimada, pero conserva espacios decisivos de poder. Y ha quedado claro que los utilizará sin miramientos para desplazar la atención o para criminalizar cualquier reclamo que considere amenazador.

Los ‘escraches’ de la PAH como legítimo ejercicio de la libertad de crítica

Se ha dicho mucho en la última semana acerca de la legitimidad del ‘escrache’. Pero a menudo se ha tratado de un juicio abstracto, que prescinde tanto de las razones de la PAH como del contexto concreto que lo origina. Como es sabido, esta modalidad de protesta nació en Argentina con un doble objetivo. Por un lado, dar respuesta a la falta de actuación estatal en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura. Por otro, hacer visibles en el espacio público a quienes, beneficiándose de dicha impunidad, pretendían pasar inadvertidos. Si se compara la situación argentina con la española, se detectan diferencias evidentes. Parece excesivo, por ejemplo, comparar las desapariciones y asesinatos masivos provocados por la dictadura argentina con el “genocidio financiero” simbólicamente denunciado por la PAH. Del mismo modo, puede resultar desmedido equiparar a los responsables de crímenes de lesa humanidad con los miembros de un gobierno o de un grupo parlamentario que se niega a aprobar una iniciativa legislativa popular.

Dicho esto, las similitudes tampoco pueden minimizarse. A diferencia de Argentina, es verdad, el caso español no admite hablar de “genocidio”. Pero sí de una vulneración generalizada y persistente de derechos que no puede equipararse a un reclamo de privilegios o a un capricho aislado. En el origen del escrache convocado por la PAH hay una situación objetiva de violación de derechos fundamentales que no perjudica a un grupo restringido de personas, sino a miles de familias. Muchas de ellas han sido víctimas de prácticas que, según la ONU y el Tribunal de Luxemburgo, habrían hecho las delicias de Gobseck, aquel personaje de palidez lunar en el que Balzac inmortalizara a todos los usureros del mundo. Muchas de ellas, también, han perdido sus casas, han tenido que cargar con deudas inasumibles y se han visto expuestas, junto a sus hijos, a actuaciones vejatorias que incluyen el acoso y la amenaza de las entidades financieras y la violencia policial. En ocasiones, estas actuaciones han generado en las víctimas enfermedades graves o las han inducido al suicidio. Es cuando menos banal, pues, situar los escraches contra la estafa inmobiliaria al mismo nivel que otras como las protestas contra la prohibición de las corridas de toros o de las drogas. Unas y otras, en efecto, son legítimas. Pero solo en el primer caso se está ante una situación de ilegalidad estructural, de vulneración generalizada y persistente de derechos básicos.

Vidas hipotecadas: Denunciar el poder. Gerardo Pisarello

Movilización contra los desahucios
Bertolt Brecht dejó escrito que quien pretenda combatir la mentira y la ignorancia debe superar, al menos, cinco dificultades. Debe tener, primero, el valor de escribir la verdad, aunque en todas partes intenten sofocarla. Debe poseer, además, la inteligencia para descubrirla en medio del ruido y de la manipulación. Debe dominar, asimismo, el arte de hacerla manejable como arma. Debe presentar, en cuarto lugar, la capacidad de dirigirse a aquellos que la utilizarán de manera más eficaz. Y debe, por fin, desplegar la astucia necesaria para difundirla entre ellos. A juzgar por estas palabras, es muy probable que, de haber tenido en sus manos este libro, Brecht hubiera sonreído complacido.

Y es que Vidas hipotecadas es, ante todo, un libro valiente. Uno de esos libros que irrumpen sin pedir permiso, en el momento justo en el que los mismos poderes que han generado la crisis se disponen a pactar su propia impunidad y a culpabilizar a los más vulnerables. Denunciar al poder, descubrirlo in fraganti borrando sus huellas e intentando diluir su responsabilidad, no es tarea fácil. Mucho menos cuando se hace con nombres y apellidos, como ocurre en estas páginas. De todas las explicaciones de la crisis que circulan en los medios, hay una recurrente: la que todo lo atribuye a los designios de los «mercados», concebidos como una suerte de entidad misteriosa capaz de operar al margen de la voluntad de las personas de carne y hueso. Contra esta suerte de pensamiento mágico se sublevan estas líneas. Cuando los autores de este libro hablan del poder, del concentrado bloque de poder del concentrado bloque de poder financiero, inmobiliario y constructor que está detrás de la crisis española, no lo hacen con el ánimo de quien trata un fenómeno inescrutable, que ocurre porque sí, porque las cosas no pueden ser de otro modo. Lo hacen, por el contrario, señalando una trama mafiosa que se ha construido a golpe de decisiones y de actuaciones normativas muy concretas. Y que ha contado con el respaldo explícito de administraciones de diferente color político, de tribunales y de los propios partidos políticos.

La existencia de esta trama no es un fenómeno reciente. Como bien muestra el libro, hunde sus raíces en el franquismo, pero ha operado con comodidad tras la instauración de la monarquía parlamentaria. Si los autores se ocupan de ella no es por simple vocación inquisitiva. Es, sobre todo, por la violencia que su voracidad especulativa ha infligido a miles de familias. Esta identificación con las víctimas, con todas aquellas personas que además de perder sus casas y sus empleos han visto hipotecadas sus vidas por la codicia de unos pocos, es otro de los signos de valentía de estas páginas. Porque hay que ser valiente, en los tiempos que corren, para ponerse del lado de los más vulnerables. Para defender sus intereses sin engañarlos ni eximirlos de responsabilidad. Pero distinguiendo siempre su situación de la de aquellos que desde el privilegio y el abuso trafican con las necesidades ajenas.

Claro que, como el propio Brecht recuerda, la predisposición para decir la verdad puede resultar estéril si se carece de la inteligencia para descubrirla. Y este es un libro inteligente. Mucho más, desde luego, que los interminables documentos oficiales e informes académicos que ni previeron la debacle actual, ni son capaces de ofrecer salidas justas y sostenibles a la misma. A lo largo de las páginas que siguen, los lectores encontrarán indignación. Pero una indignación razonada, apoyada en datos empíricos sólidos y en una comprensión profunda de la economía política y de las vías jurídicas que han propiciado la crisis. En la defensa de su punto de vista, los autores no están solos. Y para probarlo, convocan en su apoyo a algunas de las voces que mejor han interpretado lo que está ocurriendo: gente como el geógrafo David Harvey, la periodista Naomi Klein y, entre nosotros, los economistas José Manuel Naredo y Albert Recio. Estas afinidades consiguen que Vidas hipotecadas se adhiera a un género singular: el del ensayo reivindicativo, dirigido a inflamar, que no por ello renuncia al sentido de complejidad de las cosas ni a la necesidad de explicar con rigor por qué la realidad es como es.

Que esto sea así no debería sorprender. Después de todo, Ada Colau y Adrià Alemany son dos de los activistas más lúcidos que el movimiento por el derecho a una vivienda digna ha dado en Barcelona en los últimos años. Y lo son, entre otras razones, porque desde su implicación en V de Vivienda, primero, y como caras visibles de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), más tarde, han exhibido un gran talento para comunicar la verdad en diferentes registros y para hacerla manejable como arma, como pedía Brecht. Este libro no constituye una excepción. Es un trabajo de activistas, pero no del activista que prefiere anteponer su vanidad o su propia jerga a la comunicación de los argumentos que utiliza. Lo que aquí se dice, se dice de forma directa y comprensible, con una pretensión deliberada: desbordar el círculo de los ya convencidos e incidir en el sentido común medio que suele regir en estos temas.

Seguramente, este afán pedagógico también obedece a otra de las exigencias brechtianas: la de saber evaluar en qué manos resultará más eficaz la verdad que se procura comunicar. También en este punto, el trabajo se revela como una apuesta ambiciosa. Por un lado, es una radiografía incisiva de la burbuja urbanística e inmobiliaria que sintoniza, tanto en el diagnóstico como en la terapia, con las propuestas de grupos como Democracia Real Ya, Juventud Sin Futuro o el propio 15-M. Por otro, aspira a ser, de manera más específica, una herramienta operativa al servicio de los afectados por la crisis hipotecaria. Los capítulos con consejos y recursos para las personas y familias amenazadas por desalojos deben leerse en esta clave. Como un recurso práctico, de asesoría sindical, orientado a impulsar la solidaridad entre los afectados, a liberarlos del miedo y la parálisis, y a reforzar su capacidad de autoorganización.

Esta combinación entre denuncia y profundidad analítica, entre llamamiento a la movilización y preocupación por los problemas inmediatos, es una de las mayores virtudes del libro. Sería equivocado, no obstante, atribuirla a una simple intuición teórica. Si este libro es posible, lo es porque quienes lo escriben no son simples observadores externos de un fenómeno social extendido. Por el contrario, lo que los autores explican aquí refleja lo que ellos, y muchas otras personas como ellos, llevan años haciendo en centros sociales, en colectivos de defensa de migrantes, en asociaciones de vecinos, en las calles y en los barrios. Esta experiencia personal no los exime de errar ni los vuelve infalibles. Pero ayuda a explicar por qué su mensaje ha logrado romper el cerco que el poder mediático suele imponer a las ideas críticas, llegando a miles de personas y ganándose el respeto y la confianza de los propios afectados.

Ya en la Antigüedad clásica, la abolición de la esclavitud por deudas fue una de las banderas irrenunciables del movimiento democrático que desveló a la oligarquía y a los grandes acreedores. Siglos más tarde, este ensayo viene a actualizar el viejo y noble reclamo, vinculándolo a la erradicación de los grandes privilegios financieros, urbanísticos e inmobiliarios y a la garantía del derecho a una vivienda digna para todas y todos. Porque con vidas hipotecadas no hay libertad, ni democracia merecedora de ese nombre. Y porque, como recuerdan día a día las mujeres y hombres de la PAH, «¡sí se puede!».