El Congreso aprueba hoy una reforma del mercado de alquiler que atenta contra la seguridad jurídica de los inquilinos

El Congreso de los Diputados aprueba hoy una reforma en materia de alquiler que supone un nuevo golpe al derecho a la vivienda. Con la fórmula "dinamizar el mercado de alquiler" el Congreso de los Diputados aprueba una nueva vulneración del derecho a la vivienda: la reforma debilitará aún más la posición de los inquilinos, criminalizará los impagos por razones de necesidad y facilitará los desahucios exprés.
En el actual contexto de crisis los desalojos por impago de la hipoteca y los desalojos por impago de alquiler son dos caras de una misma moneda: la vivienda como mercancía. A la tragedia de los desahucios por ejecuciones hipotecarias se añadirá la de aquellas personas y familias que, en el contexto de la crisis, son incapaces de pagar el alquiler. El Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Vivienda modifica la legislación de arrendamientos urbanos y la legislación de enjuiciamiento civil sin tener en cuenta la condición socio-económica de los inquilinos. La reforma tiene dos finalidades básicas:

• Reducir de 5 a 3 años el contrato de alquiler y facilitar los incrementos ilimitados de la renta. Cada 3 años se podrán producir subidas indiscriminadas de la renta o se podrá cancelar el contrato de alquiler sin tener que justificar la necesidad de recuperar la vivienda. La consecuencia para las unidades familiares es de gran inseguridad ya que difícilmente podrán proyectarse de forma mínimamente estable en un hogar por periodos de 3 años. Además, la reforma desvincula la actualización de la renta del aumento del Índice de Precios al Consumo, IPC, y prevé que arrendador y propietario decidan "libremente" qué criterio aplicar. Después de ver los abusos generados por la supuesta libertad contractual en el ámbito hipotecario, no sería de extrañar la firma de contratos de alquiler con criterios de actualización de la renta manifiestamente inalcanzables. A ello se suma la incorporación de nuevos motivos que posibilitan la interrupción del contrato de alquiler y que significan una mayor vulnerabilidad del inquilino.

• Permitir los desahucios por impago de un solo mes de alquiler y crear un registro de morosos - "registro de sentencias firmes de impago de alquiler" -   en el que durante 6 años constarán los datos de las personas que no han satisfecho las rentas del alquiler.  El registro vulnera el derecho a la intimidad y la protección de datos y condenará las personas afectadas a la exclusión habitacional y supone un paso más en la criminalización de las personas afectadas por la crisis.

La propuesta de reforma no hace ninguna mención a la situación de las familias que con motivo de la crisis ven materialmente imposible pagar el alquiler. Tampoco establece ninguna diferencia entre los impagos que afectan a grandes propietarios y entidades financieras y los impagos de alquiler que repercuten en pequeños propietarios.
La reforma, finalmente, establece privilegios inaceptables para los grandes grupos económicos y financieros que especulan con este bien de primera necesidad, a quienes se privilegia con importantes deducciones fiscales.
En el contexto actual, una política de este tipo resulta suicida y se aleja notablemente de las prácticas de los países más avanzados en la materia, donde además de disponer de un parque de vivienda social de alquiler en el que alojar a las personas empobrecidas, se contemplan medidas de intervención en el mercado privado de alquiler. Esto es lo que sucede en Francia, por ejemplo, donde el 20% del parque inmobiliario son viviendas sociales de alquiler, y donde se prohíben los desalojos durante el invierno. En Alemania, por su parte, existen límites a los precios del mercado privado de viviendas que impiden procesos especulativos como los que se han vivido en el estado español.
Para "dinamizar el mercado de alquiler” bastaría con forzar el alquiler social de las viviendas en manos de grandes propietarios y de entidades financieras, cuando menos de las que están siendo apuntaladas con recursos públicos.  Las mismas entidades bancarias reconocen tener en propiedad más de un millón de viviendas vacías.
El Observatorio DESC denuncia la reforma aprobada por el Congreso de los Diputados como una grave vulneración del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución Española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado español e insta a los poderes públicos a emprender acciones para garantizar este derecho fundamental.
Consultar el texto AQUÍ

Observatori DESC 

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Manifiesto CONTRA LA CONDENA HIPOTECARIA, POR EL DERECHO A LA VIVIENDA

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Apoyamos una ILP para que miles de familias puedan rehacer sus vidas

A la dificultad histórica en nuestro país para acceder a una vivienda digna por parte de amplios sectores de la población, con la actual crisis económica se suma el problema –emergente y dramático- de la pérdida de la vivienda por motivos económicos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 -año en que estalla la crisis- y hasta 2011, se han producido 350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España. Las previsiones de futuro no son mejores e indican que estas cifras podrían duplicarse en 2012-13.

Si estos datos ya dibujan un panorama suficientemente complicado, aún lo es más cuando profundizamos en el problema. Por un lado, las personas afectadas por estos desahucios pertenecen a los sectores sociales más castigados por la crisis: las personas que han perdido el trabajo, especialmente las que se encuentran en situación de paro de larga duración, y de éstas, los colectivos tradicionalmente más vulnerables, como las personas inmigrantes o las familias monoparentales. Por otro lado, a la pérdida del trabajo y la consiguiente pérdida de la vivienda se suma una consecuencia totalmente inesperada y de graves efectos: el actual procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en caso de impago, la vivienda vaya a subasta. Si la subasta queda desierta (lo que sucede en la mayoría de los casos), el acreedor -la entidad financiera- se puede adjudicar la vivienda por el 60% del valor de tasación y seguir reclamando el resto de la deuda pendiente -más intereses y costes judiciales- a  la persona ejecutada durante el resto de su vida. Así, a la dramática situación de no tener trabajo ni vivienda se suma una deuda irrecuperable que supone el embargo de nóminas o de cualquier ingreso o propiedad a su nombre. Se trata, por tanto, de una condena a la exclusión social de por vida, de la que uno no puede escapar por mucho que trabaje y que, por tanto, empuja a muchas familias a la economía sumergida con tal de sobrevivir.


Ante los abusos de las entidades financieras -en gran medida responsables de la actual crisis económica- y la complicidad del Gobierno, que les da cobertura con una ley injusta que hace recaer toda la responsabilidad sobre la parte más vulnerable, a la vez que destina miles de millones de euros en ayudas públicas a la banca sin ningún tipo de contraprestación, es necesaria una movilización social que fuerce un plan de rescate para las miles de personas que se endeudaron, no para especular, sino simplemente para acceder a un bien de primera necesidad y a un derecho fundamental como es una vivienda digna.

Por todo esto, la Comisión Promotora os invita a sumaros a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permita llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil para regular la dación en pago retroactiva, paralizar los desahucios y promover el alquiler social.  Así, se pretende que en los casos de primera residencia y deudores de buena fe (aquellos que han dejado de pagar por una causa justificada, como el paro o una enfermedad), las personas puedan liquidar su deuda con la entrega de la vivienda y empezar de cero, tal y como sucede en los Estados Unidos o, a través de diferentes procedimientos, en muchos otros países europeos. Pero además de la dación en pago, esta ILP también propone que se paralicen los desahucios y que aquellas hipotecas que hoy resultan impagables puedan reconvertirse en un alquiler social, de manera que los hasta entonces propietarios puedan permanecer en las viviendas no destinando más del 30% de los ingresos familiares al pago de la renta.

Porque no tiene sentido que los bancos acumulen miles de pisos vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle. Por el derecho a una segunda oportunidad. Por el derecho a la vivienda. Únete a la ILP.