Deuda y corrupción en el corazón de la privatización sanitaria

Alejandro Quiroga

Jueves 21 de mayo de 2015

Una de las transformaciones más radicales que ha sufrido España en los últimos 15 años ha sido la progresiva privatización del Sistema Nacional de Salud. Se trata de un proceso que se ha llevado a cabo por diversas vías, desde la cesión de la gestión de hospitales y centros de salud públicos a grandes empresas como Sanitas, Capio y Ribera Salud, hasta la adjudicación de análisis de laboratorio a multinacionales como Unilabs, pasando por la derivación de pruebas diagnósticas y de pacientes de un modo sistemático al sector privado. En todos los casos, la privatización se ha hecho en el nombre de la eficacia y el ahorro. En todos los casos, el proceso ha conllevado un trasvase ingente de dinero público a manos privadas.
Desde que en 1999 se pusiera en marcha el Hospital de Alzira (el primer centro público en España de gestión sanitaria privada en su totalidad) hasta la actualidad, el proceso de privatización ha dado lugar a un aumento considerable de la deuda pública. De una parte, la construcción de nuevos hospitales se ha encargado a empresas que cobran de la Comunidades Autónomas o del Estado un canon durante décadas. Con este sistema las administraciones han evitado desembolsar grandes cantidades de dinero en un primer momento, pero han aumentado considerablemente su deuda a 30 años con constructoras y bancos. Este tipo de actuaciones han disparado la deuda pública en varias comunidades. La Comunidad de Madrid, una de las regiones líderes en privatización sanitaria y que en 2010 rescató a las empresas adjudicatarias de seis hospitales con 80 millones de euros,  aumentó su deuda de 8.614 millones de euros en 2002, cuando asumió las competencias en Sanidad, a 32.723 millones de euros en 2014.
En un periodo de crisis como el actual, en el que la reducción del déficit público se ha impuesto como objetivo económico primordial, las administraciones han justificado todo tipo de recortes en Sanidad precisamente para pagar una deuda generada, en parte, en el proceso de privatización. De un modo un tanto perverso, la deuda adquirida en los procesos de privatización ha servido para justificar más recortes en un sistema sanitario público, al cual posteriormente se acusa de ineficiente para así respaldar un aumento de las privatizaciones, que, a su vez, generan más deuda pública.
Este círculo vicioso de privatizaciones, deuda y recortes ha depauperado el Sistema Nacional de Salud hasta límites inimaginables hace pocos años y ha supuesto grandes beneficios para aquellas empresas que están en el negocio. Según mostraba  un estudio reciente del Grupo de Trabajo Auditoría de la Deuda en Sanidad, las aseguradoras privadas de la salud son el único sector en el mundo de los seguros que ha crecido en España durante la crisis económica. La idea de que el Sistema Público de Salud es insostenible a medio plazo, algo que fomentan constantemente las empresas de seguros sanitarios, parece que va calando en algunos sectores de la población.
La privatización de la sanidad también ha conllevado corrupción a gran escala. Es bien sabido que la contratación de empresas privadas por parte de las administraciones públicas genera escenarios propicios para todo tipo de ilegalidades. Así lo ha recordado la Comisión Europea, quien  ha alertado de los numerosos casos de corrupción que se producen en los procesos de privatización de los sistemas sanitarios públicos. En España sabemos bien de lo que habla la Comisión. En Cataluña, una comunidad autónoma con un altísimo grado de externalizaciones, dos de los últimos directores del Servicio Catalán de la Salud están imputados en el caso Innova. Se trata de un macroproceso por sobornos, contratos fraudulentos, adjudicaciones a dedo y facturas falsas en el que están imputados una veintena de ediles de CiU, PSC, ICV y ERC de Reus, entre ellos el exalcalde socialista Lluís Miguel Pérez, y Josep Prat, máximo directivo de la empresa municipal Innova, vicepresidente del grupo sanitario privado USP y número tres del Departamento de Salud. En Madrid, el  escándalo de las pruebas clínicas privadas realizadas con medios públicos en el Hospital Gregorio Marañón está en manos de la fiscalía. En Valencia, el exconseller de Sanidad Rafael Blasco y la que fuera exalto cargo Tina Sanjuán han sido imputados por delitos de cohecho y falsedad documental. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de crear una trama de empresas sanitarias que se beneficiaban de contratos públicos. La corrupción en torno a la privatización de la sanidad parece sistémica en España.
En un contexto de destrucción del Servicio Nacional de Salud y de aumento de la deuda pública y de la corrupción urge revertir el proceso de privatizaciones. No se trata sólo de dejar de contratar con empresas privadas aquellos servicios que la administración pública ha demostrado realizar de un modo más barato y eficiente, sino de llevar a cabo una gestión basada en fundaciones y consorcios de empresas públicas, como han reclamado insistentemente los profesionales de la sanidad. Cabe, además, recuperar hospitales para el Servicio Nacional de Salud. Un buen ejemplo es el Centre Hospitalier Sud Francilien en Francia, que volvió a manos públicas tras una privatización desastrosa y cuyo caso está sirviendo en la actualidad para intentar recuperar el Hospital Universitario de Burgos.

De un modo complementario, parece necesario realizar una auditoría de la en sanidad en toda España, que nos aclare qué se debe, a quién y cómo se ha generado esa deuda. Y si parte de la deuda ha sido generada de un modo ilegítimo, es decir, se ha adquirido con empresas privadas en contra de los intereses de los ciudadanos, se debe rechazar el pago de la misma con dinero público. Para todo esto, para no pagar la deuda ilegítima y para recuperar un modelo público hará falta, eso sí, no sólo una verdadera voluntad política de cambio, sino también una fortísima capacidad para resistir las presiones de bancos, fondos de inversión, aseguradoras de la salud y constructoras, que llevan demasiado tiempo enriqueciéndose con el dinero de todos los españoles.

19/05/2015
http://www.eldiario.es/contrapoder/...

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La gran mentira de la sanidad privada en 8 gráficos

Principia Marsupia – Público.es

“El mercado es más eficiente que el Estado gestionando la sanidad”
Desde que comenzó la crisis escucho cada vez más este argumento.
Podríamos abrir un debate filosófico al respecto. Pero en realidad no hace falta: hay datos.
Entre los países ricos existen dos grandes grupos en cuanto a cobertura sanitaria: EEUU y el resto. La diferencia entre estos dos “universos” puede observarse bien en este primer gráfico.

¿Qué porcentaje de la población tiene garantizada la protección sanitaria a través de un programa público?



Antes de continuar, hagamos algunos matices importantes. En EEUU hay ciertos programas públicos: Medicare, Medicaid, Veteran Health Administration, etc. (de ahí el 27% del gráfico anterior). En el “resto del mundo” las formas de gestión sanitaria no son exactamente iguales. En algunos países el Estado emplea directamente a los médicos (Reino Unido, España), en otros países la mayoría de las consultas son privadas pero el Estado paga las facturas (Francia) y también existe el “modelo suizo” donde la gestión se deja en manos privadas pero el Estado regula muy fuertemente a las compañías (ningún ciudadano puede quedarse sin seguro sanitario y las familias pobres tienen subsidios para pagarlo).

Si el mercado es más eficiente que el Estado gestionando la sanidad privada, entonces en EEUU la sanidad será muy barata y en el resto de países muy cara, ¿no?
Ocurre todo lo contrario, los estadounidenses son quienes más dinero se gastan en su sanidad (linea negra del gráfico)



Bueno, quizás en EEUU la sanidad sea muy cara, pero los resultados serán mucho mejores que en el resto de los países, ¿no?
Todo lo contrario. EEUU tiene los peores índices sanitarios entre los países ricos. Veamos por ejemplo su mortalidad infantil.

¿Y la esperanza de vida?

Otro ejemplo: amputaciones de extremidades inferiores por diabetes.


Entonces se gastarán tanto porque van mucho más al médico que el resto del mundo, ¿no?
Que no, que no.


Bueno, pero siendo tan caro, seguro que las listas de espera no existen, ¿verdad?
Error.

OECD, Health Care Data

En el país más rico y poderoso del planeta, más de un tercio de los enfermos no pueden seguir un tratamiento por problemas económicos.

OECD Health Care Data
Cada vez que escucho que “el mercado libre el más eficiente que el Estado gestionando la sanidad” tengo una respuesta clara: mira los datos.
www.principiamarsupia.com

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Por una gran alianza Social y Profesional en defensa de la Sanidad Pública

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

 Nuestro Sistema Sanitario Público español, gozaba de una gran prestigio a nivel internacional por sus buenos resultados en salud a un coste relativamente bajo (por debajo de la media de los países desarrollados de la OCDE), así el Informe Bloomberg (2013) lo situaba en el 5º lugar del mundo y el primero de Europa en cuanto a eficiencia.
También existía un reconocimiento generalizado por su carácter universal y equitativo; su naturaleza redistributiva al financiarse con impuestos; su accesibilidad para los pacientes, al no existir barreras económicas ni por razones de edad, sexo o raza; por ser gratuito en el momento de uso; por su integralidad,  con una atención que incluía promoción, prevención, curación y  rehabilitación de la salud; basado en una potente Atención Primaria como puerta del sistema y responsable de garantizar  la longitudinalidad y continuidad de la atención y la  distribución racional de los pacientes y los recursos.
La Política sanitaria en los últimos tiempos esta orientada a privatizar el sistema sanitario publico para ponerlo en manos de entidades bancarias,  multinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales.
Desde el gobierno central y  los autonómicos se está aplicando una política de tierra quemada, acelerando el desmantelamiento y privatización de los servicios sanitarios más rentables, que están siendo privatizados a cambio de unos pagos que multiplican sus costes reales y que suponen un elevado endeudamiento para las arcas del Estado. Esta privatización va acompañada del despido de miles de trabajadores sanitarios (más de 53.000), de la  reducción de la oferta de servicios y de la generalización de copagos  por los ciudadanos.
Esta estrategia esta respaldada, alentada y sostenida por una alianza privatizadora de intereses financieros, económicos y empresariales (Club Gertech)  que integra  a altos cargos de la administración, universidades públicas y privadas, organismos públicos penetrados por el sector privado, como el  Instituto Carlos III, asociaciones profesionales como el Foro de la Profesión,  o la de gerentes sanitarios (SEDISA), y cuenta con el patrocinio de grandes empresas tecnológicas y farmacéuticas (Philps, Medtronic, Roche, Nec Corporation o Citec-B). Entre sus principales logros están el haber conseguido incrementar de manera exponencial los conciertos con la sanidad privada;  la externalización y privatización de gran parte de los servicios; conseguir importantes subvenciones públicas;  participar en la financiación y gestión de nuevos centros sanitarios y controlar los fondos  y actividades de investigación, desarrollo tecnológico y docencia del personal.
El sector privado se ha apropiado ya de los nuevos hospitales de Madrid, Valencia,  Galicia, Aragón, Baleares; controla los sistemas de información, centrales telefónicas de llamadas e historia clínica electrónica; consiguió la adjudicación de los servicios de laboratorio y radiología de algunos hospitales públicos; controla  sistemas de adquisición y evaluación de equipamiento tecnológico en algunas CCAA; participa en los sistemas de acreditación, docencia pre y postgraduada y de formación continuada;  ha logrado el control de los recursos económicos destinados a investigación y desarrollo (I+D+I); etc. Como consecuencia gran parte de los servicios del sistema público han pasado a manos de bancos,  empresas multinacionales y fondos de inversión, como Bankia, CAPIO, Centene, EFQM, INDRA, IBM,  Microsoft, Telefónica, MEC Ibérica, REDSA, CVC, PWC, etc. Para rematar el proceso privatizador, el Ministerio de Sanidad acordó con el Foro de la Profesión Médica la privatización de la gestión asistencial mediante las nuevas Unidades de Gestión Clínica, que transformarán los servicios asistenciales en empresas (dotadas presuntamente de autonomía plena), pero que en realidad estarán dirigidas por directores designados a dedo por la administración, para gestionar a su dictado al personal y el presupuesto, con capacidad para competir entre sí vendiendo sus productos en un mercado sanitario interno, en el que estará presente también personal y capital privado.
La intención de estas políticas es impedir, si se producen cambios, que el nuevo gobierno entrante  pueda dar marcha atrás en las privatizaciones y recuperar el sistema sanitario público, generando así el descrédito político y una gran frustración de la población

DESDE LA FADSP PROPONEMOS COMO PUNTOS BÁSICOS PARA UN ACUERDO EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO:

1.     Garantizar la Universalidad de la asistencia sanitaria, lo que supone la derogación del RD 16/2012 y la eliminación de los sistemas paralelos (MUFACE, mutuas laborales, etc)
2.     Proporcionar una financiación suficiente del Sistema Sanitario Público equiparando  el % de PIB a la media de los países de la UE (un punto más de PIB), para hacer frente al deterioro de la salud consecuencia de la crisis. Cambiar el modelo de financiación para recuperar su carácter redistributivo mediante impuestos directos, en función de la población y de sus características y dotarlo de un carácter finalista
3.     El establecimiento de una cartera amplia de servicios en todo el Estado,  en función de las necesidades de la población, sin barreras en el acceso por razones geográficas y con compatibilidad en los sistemas de información
4.     Garantizar el acceso a la asistencia sanitaria según necesidades en todo el territorio, suprimiendo los copagos.
5.     La revocación de las Leyes de Ordenación Sanitarias y la  Ley 15/1997 de Nuevas Formas de Gestión, que favorecen la privatización,  del RD 16/1012 de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, y las de las Unidades de Gestión Clínica.
6.     El compromiso de recuperar todas las concesiones y externalizaciones de servicios sanitarios  y los sistemas de información  cedidos a empresas multinacionales
7.     Potenciar la Atención Primaria como alternativa a los recortes para salir de la crisis. Se deberán incrementar sus recursos hasta alcanzar el 25% del prepuestos sanitario en 5 años, una manera de mejorar su capacidad diagnóstica y terapéutica
8.     Una política sanitaria  y de formación basada en la Promoción de Salud que oriente y racionalice las actuaciones del sistema,  frente a la actual estrategia de medicalización de las relaciones sanitarias y de utilización intensiva de los recursos tecnológicos
9.     Una política de personal que acabe con los recortes y la no reposición de las jubilaciones, basada en la estabilidad laboral, los incentivos profesionales, y en recuperar  los derechos laborales suprimidos por el actual Gobierno
10.Establecer la participación de los profesionales y de la población en la planificación, control y evaluación de la planificación ya actividades del sistema, de sus niveles de gestión  y de sus centros sanitarios.
11. Oposición a la aprobación del Tratado de Libre Comercio  entre Estados Unidos y la Unión Europea, al tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA)
12. Establecer auditorias sobre los gastos del Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las CCAA, y la transparencia de la información sanitaria.
Es imprescindible articular una gran movilización social y sanitaria en defensa de estas propuestas, con el apoyo de los grupos parlamentarios de las Cortes del Estado, los Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos, etc., buscando la mayor unidad por encima de diferencias legítimas, en una gran alianza que promueva la mayor movilización sindical, social y profesional posible  de todos los que quieran adherirse a la misma sin condiciones previas ni exclusiones.
Las experiencias de movilizaciones de la marea Blanca en Madrid demuestran que cuando estas son unitarias, masivas, sostenidas en el tiempo y sobre todo cuando aúnan los intereses de la ciudadanía con los de los trabajadores de la sanidad, existe una elevada probabilidad de éxito.
La información, la trasparencia y el consenso deberían ser las claves para ganar esta batalla, compaginando el debate social directo  y en los centros sanitarios, utilizando además de los medios de comunicación tradicionales (aportando documentación seria y rigurosa y buscando la complicidad de los profesionales), los canales alternativos y las redes sociales.
16 de Diciembre de 2014
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Twitter: @FADSPU
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ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.

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España

¿Sabías que… la privatización en sanidad continúa?

10 de agosto por Auditoria Cidadã da Dívida 
 

Los movimientos contra la deuda en el Estado español

Después de la lucha conjunta del personal de Sanidad y la ciudadanía, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paralizó el proceso de privatización de la parte sanitaria de los seis hospitales y veintisiete centros de salud de Madrid. Sin duda, esto ha sido un éxito enorme de las movilizaciones, pero la privatización salvaje de la sanidad continúa en la Comunidad de Madrid, como en otras partes del Estado y del mundo.

Ninguna  de las resoluciones del TSJM ha cuestionado la legalidad de la  privatización. Tan solo ha puesto en cuestión las irregularidades del  proceso en relación con la Ley de Contratos de las Administraciones  Públicas. El proceso no ha parado.
El Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha causado ya un enorme daño al sistema sanitario en la región. Los datos lo demuestran, hoy contamos con 7 Hospitales donde la gestión de la parte no sanitaria es ya privada y 4 Hospitales con gestión sanitaria privada en su totalidad (Los hospitales de Valdemoro, Rey Juan Carlos en Móstoles, Torrejón y Collado Villalba). El caso de este último es especialmente indignante: permanece cerrado, mientras la Consejería de Sanidad viene realizando un pago de 900.000 euros mensuales a IDC Salud (antes Capio). |1|
Otros dos Centros de Especialidades están privatizados: el Centro de Especialidades de Pontones y el de Quintana. También lo están el Laboratorio de Análisis Clínicos de San Sebastián de los Reyes, el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid y las Unidades de Gestión Clínica.
En el proceso silencioso, pero implacable, de privatización, se encuentran también otros servicios no directamente sanitarios, pero que afectan muchísimo a la calidad de la atención, como los servicios de limpieza o las citas de pacientes con el Call Center, que permite derivar los procesos rentables a la sanidad privada. Todo esto está ya en manos de empresas privadas. También lo están, pese a la lucha de las empleadas, la Lavandería Hospitalaria Central de Mejorada del Campo.
Las Derivaciones de Pacientes y Pruebas Diagnósticas a Clínicas Privadas son constantes. Finalmente, el progresivo desmantelamiento de Hospitales, servicios y camas hospitalarias, como es el caso de del Hospital Carlos III, el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital de La Paz.
Al mismo tiempo, se mantiene una normativa legal que abre la puerta al proceso de privatización sanitaria (Ley 15/97 |2| ), que termina con la universalidad del sistema sanitario y establece el repago de los productos farmacéuticos (Real Decreto-Ley 16/2012 |3|) y prioriza el pago de la DEUDA sobre cualquier gasto público, incluido el gasto social, (modificación del Artículo 135 de la Constitución).
La defensa de la Sanidad Pública, Universal, de calidad y gratuita debe ser una prioridad. Si no se frena, será un proceso irreversible.
¡Sanidad Pública de todas/os, para todas/os!

Ver en línea : http://auditoriaciudadana.net/2014/...

Notas

|1| http://mesaendefensasanidadpublica.wordpress.com/
|2| https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/26/pdfs/A13449-13450.pdf
|3| http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf y http://mesaendefensasanidadpublica.wordpress.com/2014/01/28/excluidos-las-consecuencias-del-real-decreto-ley-162012/

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Una propuesta de mínimos por la soberanía sanitaria

Àngels Martínez Castells / Sergi Raventós Panyella - Público.es


 Consejo Científico de ATTAC España

Diversos activistas, universitarios y profesionales relacionados con la salud y la sanidad han elaborado un Manifiesto que es, en cierto sentido, una respuesta al documento presentado por la sectorial de salud de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC). Aunque no es la primera crítica que suscita dicho documento, en el Manifiesto “Por el derecho a decidir también nuestra salud y el sistema sanitario de Catalunya” —que se encuentra en la actualidad en proceso de difusión y recogida de firmas— sí se ofrece un programa alternativo de soberanía sanitaria.

Las personas que han elaborado y firman el Manifiesto consideran fundamental que no se confunda la soberanía con el interés particular del mundo empresarial privado de la sanidad, como demuestra el hecho de que el documento de la ANC fue presentado por Helena Ris, actual directora general de la Unión Catalana de Hospitales y sucesora de Boi Ruiz al frente de la patronal de los hospitales privados de Catalunya.

La valoración que en el Manifiesto se hace de la realidad que atraviesa la sanidad  pública en Catalunya no puede ser más crítica, ya que las políticas  austericidas aplicadas por la Conselleria de Salut han conducido al sistema a un punto crítico que puede hacer imposible su recuperación.  En opinión de los autores, la situación se agrava día a día porque, al igual que en la fábula, son los lobos los que están a cargo del gallinero: las puertas giratorias funcionan en los dos sentidos, y son ahora los anteriores dirigentes de la patronal los que están dirigiendo la sanidad pública. Así, cada día nos despertamos con una nueva amenaza que afecta la integridad de nuestro sistema de salud y precariza al personal del sector.  Y mientras se elaboran soflamas vacuas y pretendidamente “neutrales” y “apolíticas” como las que encontramos en “Salut per la Independència” se intentan proteger los nichos de corrupción que corroen el sistema.  Quienes ponen nuestra sanidad pública en peligro de extinción tampoco dudan en recorrer todo el abanico de la represión: desde demandas judiciales a quienes exigen transparencia, hasta  represalias laborales a quien se atreve a contar la verdad sobre las urgencias colapsadas.

Una muestra de lo que decimos, por ejemplo: en el Institut Català de la Salut (ICS) han perdido su trabajo más de 2.400 personas desde el año 2010 (un 7%), y mientras que el presupuesto para sanidad pública en Catalunya ha disminuido en un 16%, el de la sanidad privada lo ha aumentado en un 52% en los últimos 10 años.

Después de las movilizaciones por el cierre de urgencias en determinados municipios al inicio del austericidio, ahora son los hospitales públicos más importantes como el de Vall d’Hebron, o el Hospital de Bellvitge (que ha pasado de 322,6 millones de euros de presupuesto en el 2010 a 288,9 el 2012) los que sufren de forma aguda los colapsos de urgencias, el cierre de servicios, de quirófanos y camas, mientras la ciudadanía se organiza para hacer frente a unas listas de espera abusivas (sobre las que a diario miente la propia Conselleria de Salud). La situación ha llegado a tal gravedad que en el Hospital de Bellvitge una decena de pacientes se han declarado insumisos contra el cierre de plantas y camas y se han atrincherado, con sus familiares, evitando su traslado. Son conscientes de que los recortes que la Conselleria de Boi Ruiz propone son suicidas y tienen sesgo de clase y de género: mientras las mujeres en su mayor parte deben suplir la “austeridad” de los cuidados de la sanidad, el personal sanitario, más reducido, sufre una precarización en salarios y condiciones de trabajo que difícilmente se pueden compensar sin una vocación profesional extrema, de la que los saqueadores se aprovechan sin remilgos.

El documento de la sectorial de salud de la ANC olvida que para conquistar la soberanía también en salud y sanidad debe actuarse también sobre los verdaderos determinantes de la salud y lamentablemente la mayoría de personas en Catalunya no disfrutan de una situación vital, económica o laboral compatible con la definición de salud del Congreso de Médicos  y Biólogos celebrado en Perpinyà en 1976 y que el documento de la ANC dice compartir. De hacerlo, debería denunciar que cuando los determinantes de salud se desmoronan, no se puede tomar la determinación de reducir el sistema de apoyo social ni el sector sanitario que podrían, al menos, paliar sus efectos más devastadores. Y tampoco puede negarse la malnutrición de los niños, ni ponerse de espaldas a los desahucios continuados ni escamotear los problemas de salud mental derivados de quedarse en paro y sin prestación e incluso esconder el incremento de suicidios en Catalunya.

Por ello vale la pena que se discutan de forma amplia en distintos sectores de la ciudadanía de Catalunya los puntos básicos que el Manifiesto recoge:

1. Garantizar el Derecho a la protección de la salud y a un modelo de asistencia sanitaria pública, de cobertura universal y sin exclusiones, equitativo y financiado suficientemente por impuestos progresivos.

2. Plan de Nacionalización de los servicios públicos de salud. Convertir el Servicio Catalán de la Salud (SCS) en el Servicio Nacional de Salud de Catalunya (SNSC), con funciones de planificación, financiación, gestión y evaluación de los servicios de salud públicos.

3. Con el criterio de que todo lo que se paga con dinero público debe ser público, es necesaria la definición y declaración por parte del SNSC de los proveedores públicos como medio propio del SNSC: progresivamente la totalidad de las entidades SISCAT, con hospitales de la XHUP y/o con equipos de atención primaria deberían pasar a ser entidades que sean medio propio de la Generalitat. Este punto implica también la eliminación de las puertas giratorias en la sanidad pública y que las personas incriminadas por corrupción sean juzgadas.

4. Sobre política de los medicamentos, se propugna un sistema de salud sin la omnipresencia de la industria farmacéutica, y en el que se regulen y se vigilen los conflictos de intereses de políticos, gestores y prescriptores, y se seleccionen los que de verdad son necesarios, de manera que se deje de comprar humo a precio de oro en el mercado internacional de las tecnologías.

5. Refuerzo de la Atención Primaria y Comunitaria como instrumento básico para la resolución e integración de los circuitos e intervenciones que se realizan sobre la ciudadanía del territorio con una dirección general única para todos los equipos de atención primaria del territorio.

6. Restauración de la Agencia Catalana de Salud Pública con las funciones de la Ley General de Salud Pública de Catalunya, reforzando los programas de prevención, promoción y protección de la salud (como por ejemplo: alimentos, medio ambiente, salud laboral, salud mental), promoviendo el enfoque de salud en todas las políticas, a fin de orientar las prioridades no sólo a los principales problemas de salud, sino los determinantes sociales de la salud.

7. Derogación de coREpagos sanitarios y farmacéuticos y compromiso de no imposición de nuevas tasas como el euro por medicamento que, como se ha demostrado, significa barreras de acceso al tratamiento.

8. Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público, como mínimo en los plazos actualmente en vigor, y sin penalización en el Código Penal, que empodere a las mujeres como personas autónomas y con derecho a decidir, y que vaya acompañada de acciones de educación sexual y afectiva para toda la población (hombres y mujeres).

9. Una visión mucho más integral de la sanidad y la salud que incorpore los aspectos biológico, psicológico y social. Poner el acento en el papel del trabajador/a social, que junto con el personal sanitario médico y de enfermería de atención primaria constituye una figura local muy cercana a los sectores más vulnerables y que requieren más solidaridad social.

En el Manifiesto se insiste, por último, en que es necesario fomentar la participación ciudadana empoderada en sanidad y salud para favorecer la democracia real, mejorar la sanidad, y democratizar la Salud Pública a partir del análisis y seguimiento de los Determinantes Sociales y reducir las desigualdades.  Los párrafos finales del Manifiesto se dedican a ratificar la idea de que la participación es clave para la soberanía en sanidad y salud de los pueblos, alertando de los nuevos intentos de reducción en la financiación presupuestaria a los servicios públicos y  del secretismo de la negociación del TTIP entre EEUU y la UE, que, de seguir adelante, nada bueno prometen para la sanidad pública del siglo XXI.

Fundadores de Dempeus per la Salut Pública

Àngels Martínez Castells es miembro del Consejo Científico de ATTAC España

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Sanidad pública: de la marea al cambio posible

José A. Andrés Llamas
Sinpermiso

El reciente anuncio, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la paralización del plan de privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales semipúblicos y de cuatro centros de salud, junto a la dimisión del denostado consejero de sanidad Javier Fernández-Lasquetty, ha sido para los activistas de la conocida como “marea blanca” un gran motivo de alegría y satisfacción. Se trata, en definitiva, de la recompensa más que merecida por casi año y medio de lucha en la calle y en los centros sanitarios. Una lucha en la que la presión ciudadana y la confluencia de todos los sectores interesados (desde profesionales hasta sindicales, pasando por los pacientes y por las diferentes plataformas y movimientos sociales en defensa de la sanidad pública) han sido absolutamente determinantes.

Finalmente, ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la paralización cautelar del proceso de privatización de los hospitales, el consejero Lasquetty se ha visto obligado a abandonar la impostura que mantenía contra viento y marea. Ciertamente, la Justicia ha paralizado el proceso, pero el factor más importante ha sido la movilización y la presión realizada por la marea blanca, por vecinos y profesionales. Fue esta protesta la que presionó directamente a las empresas candidatas a la concesión. Fueron los activistas de los que pusieron el foco de atención sobre las entrañas de estas empresas, sacando a la luz pública su relación con fondos especulativos o con exdirigentes del Partido Popular. Estamos en condiciones de afirmar que uno de los motivos por los que la empresa anteriormente conocida como Capio, que estaba en todas las quinielas para la concesión de varios de estos hospitales, no participara finalmente en el concurso, fue precisamente éste. Una revelación de “secretos” que también le obligó a cambiar recientemente su nombre por el de IDC Salud, en un intento desesperado por lavar su imagen.

La fuerza de las protestas entre los trabajadores también provocó que la Consejería de Sanidad se viera obligada, con la intención de calmar los ánimos, a prometer que garantizaría la permanencia de los puestos de trabajo tras la privatización. En consecuencia, la perspectiva de gestión de unos hospitales heredando unos trabajadores en pie de guerra no iba a ser muy atractiva para las empresas candidatas. Ante el miedo real de que el concurso quedara desierto, la Consejería se vio obligada a cometer auténticas tropelías jurídicas en la elaboración de los pliegos de condiciones, con el único fin de hacer más atractiva la concesión: así, al intento de privatizar el aseguramiento (algo que va más allá de las competencias autonómicas), se une la rebaja en un 90 % del depósito de garantías que tenían que realizar las empresas, contrariando lo establecido por la legislación vigente. Todas estas chapuzas jurídicas contribuyeron a que el desmantelamiento de la sanidad pública madrileña no sólo fuera un esperpento desde el punto de vista sanitario, sino también un auténtico atentado contra la legalidad. Y, en consecuencia, la lluvia de recursos  que presentaron los diferentes actores de la “marea blanca” ante los tribunales fue absolutamente eficaz, culminando con la paralización cautelar del proceso y la ya mencionada dimisión de Lasquetty.

¿Por qué este interés por privatizar?

¿Por qué se privatiza la sanidad en Madrid y otras Comunidades Autónomas a pesar de que la evidencia científica disponible respalda que la introducción del ánimo de lucro en la gestión de la sanidad implica un aumento significativo de la mortalidad? ¿Por qué no se tiene en cuenta que aquellos países con un sistema sanitario total o parcialmente privatizado tienen peores índices de cobertura, pobres resultados en salud y, además, gastan mayor porcentaje del PIB e incluso del presupuesto público en sanidad?

¿Por qué se niegan todas estas evidencias? Simple. Nada que no sospechemos. Existe un interés económico de por medio, un interés que tienen determinados grupos sociales en el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos; unido a la percepción de que ya no es necesario para las clases acomodadas el mantenimiento de unos servicios que, en esencia, son métodos de redistribución  (no sólo de ricos a pobres como veremos más adelante). Cabe recordar que estos sistemas surgieron, se pusieron en marcha o se toleraron por la confluencia de determinados factores. Dejando de un lado la motivación caritativa, tenemos que, en primer lugar, la industrialización acelerada durante los siglos XVIII-XIX provocó un cambio en el patrón de enfermar, produciéndose un auge de las enfermedades infecto-contagiosas. Que los pobres y los obreros murieran de hambre no era un problema. Que murieran por enfermedades contagiosas tampoco era un problema en sí mismo. Pero sí lo era que las epidemias no entendían de clase social y acabaran afectando a los ricos. Así, el germen de los sistemas sanitarios modernos hay que buscarlo en el interés por controlar los gérmenes responsables de las epidemias. De ahí viene el interés renovado de la autoridad estatal por la implementación de políticas de salud pública y prevención y control de enfermedades. 

En segundo lugar, el auge del movimiento obrero y la posibilidad de una revolución socialista, implicaron que el poder establecido tuviera que hacer concesiones. Así, de forma sintética, podría decirse que la respuesta a la búsqueda de los trabajadores de un aseguramiento, entre otras cosas, frente a la enfermedad, está en el origen de los conocidos como “modelos bismarckianos” (sistemas de Seguridad Social). Por otra parte, tras la Segunda Guerra Mundial y gracias a la fuerza de los partidos obreros y el “miedo al comunismo” se establecieron distintos sistemas públicos de bienestar que perseguían cuidar al individuo desde “la cuna hasta la tumba”. De estos sistemas, el  National Health Sevice británico, creado tras la victoria laborista en 1945, es el paradigma al reconocer el derecho a una asistencia universal, independiente del aseguramiento.

Desgastar lo existente

Los dos factores históricos que condicionan la aparición de los sistemas sanitarios languidecen a finales del siglo XX. En Occidente se completa la conocida como transición epidemiológica, es decir, pasamos de un patrón de enfermedad en el que predominan las epidemias y la desnutrición a otro en el que predominan las enfermedades crónicas. No hace falta mencionar que el interés de los ricos por financiar a los pobres los tratamientos y la prevención de de estas enfermedades no puede ser el mismo que el que mostraron por las epidemias. Los enfermos crónicos son vistos como “clientes” por una industria farmacéutica en expansión que busca nuevos nichos de negocio. Además, desparece la “amenaza comunista”. Se han debilitado los movimientos obreros. Ya no existe el miedo a una revolución y, por tanto, no existe la necesidad de hacer o mantener concesiones. Se inicia, en consecuencia, el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos, víctimas del mismo viento neoliberal que derriba el resto del edificio del Estado del Bienestar.

Ley de mutuas: criminaliza al enfermo, concediendo más poder a la patronal para dualizar y privatizar la sanidad

Jesús Uzkudun

Sin Permiso.

Tras la intensa campaña realizada durante años por la patronal CEOE contra el "absentismo fraudulento de los trabajadores y la negligencia de los médicos de los Servicios Públicos de Salud en la concesión de bajas por enfermedad común" - que ha sido apoyada con incentivos económicos por los Gobiernos del PSOE y el PP para que las empresas concierten con las Mutuas la gestión de la enfermedad común- el Gobierno Rajoy les concede un nuevo regalo de Navidad: ha aprobado la Ley de Mutuas, que les concede mayores competencias. Al mismo tiempo anuncia un ahorro anual de 511 millones de euros mediante la reducción del absentismo laboral. Lo que no cuentan es el perjuicio que soportaran los más débiles, es decir, los enfermos.

La campaña de las Mutuas y la CEOE, apenas ha tenido respuesta desde los sindicatos y los comités de empresa (salvo limitadas campañas en Euskadi), ni tampoco por los médicos de atención primaria ni las Plataformas de defensa de la sanidad publica.

La aprobación del proyecto ley de Mutuas se produce con el desprecio absoluto a las reivindicaciones sindicales. Sobre todo, cuando se generaliza el "Presentismo", es decir, la practica de acudir enfermo al trabajo, para evitar ser despedido u obligado por las dificultades económicas, tras desaparecer con la baja por enfermedad muchos de los complementos salariales recogidos en los convenios.

Ley de mutuas

Con el objetivo de reforzar la lucha contra "el absentismo laboral injustificado" y conseguir "mejorar la competividad de las empresas", el Gobierno del PP aprobó el proyecto Ley de Mutuas, mediante el cual dejarán de denominarse Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), para pasar a ser Mutuas de la Seguridad Social, después de asumir competencias más amplias que la cobertura de los accidente de trabajo y las enfermedades profesionales.

A partir de la ley, las Mutuas Patronales asumen el control desde el primer día de todas las bajas de los trabajadores enfermos, incluida la enfermedad común, la maternidad o el accidente no laboral, en los supuestos que la Mutua haya concertado con el empresario la gestión de la incapacidad temporal por contingencia común.

Las Mutuas tendrán la competencia de denegar, suspender o anular la prestación económica, sin perjuicio de los partes de alta o baja emitidos por los médicos de la sanidad publica. Cuando las Mutuas, en su función de control y seguimiento de la incapacidad temporal, consideren que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, realizaran propuestas motivadas de alta a través de sus médicos, dirigidas al facultativo de la sanidad publica que emitió la baja y la Inspección Medica dispondrá de 5 días, para comunicarle el alta o la confirmación de la baja con un informe justificativo. Transcurrido el plazo de cinco días, si la Mutua no recibe la confirmación de la baja (como probablemente sucederá), está adoptara la decisión de extinguir la prestación económica. Los enfermos y las Mutuas, podrán impugnar dichas resoluciones ante el Instituto de la Seguridad Social, incluso judicialmente, aunque la opinión y las resoluciones de las Mutuas salen reforzadas en el procedimiento en la nueva Ley. Igualmente, las Mutuas anularán la prestación económica, en el supuesto de incomparecencia del enfermo a la cita de control de Incapacidad Temporal en sus instalaciones.

Asimismo, la Ley obliga a eliminar en su totalidad la participación de las Mutuas en las Sociedades de Prevención, creadas a finales de los años 90 por dichas entidades. A lo largo de 2014, deberán vender o cerrar dichos servicios de prevención ajenos: privatización absoluta.

¿Qué son las mutuas?

Con la Ley de Accidentes de Trabajo promulgada en el año 1900, las Mutuas se constituyen como asociaciones de empresarios para asegurar los posibles daños de sus trabajadores ocasionados por los accidentes de trabajo. Su papel inicial era asegurar las prestaciones económicas, pero mas tarde asumirán actividades rehabilitadoras o curativas y de control de seguridad e higiene en las empresas asociadas.

Con la creación de la Seguridad Social, a mediados de los años 60, en plena Dictadura, las Mutuas logran consolidar un sistema dual: 1) La protección de los accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores, cubiertos mediante cuotas de la Seguridad Social, que será gestionada por las Mutuas patronales, como entidades "sin animo de lucro" colaboradoras de la Seguridad Social; 2) El Servicio Nacional de Salud, universal y financiado vía impuestos, cuya gestión será trasferida más tarde a las Comunidades Autónomas.

En la actualidad, tras un proceso de fusión, existen 20 Mutuas, con diferentes tamaños e implantación territorial, siendo previsibles nuevas fusiones o absorciones, que serán bendecidas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estas Mutuas son: Fremap, Asepeyo, Universal, Fraternidad, MC Mutual, Ibermutuamur, Umivale, Maz, Activa, Mutualia, Unimat, Gallega, Balear, Egasart, Montañesa, Intercomarcal, Mac, Cesma, Navarra y Solimat, que en su conjunto obtienen unos ingresos anuales de 10.189.467.670,25 euros, por cotizaciones de las empresas, disponiendo de una plantilla de 20.730 empleados.

De asegurar inicialmente los daños sufridos por los trabajadores accidentados, las Mutuas han logrado ampliar sus funciones y competencias, gracias a la apuesta y convicción de los Directores Generales y gestores políticos de la Seguridad Social que, independientemente de que el gobierno fuese del PSOE o del PP, han venido afirmando, con poca vergüenza que "la gestión privada es más eficaz que la publica".

Veamos algunas de las funciones de las Mutuas:

La gestión de las prestaciones económicas y de asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación de las contingencias profesionales, es decir de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por enfermedad común, tras acuerdo con el empresario.

La gestión de la prestación por riesgo laboral durante el embarazo o lactancia.

La gestión de las prestaciones económicas por cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Las Juntas Directivas de las Mutuas estarán compuestas por diez o quince empresarios, de los cuales el 30%, corresponderá a aquellas empresas con mayor numero de trabajadores, garantizándose la participación de un representante de los trabajadores de la Mutua. No podrá ostentar el cargo de Director-Gerente, aquellas personas que desarrollen actividad remunerada en cualquier empresa asociada. Pero, curiosamente, no existe obstáculo alguno para que el Director Gerente de MUTUALIA, la mutua de mayor implantación en Euskadi, sea a su vez Presidente de CONFEBASK (la patronal vasca) o que directivos de las Mutuas representen a la CEOE en diferentes mesas de negociación.

Se continúa manteniendo los órganos de participación: 1) las Comisiones de Control y Seguimiento, con participación de las organizaciones empresariales y sindicales, incorporando por primera vez un representante de las asociaciones de trabajadores autónomos; 2) así como la Comisión de Prestaciones Especiales, con similar participación, con fondos destinados a ayudar a las victimas.

Resulta ilusorio soñar con el control sindical de estas instituciones, mediante la participación trimestral en las reuniones de forma gratuita. Pero puede ser útil si es acompañada de una acción sindical perseverante contra el despotismo de la Mutuas, realizando "escraches" u otras movilizaciones de respuesta.

Austeridad en el sistema sanitario: privatización, muertes y concordia entre PP y CiU

Carles Muntaner 

Carles Muntaner es catedrático de Enfermería y Salud Pública de la Universidad de Toronto y miembro de GREDS/EMCONET, Universitat Pompeu Fabra.

El reciente artículo en el British Medical Journal de Helena Legido-Quigley, Laura Otero, Daniel de la Parra y colaboradorres Will austerity cuts dismantle the Spanish Health Care System?, del pasado 13 de junio) presenta datos y análisis sumamente importantes para entender hacia dónde se dirige nuestro sistema de salud.
Debido al lastre de la Transición poco modélica del franquismo a la democracia, España es un país que ya gastaba menos en salud que la media de los países europeos (ver los datos del Observatorio dirigido por Vicenç Navarro, en la UPF). Esta situación de relativa desprotección de las clases trabajadoras españolas se ha visto agravada por las políticas de “austeridad” y los recortes que han seguido a la recesión económica aún vigente.
El gran mérito de Legido-Quigley y sus colaboradores es el de haber sintetizado lo que sabemos sobre los aspectos políticos y sociales, y las consecuencias para la salud de las llamadas políticas de austeridad. Así pues, cabe señalar que la privatización y los recortes sobresalen en Madrid y Cataluña, lo que muestra una armonía básica de intereses de clase social, a pesar de la retórica nacionalista que usan ambos gobiernos. Por ejemplo, Madrid reduce su presupuesto un 10% mientras Cataluña lo hace un 7%, y ambos introducen el copago.
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PALENCIA: Acto en defensa de la sanidad pública

19 de abril, a las 19 horas, en el Aula de la Biblioteca Pública de Palencia.

La privatización sanitaria y la estrategia para defender la sanidad pública

Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública

El triunfo electoral del Partido Popular en las elecciones para el Gobierno del Estado y en la mayoría de las Comunidades Autónomas ha ido acompañado de una aceleración de la política de desmantelamiento del sistema sanitario público. El proceso de privatización sanitaria se ha venido desarrollando de manera lenta pero continuada desde principios de los años 90 , siguiendo las pautas marcadas por el Informe Abril que planteaba una serie de medidas destinadas a crear un mercado sanitario con la competencia entre proveedores públicos y privados: separar la financiación de la provisión de servicios (imprescindible para crear un mercado de compra-venta de los mismos), pagar por la asistencia (copago),  potenciar el aseguramiento y trasformar los centros sanitarios en empresas. Aunque estas medidas fueron paralizadas en un principio por la enérgica respuesta de los sindicatos y de la FADSP, los sucesivos gobiernos, centrales y autonómicos, las han ido desarrollando de manera más o menos solapada (en cómodos plazos).

Ahora el PP está acelerando este proceso, aprovechando el enorme poder que acumuló tras las últimas elecciones en las que consiguió mayoría absoluta en el gobierno central y en gran parte de las Comunidades Autónomas. Con el subterfugio de que la crisis económica y los límites al endeudamiento público establecidos de la UE obligan a reducir gasto público,  el Gobierno ha dado un gran impulso al desmantelamiento y privatización de la sanidad, probablemente con la finalidad de alcanzar una masa crítica que haga irreversible el cambio de modelo sanitario.

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El modelo sanitario liberal: EEUU

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 22 de marzo de 2013

Este artículo analiza las enormes debilidades del modelo sanitario liberal, tomando el sistema estadounidense como ejemplo de estas grandes deficiencias.

EEUU tiene algunos centros sanitarios de gran excelencia. Y, sin embargo, la financiación y organización del sistema sanitario es una de las peores hoy existentes. Y es el modelo sanitario de las fuerzas políticas liberales. Es un sistema de financiación predominantemente privado, gestionado por las compañías de seguros. En el entusiasmo por tal modelo se ignoran varios hechos.

1. Los costos administrativos consumen nada menos que el 31% de todo el gasto sanitario. Es el sistema sanitario con mayor burocracia (privada) y más engorroso.

2. La inviabilidad para pagar las facturas médicas causa el 60% de todas las bancarrotas familiares. El 39% de pacientes terminales (es decir, personas que se están muriendo) declaran que están preocupados, o muy reocupados, sobre como ellos o sus familiares pagarán sus facturas.

3. Cerca de 45.000 personas mueren al año por falta de cobertura sanitaria. En ausencia de aseguramiento, algunas personas retrasan la visita al médico, al estar preocupadas por cómo pagarle, al hospital o a las compañías de seguros. Y cuando van al médico, ya están muy enfermos. Y en muchos centros sanitarios no se les atiende.

4. El estímulo e incentivo para la privatización de la sanidad, que se hace desgravando las pólizas a las compañías de seguros (tal como los liberales están presionando para que se haga en España) representa unos costos públicos elevadísimos, pues la desgravación implica un subsidio público. Cando se añade a este subsidio el gasto público sanitario, entonces se llega a la cifra de que el 60% de la financiación sanitaria está pagada con impuestos. Ningún otro país tiene un gasto público sanitario per cápita (estandarizado por capacidad de compra) tan alto como EEUU. Es un sistema carísimo que genera un enorme gasto privado y público, representando un 17% del PIB, el más alto del mundo.

5. Los indicadores de salud, sin embargo, son preocupantes. Su mortalidad infantil, por ejemplo, es de las más altas de los países de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo. Algo parecido ocurre en cuanto a la incidencia de enfermedades prevenibles.

6. El 20% del gasto sanitario consiste en el pago directo del paciente al médico o al hospital, uno de los más altos del mundo.

7. El sector sanitario con afán de lucro es el sector que tiene gran presencia en las casas de convalecencia, hospitales de agudos y casas de maternidad. Su calidad es menor que la de los centros privados sin afán de lucro y que la de los centros públicos, cuando ésta se analiza por intervención médica y quirúrgica estandarizada por diagnóstico y por tipo de paciente.

8. Las innovaciones tecnológicas –como la computarización de los historiales clínicos- que se promovieron como manera de ahorro económico no han tenido ningún impacto en la reducción de costos. Sus méritos no parecen basarse en argumentos de eficiencia económica, sino de calidad de atención.

9. EEUU es el país de la OCDE que tiene un mayor porcentaje de la población insatisfecha con la financiación y gestión de la sanidad, con un 32% de la población que desearía una renovación total del sistema.

10. Una de las mayores causas de insatisfacción, además del coste elevadísimo de la atención sanitaria, es la falta de elección de proveedor de servicios. En realidad, para la mayoría de la población, la que elige a los proveedores sanitarios es el empresario del puesto de trabajo –que es quien contrata con las compañías de seguros las prestaciones así como los proveedores (médicos y centros sanitarios) que atenderán a los empleados y trabajadores-.

11. La variabilidad del aseguramiento es enorme, pues depende de que el empresario quiera y/o se le fuerce (como consecuencia de la presión sindical) a cubrir a los empleados de la empresa a través de convenios colectivos, que en EEUU están muy descentralizados. En sectores con sindicatos fuertes (como en la manufactura), la cobertura puede ser bastante extensa (aunque nunca tan completa como en España). Para la mayoría de puestos de trabajo donde los sindicatos son muy débiles o inexistentes, la cobertura es muy pobre o no existe.

12. Cuando a una persona la despiden del puesto de trabajo, esta persona pierde, no sólo su salario, sino también su cobertura sanitaria. Esta situación explica el enorme temor del trabajador al despido, teniendo un gran impacto disciplinario sobre el mundo del trabajo. EEUU es el país con menor número de días de trabajo perdidos por huelgas. Tal dato se explica por el temor de los trabajadores a ser despedidos y perder, no sólo su salario, sino también la cobertura sanitaria del empleado y de su familia.

13. Cuando estuve trabajando en la Casa Blanca en el grupo de trabajo presidido por la Sra. Clinton, que tenía como objetivo hacer una reforma a fin de universalizar la atención sanitaria, pude ver que los grandes opositores a las reformas eran, además de las compañías de seguros, los empresarios de las grandes compañías, pues éstos tenían miedo a perder el control casi absoluto que tienen sobre sus empleados.

14. La reforma sanitaria de la Administración Obama (Obama Care) prohíbe que una compañía de seguros sanitarios deje de asegurar a un empleado cuando éste deja de trabajar en una empresa en la cual estaba asegurado. Tal reforma, sin embargo, no regula el precio de la póliza, con lo cual ésta puede alcanzar niveles prohibitivos para el empleado al dejar éste la empresa.

15. Para las personas con enfermedades crónicas que no trabajan o no tienen cobertura, es dificilísimo conseguir aseguramiento.

16. Las compañías de seguros, así como las grandes compañías (lo que en EEUU se llama Corporate America), son las mayores financiadoras de las campañas electorales de los miembros de los Comités del Congreso de EEUU que deciden sobre temas de financiación del sistema sanitario. De ahí que, como la propia Sra. Clinton subrayó, en EEUU, a no ser que se haga una reforma del sistema electoral (que está privatizado), nunca habrá una reforma sanitaria orientada a universalizar el derecho de acceso a los servicios sanitarios.

17. El 68% de la población estadounidense cree (acertadamente) que el Congreso de EEUU no les representa a ellos, sino a los intereses de la Corporate America.

Vicenç Navarro

ATTAC CyL no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

ATTAC Castilla y León con la Marea Ciudadana de Valladolid

ATTAC Castilla y León será uno de los colectivos que se sume a la marea global vallisoletana que saldrá a la calle el proxímo día 21. Como movimiento social plenamente implicado en la diferentes reivindicaciones que se defienden en esta movilización consideramos que los ciudadanos de Valladolid deben dar una pacífica y contundente respuesta a las continuas agresiones que sufren los servicios públicos de sanidad, educación  y servicios sociales; así como los empleados que se encargan de su cumplimiento.

No olvidamos tampoco la dramática realidad de los desempleados, cuyo al derecho al trabajo se ve conculcado, recibiendo además una valoración negativa por parte de determinados sectores políticos y empresariales que culpabilizan al parado de su situación justificando rebajas en sus prestaciones y subsidios y endureciendo las condiciones para su percepción.

Finalmente, tenemos muy en cuenta a todos aquellos que carecen de una vivienda digna o están en peligro de perder ese derecho constitucionalmente reconocido y sin embargo continuamente incumplido en beneficio de las entidades financieras.

ATTAC Castilla y León llama a los vallisoletanos y vallisoletanas a las diversas acciones que se desarrollaran el día 21 de marzo culminadas con la manifestación que tendrá lugar en la Plaza Mayor a las 18,30 horas.

MAS INFORMACIÓN: Marea Ciudadana Valladolid
Ver el manifiesto

"Emergencia nacional ante el negocio de la salud"

Publicado en Último Cero

El presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública denuncia el proceso privatizador.

Luis Falcón, Luis Ocampo y Marciano Sánchez Bayle minutos antes del comienzo del acto. Foto: C. Arranz.

"Nací en la zona rural. Soy hijo de un médico rural que una semana al mes se subía a la mula y recorría los pueblos de Las Hurdes... Hoy, intentan que volvamos a aquella situación y no porque sean unos malvados, que también, sino por la contra reforma sanitaria en marcha", dijo Marciano Sánchez Bayle, pediatra-nefrólogo en el Hospital Niño Jesús de Madrid y portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que hoy, 24 de enero, participó en un acto celebrado en la Facultad de Medicina, donde se exhibió una gran pancarta: 'En defensa de la Sanidad Pública. 24 horas-365 días'.

El acto, organizado por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid y el Ateneo Republicano, estaba programado en el Aula 1 de la Facultad de Medicina, que minutos antes de la hora de comienzo estaba ya abarrotada, lo que obligó a su traslado al Aula Magna, que igualmente se llenó para escuchar a uno de los históricos defensores de la sanidad pública -Sánchez Bayle - y a Luis Falcón, portavoz de la Federación Castellano-Leonesa Salud24h-, que explicaron respectivamente lo qué está pasando en Madrid y en Castilla y León con la sanidad pública.

Sánchez Bayle analizó para últimoCero la importante movilización vivida en Madrid tras el anuncio de la ley de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema de Salud. "Aunque había una situación de fondo que se venía arrastrando desde hacía mucho tiempo, el detonante fue el Hospital de la Princesa y el encierro de su junta de personal. La rueda se puso a girar y la protesta se fue extendiendo. Lo más llamativo ha sido la gran respuesta del colectivo médico, que tradicionalmente se mueve poco y que en gran parte es conservador. Pero en esta ocasión se sumó. También ha habido una participación masiva de la ciudadanía. Un millón y medio de ciudadanos han apoyado la movilización", comentó el presidente de la Federación en Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, para quien detrás del proceso privatizador iniciado hay "un negocio redondo".

Caspio Sanidad es una empresa privada interesada en las privatizaciones. Rodrigo Rato; López de Hierro (marido de Dolores Cospedal), Teresa Echániz (hermana del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla La Mancha)... son algunos nombres vinculados al nuevo negocio.

"Han salido nombres y apellidos beneficiarios de este proceso, pero son sociedades anónimas, multinacionales, empresas de capital riesgo... por lo que no sabemos en detalle quiénes son. Aparecen como gestores, administradores... pero no será raro que haya potentes accionistas detrás. De momento, hay opacidades porque hay intereses económicos en juego", expresó Sánchez Bayle, que argumentó con cifras que "el gasto por habitante en sanidad en España nunca ha sido elevado ni ha estado incontrolado. Lo que crece es el gasto privado, que lo hace mucho más que el público".

Tras comentar los orígenes de la actual situación -subfinanciación histórica, mal modelo de financiación autonómica, gasto farmacéutico y gran privatización del sistema-, Sánchez Bayle criticó la menor presión fiscal sobre las grandes fortunas, la reflotación bancaria, la subvención a la iglesia, las misiones militares, las autopistas no rentables, etc.

Los pueblos pequeños tienen futuro

DECLARACIÓN DE VALDEVACAS DE MONTEJO(SEGOVIA)

 Personas pertenecientes a Colectivos que forman parte de la Plataforma Rural y de Colectivos de Acción Solidaria, nos hemos reunido en Valdevacas de Montejo durante los días 16,17 y 18 de noviembre de 2012, con el fin de analizar y plantear salidas ante la situación que padecemos de desmantelamiento de los Derechos Sociales en el Medio Rural.

Hemos constatado que la crisis actual agudiza la marginación del Medio Rural, limitando o excluyendo definitivamente a los pueblos más pequeños de Derechos Sociales fundamentales, como lo son el derecho a mantener nuestros sistemas de organización y participación vecinal, el derecho a la salud, a la educación o a los servicios sociales.

Ante esta situación de expolio tan preocupante; estamos convencidos y empeñados en no permitir más desmantelamiento de estos servicios públicos; y en algunos casos, estamos decididos a reclamar y recuperar todo cuanto se nos ha robado.
Por todo ello queremos transmitir a la sociedad , no sólo nuestras preocupaciones; sino, también nuestras propuestas y respuestas desde un posicionamiento irrenunciable por defender y cuidar lo más pequeño y sensible de los pueblos.

Estas propuestas y respuestas entendemos que, buscan dar visibilidad a los graves problemas que amenazan la vida y a la existencia de los pueblos pequeños; que llevan consigo la necesidad de organizar y potenciar los recursos de apoyo mutuo entre personas y colectivos; y que harán posible que se creen alternativas para lograr la sobrevivencia de un modelo de vivir, basado en:

EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PUEBLOS-   
 Concienciar e informar, pueblo a pueblo, persona a persona, con todo el esfuerzo que requiere el cuidar las relaciones vecinales; pero como necesidad irrenunciable, para saber defender el estilo propio de la organización rural, el Concejo como mejor forma participativa en la gestión y dinámica de la vida de un municipio y de una comarca.

-  Que en comunidades pequeñas como son los pueblos, la apuesta por lo comunitario en la forma de hacer y de vivir, continúe siendo una fuente irrenunciable de riqueza y de defensa de los valores de la educación rural, de la sanidad rural o del papel del campo produciendo alimentos según los principios de la soberanía alimentaria.

-  Estamos convencidos que continúa teniendo plena actualidad, en un momento tan difícil y tan agresivo, la desobediencia y la insumisión como recurso de la población rural que intenta defender su territorio, a su gente, su herencia y su  historia; frente a la imposición de leyes como la que pretende llevar a cabo una nueva organización territorial, o los recortes en salud, educación y servicios sociales.

 EL DERECHO A LA SANIDAD Y A SALUD INTEGRAL

-   Hacer posible una medicina rural con rostro humano, con profesionales de la salud sensibles y con el talante que haga más cercana la atención sanitaria a un colectivo mayoritariamente envejecido.

-   Aprovechar las importantes competencias que da la ley a los municipios, a través de los ayuntamientos, para dar un impulso global e integral a la sanidad y a la salud, con el objetivo opuesto a las medidas pretendidas actualmente, acercar servicios a una población dispersa y envejecida.

-    Revitalizar la participación ciudadana en los Consejos de Salud en cada uno de los ámbitos, asumiendo todas las posibilidades que da la propia ley de sanidad.

EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN COMO PRÁXIS LIBERADORA

-   Impulsar, para el momento actual de despoblación y desaparición de escuelas y centros, el movimiento por la defensa de la escuela rural.

-    Unir esfuerzos y planteamientos educativos desde los propios colectivos en los que trabajamos, tomando como espacio de encuentro  educativo común  la Universidad Rural Paulo Freire.

-    Han de continuar siendo los planteamientos educativos quienes cambien y animen nuestra manera de hacer; y este tiempo  que vivimos ha de llevar una novedad consigo en cuanto que lo educativo nos ha de conducir a trabajar en unas  nuevas relaciones de codesarrollo entre el campo y la ciudad. La cultura rural fue invadida por la urbana; estamos en el momento de que lo urbano tiene que volver la mirada al campo.

EL DERECHO A LOS SERVICIOS SOCIALES QUE PROCUREN, NO UN ESTADO DEL BIENESTAR; SINO, UN ESTADO DE SOLIDARIDAD

-    Es imprescindible en los colectivos sociales actuales, que nos comprometamos a tener la formación necesaria para poder crear nuevos espacios comunitarios, como apoyo a unos servicios sociales responsables y cercanos.

-    En estos espacios de lo comunitario donde es imprescindible implicarnos, es necesario dialogar y debatir cómo guardar el equilibrio entre, lo fundamental, mantener la cercanía a la gente más sencilla y excluida; lo necesario, que tendrá que ser la forma jurídica que tenga que tener este espacio novedoso; y lo personal, que es la militancia que apuesta  por la transformación social y por las soluciones comunitarias.

Establecer puentes con los profesionales sanitarios, educativos, sociales y el mundo urbano en general que estén sensibilizados con esta propuesta.

Así creemos estar convencidas y luchando juntas, muchas personas y colectivos; convencidos de lograr el futuro de tantos pueblos pequeños expoliados y agredidos por quienes no creen en ellos; pero que, sin embargo, sí intentan llevarse el negocio de sus fuentes de riqueza: los bosques, el  agua, las semillas, la tierra, los alimentos…..

EN VALDEVACAS DE MONTEJO (SEGOVIA) , 18 de noviembre de 2012

Cristina Sancho Esteban
Secretaría Técnica de Plataforma Rural
Pza. Iglesia s/n
34429 Amayuelas de Abajo, Palencia
Tfno: 979 15 42 19
Email: plataformarural@nodo50.org
www.plataformarural.org
ESTAMOS POR LA VÍA CAMPESINA
www.viacampesina.org
_______________________________________________
plataforma_rural mailing list
plataforma_rural@listas.nodo50.org
http://listas.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/plataforma_rural

En defensa de la Sanidad Pública. Llamamiento a los profesionales sanitarios y ciudadanos de Madrid

Publicado por Comisión de Comunicación

Estamos viviendo un momento crítico para la sanidad Pública madrileña que se concreta el proyecto de presupuesto de 2013 que avanza hacia el desmantelamiento del sistema sanitario público en Madrid. En estos momentos la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública cree que es necesario hacer las siguientes reflexiones.

La Comunidad de Madrid no tiene un elevado gasto sanitario, sino que por el contrario es una de las CCAA que menos dinero dedica a la Sanidad (en 2012, 140 € por persona y año menos que la media: 910 millones € menos de lo que le correspondería si el presupuesto por persona se hubiese situado en el promedio), además de haber sucedido lo mismo desde 2001, con lo que la sanidad madrileña esta crónicamente descapitalizada.

El proceso de privatizaciones iniciado desde las transferencias lentamente y que se concreto aún mas en los nuevos hospitales privados y semiprivados (hospitales PFI y concesiones administrativas) ha disminuido aún más los recursos de la Sanidad Pública, porque estos centros cuestan a los madrileños entre 7 y 8 veces más que los de gestión tradicional (probablemente aún mas porque desde la Consejería se les hacen “regalos económicos” sin publicidad ni control) y su sobrecoste sale de los presupuestos de los centros públicos que han visto disminuir sus fondos en el 11% en los 2 últimos años, Algo parecido pasa con la Atención Primaria en la que también se han producido serios recortes.

Los objetivos de ahorro indiscriminado que se proponen desde la Consejería solo van a provocar mayores problemas a los centros y a la postre un deterioro de la atención sanitaria.

Las medidas que se propone adoptar la Consejería son lesivas para el funcionamiento de la Sanidad madrileña:

•  La externalización de la atención sanitaria de 6 hospitales saldrá finalmente más cara y empobrecerá los servicios que prestan (menos personal, menos capacidad resolutiva de los centros, etc), las cifras que da la Consejería son pura y simplemente mentiras.
• Las concesiones de 27 centros de salud ampliarán la privatización del sistema, no se ha demostrado que sean mas eficientes ni eficaces y permitirán introducir la privatización y los intereses comerciales en esta pieza básica del sistema sanitario.  
• La previsión es que se privaticen los centros de especialidades y los centros de salud de las zonas que atienden estos hospitales, aumentando aún más la privatización. 
• La externalización de los servicios no sanitarios no ha conseguido una mejora en su funcionamiento, todo lo contrario, y sí unos mayores costes. 
• La conversión del hospital de la Princesa en un macrogeriátrico es una barbaridad desde el punto de vista sanitario y asistencial y supone peder recursos profesionales de calidad e infraestructuras de elevado coste, cerrar servicios de referencia y en suma solo tiene el objetivo de favorecer la demanda de los hospitales privados. Lo mismo puede decirse de las propuestas sobre el Carlos III y el Instituto de Cardiología. Solo si se cierran o se privatizan los centros públicos de referencia se podrá garantizar el negocio de los privados, y eso es lo que se pretende. 
• No es cierto que los copagos y menos aún la implantación del euro por receta vayan a mejorar la prestación farmacéutica, mas bien lo contrario porque las personas con pocos recursos no podrán comprar los medicamentos recetados y se producirán numerosos casos de incumplimiento terapéutico con las complicaciones que conlleva y los costes que se producirán por el agravamiento de sus enfermedades. 
• La retirada de las prolongaciones de servicio activo a los mayores de 65 años, solo tiene como objetivo la reducción indiscriminada de personal porque es bien conocido que el Gobierno ha establecido que solo se cubran el 10% de las jubilaciones, se trata de un ERE encubierto que se suma a los que se harán en los centros privatizados. 
• La concentración de los laboratorios es solo el primer paso para su privatización, los hospitales PFI ya dependen de un macrolaboratorio privado, y algo parecido puede decirse de lo que denomina eufemísticamente “concentración de la complejidad” que en su vertiente positiva ya esta funcionando con los servicios de referencia. 
• Los trabajadores sanitarios van a sufrir especialmente este proceso privatizador porque muchos perderán sus empleos, y todo empeoraran sus condiciones laborales y profesionales, lo que a la postre repercutirá en un empeoramiento de la calidad asistencial

Por todo ello tenemos que tener claro que estas propuestas no garantizan la sostenibilidad, no van a ahorrar significativamente, y desde luego van a empeorar el funcionamiento del sistema sanitario de Madrid. Su único objetivo es privatizarlo y realizar una transferencia de fondos desde el bolsillo de los ciudadanos y los profesionales a las empresas privadas.

No podemos dejar que suceda. Tenemos que seguir movilizándonos de manera unitaria para defender la Sanidad Pública, universal y de calidad, que es la garantía del derecho constitucional a la protección de la salud.

TODOS Y TODAS A MOVILIZARNOS POR LA SANIDAD PÚBLICA

NO PERMITAMOS NI UNA SOLA PRIVATIZACION

LA SALUD DE LAS PERSONAS TIENE QUE ESTAR POR DELANTE DE LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid 19 de noviembre de 2012

Entidades y sindicatos presentan una querella criminal contra Boi Ruiz

El conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz,
en una imagen de archivo (Edu Bayer)
ELDIARIO.ES

La Plataforma de Afectados por los recortes sanitarios, Attac, la Liga del Síndrome de Fatiga Crónica, Dempeus per la Salut Pública y CATAC-CTS-IAC han presentado una querella criminal contra el conseller y tres altos cargos del departamento de Salud de la Generalitat. Los querellantes consideran que Boi Ruiz y su equipo del departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya podrían haber cometido diversos delitos tipificados en el Código Penal. En el texto presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya denuncian la privación del derecho a la protección de la salud, basándose en el artículo 542 del Código Penal que prevé la inhabilitación de cargo público entre uno y cuatro años en el caso que "el funcionario público impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes".

Otros de los delitos que recogen en la querella son el impedimento del ejercicio de derechos cívicos, la omisión del deber de socorro, el tráfico de influencias y las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. En la querella, que consta de 80 páginas y más de 300 anexos, se pone en valor el artículo 43 de la Constitución Española que garantiza el derecho a la protección de la salud. "Los límites los pone la ley y el conseller y su equipo los han rebasado a sabiendas", explican los firmantes de la querella.

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