Juan Torres López. Consejo Científico de ATTAC
Publicado en Público.es el 1 de febrero de 2013
Una reciente investigación del Center for Economic and Policy Research de Estados Unidos (Mark Weisbrot y Helene Jorgensen Macroeconomic Policy Advice and the Article IV Consultations: A European Union Case Study), vuelve a demostrar que las políticas que viene imponiendo el Fondo Monetario Internacional a los países europeos se basan en juicios y análisis erróneos y que resultan muy perjudiciales no solo para la inmensa mayoría de la población sino también para la economía en su conjunto, puesto que provocan efectos contrarios a los que dicen perseguir.
Este tipo de conclusiones no son nuevas pero es muy importante tenerlas una vez más en cuenta para denunciar continuamente a los miembros de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el propio FMI) como responsables directos de la nueva fase recesiva en la que han hecho entrar a Europa y, por tanto, de los sufrimientos de una gran parte de su población.
La investigación señala que hay dos grandes patrones de actuación en estas políticas. Uno, la reducción del gasto y el tamaño del sector público, en muchos casos con independencia de que eso sea apropiado, necesario o de si puede provocar una mayor caída de la actividad. El otro, disminuir la protección social a amplios sectores de la población y reducir la participación del trabajo en la renta nacional. El resultado de ambas cosas es la menor capacidad de los gobiernos para promover la actividad y el empleo y, por tanto, el incremento de la pobreza, de la exclusión social y de la desigualdad.
En relación con las propuestas de ese tipo que recomienda el FMI, la investigación subraya que no hay evidencias empíricas que demuestren su conveniencia y eficacia y que, en la mayoría de los casos, se hacen sin tomar en consideración factores que podrían producir otros resultados distintos a los previstos por los informes del Fondo. Así, indica que éste suele proponer en todos los países la subida de la edad de jubilación sin considerar la diferente esperanza de vida en cada uno de ellos. O que hace previsiones alarmistas sobre la evolución de la población jubilada para justificar recortes en las pensiones sin tener en cuenta el incremento en la productividad, que puede permitir (como ha pasado hasta ahora) que menos empleados puedan sostener a mayor población inactiva. Y también muestra lo poco razonable que resulta la constante predilección del FMI por hacer que incremente la oferta de trabajo con independencia de cuál sea la tasa de desempleo o de participación de la población en el mercado laboral que haya en cada país.