Se acaba de hacer público el informe anual de la Relatora
Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas,
Raquel Rolnik, sobre las políticas de financiarización de la vivienda
hoy imperantes. El informe se presentará oficialmente el próxim 29 de
octubre en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
El informe repasa en qué han consistido las políticas de vivienda
durante el último siglo y en particular en las últimas décadas,
destacando el papel que ha tenido la vivienda en las políticas de
desarrollo económico y el impulso de la propiedad privada como principal
forma de tenencia en casi todo el mundo. La combinación de estos dos
factores, junto con la internacionalización y la desregulación de la
economía, ha traído a una fuerte financiarización de la vivienda.
A continuación, pasa a analizar las políticas actuales de
financiarización de la vivienda, entre las que destaca el impulso de los
mercados hipotecarios. La Relatora concluye que este paradigma,
predominante en determinadas zonas del planeta, ha fracasado
rotundamente respecto a la necesidad de garantizar el derecho a la
vivienda de la mayoría de la población, y en especial de los colectivos
empobrecidos o en situación de vulnerabilidad.
Como ejemplo destacado, el informe recoge la situación del estado
español, en el que la concesión indiscriminada de créditos hipotecarios,
junto con la carencia de un parque público de alquiler asequible y el
impulso de la propiedad como forma de tenencia casi exclusiva, motivó
primero una escalada sin precedentes en el precio de la vivienda, e
inmediatamente después el sobreendeudamiento de las familias y los
centenares de miles de ejecuciones hipotecarias y desahucios que se
están produciendo desde el estallido de la burbuja. El informe también
critica con dureza las políticas de austeridad y los rescates bancarios
que no hacen otra cosa que empeorar la situación de la mayoría de la
población.
Finalmente, en las recomendaciones finales la Relatora reclama la
modificación del paradigma basado en la propiedad privada y la
financiarización de la vivienda. Tal y como viene defendiendo el
Observatorio DESC, la Relatora señala la necesidad de impulsar otras
formas de tenencia, como el alquiler privado y público, con precios
regulados y asequibles o la propiedad colectiva. También recuerda la
necesidad de una regulación jurídica que dé seguridad en la tenencia,
evitando los desahucios, y recuerda la obligación de los poderes
públicos de proporcionar información además de evaluar de forma
permanente sus políticas de vivienda, para poderlas ajustarlas cuando
sea necesario.
Os aconsejamos la lectura de este informe, que sin perder la
perspectiva global refleja la especial necesidad de repensar las
políticas de vivienda implementadas en el el estado español.
Para acceder al informe
AQUÍ
