Mostrando entradas con la etiqueta protesta social. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta protesta social. Mostrar todas las entradas

Attac Castilla y León condena la violencia policial en Valladolid

MAS INFO: ultimocero. FOTO: Sergio de la Torre.

Attac Castilla y León condena rotundamente la violenta represión policial de las protestas sociales a la puerta de un lujoso restaurante de Valladolid donde altos cargos del PP celebraban "la recuperación económica" de los miles de desahucios, de los seis millones de parados, de los cientos de miles de niños por debajo del umbral de la pobreza, de la maternidad obligatoria para la mujer y del desmantelamiento acelerado de los servicios públicos para que sus amigos hagan negocio. Su particular manera de entender la democracia solo utiliza la chulería jactanciosa y la violencia represiva para los que disentimos y denunciamos su discurso cargado de vomitivas falsedades. 

No nos van a callar con porras y palos. Los ciudadanos se han levantado para no volver a caer en sus mentiras.

Todo nuestro apoyo a las movilizaciones convocadas por diversos colectivos para condenar estos lamentables hechos.

Attac Castilla y León.


Crónica desde Gamonal

Henar Domine.

Hoy Gamonal amaneció temprano y revolucionario. A sabiendas de la llegada de la maquinaria de la obra a las seis de la mañana, la primera asamblea –con su correspondiente chocolatada- se llevó a cabo en el mismo socavón en donde los vecinos ven enterrados sus derechos. Las trescientas personas que ojerosas se levantaron a las seis de la mañana para frenar la maquinaria lograron su cometido: hoy, día 13 de Enero, ningún obrero pisó la obra. Y ya van cuatro días de métodos radicales pero efectivos, en donde el pueblo obrero que es Gamonal nos ha dado una lección al resto de españoles y nos ha enseñado que la suma de rabia y autoorganización puede derribar muros, literalmente. La sentada duró hasta cerca del mediodía.

La pequeña revolución se vio apoyada a las 5 y media de la tarde con una asamblea convocada  por los jóvenes del barrio para proponer una huelga estudiantil indefinida por las reivindicaciones anteriores. Sindicato de Estudiantes de Burgos, que decretó finalmente una huelga de estudiantes en apoyo a la causa de sus vecinos. Y de nuevo, como ya viene siendo rutina estas semanas en el barrio obrero, a las 19:00 se llevó a cabo una cacerolada que daría inicio a la correspondiente marcha, y que, como es costumbre, atravesaría las inmediaciones de la comisaría de Burgos, en donde la protesta se centraría en la libertad sin cargos para los detenidos durante los disturbios de las noches anteriores.

Es aquí cuando, personalmente, noto más tensión por parte de las fuerzas del Estado con respecto a la prensa y a los manifestantes. Como anécdota personal me quedo con la que me sucedió hoy cuando, estando en la acerca donde se ubica la comisaría, un agente de policía decide requisarnos el DNI a mí y a un compañero y tomarnos los datos, ya que no teníamos acreditaciones de prensa. Pero, ¿cómo vamos a tener acreditaciones si no tenemos trabajo en prensa? El no tener una acreditación no quiere decir que estemos allí para pasar el rato. Pero este es otro tema aparte. El suceso derivó en que ninguno de los dos tenemos cargos, aunque sí el cabreo y la indignación correspondiente. 

La manifestación siguió y volvió a su punto de origen: La Orensana, punto final de la obras por ahora el momento. Algunas personas comienzan a separarse al entender esto como el fin de la manifestación, aunque todos sabemos cómo va a acabar: debates entre vecinos, contenedores quemados, el juego de la pilla con los antidisturbios, y mucho, mucho frío. Y así fue, pues, a pesar de la gran paciencia que el sábado pasado mantuvo el cuerpo nacional, esta noche no ha sido así, y no han dudado en aprovechar la primera causa para atacar.

He de mencionar que suelo ser una persona bastante neutra y justa con lo que veo: el sábado pasado dejé claro por algunas redes sociales mi total entendimiento aquel día con las unidades de la UIP presentes en la manifestación, pero lo de ésta noche no ha sido admisible a ningún nivel. Nunca, y repito NUNCA, apoyaré a cualquier persona, policía o no, que irrumpa en viviendas particulares para detener a los que viven en ellas, que persiguen a personas por el mero hecho de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, que utilizan la violencia no como defensa, sino como ataque. Esas personas jamás serán ciudadanos de a pie, jamás deberían ser comprendidos como seres humanos. Ya hay un sitio en donde se mantienen encerrados a los animales, y se llama zoo. Y esta noche, queridos lectores, ha habido muchos animales uniformados en las inmediaciones de la Calle Vitoria. Esto ha sido una jungla.

¿Cómo podemos soportar que ahora, a las 3:33 de la mañana, haya un barrio en donde se mantenga un toque de queda impuesto por la policía? ¿En dónde se ha visto que una persona no pueda salir de su hogar en medio de la noche por miedo a ser injustamente detenido? ¿Por qué los ciudadanos hechos y derechos nos tragamos al unísono estos abusos de poder? Tienen razón aquellos supuestos “antisistemas”, los llaman Democracia y ni por asomo lo es. De hecho, ni se le parece.

Esta noche los niños se han quedado en sus casas y las personas que aparecieron en la calle estaban realmente enfadados, cabreados, rabiosos. Y así han actuado, como personas que no tienen nada que perder. No luchan únicamente por un bulevar, esto solo es un pretexto para comenzar una lucha sobre la que llevan comentando años en las calles. Esto va del derroche, del despilfarro, de la ignorancia popular, de la ignorancia política, y de otras muchas cosas de las que estamos hartos de hablar. Y lo sé porque he hablado con ellos, he estado con ellos, y me he sentido identificada, puede que no en algunos actos vandálicos, pero sí en sus motivos y sus razones. Son personas ávidas de diálogo y de entendimiento. Y es por esto por lo que Gamonal y su buena gente tienen, a partir de hoy, mi total apoyo. No se andan con chiquilladas y eso ya lo han dejado muy claro, y me siento muy feliz al pensar y esperanzarme con un cambio a nivel estatal, viendo el apoyo que otras ciudades le brindan –o le pretenden brindar- a éste barrio obrero burgalés. Ojalá sea el puño en la mesa que necesitábamos ver para despertar. Ojalá abramos los ojos.
Lectores, esto es lo que ha sucedido: Hay una masa rabiosa, joven, no tan joven, y anciana, que hoy se ha visto mermada por el abuso de poder. Suena a tópico, pero ha sido así. Tal vez las formas de protesta no sean las idóneas, está bien, ya van cuatro noches en guerra, pero a las personas hay que escucharlas, y a los oídos sucios hay que quitarle los tapones de cera.

Señor Lacalle, tiene ante usted un verdadero ejército de soldados muy enfadados. Ándese con cuidado, no tiene pinta de que esto vaya a acabar temprano.

ATTAC Castilla y León no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (o cómo crear una “mayoría silenciada”)

Gerardo Pisarello · Jaume Asens


La “mayoría silenciosa” se ha convertido en una categoría central de la política española actual. En manos del Gobierno, es el arma arrojadiza contra cualquier movilización que cuestione sus políticas. Los que protestan –contra los recortes, contra las privatizaciones, exigiendo mayor democracia– son siempre una minoría. Ruidosa, extremista, invariablemente manipulada. La “mayoría silenciosa”, en cambio, sería la expresión ontológica de una sociedad civilizada. La que se queda en casa, la que soporta estoicamente los ajustes y las exhibiciones de impunidad de los que mandan.

El problema se produce cuando las minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”, ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear. Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. El anuncio del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe entenderse dentro de esta última estrategia.

Escarmentado por las movilizaciones anti-ajuste contra el PSOE y por el crecimiento del soberanismo en Cataluña, la idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El propio Ministro Fernández Díaz ha acompañado cada movilización contra su Gobierno con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. A menudo, estos anuncios han sido tratados como globos sondas, como una suerte de provocación destinada a quedar en nada o en muy poco. Lo cierto, sin embargo, es que han producido cambios concretos en el marco normativo y han dado cobertura a actuaciones policiales que hubieran resultado intolerables unos años antes.

a) Crear una mayoría silenciada (I): endurecer el Código Penal.

Ya en ocasión de la primera huelga general contra el Gobierno Rajoy, Fernández Díaz denunció un “salto cualitativo” en los hechos de violencias registrados durante las protestas. Esta supuesta “emergencia” era totalmente infundada a la luz de los hechos reales. Sin embargo, le permitió anunciar una reforma del Código Penal que asimilara la llamada “violencia callejera” a conductas terroristas o proto-terroristas. Fernández Díaz también aprovechó la coyuntura para enviar otros mensajes de dureza. Sugirió que asociaciones, partidos y sindicatos respondieran penalmente en aquéllos casos en que algunos de sus afiliados, partícipes en las manifestaciones convocadas, cometieran hechos delictivos. Y pidió lo mismo, en el ámbito civil, para padres y tutores cuyos hijos menores de edad pudieran haber causado daños durante una manifestación.

Muchas de estas medidas fueron descalificadas como un simple exabrupto pour la galerie. Empero, inspiraron buena parte la propuesta de reforma del Código Penal anunciada en ese mismo año por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Anteproyecto de Gallarón perseguía varios objetivos simultáneos. Por un lado, contemplaba nuevos delitos y endurecía penas y multas que podían afectar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias u organismos públicos, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Por otra parte, ampliaba el alcance de delitos ya existentes como el de desórdenes públicos y abría las puertas a la criminalización de la resistencia pasiva, como había pedido Fernández Díaz [1]. Finalmente, establecía la desaparición de las faltas, que pasaban a convertirse, bien en delitos leves, bien en infracciones administrativas. Esta última medida distaba de ser una expresión del principio de intervención mínima. Muchas actuaciones hasta entonces constitutivas de faltas, en realidad, recibieron un tratamiento penal más duro. Con ello, actuaciones de desobediencia protagonizadas por el 15-M, los Yayoflautas, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o el Sindicato Andaluz de Trabajadores corrían el riesgo de recibir abultadas sanciones económicas o de acabar en el banquillo de los acusados, en un juicio penal por delito.

b) Crear una mayoría silenciada (II): reforzar la impunidad policial

Otra de las vías de actuación del Gobierno para “silenciar” a las “minorías ruidosas” sería la ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. En 2013, la Comisión Legal de la Acampada del 15-M de Sol, de hecho, denunció que en tres años 329 personas habían sido detenidas (y a veces lesionadas) en el transcurso de manifestaciones pacíficas. Estos abusos policiales no merecieron, casi nunca, la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, a menudo contaron con un aval, implícito al menos, de los mandos políticos y policiales. El crédito casi ilimitado dado a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos permitiría ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad. En poco tiempo, aumentaron los maltratos y las detenciones arbitrarias, se impusieron multas desorbitadas, se abrieron páginas electrónicas para denunciar a sospechosos de “vandalismo” en las manifestaciones y se autorizó la grabación de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La generalización de estas prácticas contrastaría con la impunidad concedida a los cuerpos policiales. Esto se pudo ver claramente con motivo de la detención, tras una brutal carga policial, de varias personas en la manifestación del 25  de septiembre de 2012, en protesta por la recién aprobada reforma laboral. Al llegar a la comisaría de Moratalaz los abogados de los detenidos se toparon con un grupo de encapuchados que, a la postre, resultaron ser agentes de la Policía Nacional. A pesar de la queja  de los letrados, Fernández Díaz no tuvo empacho en defender los interrogatorios. Es más, tras la difusión de imágenes de policías encapuchados infiltrados en la manifestación, el ministro sostuvo que el ordenamiento jurídico “debe y va a ser capaz” de hallar mecanismos para que el respeto a la libertad de expresión “no sirva nunca de parapeto” para atentar contra el honor de los policías.

La nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana concreta esta aspiración. No en vano, su diseño ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, uno de los pocos miembros del Gobierno que ha defendido sin ambages la utilización de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla. 

MANIFIESTO: PAREMOS LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL POR VÍA DEL CÓDIGO PENAL


Desde ATTAC Castilla y León deseamos apoyar esta iniciativa y animar a nuestro afiliados y simpatizantes a que se sumen a la misma.

Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas
Los abajo firmantes, personas y organizaciones demócratas profundamente alarmadas por la deriva autoritaria y antidemocrática del Gobierno del PP, expresada en su anteproyecto de Reforma del Código Penal promovida por el Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón, queremos expresar nuestro rotundo rechazo a y exigencia de retirada de dicho texto.Se trata de un texto que ha ido incluyendo numerosas novedades de muy importante calado en posteriores fases de su redacción, las cuáles han sido remitidos al Consejo de Estado sin pasar las nuevas incorporaciones al texto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni por el Consejo Fiscal, como es preceptivo.Este puenteo por parte del Gobierno de los órganos competentes supone una violación del artículo 108.1.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y conlleva un grave precedente antidemocrático que pone en tela de juicio las bases legales en las que se asienta un Estado democrático.Que el Gobierno ningunee a los citados órganos bajo la premisa de que estos serán contrarios a determinadas partes del redactado del anteproyecto de Reforma del Código Penal es una muestra de comportamiento arbitrario por su parte y de parcialidad procedimental evidentes.

Por otro lado, el modo en que se está acometiendo el redactado del articulado de este código, que en su fase de Anteproyecto es ya un documento aprobado, escasamente transparente en cuanto a información a la sociedad es, como poco, preocupante, dado que sitúa a la sociedad en una posición de indefensión ante una legislación que parece en gran medida pensada para reprimir la protesta social ante las políticas de recortes de lo público y de austeridad impuestas por el actual gobierno.

Un Estado que confiere un incremento de la autoridad a los agentes del orden público debe de ser mucho más garantista respecto a los derechos fundamentales de la persona y a sus libertades ante situaciones de empleo de la fuerza por parte de dichos agentes. Ello exige un blindaje de las garantías constitucionales que grave punitivamente todo empleo desproporcionado, injustificado y arbitrario de la fuerza policial, algo que no vemos reflejado en el nuevo ordenamiento penal previsto.

Uno de los primeros elementos en el anteproyecto que demuestra la voluntad del Ejecutivo de criminalizar la movilización social contra sus políticas antisociales es el deslizamiento hacia la igualación de las prácticas pacíficas en la protesta con las que no lo son. La desaparición de los términos “grave” y “activa”, refiriéndose a las formas que ha de adoptar la resistencia a la autoridad policial para que ésta sea considerada delito de atentado, del artículo 550 del mencionado Anteproyecto, muestra la voluntad de crear confusión respecto a lo que es o no un comportamiento violento. Al desaparecer el adjetivo “activa” en relación a la resistencia a la acción policial se introduce un margen importante de discrecionalidad y subjetividad en casos de resistencia pasiva, lo que favorecerá la arbitrariedad tanto de la policía en sus informes como de la ley en caso de ser juzgado este tipo de acción no violenta.

Esta cuestión parece confirmarse en el caso del “Delito de invasión u ocupación de domicilios de personas jurídicas”. El texto del Anteproyecto incluye también un nuevo artículo 557ter por el cual incurrirían en delito quienes “actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad del titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal”. Convertir en delito de desorden público la “perturbación relevante de su actividad normal” es tan descabellado jurídicamente como transformar en delito una manifestación cuyo transcurso afecte al tráfico rodado en algunas arterias de comunicación principales de una gran ciudad.

Penalizar una protesta pacífica en “el domicilio de una persona jurídica pública o privada” parece obviamente pensado para impedir movilizaciones en lugares como sucursales bancarias, empresas, oficinas de empleo, parlamentos, etc. y evidencia la coyunturalidad de un nuevo artículo pensado para limitar el derecho de manifestación.

Las expresiones “invadan u ocupen, contra la voluntad del titular” parecen contraponerse al párrafo de la Exposición de Motivos de dicho artículo que aclara que “se regula como supuesto atenuado la entrada en locales y establecimientos de un modo que altere su normal actividad, cuando no se hubieran llegado a producir actos de violencia o amenazas, conducta que la regulación anterior equiparaba a los desórdenes violentos”. En realidad, la intención del legislador es la de tipificar actos que no son violentos ni agresivos y que tampoco llegan a constituir desórdenes públicos. En la práctica acaba por unificar lo que presupone violento con lo que no llega a serlo y lo que está prohibiendo expresamente es el derecho a manifestarse dentro del edificio de una institución jurídica de carácter privado público. Y es especialmente grave porque tipifica como agravante que la invasión u ocupación de dichos centros se produzca como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de reunión, a los que pone antidemocráticamente límites, algo incompatible con el Derecho Internacional.

El artículo Art. 557, “Alteración del orden público”, en su apartado 1, “Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión”, pretende equiparar la violencia grupal con la individual, introduciendo a su vez un sesgo subjetivo respecto al ordenamiento aún vigente (que señala resultados concretos de los actos violentos) al sustituir el redactado de los actos concretos de la acción violenta por la genérica referencia a “actos de violencia”, que provocan auténtica inseguridad jurídica a la persona al no quedar aclarados qué actos son violentos y cuáles no, quedando al arbitrio judicial su determinación. Resulta obvio el carácter coactivo de esta propuesta legal para cualquier participante en manifestaciones públicas.