La firma del Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea este 11 de noviembre cerrará un capítulo de la historia del país andino que se había mantenido, hasta ahora, fuera de las más rígidas ataduras neoliberales.
Lo paradójico es que esto ocurre durante un gobierno que surgió de las revueltas sociales en oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y al TLC bilateral con EEUU, ocurridas hace más de una década, enarbolando la lucha contra las transnacionales y la defensa de la soberanía nacional como requisitos para la transformación del sistema político y económico.
El camino seguido por el gobierno del Ecuador para llegar a la firma de este tratado ha estado lleno de contradicciones. Las negociaciones incluyeron inicialmente a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, con planteamientos de éste último en favor de un trato especial y diferenciado considerando las asimetrías existentes; en 2009 Ecuador dejó de participar en las rondas argumentando su desacuerdo en negociar un TLC, pero tiempo después reanudó las negociaciones.
Esto dejó a Bolivia aislada, resquebrajó el proceso de integración subregional dentro de la Comunidad Andina, y colocó al Ecuador a la cola de sus dos países vecinos, ambos con larga trayectoria neoliberal y con un TLC vigente con EEUU. De hecho, la firma de Rafael Correa el 11 de noviembre no será más que la adhesión al tratado firmado entre la UE, Colombia y Perú.
Otro aspecto a tomar en cuenta es la incompatibilidad de este tratado con la Constitución del Ecuador, reconocida por su carácter garantista de derechos y por establecer los derechos de la naturaleza. Toda una corriente de funcionarios pro-TLC al interior del gobierno se dedicaron a la búsqueda de formas de “armonizar” el tratado con la Constitución. Más tarde se pudo ver la aprobación de normas claramente anti-constitucionales que fueron preparando el camino para la aplicación del acuerdo; por ejemplo, abrieron la posibilidad de privatización del agua, lo cual va de la mano con uno de los compromisos específicos del tratado en relación con el acceso a tierras y agua por parte de inversionistas europeos.
Para algunos Rafael Correa traicionó a los movimientos sociales del Ecuador, para otros es un hábil estratega que asumió el papel de modernizar el desarrollo capitalista utilizando un discurso de izquierda mientras divide y criminaliza a las organizaciones que disienten de sus políticas. Es una cuestión de perspectiva. Correa es un político que respaldado en un poderoso aparato de propaganda tuvo la habilidad de seducir a la población con medidas redistributivas sostenidas en la bonanza derivada del alto precio del petróleo hasta su desplome, con lo que han reaparecido los índices de desempleo de años anteriores al correísmo, al tiempo que se devela una enorme deuda externa -con China como segundo mayor acreedor- y escandalosos casos de corrupción que involucran a altos funcionarios del régimen.
Lamentablemente, muchas de las alertas levantadas por líderes sociales históricos del Ecuador fueron desoídas internacionalmente, incluso por sectores de la izquierda europea, cerrando las posibilidades para un esfuerzo conjunto de lucha contra el TLC y su lógica nefasta.
Las estructuras de concentración de la riqueza han permanecido intocadas. La “revolución agraria” comprometida desde el inicio del gobierno con las organizaciones del campo ha sido reiteradamente postergada; las demandas de frenar el extractivismo se han respondido con la criminalización de la resistencia. Además, el objetivo señalado en la Constitución de garantizar la soberanía alimentaria para toda la población ecuatoriana quedará cancelado a causa del TLC con la UE.
La UE es una potencia agrícola a nivel mundial a raíz de que su sistema agrícola fue tomado por la gran agroindustria, actualmente beneficiaria del mayor porcentaje de subsidios por producción y por exportación, principalmente en los sectores de lácteos, azúcar, cárnicos, cereales, alimentos elaborados.
En el Ecuador, un país de 16 millones de personas, el sector de los lácteos involucra a entre 900.000 y 1’500.000 personas, con alta participación de pequeños y medianos productores, y entre ellos una cantidad importante de mujeres campesinas que son jefas de familia. Al ser forzadas a “competir” con los productos lácteos europeos altamente subsidiados sin duda quedarán en condición de inviabilidad económica.
La investigación realizada por Acción Ecológica sobre los impactos del TLC Ecuador-UE en el sector rural, advierte además sobre los impactos negativos en las economías campesinas de las medidas sanitarias y fitosanitarias que la UE pide a los países con los que negocia acuerdos comerciales que sean armonizadas para que la circulación de sus bienes agrícolas y ganaderos no sean objetos de control en las fronteras de los países de cada una de las regiones. Como alumno que cumple la tarea antes de que se la pidan, en el Ecuador ya han empezado a aplicarse medidas de este tipo que resultan imposibles de aplicar para los pequeños productores de queso, por ejemplo.
Otra preocupación tiene que ver con las semillas. La nueva ley de semillas que está por ser aprobada exigiría que todas las semillas que circulen en el Ecuador sean certificadas y cuenten con un registro, lo que excluirá a la mayoría de semillas campesinas. No se descarta que esto responda a una exigencia de la UE.
Un puñado de grandes empresas agroexportadoras serán las beneficiarias del tratado, incluyendo a varias transnacionales que operan en el país, entre ellas algunas europeas.
En el caso del banano, de las diez principales empresas exportadoras, dos son de EEUU (de los grupos Dole y Chiquita), dos son de Rusia, una es de Alemania, y cinco son de Ecuador (pertenecientes a grupos económicos muy poderosos).
En cuanto a las flores, una gran cantidad son enviadas a los Países Bajos, que controla gran parte de las exportaciones a nivel mundial con flores producidas en otros países. Controla además gran parte de los derechos de obtentor (una forma de propiedad intelectual) lo que aumenta su poder en el mercado de las flores.
En relación con la pesca industrial, la subsidiaria de la empresa española Isabel Conservas Garavilla es una de las cinco más grandes empresas pesqueras.
Estos sectores, además del camaronero o del brócoli, también beneficiarios del tratado, son responsables de importantes impactos socioambientales por la destrucción de bosques, manglares, pesquerías y extensas áreas de cultivo de alimentos, y por la contaminación provocada a causa de la utilización de ingentes cantidades de agrotóxicos. Con el TLC esta situación se verá agravada.
Puede decirse que no hay nada nuevo en todo esto. Pocos y poderosos ganadores, muchísimos perdedores. El libre comercio destruye economías locales y somete a países y territorios a sus reglas, como bien lo sabemos en América Latina teniendo el claro retrato de México, país sacrificado en nombre del neoliberalismo más duro. La diferencia está en que el Ecuador ha sido lanzado a este destino por un gobierno que se autodefine de izquierda y que tiene como presidente a quien fuera autor de varios libros que describen las falacias del libre comercio. ¿Traición? no, sólo una capacidad casi infinita de engañar.
ACCIÓN ECOLÓGICA
Quito, 8 de octubre de 2016
Más información:
semilla@acionecologica.org
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