Bankia, caso emblemático de la crisis bancaria española
El rescate de BFA-Bankia, via nacionalización de sus pérdidas y activos tóxicos, seguido de una demanda histórica de ayuda publica de 19.000 millones de euros (23.500 millones en total con las ayudas ya recibidas), ha precipitado a España en una histeria política, cuyo pulso es batido por la tensión financiera de los plazos que marcan los acreedores. El anuncio del gobierno de Rajoy el pasado 9 de junio de 2012 de un plan de rescate,- que antes había rechazado-, de hasta 100.000 millones de euros (entorno al 10% del PIB), destinado a sanear el conjunto del sector financiero español, puso a los mercados y las instituciones financieras internacionales bajo tensión. Las reuniones del eurogrupo, del G-20 o las videoconferencias, se suceden desde Roma, Washington, París o Bruselas sin lograr calmar el furor de los especuladores, embravecidos en el mercado de deuda. Durante ese tiempo, la ciudadanía sufre nuevas medidas antisociales, hundiéndola en una precariedad cada vez más extrema.
En el meollo de esta crisis está BFA-Bankia, cuarto banco del país en términos de capitalización bursátil, con 10 millones de clientes y alrededor de 380.000 accionistas. Bankia representa el 10% del sistema financiero español. Sin duda es el banco más expuesto a los créditos inmobiliarios de alto riesgo, por lo que está considerado como un banco “sistémico”: su quiebra podría arrastrar al conjunto del sector bancario y seguidamente, a toda la economía del país. Bankia, o más exactamente BFA-Bankia, nació a finales de 2010 y es el fruto de un inteligente conglomerado que permite aislar los activos inmobiliarios problemáticos de las siete cajas de ahorros reagrupadas en el seno de su matriz BFA (Banco Financiero y de Ahorros). Ésta, ayudada por el Estado, opera como el “banco malo” de Bankia. El Estado avala la montaña de activos inmobiliarios dudosos reunidos en BFA mientras que su filial Bankia, desembarazada de tan pesada carga, intenta atraer capital de pequeños inversores para su salida a bolsa. El objetivo está claro: transferir los riesgos resultantes de la burbuja inmobiliaria, del sector privado al público. Contribuyentes, clientela perjudicada y pequeño accionariado en riesgo a causa de las recomendaciones irresponsables de la banca, quedarán directamente afectados; pero aún más ampliamente, la población española en su conjunto sufrirá de nuevo el lastre de una deuda privada devenida pública. Se trata de nuevo de una excelente oportunidad para los banqueros,-responsables de inversiones de alto riesgo que han desembocado en pérdidas astronómicas-, de salvar sus apuestas indecentes.
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Publicado en el periódico Diagonal
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