Posted: 07 Oct 2012 10:00 PM PDT
José A. Pérez – ATTAC Madrid
¿Es la crisis económica la causa que impide tener en España una
policía democrática? ¿No hay dinero para implantar la asignatura de
educación en el trato a la ciudadanía en las escuelas policiales? El
auto de un juez de la Audiencia Nacional acaba de desmontar toda la
argumentación gubernamental justificando la vergonzosa actuación
policial el 25-S. Alguien debería dimitir. Claro que eso significaría
que el Gobierno del PP cree en los valores democráticos.
Cierta dosis de moderación en el ejercicio de mi derecho a la
libertad de expresión contiene el deseo de titular este artículo con el
eslogan esto nos pasa con un gobierno facha. Consigna habitual en las
manifestaciones y que, por desgracia, resulta cada vez más verosímil.
Es un hecho innegable que la actuación de la policía antidisturbios
en la represión de la convocatoria del 25-S fue excesiva, vejatoria con
los detenidos y absolutamente desproporcionada. En otros tiempos hubiera
tenido cabida la duda, pero la proliferación de dispositivos de
grabación de gran consumo puestos en manos del público actúa como
testigo de cargo. Todas las brutalidades policiales han quedado
grabadas.
Sólo desde el más absoluto cinismo pudo el Gobierno de Partido Popular calificar como “perfecta”
la indecente actuación policial. El ministro del Interior, Fernández
Díaz, dijo que la policía actuó “espléndidamente” y con “extraordinaria
profesionalidad”.
¿Perfecta? Según la Delegación del Gobierno en
Madrid el número de participantes fue escaso, alrededor de 6.000, frente
al nutrido dispositivo de seguridad, integrado por más de 1.500
agentes. Si con una relación de 1 policía por cada 4 manifestantes es
necesario efectuar cargas policiales con un saldo de 35 detenidos y 64
heridos, la ratio de eficacia es manifiestamente mejorable.
¿Espléndida? ¿Una banda de policías descontrolados de la escuela de Romero el madero
entró en la estación de Atocha disparando salvas y vejando a los
viajeros? Más que policías, se comportaron como auténticos skinheads.
Reconozcamos que las Unidades Antidisturbios cumplen un papel
integrador al ofrecer empleo a un sector de la población cuyo bajo
cociente intelectual le impide acceder a un trabajo que requiera aplicar
un mínimo de inteligencia. Aquí sólo se trata de repartir leña y punto,
según un sindicato policial. Un trabajo para el cual hace falta escasa
cualificación profesional.
¿Es la crisis económica la causa que impide que haya en España una policía democrática? ¿No hay dinero para implantar la asignatura de educación en el trato a la ciudadanía en las escuelas policiales? ¿O tenemos un Gobierno cuya ideología se aproxima peligrosamente a lo que dice el eslogan?
¿Es la crisis económica la causa que impide que haya en España una policía democrática? ¿No hay dinero para implantar la asignatura de educación en el trato a la ciudadanía en las escuelas policiales? ¿O tenemos un Gobierno cuya ideología se aproxima peligrosamente a lo que dice el eslogan?
¿Profesional? ¿Tampoco hay dinero para comprar uniformes a fin de que
todos los agentes vayan uniformados como es debido en vez de cubrirse
con capuchas como vulgares malhechores? Esta escena sería patética si no
fuera porque es real y prueba cómo actúa la policía a las órdenes del
Gobierno de Rajoy. Al menos, habrá que reconocerle a Alfredo Rubalcaba
que, mientras estuvo al frente de Interior, no permitió a la policía
embestir (*) contra las acampadas del 15-M.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que tiene más pose
que enjundia —va de progre aunque es más de derechas que el palo de la
bandera, y de sabelotodo en cuestiones de derecho— dijo que hubo una
“perfecta respuesta del Estado de Derecho a una serie de manifestaciones
que lo que hicieron fue ejercer una agresión a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado”.
Sin embargo, la convocatoria de la manifestación del pasado 25 de
septiembre bajo el lema Rodea el Congreso no supone la comisión de
delito alguno. Así lo estima el juez de la Audiencia Nacional Santiago
Pedraz que ha dado carpetazo al caso abierto contra ocho organizadores
de la marcha por un presunto delito contra las Instituciones del Estado.
El juez mantiene que los promotores imputados en ningún caso trataron
de invadir el Congreso ni alteraron el normal funcionamiento de la
Cámara y recuerda que los fines de la protesta -exigir la dimisión del
Gobierno, la disolución de las Cortes e iniciar un proceso
constituyente- están protegidos por el derecho fundamental a la libertad
de expresión.
Para llegar a esta conclusión, el juez Pedraz no ha tenido que echar
mano de profundos conocimientos de ciencia jurídica. Se ha limitado a
señalar hechos que han estado a la vista de todo el mundo con total
nitidez:
El auto señala cómo la manifestación no alteró en ningún caso la
actividad del Congreso como lo demuestra las manifestaciones de uno de
los diputados, que llegó a señalar que la cámara había podido “mantener
su actividad hasta el momento con absoluta normalidad”.
El juez cuenta cómo recibió un informe de la Brigada Provincial de
Información de la policía señalando a cinco de los detenidos el pasado
25 de septiembre como posibles autores de un delito contra las
Instituciones. Pedraz asegura que no es a los agentes a los que
corresponde apreciar el delito concreto que hayan cometido, sino que
debe ser el propio juzgado de Instrucción Madrid que lleva el caso, el
que, en caso de que aprecie delitos que competen a la Audiencia, los
ponga en conocimiento de esta.
Por último, el juez descarta uno a uno los delitos contra las
Instituciones que apreciaba la policía. Mantiene, en primer lugar que
“no existe indicio alguno” de que los promotores imputados tuvieran
“intencionalidad de invadir” el Congreso. El auto recuerda que el
perímetro de seguridad instalado en torno a la Cámara “está alejado de
la sede, sin que pueda considerarse como parte del edificio del
Congreso”. “No cabe deducir que intentar rebasar el perímetro implique
querer entrar en el edificio”, dice. “Puede pensarse también que solo
quisiera llegar a las puertas o simplemente rodearlo o cercarlo, como
expresaba la convocatoria”.
La denuncia, pues, no tenía el menor fundamento. Ahora, ¿quién
indemnizará a las personas detenidas injusta e injustificadamente y
fueron vejadas con aires chulescos en comisaría? ¿O a quienes sufrieron
en sus carnes los efectos de la antidemocrática leña que atizan los
maderos? ¿Serán todos ellos amparados por el Defensor del Pueblo?
Como primera medida de higiene, algún responsable gubernamental
debería dimitir por haber consentido todos estos desmanes policiales.
Por ejemplo, el ministro de Interior. Claro que eso significaría que el
Gobierno del PP cree en los valores democráticos.
(*) Embestir. El DRAE arroja dudas sobre la etimología del término al
indicar: Quizá del it. investire, acometer. ¿Podría derivar de bestia?
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