Banca Pública

Miguel Ángel Andrés Llamas.
Blog de @LlamasAbogado
Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (21/12/2012).
Nuestro agradecimiento al autor.

Los grandes medios de comunicación, a través de opinadores y tecnócratas de diversa condición, están difundiendo una interpretación interesada de nuestra realidad financiera a todas luces errónea. Según esta visión dominante en el panorama informativo, la quiebra de las cajas de ahorros pone de manifiesto la incapacidad del sector público para gestionar la actividad financiera, en contraste con la óptima gestión de los bancos privados. Desmontemos este falso mito.

En primer lugar, no sólo las cajas de ahorro han tenido problemas. De hecho, el origen de la presente crisis económica y financiera se halla en las malas prácticas de la banca privada, en particular en Estados Unidos, que se dedicó a actividades cuando menos especulativas y contagió al sistema financiero internacional. Un buen ejemplo es el caos provocado por la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, por cierto, entidad de la que era ejecutivo el actual ministro de economía Luis de Guindos.

También en España la banca estrictamente privada se ha caracterizado por una gestión irresponsable. No es necesario profundizar ni en su destacada contribución a la burbuja inmobiliaria e hipotecaria, que tanto daño ha hecho al conjunto de nuestra economía, ni en la abusiva comercialización de todo tipo de productos tóxicos en perjuicio de los pequeños ahorradores. Incluso existe un concreto caso de quiebra y consiguiente nacionalización, el del Banco de Valencia, que se une a la larga lista de entidades bancarias privadas intervenidas en las tres últimas décadas.

Pero la prueba más concluyente de que el modelo de banca pública no ha fracasado se halla en la naturaleza de las propias cajas de ahorro. Ni en su origen –siendo su antecedente los Montes de Piedad– ni en su forma jurídica se constata el carácter público de las cajas, que han constituido, todo lo más, entes sociales.

Es indiscutible que las cajas se han articulado como entidades de régimen privado, es decir, que han escapado a los principios de la burocracia, a la garantía del procedimiento administrativo y a los controles propios de la administración pública. El fracaso de las cajas es, sin duda, el fracaso de la gestión privada. Ahora bien, aun cuando la representación de los poderes públicos se limitó al 50% de los votos totales, no se puede ocultar la responsabilidad de los principales partidos políticos en la nefasta gestión de las cajas. Pero el riesgo no radicaba tanto en la presencia de políticos como en la ausencia de controles propios de la gestión pública, con el agravante de que la gestión de las cajas también era ajena al debate público y político, es decir, también escapaba al control de la ciudadanía.

Pero si hay una razón que explica el fracaso de las cajas de ahorro esa es la perversión de sus fines originarios. Las cajas abandonaron su vocación social para operar en el mercado de la codicia. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2005 describe este proceso de privatización con absoluta claridad, al señalar que las Cajas “ya no persiguen principalmente fines benéfico-sociales, sino los propios de una entidad de crédito sometida a las leyes del mercado”.

Habrá que preguntarse, entonces, por qué se insiste tanto en responsabilizar al sector público de la crisis de nuestro sistema financiero. El objetivo de este discurso no es otro que el de allanar nuevos procesos de privatización. A raíz de los problemas de solvencia de las cajas se ha llevado a cabo un proceso de bancarización (privatización) de las cajas, que en la práctica ha supuesto su desaparición. Y, además, se pretende preparar el terreno para la privatización de las cajas nacionalizadas, una vez la ciudadanía haya asumido las pérdidas. ¿Qué hace falta para percatarnos de que el ánimo de lucro es incompatible con un sistema financiero responsable y útil para la ciudadanía?