Xavier Caño Tamayo
La criminalización de la protesta
ciudadana crece con falsas acusaciones de vandalismo callejero que,
perpetrado por reducidos y sospechosos grupos, se insinúa (o dice
directamente) que forman parte del movimiento ciudadano. Responsables
políticos de la policía se refieren de modo malévolo, sin contexto ni
matiz, a los hechos violentos que en ocasiones se dan al final de
pacíficas concentraciones y manifestaciones, atribuyéndolos al
movimiento ciudadano. Unos hechos violentos cuya autoría recae a menudo
sobre agentes infiltrados de la policía o provocadores más o menos
dirigidos. Miembros del Gobierno o del partido que lo sostiene en el
Reino de España insultan a la ciudadanía llamando nazis o terroristas
etarras a quienes protestan en paz y con eficacia y revelan sus
canalladas políticas dejándolos sin argumentos.
El Gobierno responde al aumento de
conciencia crítica ciudadana con más antidisturbios, cámaras de
vigilancia en espacios públicos e incitación a la delación de presuntos
“antisistema”. Antisistema es el saco donde meten toda denuncia y
resistencia contra el saqueo que es la crisis y el vaciado de la
democracia. El Gobierno y sus aliados cambian la normativa de reunión y
seguridad pública y convierten las faltas penales en delitos para poder
aplicar la prisión preventiva. Faltas como las acometidas y destrozos
del mobiliario urbano. También se tipifican nuevos delitos para reprimir
a la ciudadanía más activa. Como difundir por Internet convocatorias de
manifestaciones que pudieran derivar en alteraciones del orden público.
O, en un desquiciado rizo del rizo, convertir la resistencia pasiva
pacífica en atentado contra la autoridad, penado con años de cárcel.
Una muestra de ese fascismo
soterrado creciente de la actuación policial contra manifestantes en
Europa es una declaración del mando de una unidad anti-disturbios
española. Aseguró que incluso Gandhi en actitud de resistencia pasiva se
hubiera llevado algún porrazo que otro de sus hombres. Ya en el inicio
del 15 M, más de doscientos intelectuales, artistas, profesores
universitarios y dirigentes sociales salieron al paso de la persecución y
criminalización del movimiento, denunciando la represión y
arbitrariedad policial y política al detener y encarcelar a
manifestantes pacíficos. Por desgracia, esa situación no solo se
mantiene sino que empeora.
Para los más viejos del lugar, que
sufrieron la dictadura franquista, lo expuesto huele cada vez más a
rancio fascismo. Con la visible diferencia de que esos fascistas o
fascistoides de hoy no recurren a mascaradas ni concentración de
disfraces y banderas.
Al revisar la actuación de buena
parte de gobiernos y policías de países europeos, cuyas ciudadanías
exigen sus derechos con firmeza, se comprueba que hay una deriva cada
vez más autoritaria de buena parte de esta Europa sometida al poder
financiero y las corporaciones empresariales.
Lo resume con lucidez el magistrado
Carlos Doménech al exponer que las nuevas medidas penales en el Reino de
España son pasos hacia un estado policial. Que va bien encaminado lo
muestra el hecho de que el Consejo de Poder Judicial cuestiona la
constitucionalidad de esa pretendida reforma penal que es la
tipificación de nuevos delitos para neutralizar a la ciudadanía pacífica
activa y la aplicación de penas mucho más severas.
Buena parte de gobiernos europeos
han olvidado que la soberanía nacional reside en la ciudadanía, de la
que emanan todos los poderes del Estado; el poder que ellos tienen sin
ir más lejos.
Xavier Caño Tamayo es periodista
Artículo publicado en ALAI, América Latina en movimiento
ATTAC CyL no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.
No hay comentarios:
Publicar un comentario