Juan García Ballesteros
Todas las definiciones sobre lo que se
entiende, desde el derecho internacional por deuda odiosa o ilegítima,
recogen tres argumentos importantes:
1º.- El gobierno de un país concede un préstamos sin conocimiento ni aprobación de sus ciudadanos.
2º.- El préstamo se destina a actividades no beneficiosas para los ciudadanos.
3º.- El gobierno prestatario actúa de mala fe al contraerla, ya que
sabe perfectamente que no beneficia a sus ciudadanos, sino a intereses
privados.
Estas condiciones se cumplen con
la deuda pública española: no se ha consultado a los ciudadanos, ha
perjudicado a la inmensa mayoría de la población que ha perdido derechos
laborales y sociales y ha sido generada para cubrir deudas privadas
(Banca), subvenciones a empresas (eléctricas o de armamento) o regalos a
instituciones (Iglesia Católica). Poco de esa deuda ha sido para cubrir
gastos corrientes para mantener el estado de bienestar o de inversión
en la economía real y crear puestos de trabajo.
Veamos de dónde sale esta desorbitada deuda:
1º.- De la ayuda económica que han proporcionado los últimos
Gobiernos a la banca y cajas de ahorro en crisis para evitar su quiebra,
que desde el 2009 se cifra en 246.000 millones de euros (según el FMI).
Una parte importante de la subida de la bolsa española en los tres
primeros trimestre de 2013 ha ido a engrosar los ingresos de la banca.
La capitalización de los más beneficiados (CaixaBank, Popular, BBVA,
Santander, Sabadell, Bankia y Bankinter ) ha superado (según Vicente
Clavero “La banca engorda mientras nosotros pagamos su rescate”,
Público, 23-10-13) “los 170.000 millones de euros, lo que supone una 34 %
más que al inicio de año” . Pero las ganancias en lugar de servir para
devolver el dinero público que han recibido para sacarlos de su
catastrófica situación, lo dedicarán a repartirlas entre sus accionistas
que son los que realmente tendrían que haber asumido las pérdidas. Así
lo ha hecho el Santander que ha distribuido 1700 millones de euros en
dividendos en 2013.
2º.- De los 40.000 millones de euros de anticipos que el Ministerio
de Defensa concedió entre 1997 y 1998 a las industrias armamentísticas
(EADS, Indra, Santa Bárbara y Navantia).
El periodista John Doe publicó en 19 de Junio de 2012
(centredelas.org) el artículo “Deuda militar, deuda odiosa, deuda
ilegítima” en el que escribe: “Es ilegítima la deuda contraída con los
Programas Especiales de Armamento (PEA) del Ministerio de Defensa que
representan 40.000 millones de euros, cifra que sitúa a este Ministerio
en la banca rota y que contribuye al enorme endeudamiento del Estado
español”.
Como recoge J. Doe en su artículo, esta deuda es nula de pleno
derecho y, por tanto, ilegítima y sostiene que las empresas privadas
afectadas nunca devolverán el dinero público recibido. De esta estafa
hay muchos culpables (entre ellos el actual ministro de Defensa Pedro
Morenés con grandes intereses en empresas armamentísticas) por la
sencilla razón que en torno a este asunto siempre ha habido un acuerdo
de Estado en el que los dos grupos parlamentarios mayoritarios (PP y
PSOE) han ido de la mano.
3º.- En nuestro país, gracias al Concordato, la Iglesia Católica
recibe anualmente más de diez mil millones de euros del Estado (central y
periférico) en subvenciones directas y exenciones de tributos (según el
estudio realizado por Europa Laica). Carece de importancia, aunque
también habría que contemplar lo que reciben (muy poco, por cierto) las
demás confesiones religiosas.
4º.- De los 24.000 millones entregados a las grandes compañías eléctricas por el llamado déficit tarifario.
José Manuel Novoa en su blog “ataque al poder” (7 Enero de 2014 “Cómo
nos roban las compañías eléctricas”) recoge que hasta la fecha el
déficit tarifario nos ha costado a todos los españoles 24.000 millones
de euros, dinero regalado del erario público ¿Cómo es posible que se
subvencione a empresas eléctricas que doblan sus ganancias a su
homónimas europeas? Además en su artículo demuestra que el déficit
tarifario de las eléctricas es una estafa, no existe. Tan sólo sirve
para aumentar los beneficios de las grandes compañías eléctricas
(Iberdrola, Endesa o Gas Natural).
La resultante de todo este despilfarro es que la deuda pública
española a finales de 2013 rondaba el BILLÓN de euros, cifra cercana al
100 % del Producto Interior Bruto (PIB). Esta deuda es totalmente
impagable. Aunque tuviéramos muchos años de un elevado crecimiento, los
altos intereses que tenemos que abonar hacen imposible el pago de esta
desorbitada cantidad.
El pasado año tuvimos que pagar más de 38.000 millones de intereses. Esto supone unos 105 millones de euros diarios.
Para hacernos una idea más exacta de esta deuda, cada ciudadano debe
más de 21.000 euros, siendo un sujeto pasivo de la deuda, ya que se ha
generado sin tenerlo en cuenta, sin participar en ella y sin que le
beneficie.
¿Por qué pagamos tantos intereses?
Aunque ya recogido en un artículo anterior, voy a recordar de dónde
sale el elevado pago de intereses. Es cierto, por las razones recogidas,
que el capital público de deuda es muchísimo, pero nos están ahogando
los altos intereses que tenemos que pagar por los préstamos que pedimos
en el mercado financiero para cubrir los gastos del Estado. ¿Por qué
ocurre? El BCE se financia con el dinero de los impuestos de los
ciudadanos europeos (España aporta algo más del 8 %). Sin embargo, en
lugar de prestar dinero a los estados, se lo presta a la banca privada
al 0,50 ó 1%. Ésta compra deuda soberana de los estados al 3, 4, 5, 6, 7
o al 8 %, ganando miles de millones de euros que utilizan para tapar
sus deudas por mala gestión, inversiones fraudulentas o sobresueldos de
directivos. Esos créditos que reciben en ningún momento están llegando
al consumidor final, a las familias y a las PYMES, sino que se está
usando en apostar y especular contra los propios estados, en actividades
mucho más lucrativas y sin riesgo.
Según el economista Juan Torres (¿Quién vive gratis en España?
Público, 17-11-13) “casi el 70 % de lo que hoy debe el Estado español es
por concepto de intereses y este concepto es lo que hace que hoy día
deba 4,5 veces lo que debía en 1989. Mientras que si los déficits de
gastos e ingresos corrientes generados desde 1989 se hubieran financiado
por un banco central con los mismos tipos de interés con que el Banco
Central Europeo financia a la banca privada, nuestra deuda ahora no
llegaría ni al 15% del PIB”.
Para no hipotecar y dejar sin el futuro a varias generaciones y,
demostrado que la deuda española es odiosa, ilegítima, tenemos que
negarnos a su pago. Nos ampara el derecho internacional que recoge que
la “Deuda odiosa, deuda execrable o deuda ilegítima es
la teoría jurídica, puesta en práctica numerosas veces a lo largo de la
historia, que sostiene que la deuda externa de un gobierno contraída,
creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no
tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que
los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto
dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son nulos legalmente.
En todo caso, tales deudas podrían considerarse personales debiendo
responder quienes las hayan contraído a título personal —sea el monarca,
el presidente, el director del banco central nacional o los ministros
correspondientes— y no el Estado en su conjunto y por tanto los
ciudadanos. En algunos aspectos, el concepto es análogo a la nulidad de
los contratos firmados bajo coacción”.
Fuente : Rebellion
Juan García Ballesteros, Presidente del Colectivo Prometeo y miembro del Frente Cívico Somos Mayoría
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