Adoración Guamán, profesora titular de derecho del trabajo en la
Universitat de València y autora del libro 'TTIP, el asalto de las
multinacionales a la democracia'.
Madrid, 4 de enero de 2016.
El
2015 no ha sido fácil para el TTIP. A medida que avanzaba el año, las
negociaciones sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión
entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés)
fueron encontrando obstáculos importantes que han puesto en entredicho
las posibilidades de que un Tratado de la magnitud del inicialmente
planteado pueda aprobarse en los plazos estimados en el principio de las
negociaciones. Es evidente que la pretensión de finalizar la
negociación del TTIP en el 2015 para conseguir someter el texto a la
aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo en abril-mayo de 2016 (y
así asegurar su entrada en vigor en enero de 2017, coincidiendo con el
fin de la Presidencia de Obama) es ya imposible, pero tampoco parece
probable que el 2016 allane el camino para conseguir cerrar las
negociaciones del Tratado, al menos no de uno igualmente ambicioso.
Las
dificultades con las que se ha venido enfrentando el TTIP son diversas y
se mantienen in crescendo. Por un lado, el rechazo ciudadano sigue
aumentando y, tras la demostración de fuerza que se escenificó con la
presentación el 7 de octubre de la Iniciativa Ciudadana Europea
autoorganizada contra TTIP y CETA respaldada por 3.284.289 firmas
recogidas en un año, las campañas Stop TTIP han incrementado el aumento
de acciones en el conjunto de la UE. Este rechazo creciente está
llevando a la Comisión a invertir un esfuerzo considerable en publicitar
las virtudes que, según diversos informes, van a derivarse del Tratado,
pero esta publicidad está encontrando una respuesta tanto en el ámbito
de la sociedad civil como en el ámbito universitario y
político/sindical.
En concreto para el caso español, la Comisión ha publicado como textos clave para entender el TTIP un informe titulado “El impacto en la economía española de la firma de la asociación transatlántica sobre comercio e inversión (TTIP) con EE.UU.” financiado por la CEOE y el documento titulado “TTIP: una gran oportunidad para las pymes españolas”. En
la misma línea que otros informes anteriores encargados por la Comisión
Europea, el realizado por el CEPR por ejemplo, y utilizando el mismo
método, el primer documento pronostica un efecto del TTIP que podría
llegar a suponer una elevación del PIB de más de 36 mil millones de
euros o la creación de más de 334 mil puestos de trabajo. No obstante, y
como han afirmado otros expertos, el informe español financiado por la
patronal y por la Cámara de Comercio, y adoptado como “oficial” por la
Comisión, adolece de las mismas carencias que los informes de ámbito
europeo. Entre otras razones, distintos académicos han indicado que el
modelo utilizado acoge predicciones excesivamente optimistas que
descansan en asunción de que tanto la UE como EEUU son capaces de
eliminar las normas o regulaciones que obstaculizan el comercio sin
oposición política, lo cual no es en absoluto probable. Por añadidura,
ni los estudios de ámbito europeo ni el español computan los potenciales
efectos negativos que tendría una desregulación como la que se propone.
También pasa por alto que las distintas herramientas incluidas en el
tratado para conseguir la cooperación reguladora probablemente causarían
un descenso de los estándares laborales, sociales y medioambientales.
En sentido contrario, otros estudios han
pronosticado graves consecuencias en el ámbito económico y, desde
luego, son numerosos los y las autoras que señalan el posible impacto
del TTIP en el ámbito socio-laboral.
El
impacto del TTIP en las PYMES es otro de los ejes a través del cual la
Comisión intenta generar un apoyo ciudadano respecto del Tratado. Más
allá de los datos concretos del reducido porcentaje del comercio con
EEUU que llevan a cabo las PYMES, sobre lo que se remite por ejemplo al
informe del Instituto Veblen o a diversos artículos aparecidos
recientemente sobre la cuestión, es importante señalar las
imprecisiones que contiene el folleto publicado por la Comisión. En
efecto, el cuadernillo publicitario realiza afirmaciones como las
siguientes: “El TTIP reducirá o, en la mayoría de los casos, suprimirá
los aranceles que se aplican actualmente entre la UE y los EE.UU”, o “el
TTIP también proporcionará acceso al mercado estadounidense en ámbitos
que hasta ahora estaban prácticamente cerrados para las empresas de la
UE” o incluso “el TTIP ampliará la lista de denominaciones geográficas
protegidas”. Pero la realidad es que ninguna de estas afirmaciones puede
considerarse asegurada en este estado de las negociaciones. Así, es
evidente que la reducción total de aranceles en algunos sectores parece
harto improbable, al igual que es totalmente incierto que EEUU acceda a
abrir el acceso de manera significativa a su mercado de contratación
pública o que finalmente sea posible esa ampliación de la lista de
denominaciones geográficas protegidas. No cabe duda de que tales
pretensiones han sido puestas sobre la mesa de una manera u otra por la
Comisión Europea, pero esto no implica la aquiescencia de la
contraparte.
Más
allá de esta dinámica interna para ganarse el apoyo de la ciudadanía,
pero sin duda con esta presión como telón de fondo, durante el 2015 se
han abierto otros escenarios complicados para la Comisión europea. Tal
vez el más peliagudo de todos ha sido el mantenimiento o no del ISDS
(sistema de resolución de controversias inversor-Estado). Con vistas a
contentar a la opinión pública y a salvar la (lograda in extremis) Gran
Coalición en el Parlamento Europeo, la Comisión ha propuesto una
modificación del mecanismo de resolución de controversias, que pasa a
llamarse ICS (Investment Court System). La nueva propuesta ha recibido
también numerosas críticas, fundamentadas en que se ha mantenido
invariable tanto los objetivos y los resultados posibles del mecanismo
de arbitraje: el ICS sigue orientándose al establecimiento de una vía
paralela y privilegiada para que los inversores extranjeros protejan sus
inversiones, eludiendo la normativa estatal y los tribunales
nacionales. Además, la propuesta de la Comisión plantea dos problemas
fundamentales: por un lado, la UE ha manifestado su voluntad de no
modificar el sistema de arbitraje planteado en el CETA, por lo que a
través de Canadá sigue abierta la puerta a la utilización del sistema
“tradicional”. Por añadidura, la primera reacción de Estados Unidos ante
la publicación, informal, de la propuesta ha sido el rechazo claro a
este nuevo sistema, aunque no ha habido todavía un pronunciamiento
oficial todo parece indicar que la contraparte americana mantendrá el
contenido de sus acuerdos de inversión, mucho más exigentes, como punto
de partida y rechazará el ICS.
En
medio de este conjunto de incertidumbres el 2015 acababa con otro
escenario sin resolver puesto que la aprobación del TPP también se ha
complicado. En este sentido diversas fuentes estadounidenses señalan que
las críticas a las que la administración Obama debe hacer frente
respecto del Tratado Transatlántico impiden que pueda implicar todo su
capital político en el TTIP, por lo que el rechazo de un tratado pude
implicar el posponer el otro incluso más allá del 2016. Pero
posiblemente la cuestión que podría suponer un retraso mucho más
considerable o incluso un posible abandono del TTIP es su consideración
como Tratado Mixto, es decir, como un Tratado que por afectar a las
competencias de los Estados miembros debe ser aprobado tanto en el
ámbito de la UE como en el plano nacional, abriéndose la puerta a 28
procesos de ratificación. Curiosamente, en los últimos meses del 2015 la
Comisión parecía inclinarse por esta posibilidad, aun antes de que el
Tribunal de Justicia se haya pronunciado el respecto, lo que
significaría sin duda un importante paso para que la ciudadanía europea
pudiera pronunciarse sobre el TTIP e implicaría evidentemente un
retraso, más que justificado, de su posible aprobación.
Así
las cosas, y dejando muchos temas por tratar, se abre un año en el que
las negociaciones del TTIP se van a mantener como el eje fundamental de
la política del comercio de la UE con el mandato explícito de apretar el
acelerador, y llegar a la mitad de las negociaciones para verano de
2016, pero con multitud de interrogantes de difícil resolución. La
dicotomía que se plantea, ya de manera clara, es la siguiente: ¿van a
preferir las negociaciones un Tratado con contenido reducido pero cuyas
negociaciones pueden finalizar en el plazo que políticamente les
conviene? ¿Van a optar en cambio por mantener las expectativas y
retrasar el momento de la adopción del TTIP?
Dos
citas están ya en el calendario. La primera es la visita de Obama a
Merkel en abril del 2016 para avanzar en las negociaciones; la segunda,
de fecha incierta pero planteada sin duda para este año es la aprobación
del CETA, cuestión de máxima importancia sobre las que debería
informarse convenientemente a la ciudadanía.
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