La Junta de Castilla y León aprobó el
pelotazo urbanístico de la Ciudad del Medio Ambiente por ley para evitar
los tribunales. Esta semana el Constitucional ha declarado
inconstitucional el proyecto, lo que obliga a paralizar las obras. Los
grupos ecologistas denuncian la inversión millonaria y exigen
responsabilidades políticas.
La Ciudad del Medio Ambiente se construye sobre terrenos protegidos por el empeño de la Junta de Castilla y León (PP) / Felix Lavilla
El Tribunal Constitucional ha declarado esta semana inconstitucional la
Ciudad del Medio Ambiente porque el procedimiento empleado en su
aprobación pasa por alto a los tribunales y el derecho de los ciudadanos
a presentar alegaciones. La obra faraónica de la Ciudad del
Medio Ambiente, que fue aprobada por ley por los diputados del PP en las
Cortes de Castilla y León en marzo de 2007, se está levantando
(aún siguen las obras) en el Soto de Garray (500 habitantes), en un
paraje protegido, a diez kilómetros de la ciudad de Soria.
El proyecto fue denunciado por la Asociación Soriana para la Defensa y
el Estudio de la Naturaleza (Asden), integrada en Ecologistas en
Acción. La urbanización prevista contemplaba la construcción de 800 viviendas de lujo, un parque empresarial, varios hoteles, dos torres de oficinas y un centro deportivo. Un macroproyecto urbanístico de más de 500 hectáreas en suelo rústico de especial protección en un paraje donde se encuentran especies protegidas como la nutria, águila pescadora, tejón o milano real, entre otras, con
una de las colonias de cigüeña blanca más importante de la península y
donde se han talado numerosos árboles que llevaban en pie más de 300
años. Los diputados regionales del PP que impulsaron el
proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente anunciaron que en esta
urbanización habitarían 4.000 personas y en su ejecución se crearían más
de 1.000 empleos.
Para no recibir alegaciones
El procedimiento empleado por Castilla y León para aprobar este
megacomplejo fue dictar una ley a medida, que declaró el "interés
regional" de la Ciudad del Medio Ambiente. Por eso, el 18 de diciembre
de 2006 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la
modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de esta Comunidad. De
esta manera, se permitió tramitar el proyecto de la Ciudad del Medio
Ambiente por su “interés regional” y no con el procedimiento de un plan
urbanístico normal que hubiera permitido presentar alegaciones a los
ciudadanos. Sólo el Tribunal Constitucional podía declarar la
inconstitucionalidad de este proyecto, como ha ocurrido casi siete años
después.
Una Ley de la Ciudad del Medio Ambiente a
medida del proyecto, para ello se modificó la Ley de Ordenación del
Territorio de Castilla León De la misma forma se han blindado
otros proyectos urbanísticos, sobre todo en Castilla y León, cuyo
"interés" es dudoso. De hecho, el Tribunal Constitucional
también echó atrás el vertedero de residuos industriales de Fresno de la
Ribera, en Zamora y el complejo de ocio Meseta Ski en Tordesillas,
Valladolid, aprobados también por ley. En otra Comunidad Autónoma, Murcia, el Constitucional también tumbó la megaurbanización Marina de Cope.
Este ardid legal que emplea la Comunidad de Castilla y León para
saltarse el control de los tribunales sólo puede ser recurrido por, al
menos, 50 diputados o senadores, según establece la Constitución. En
2007, 50 diputados del PSOE llevaron al Constitucional la Ley de
Aprobación del Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente y el fallo
se ha producido esta semana.
El Constitucional argumenta que el procedimiento por el que salió
adelante la Ciudad del Medio Ambiente impide a los ciudadanos poder
acudir a los tribunales. La Junta blindó este plan urbanístico, para
evitar que se parase como acababa de ocurrir entonces con la llamada
Ciudad del Golf, un pelotazo urbanístico en un monte público de Las Navas del Marqués, Ávila,
muy parecido al de la Ciudad del Medio Ambiente. El Tribunal Superior
de Castilla y León impidió que se ejecutara cuando ya se habían talado
un gran número de árboles, en un pinar protegido donde anidaba la cigüeña negra.
"No se puede alegar desconocimiento"
Para el portavoz de Asden, Carlos González, la Junta de Castilla
y León no puede alegar desconocimiento. "Desde el primer momento hemos
denunciado el proyecto y las obras. Primero denunciamos que estos
terrenos son suelo no urbanizable especialmente protegido, pero la Junta
emitió un informe favorable. Después denunciamos que estaban destruyendo un ecosistema protegido, con unas plantas protegidas...entonces la Junta nos respondió que no pasaba nada. Luego denunciamos que estaban actuando en una zona de nidificación de aves en la que, por ley, no se puede actuar
durante ese tiempo de reproducción y la Junta respondió con un informe
en el que volvía a argumentar que eso no era relevante... Estábamos apelando a la Junta, la misma que estaba ejecutando las obras, la parte infractora", señala González.
"Desde el primer momento hemos denunciado
el proyecto y las obras. Pero estábamos apelando a la Junta, la misma
que estaba haciendo las obras, la parte infractora" Del proyecto se han levantado seis
grandes edificios, de los diez previstos, en uno de los complejos de la
Ciudad del Medio Ambiente llamado Cúpulas de la Energía, cuyo diseño fue adjudicado a los arquitectos Luis M. Mansilla, Emilio Tuñón y Carlos M. Albornoz.
Esos edificios, de estilo modernista y grandes cúpulas que se levantan por encima de los árboles que se han salvado de la tala, fueron
paralizados en mayo de este año gracias a las denuncias de Asden. El
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León argumenta que las
edificaciones superan la altura permitida y que la obra se
aprobó sin contar con los informes jurídicos y técnicos y sin la
tramitación de la licencia ambiental.
Un proyecto "modélico" según la Junta
"Ha sido todo un despropósito. Ni siquiera han construido lo que el
proyecto contemplaba. Además, la Junta se ha esforzado en presentar la
Ciudad del Medio Ambiente como algo modélico, no sólo por el nombre.
Incluso han llevado el proyecto a convenciones en Madrid y hasta
Latinoamérica, exponiendo estas obras como un modelo urbanístico
sostenible y pagando grandes cantidades de dinero público para hacer
propaganda", afirma González.
Para Asden esta es una victoria agridulce, porque se ha tardado mucho
tiempo, siete años, en paralizar la Ciudad del Medio Ambiente. "La Junta de Castilla y León ha pagado más de 100 millones de euros, hasta ahora,
en la Ciudad del Medio Ambiente de las arcas públicas, más las
indemnizaciones a las que se tendrá que enfrentar para las empresas
constructoras", aclara González.
Dinero público, negocio privado
La urbanización y el modelo del PP, también en Castilla y León,
favorece a las empresas privadas: "Es algo inconcebible. Son más de 500
hectáreas que compra la Junta de Castilla y León con dinero público. Los
proyectos de obra los paga la Junta, la ejecución de la urbanización la
paga la Junta y luego, cuando ya está todo urbanizado, ellos se hacen
diez edificios en un rinconcito, y el resto del complejo se lo pasan a la iniciativa privada, y recalifican los terrenos. Es decir, todos los gastos corren a cargo del erario público y cuando está todo hecho se entrega el negocio a las empresas privadas.
Estamos para invertir el dinero público en otras cosas y no para
generar urbanizaciones pagadas con dinero de todos para empresas
privadas", señalan desde Asden.
"Los proyectos de obra los paga la Junta,
la ejecución de la urbanización la paga la Junta y luego cuando ya está
todo urbanizado, lo recalifican y se lo pasan a las empresas privadas.
Es decir, todo se paga con dinero público y luego se pasa a manos
privadas" El 14 de marzo de 2007 se aprobó la Ciudad del Medio
Ambiente en las Cortes de Castilla y León, el último día de esa
legislatura, con mayoría absoluta del PP, 48 representantes
frente a 32 del PSOE, en el último punto del orden del día, sin
posibilidad de discusión, "en una sola lectura y con carácter de
urgencia".
Esa mañana gélida, algo más de 50 activistas se concentraron en el pequeño pueblo de Fuensaldaña,
donde se encontraba entonces de forma temporal la sede del Parlamento
de Castilla y León, en el castillo de Fuensaldaña, mientras acababan las
obras de las Cortes regionales, en Valladolid. Los activistas estaban rodeados por un fuerte dispositivo policial de la Guardia Civil y antidisturbios. Varias pancartas y los gritos de los ecologistas ya denunciaban la barbaridad ambiental que sus señorías iban a perpetrar.
"Este es un día muy importante para Soria", dijo esa mañana María Jesús Ruiz Ruiz, soriana
y entonces consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta de
Castilla y León, que más tarde pasaría a Urbanismo. Todo el mundo en la
región sabe que la Ciudad del Medio Ambiente era un empeño personal de
Ruiz, quien espetó ofendida a la prensa esos días: “Los sorianos no
somos una especie a extinguir", en referencia al presunto interés del
proyecto, o: "El proyecto demostrará que el desarrollo es compatible con el medioambiente y la actividad del hombre”.
Años después, con todo un paraje protegido destrozado por las obras
faraónicas de la Ciudad del Medio Ambiente, María Jesús Ruiz elude su
responsabilidad: "Pregunten al partido y a las Cortes", dice ahora desde
su sillón del Senado.
Varios cargos de la Junta de Castilla y León fueron imputados por el
caso de las Navas del Marqués, ahora las organizaciones ecologistas
exigen que se investigue la responsabilidad de los diputados del
PP que aprobaron la, paradójicamente llamada, Ciudad del Medio
Ambiente.
inforelacionada
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