La propuesta de reforma fiscal que el comité de
expertos nombrado por el gobierno acaba de presentar va a dejar las
cosas prácticamente igual en términos de la caja social que recauda el
estado a través de los impuestos y las cotizaciones. Si se pusiera en
marcha el paquete de medidas de los expertos del PP, la recaudación
supondría unos 10.000 millones menos a la seguridad social por las
rebajas de cotizaciones empresariales fundamentalmente. Pero al mismo
tiempo se ingresarían 10.000 millones más por la subida del IVA. Por
tanto, ¿no parecen demasiadas alforjas para tan corto viaje?
Cuidado con responder de una forma rápida que sí, que son muchas las
alforjas y muy breve el viaje. Porque el viaje de corto nada, es de buen
calibre. Lo que se está proponiendo es un nuevo reparto que no altere
en lo fundamental el resultado final de la recaudación y contribuciones a
la caja común que tenemos depositada en el estado a través de la
fiscalidad. Un nuevo giro de tuerca que supone que las élites pasan a
contribuir menos y la mayoría de ciudadanos ve incrementarse su
aportación sin que por ello consigan detener la reducción y el deterioro
de las prestaciones sociales generales, incluidas las más básicas.
Lo que los expertos estatales proponen, en conexión perfecta con la
orientación de los expertos de los organismos internacionales, es la
sempiterna receta de reducir las aportaciones de las élites sociales
(impuestos directos) y aumentar la de los y las asalariadas con y sin
trabajo (impuestos indirectos), al mismo tiempo que se renuncia a
incrementar la mínima contribución que realizan, cuando lo hacen, las
grandes empresas y las grandes fortunas. De hecho, lo que se pretende
explícitamente es reducir la imposición sobre el capital, mientras se
deja en la sombra y en la impunidad, la gran evasión de capitales y el
fraude fiscal de esas mismas élites. Una parte no desdeñable del mismo
solo hay que buscarla en un radio de unos centenares de kilómetros del
mapa europeo, en algunos estados como Suiza y en algunas islas del
Canal.
¿Quién dirige el grupo de expertos escogido por el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro? El grupo de expertos está formado por nueve
catedráticos presididos por Manuel Lagares, catedrático de Hacienda
Pública e inspector de Hacienda, que ya formó parte de la comisión de
expertos de la reforma de las pensiones. Se trata de alguien muy
vinculado ideológicamente al Partido Popular que en 1999 ya presidió el
comité de expertos de la reforma fiscal del Gobierno de José María
Aznar. Lagares, en su papel de responsable del comité de sabios, explicó
que las recomendaciones que incluye el documento siguen, a su vez, las
que les han hecho a los expertos la Comisión Europea, el FMI y la OCDE,
con cuyos funcionarios se han entrevistado en varias ocasiones. Ya
sabemos perfectamente a qué intereses sirven estos expertos
“internacionales”.
¿Qué propone concretamente el grupo de expertos organizado por el
gobierno del PP? Este informe presenta, como alardean sus redactores,
444 páginas que contienen más de 270 propuestas de cambios impositivos.
Pero ni todas ellas tienen el mismo calibre, ni el mismo sentido
“técnico”, ni son en absoluto meramente neutrales, abundan las que dan
una vuelta de tuerca más en la injusticia social. En síntesis, la
principal orientación del conjunto de propuestas que lanza la comisión
de sabios es proponer una rebaja importante del IRPF, fundamentalmente
por la parte de los ingresos más altos, así como del impuesto sobre
Sociedades, que ayude a recapitalizar las empresas españolas. Lo
acompaña con una subida del IVA que, según afirman los “sabios”, contra
toda evidencia, impulsaría el consumo, y a ello le añaden su proyecto de
reducir las cotizaciones sociales.
Veamos algunas de las propuestas más significativas por la
profundización de la desigualdad que supondría su aplicación, y que
hemos resumido en el siguiente decálogo:
1. Bajar a los declarantes más ricos ocho puntos en su Impuesto sobre la Renta.
El tipo máximo del IRPF, bajarlo del actual 52% al 44% y el mínimo
bajarlo también del 24,75% al 20%. Esto implicaría una bajada importante
en la recaudación del IRPF, a la vez que un aumento de la falta de
equidad, ya que la disminución de los tipos para quienes menos ganan
sería de un 4,75 puntos porcentuales y para quienes más ganan de 8
puntos.
2. Supresión definitiva del Impuesto sobre el Patrimonio.
Los expertos rechazan de plano este tributo, y quieren que se impida
que ninguna nacionalidad del estado pueda volver a aplicarlo como
impuesto propio.
3. Reducir las cotizaciones sociales 3 o 4 puntos.
“Una nueva distribución de la carga de la Seguridad Social entre
empresarios y trabajadores”, proponen los expertos, lo que supondría una
pérdida de más de 10.000 millones para la Seguridad Social. Supondría,
por supuesto, una subida de las cotizaciones que paga el empleado,
mientras que significaría una bajada para las del empresario.
4. Bajar el Impuesto de Sociedades del 30 al 20%.
Utilizan como justificación equiparar los tipos legales a los tipos
que realmente pagan las empresas -gracias a todas las estrategias de sus
legiones de asesores y amparados en las deducciones y desgravaciones
permitidas legalmente-.
5. Más copago en los servicios.
Con la única finalidad de incrementar la recaudación fiscal, los
sabios proponen ampliar el copago de los servicios públicos, extendiendo
a todas las autonomías un tipo mínimo (ojo, no máximo) aplicable a la
educación o a la sanidad, para igualarlas y evitar diferencias
sustanciales. Es decir, copago para todas, con un suelo garantizado y
sin techo.
6. Eliminación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y del Impuesto sobre Operaciones Societarias.
“Debería procederse a la eliminación gradual del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales (ITP). También hay que “suprimir el Impuesto
sobre Operaciones Societarias”, y la “cuota gradual del Impuesto sobre
Actos Jurídicos Documentados”. Otra contribución fiscal del mundo
empresarial que según ellos hay que dejar de aportar a la caja común del
estado.
7. Eliminar los impuestos sobre los Depósitos Bancarios.
Los expertos proponen suprimir “de manera definitiva y general” los
impuestos sobre los depósitos bancarios, tanto a nivel estatal como
autonómico. En cualquier caso, si el Gobierno considerase que el sistema
bancario soporta una presión fiscal “desproporcionadamente baja”, los
expertos animan al Ejecutivo a “trasladar esa opinión a la Comisión
Europea”.
8. Eliminar los impuestos sobre Grandes Superficies.
Son impuestos que han establecido algunas comunidades autónomas
(Asturias, Aragón, Canarias, Cataluña, La Rioja, Navarra y Canarias). El
grupo de expertos fiscales considera que este impuesto “no es
razonable” porque “distorsiona la competencia en la distribución de
bienes y servicios” y supone “una evidente ruptura de la unidad de
mercado”.
9. Incrementar el IVA al 21% de bienes y servicios que ahora pagan el 10%
Una reclasificación de productos que suponga pasar al tipo general
del 21%, bienes y servicios que tributan al gravamen reducido del 10%
10. Tributar en IRPF por despido de contrato indefinido
Proponen que los trabajadores que tenían un contrato indefinido,
paguen en su declaración de renta por la indemnización percibida en caso
de ser despedidos.
Según explicó el presidente del comité de expertos Manuel Lagares durante la entrega del informe, “no ha quedado títere con cabeza dentro del sistema tributario…“; también Lagares aclaró que “estamos muy satisfechos“.
No podemos menos que darle la razón, ya que cualquiera que se sienta
cercano al pensamiento ultraliberal debe estar extraordinariamente
satisfecho de que este paquete de nuevas -y no tan nuevas- propuestas se
incorpore a las que ya se han ido articulando hasta hoy. La finalidad
principal es avanzar decisivamente contra las bases de las mediocres y
mínimas prestaciones sociales que disponíamos, destrozándolas, para
dejarnos en una situación mucho más precaria y difícil de vivir a la
mayoría de “títeres” de esta sociedad. Sin embargo, todos los títeres no
han perdido la cabeza, los de las élites parecen conservarla y
aumentarla de tamaño al mismo tiempo que su cartera, gracias a todas las
reducciones impositivas y exenciones de pagos a la caja común. Mientras
que la mayoría de “títeres” de esta sociedad pasa a tener que realizar
una mayor contribución, para tener menores prestaciones sociales
generales y básicas (salud, educación, dependencia…), lo cual sin duda
comportará “pérdidas de cabezas”, sobre todo en los niveles que ya son
más precarios.
No dudamos que los expertos del Comité lo sean en determinados
aspectos de su formación, pero han demostrado que además de expertos son
mercenarios bien pagados, y es desde esta condición desde la que sin
duda han realizado las propuestas que darían una vuelta de tuerca más en
el crecimiento de las desigualdades sociales.
Andreu Tobarra es Profesor de Sociología de la Universidad de
Valencia y miembro de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la
Deuda.
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