Miguel Salas
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La reforma laboral
del 2012 es el ejemplo más elocuente. Además de constituir un ataque
a los derechos laborales acumulados durante decenas de años, es un mazazo contra el papel de los
sindicatos en las empresas y en general en la organización de las relaciones
entre los patronos y la clase trabajadora. Se dijo hasta la saciedad que si esa
reforma pasaba ya nada sería igual, ni para la clase
trabajadora ni para el sindicalismo de clase. Y así está siendo. En la
aplicación y negociación de los expedientes de regulación de empleo, en la
precarización del empleo y de las condiciones de trabajo y especialmente en la
negociación de los convenios colectivos. Durante el primer trimestre del 2014
sólo se cerraron 571 en toda España. En el año 2013, 2.094. En el 2011, 4.585 y
6.016 en el 2007. Antes de la crisis había cerca de doce millones de
trabajadores con convenio, en lo que va de año sólo 2.700.000.
Experiencias
unitarias
Es evidente que el
sindicalismo de clase, desde los grandes sindicatos, como CCOO y UGT, o más
minoritarios, como CGT, LAB, CIG, SAT y otros, por sí mismo no es capaz de
echar atrás la reforma laboral y los ataques a los derechos de la mayoría de la
población. No lo es el sindicalismo de clase, como tampoco lo son las distintas
mareas o los distintos partidos de la izquierda. Para derrotar a tan poderosos
enemigos se necesita sumar y sumar y todavía sumar un poco más. Las Cumbres
Sociales o las plataformas contra los recortes son un intento de sumar todos
los esfuerzos y concentrar las movilizaciones, pero hay que reconocer que no
han sido suficientes, sin que eso quite valor a las importantes movilizaciones
que han convocado o a éxitos como el de la sanidad de Madrid.
Todavía el sectarismo
y/o la desconfianza entre el sindicalismo de clase y determinados movimientos
sociales no han permitido confluir de una manera decisiva para lograr que las
movilizaciones pongan en jaque al gobierno del PP y sus políticas. Y en este
terreno el sindicalismo de clase tiene una responsabilidad especial. Sus
organizaciones agrupan a sectores importantes de la clase trabajadora, son las
que tienen mayor capacidad de organización y de convocatoria y podrían
encabezar y ser el elemento central para desencadenar una respuesta general a
las políticas neoliberales. Si los movimientos sociales y las mareas tienen que
reconocer el papel de los sindicatos de clase, éstos deben también reconocer y
aceptar las especificidades y particularidades de los demás. Lo importante es
definir las alternativas sociales y laborales y reconocer el lugar y el papel
de cada una de las fuerzas a confluir. No decimos que sea fácil. Decimos que es
necesario.
La experiencia de las
Marchas de la Dignidad que confluyó en Madrid el pasado 22 de marzo podría ser
un ejemplo. Lo que empezó como una iniciativa limitada se fue convirtiendo en
un poderoso movimiento, sostenido en todo el país por organizaciones sociales
de todo tipo, por sindicatos locales o regionales y por miles de sindicalistas
de los principales sindicatos del país. Si cientos de miles de personas
respondieron a la exigencia de “pan, trabajo, un techo y derechos”, mucho más
podría conseguirse si se apostara por una confluencia real, práctica y
movilizadora, en la que se respete el papel y el lugar de cada uno y la
diversidad de todos.
¿Un pacto de
Estado?
Parece como si las
direcciones de los grandes sindicatos no vieran otra posibilidad que repetir
las propuestas que en los últimos años no han dado resultado. La foto de los
dirigentes de CCOO y UGT con Rajoy pocos días antes que la Marcha de la
Dignidad inundara Madrid hizo un flaco favor al sindicalismo de clase. Que además firmaran un comunicado conjunto
con el gobierno fue sembrar ilusiones de que ahora Rajoy y los suyos estarían
dispuestos a acuerdos que restituyeran derechos o que significaran medidas
contra la crisis favorables a la clase trabajadora. La política del PP, apoyada
en las imposiciones de la Troika, es la de “más reformas”, o sea, más
contrarreformas contra la población trabajadora, como de nuevo le acaba de
pedir la Unión Europea para el 2015 y el 2016.
El sindicato, por su
propia función, tiene que dialogar y pactar porque es la manera de confirmar el
acuerdo, pero el problema es cuando eso se convierte en la estrategia y se
supedita la acción a ese objetivo, y más en una situación como la actual en la
que la contraparte no tiene ningún interés que no sea el imponer sus propias
decisiones.
Y, sin embargo ese
parece ser el objetivo, en el caso de CCOO y UGT. Como se lee en la Resolución
aprobada el 29 de abril por el Consejo Confederal de CCOO: “El Consejo
Confederal reitera su propuesta de avanzar a través de la negociación hacia un
gran pacto de salida a la crisis que priorice las medidas tendentes a la
superación de las altísimas e insoportables tasas de desempleo y apueste por el
reforzamiento de las redes de protección social, en definitiva, un gran acuerdo
de empleo al servicio de cual se pongan todos los medios disponibles, desde la
política fiscal, al crédito, pasando por la negociación colectiva. Un acuerdo
de renta mínima que garantice a quien no tiene otros ingresos, los mínimos
imprescindibles para atravesar esta fase de la crisis en tanto no encuentra un
empleo”. Es el gobierno y sus políticas quienes no quieren y hacen
imposible un acuerdo de ese tipo. No hay confianza
en que con este gobierno en La Moncloa se alcancen resultados significativos
mediante el diálogo social, y su objetivo debiera ser que nos restituyan los
derechos que nos han arrebatado. Este proceso debiera enfocarse como una
oportunidad de que expliquemos nuestras alternativas frente a la crisis,
nuestras propuestas frente al paro y la precariedad, la renta mínima, y que nos
carguemos de razón ante la sociedad demostrando que son otros los que no
escuchan ni quieren cambios en una política que ha llevado al paro y la pobreza
a millones de personas. Una prueba concreta de que no hacen caso es que la
reforma fiscal que preparan no va en la dirección del documento presentado por
los sindicatos (Ver http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub115506_Gaceta_Sindical_n_193__Propuesta_de_Reforma_Fiscal_de_CCOO.pdf sino justo en la contraria, en la de
los “expertos” (que plantean aumentar los impuestos indirectos, los que gravan
el consumo de las clases populares).
Llegados a este
punto, hay que abordar también el problema político, de quién gobierna y con
qué políticas. Porque el sindicalismo de clase no puede ser neutral ante los gobiernos,
debe ser independiente, pero beligerante frente a sus políticas contra la clase
trabajadora. En tiempos como los que corren el papel socio-político del
sindicalismo es aún más importante y decisivo. Cuando a través de decretos-ley,
de normas publicadas en el BOE o incluso de decisiones parlamentarias se ataca
a los sindicatos, se modifican los servicios públicos y se privatizan, se
recortan los derechos… no es suficiente la defensa de las condiciones
económicas o de trabajo de la clase trabajadora, es necesario que el sindicato
ponga en valor y haga confluir la estrategia sindical con una perspectiva
política.
Sin derrotar a este
gobierno no será posible revertir los derechos arrebatados, recuperar el papel
de los sindicatos en la negociación colectiva y social, recuperar salarios o
que lo público vuelva a estar por encima de lo privado. No decimos que esta
tarea sea responsabilidad única del movimiento sindical, al contrario, lo es de
toda la izquierda social y política, pero difícilmente se conseguirá sin la
aportación decisiva del sindicalismo de clase, de sus dirigentes, sus cuadros y
de los miles y miles de afiliados y afiliadas. Y eso significa, a nuestro
entender, seguir el camino de la movilización, buscar y apoyar el máximo de
alianzas sociales, y también políticas, contra las políticas neoliberales.
Miguel Salas es un veterano resistente
antifranquista y militante de CC OO, amigo y colaborador de SinPermiso
ATTAC
Cyl no se
identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son
firmados por la propia organización.
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