Alberto Garzón
Las novelas distópicas operan como antagonistas de las novelas
utópicas, y en lugar de relatarnos cómo debería ser el mundo ideal
prefieren describirnos un hipotético mundo plagado de injusticias y
maldad. 1984 de George Orwell o Un Mundo Feliz de Aldous
Huxley son sin duda los ejemplos más conocidos. Sin embargo, con mucho
menos conocimiento público, la Comisión Europea está trabajando mano a
mano con Estados Unidos en la redacción de un nuevo documento que podría
estar prácticamente al mismo nivel. No obstante, el problema del Tratado de Libre Comercio que
se está negociando entre la Unión Europea y EEUU es que amenaza con ir
más allá de la literatura y podría convertirse en una dramática
realidad.
La primera pregunta que nos asalta es ¿cómo es que apenas hemos oído
hablar del TLC? Quizás ello tenga que ver con el hecho de que el
negociador de la parte europea, Ignacio García Bercero, escribió una
carta pública a su contraparte estadounidense para tranquilizarle en
relación a la confidencialidad de todo el proceso. Anunció, sin ir más
lejos, que la negociación del TLC sería una excepción a la regla
1049/2001 que obliga a las instituciones europeas a hacer públicos sus
documentos. Y añadió, para terminar de convencer a su homólogo
americano, que los documentos tendrían carácter secreto durante al menos
30 años[1]. El comisario europeo De Gucht suscribiría esa misma opinión
en el propio parlamento europeo cuando concedió carácter confidencial a
las negociaciones y negó la función negociadora del parlamento[2].
Un TLC es un acuerdo entre varios países o zonas geográficas para
incrementar el volumen de intercambio de bienes y servicios. Y
generalmente consiste en reducir los impuestos a la importación, lo que
permite a los ciudadanos comprar más baratos los productos extranjeros.
Sin embargo, la propia Comisión Europea ha reconocido que «las
relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión Europea pueden
ser consideradas entre las más abiertas del mundo»[3]. Asimismo, la
Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio
rondan el 3,5% en Estados Unidos y el 5,2% en la Unión Europea. Estamos
hablando de niveles extraordinariamente reducidos, lo que nos obliga a
sospechar de las intenciones últimas de un TLC entre EEUU y la UE.
Un paso más en nuestro análisis nos lleva al punto crucial. Asegura la Comisión Europea que la clave del TLC está en la armonización de la regulación comercial,
lo que dicho así quiere decir poco. Es sabido que las regulaciones de
EEUU y la UE difieren en mucho al tratar determinados sectores o
productos. Por ejemplo, la Unión Europea opera con un principio
regulatorio de precaución que impide la comercialización de los
productos si la empresa no ha demostrado previamente que no son lesivos
para la salud humana o el medio ambiente. En EEUU tal principio no opera
y la regulación es bastante más laxa. Así las cosas, ¿hasta qué nivel
searmonizará la regulación? ¿Hacia el de Estados Unidos o hacia el de la Unión Europea?
La pregunta está en el aire, pero las sospechas son crecientes dada
la lógica del sistema económico. Y es que cuando se abren las fronteras a
la competencia extranjera, como busca cualquier tratado de libre
comercio, se inicia una competencia a la baja o carrera hacia el fondo que
desploma los estándares laborales, medioambientales, sanitarios e
incluso democráticos. Es decir, en esas circunstancias económicas
cualquier coste es un obstáculo para vencer en la carrera competitiva, y
lo mismo da que se trate de un salario alto o de un severo control
medioambiental.
El caso del fracking es paradigmático. Esta práctica de extracción de
gas y petróleo está extendiéndose como la espuma en EEUU, pero debido a
los efectos negativos que tiene sobre el subsuelo e incluso la salud
humana su prohibición está ganando terreno en la Unión Europea. Las
multinacionales estadounidenses y las multinacionales europeas y algunos
líderes políticos han protestado. Las primeras porque insisten en
ampliar su mercado, y los segundos porque denuncian que compiten con
desventaja. El primer ministro británico, D. Cameron dijo nítidamente
que la paralización del fracking promovida desde la UE provocaba
que «nuestros competidores vayan por delante de nosotros en la
explotación de estos recursos». En suma, que los europeos somos menos
competitivos por tener sensibilidad ecológica. Una obviedad, por otra
parte.
Así las cosas, la teoría económica nos sugiere que la igualación o
armonización de las regulaciones siempre se hace por la baja.
Desregulación, en definitiva. No sólo de elementos medioambientales,
como el fracking, o sanitarios, como los transgénicos o el etiquetado de
productos, sino también laborales y democráticos.
EEUU no ha firmado varios de los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) referidos a la libertad sindical. Bajo
una cláusula llamada irónicamenteDerecho al Trabajo se esconde
una legislación antisindical que será armonizada con la regulación
laboral europea. Y precisamente en un contexto económico y político en
el que la Comisión culpabiliza de todo a los salarios y a la excesiva
regulación laboral… Intrigante.
Más jugo tiene aún la cláusula de protección de los inversores extranjeros, conocida como ISDS (Investor-State dispute settlement),
y que supone la creación de tribunales internacionales de arbitraje
donde las multinacionales podrán acudir para denunciar a los Estados
cuyos gobiernos aprueben normas que atenten contra sus beneficios
económicos presentes o futuros. Se trata de un mecanismo ya existente
para otros países y zonas económicas que operaría como una supraconstitución.
Desde que Argentina cambió su política económica tras la crisis de
2001, ha recibido más de 40 denuncias por parte de multinacionales. Las
empresas argumentan que sus beneficios presentes y futuros han
disminuido notablemente como consecuencia del cambio en la orientación
política. Por otra parte, Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 millones
de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la
construcción de un pozo de petróleo en las amazonas. E incluso Libia
tuvo que pagar 900 millones de dólares de beneficios perdidos por
un proyecto turístico en el que sólo se habían invertido 5 millones de
dólares. Son sólo algunos ejemplos que revelan las consecuencias de una
cláusula de esta naturaleza.
Por cierto, estos litigios son llevados a cabo por gabinetes
jurídicos especializados en la materia y que cobran por el volumen de
casos. A finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas pendientes
contra 98 países según la UNCTAD, y en los noventa sólo había una
docena. Pocos Estados se pueden permitir igualar la alta remuneración
que reciben los abogados de las grandes multinacionales, y mucho menos
mantener un equipo entero especializado en el tema.
Al fin y al cabo se trata de un atentado contra la democracia,
incluso entendiendo ésta sólo en su aspecto procedimental, y que otorga a
las multinacionales un poder y una capacidad de la que carecen los
ciudadanos.
Constituye, en definitiva, un nuevo ordenamiento jurídico que a la
vez destituye el ahora presente en las constituciones nacionales. Sirve
para construir un nuevo marco de reglas profundamente sesgadas hacia el
interés individual de las grandes empresas. Supone, a falta de su
consecución, una verdadera distopía potencial. Y es, naturalmente, el
enésimo intento de lograrlo tras los fracasos del Acuerdo Multilateral
de Inversiores y de la Constitución Europea, así como del fallido ACTA
que por cierto ahora se rescata en el seno del TLC.
Pero no está todo dicho, afortunadamente. El TLC tendrá que ser
aprobado por el Parlamento Europeo, y una movilización social
contundente y a tiempo puede suponer una nueva victoria ciudadana y de
la clase trabajadora. En España los dos grandes partidos políticos, PP y
PSOE, ya se han dado la mano para aprobar el proyecto. El acuerdo
firmado en junio de 2013 entre el Partido Popular y el Partido
Socialista en el Congreso recogía una petición expresa al Gobierno para
«apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre
comercio entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea
ambicioso y naturalmente beneficioso». Sin embargo, es aún posible
movilizar a las bases sociales para continuar luchando contra esta Unión
Europea regresiva y antisocial.
Sugiero que comencemos cuanto antes por la pedagogía política
llevando a todas partes esta antidemocrática y miserable actuación de
las élites europeas. Y hundamos sus elitistas y distópicos proyectos con
la misma fuerza y contundencia con la que tenemos que impulsar nuestras
utopías.
[1] Carta de I. García Bercero a L. Daniel Mullany con fecha 5 de
julio de 2013 y titulada “arrangements on TTIP negotiating documents”.
[2] Intervención durante el debate en el Parlamento Europeo de 22 de
mayo de 2013: “EU trade and investment agreement negotiations with the
US”.
[3]Comisión Europea (2013): “Impact Assesment Report on the future of EU-US trade
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